Imagen 1. Fotografía de la calle Río La Barca después de las explosiones. Fuente: Archivo histórico de las Asociación 22 de Abril en Guadalajara A. C., 1992.
Cuerpo, dolor y agravio entre los lesionados por las explosiones de Guadalajara
Jorge Federico Eufracio Jaramillo1
El 22 de abril de 1992 representa una fecha trágica para la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Ese día varios kilómetros de calles estallaron debido a la presencia de hidrocarburos en el colector profundo. Muerte y destrucción fueron dejados a su paso. Quienes lograron sobrevivir no serían los mismos; sus vidas quedaron marcadas por las heridas físicas que, en muchos casos, representaron una discapacidad permanente. Este artículo está dedicado a analizar los significados atribuidos, por parte de un pequeño grupo de lesionados de esa tragedia, a las experiencias de dolor e injusticia. Aunado a esto, la relevancia del daño corporal y de las emociones vinculadas a él para entender las dimensiones morales de sus acciones colectivas y de sus demandas al Estado mexicano; todo ello a partir de una estrategia etnográfica de varios años, así como la revisión de archivos y entrevistas. Finalmente, todos estos elementos servirán para interpretar esa lucha de larga data a partir de conceptos como agravio, reconocimiento y víctima.
Palabras clave: 22 de abril, lesionado, dolor, justicia y moral.
April 22, 1992 was a tragic date for the city of Guadalajara, Jalisco, Mexico. Onthatday, several street kilometers exploded due to the presence of hydrocarbons deep in the sewer system. Death and destruction were left in its wake. Those who managed To survive would Never be the same; their lives were left with physical injuries that, in many cases, represented a permanent disability. This article will be dedicated to analyzing the meanings assigned by a small group of injured people from that tragedy to the experiences of pain and injustice. In addition to this, the relevance of the damaged body and the emotions linked to it to understand the moral dimensions of their collective actions and their demands on the Mexican State; all this from an ethnographic strategy of several years, as well as the review of archives and interviews. Finally, all these elements serve tointerpretthis long-standing struggle from concepts such as grievance, recognition and victim.
Keywords: April 22th, injured, pain, justice and moral.
Para Manuel,
Nicolás y Guadalupe
Los vamos a extrañar
La ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, México, es la segunda más poblada del país. Su zona metropolitana está compuesta, actualmente, por más de 5 millones de habitantes. Como muchas ciudades, su desenvolvimiento ha estado supeditado a los procesos de industrialización, migración y poblamiento que le han significado diversas transformaciones a su morfología. No obstante, hubo un hecho catastrófico que la modificó para siempre: las explosiones del 22 de abril de 1992. Ese aciago día, varios kilómetros de calles quedaron derruidas debido a la ignición de gasolina que se encontraba en el drenaje. Sus afectaciones en colonias cercanas al centro histórico de la ciudad fueron incuantificables: casas destrozadas, vehículos y autobuses inservibles, cientos de negocios afectados. En el nivel humano, la tragedia tuvo una magnitud aparte, ya que hubo cientos de heridos y 210 muertos, según cifras oficiales. Las movilizaciones sociales y las protestas en contra del gobierno local no se hicieron esperar. Hoy en día, de todas esas expresiones públicas, solo una organización sobrevive: la Asociación 22 de Abril en Guadalajara A. C., que concentra a lesionados físicos de aquella tragedia. A sus miembros está dedicado este artículo.
Su objetivo es evidenciar cómo las acciones colectivas, las prácticas y discursos de la asociación, no pueden ser explicadas sin los sentidos imputados al daño físico sufrido y a las emociones vinculadas a él, pues este representó, sin lugar a duda, una alteración de sus formas de vida. Asimismo, se pregunta cómo esos sentidos atribuidos contribuyen a la creación de un marco de entendimiento moral de la tragedia, más cuando ésta se ha visto reforzada por la falta de soluciones gubernamentales pertinentes a sus demandas. De igual forma, cómo su lucha trasciende los márgenes del colectivo para conectarse con modos más generales de entendimiento de la injusticia que conllevan formas de posicionamiento político y, por ello, de confrontación a posturas dominantes a partir de lenguajes contenciosos apoyados en los significados dados al dolor y a la pérdida.
Sobre lo anterior, es necesario especificar que la información empírica utilizada en este artículo es producto de una inmersión etnográfica de casi cuatro años, así como de la elaboración de varias entrevistas y la revisión del archivo de la asociación. En términos teórico-conceptuales, se propone un acercamiento a través de la discusión del concepto de dolor ligado a elementos propios de la sociología y antropología de las emociones. Esto representa la importante recuperación del cuerpo, del daño corporal, y el sentido otorgado a éste por personas que, como los lesionados, viven con discapacidad o con huellas físicas permanentes. De igual manera, el campo de las emociones permitirá vincular lo anterior con la acción colectiva, en tanto las huellas corporales permanentes de la tragedia se trasladaron al campo político evidenciando los sentires, prácticas y discursos, pero también las dimensiones morales de la lucha contra el olvido y la invisibilización. En conexión con lo anterior, se recurre al concepto de agravio de Barrington Moore (1989) y al de reconocimiento de Axel Honneth (2016), para enmarcar el significado de categorías como injusticia, dignidad, vida y víctima entre los lesionados.
El artículo está organizado de la siguiente forma: el primer apartado aborda el contexto de la tragedia para reconocer las dimensiones, individuales y colectivas, del dolor entre los lesionados y la necesidad de organizarse frente a un enemigo común. El segundo contiene una reflexión acerca de la importancia que cobra en ellos la relación entre el cuerpo y el dolor, pues de ésta se desprenden una serie de emociones que le dan sentido a sus acciones colectivas. El tercero profundiza en los argumentos anteriores para explicar determinados discursos y conceptos entre los lesionados, tales como dignidad, pérdida y vida. El cuarto, toma lo anterior y lo conduce hacia el análisis de las dimensiones morales de la lucha de la asociación. El último, analiza la defensa de derechos por parte de los lesionados y el cómo este proceso se relaciona con la socialización, delimitación y entendimiento de la categoría de víctima.
Días previos a las explosiones, los vecinos reportaron la presencia de fuertes olores a gasolina. El personal de bomberos y de protección civil (acompañados por varios funcionarios) decidieron introducir grandes cantidades de agua para menguar los olores dentro del drenaje. Si bien es cierto que tal medida ayudó a mitigar las emanaciones, también lo es que sólo fue una medida paliativa ante el desconocimiento de lo que pasaba al interior del colector. Todavía unas horas antes del desastre se realizaron estas tareas, pero siempre con desconcierto ante la oscilación de los explosímetros. Obviamente se habló de evacuar a todas las familias, pero las autoridades en turno no tomaron tal decisión aduciendo la falta de información suficiente. Al final la tragedia sucedió. Eran las 10 con 10 de la mañana del día 22 de abril de 1992 cuando comenzaron las explosiones. En unos cuantos minutos la zona se volvió un caos: gente corriendo y gritando, el movimiento de ambulancias, el traslado de heridos, la búsqueda de personas entre los escombros etc.
Lilia Ruíz Chávez, la actual presidenta de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara A. C., estaba esperando el transporte público para ir a un mercado local. Subió al camión como cualquier otro día, pero a las pocas cuadras se vio envuelta en los acontecimientos. No recuerda haber escuchado la explosión, ni el momento en el cual quedó enterrada entre los escombros. Sólo rememora escuchar gritos y quejidos a su alrededor, así como un vecino convertido en rescatista, que se acercó a donde estaba para señalar: “primero nos llevamos a la persona embarazada y después a la que tiene las piernas destrozadas”; Lilia dice “la segunda era yo” (Autor, 2017). Después de muchos meses de hospitalización y de infinidad de cirugías, se pudo salvar su pierna derecha, pero no la izquierda. El daño era demasiado severo, por lo que los médicos optaron por amputarla.
Una lesión de esta magnitud modificó su vida por completo y la llenó de incertidumbres en un tiempo muy corto. Más aún cuando la respuesta gubernamental fue sumamente parcial y atropellada. Las autoridades de Jalisco, en vinculación con el gobierno federal, crearon el llamado Patronato de Reconstrucción de la Zona Siniestrada, el cual tendría la meta, en teoría, de indemnizar a todos los afectados. No obstante, la realidad fue muy diferente. Los recursos del mencionado Patronato eran escasos, por lo que mucho dependió de la rapidez con la que los damnificados acudieran a las oficinas.
Para los lesionados lo anterior tuvo diversas implicaciones, ya que la mayoría de ellos seguían en los hospitales luchando por sus vidas o recuperándose de las heridas cuando inició el programa. Así, la única manera de acceder a los apoyos era a partir de familiares directos y después de un trámite burocrático que les requería evidencias muy puntuales que no siempre se pudieron cumplir. No obstante, hubo dos elementos que les señalaron las metas profundas del programa: 1) por un lado, los lesionados fueron valorados a partir de un tabulador, por lo que la cantidad dependió de la gravedad de la lesión, pero sin una previa evaluación médica y sin estimar las consecuencias a largo plazo. Esto derivó, a su vez, en que el dinero recibido fuera inadecuado a sus necesidades; Lilia, por ejemplo, recibió 56,000 pesos mexicanos,2 lo cual sólo le sirvió para algunas consideraciones inmediatas (como su silla de ruedas y algunas adaptaciones para su baño); 2) además de lo anterior, la entrega del recurso estaba condicionado a la firma de un documento llamado “convenio finiquito” que estipulaba la abstención de los firmantes, una vez recibido el dinero, a cualquier tipo de reclamación futura. A continuación incluyo un extracto del mismo el cual forma parte del archivo personal de Carlos Heredia.
EXPRESAMENTE ACEPT (O) (AMOS) NO RESERVAR (ME) (NOS) ACCIÓN, QUEJA, DENUNCIA, QUERELLA O DEMANDA ALGUNA EN EL PRESENTE O EN EL FUTURO, CON MOTIVO DEL SINIESTRO ANTES INDICADO, EN RELACIÓN AL DAÑO QUE SE CUBRE CON ESTE PAGO, OBLIGANDO (ME) (NOS) A COADYUVAR, SEGÚN CORRESPONDA CON EL REFERIDO PATRONATO Y/O CON EL GOBIERNO FEDERAL, SI ASÍ LO REQUIRIESE (N), EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE RESUELVA (N) INSTAURAR.
ASÍ MISMO, EN CASO DE QUE EXISTAN OTRAS PERSONAS CON IGUAL O MENOR DERECHO A RECIBIR EL PAGO QUE ESTOY (AMOS) OBTENIENDO, ME (NOS) OBLIG (O) (AMOS) A SACAR EN PAZ Y SALVO AL REFERIDO PATRONATO Y/O AL GOBIERNO FEDERAL Y/O AL GOBIERNO MUNICIPAL, DE CUALQUIER EVENTUAL RECLAMACIÓN QUE SE PRESENTE
Así, el objetivo era finiquitar el tema lo más pronto posible. Había muchas razones políticas para hacerlo desde la óptica gubernamental. Al respecto, no sólo estaba en el centro el acallar la opinión pública y reducir las movilizaciones sociales, sino también desviar la atención que el caso suscitaba en todo el país (e incluso fuera de él) respecto a la responsabilidad de PEMEX en la tragedia; se trata de la paraestatal más importante del Estado mexicano, ya que es la encargada de toda la industria petrolera del país. Esto tenía que ver con que en los medios y en las opiniones públicas rondaban hipótesis explicativas sobre la presencia de gasolina en el drenaje que reñían considerablemente con la versión oficial. Mientras que esta última sostiene que todo se debió a la falta de mantenimiento en uno de los ductos que provocó la posterior filtración de la gasolina a una tubería de aguas residuales, la versión alterna más fuerte estipulaba que se hizo una descarga enorme e intencional de combustible al drenaje debido a una auditoría que se realizaría, en esos días, a la planta local de PEMEX. Esta hipótesis ha sido retomada por los medios de comunicación (Casas, 2019) y los propios afectados a lo largo de los años, aunque nunca se ha podido probar.
En este contexto, los lesionados observaron que, de cerrarse intempestivamente el caso, ellos quedarían olvidados. Comprendieron, al ir coincidiendo en el Patronato y compartiendo sus historias, que no eran los únicos y que debían hacer algo para mejorar sus condiciones. Asimismo, entendieron la necesidad de responsabilizar al Estado, pero que esto sólo llegaría si eran capaces de organizarse. Lilia Ruiz comenzó a pegar carteles en lugares públicos buscando a otros lesionados de las explosiones. La convocatoria, sin embargo, no pudo ser muy grande debido a la escasez de medios. Además, Lilia explica que el proceso no estuvo fuera de controversias, pues hubo personas que se acercaron con miedo o con total escepticismo. Al final, sólo se quedaron 80 lesionados que conformarían la naciente organización el 5 de mayo de 1993 (Autor, 2017).
Gracias a la convergencia en este colectivo, los lesionados pudieron sopesar colectivamente lo que estaban viviendo y lo que podría implicar para su futuro. Encontraron que el sufrimiento, la frustración y la incertidumbre, tomaban un rumbo de explicación y reacción diferente. El significado de sus síntomas se redimensionó cuando los padecimientos dejaron de estar encapsulados en la vivencia personal o dentro de la esfera privada (Bendelow y Williams, 1995: 157). El compartir y verse reconocidos dentro de un grupo con similares condiciones, los llevó a una transformación emocional que les permitió comprender que lo vivido tras las explosiones ya no podían explicarse, por lo menos exclusivamente, por el azar, la “mala suerte” o porque “Dios así lo quiso”, sino por una serie de intervenciones, negligencias y/o inacciones humanas que devinieron en una tragedia que pudo evitarse. Así, se generó un enojo colectivo y, a la vez, un sentido de injusticia, un estado muy emocional o hot cognition (Gamson, 1992: 32), que les ayudó a definir objetivos como asociación y a la vez a fijar una concreta contraparte: el “gobierno”. Esa palabra se convertiría, desde el inicio, en la denominación usada para señalar a todas aquellas instituciones y funcionarios que, desde su perspectiva, les han fallado a lo largo de casi 29 años.
Con la creación de la asociación y la fijación de un adversario, los lesionados han establecido dos demandas muy concretas: 1) atención médica integral (que incluye especialistas, medicamentos, consultas generales, prótesis y operaciones) y; 2) acceso a ingresos económicos o pensión vitalicia (vía un fideicomiso creado específicamente para los lesionados). Sin embargo, estas consideraciones materiales no pueden ser entendidas, como se verá en lo sucesivo, sin analizar lo que sus lesiones les han significado, así como el sentido de injusticia y agravio atribuido a esas dolencias cuando se han recrudecido por el olvido y la desatención.
Dentro de la sociología de las emociones, Jasper (2012) elaboró una tipología de sentimientos de acuerdo con su duración y las sensaciones que provocan. En tal sentido, ofrece una gradación analítica que va desde las pulsiones físicas (impulsos corporales como el dormir) hasta fuertes y duraderas emociones que son capaces de originar la movilización social. En especial, aquellas basadas en principios morales que son violentados por una injusticia. Sin embargo, este traslado teórico desde lo físico hasta lo moral tiende a separar, desde mi perspectiva, dos universos que requieren más análisis conjunto dentro de la teoría social: el cuerpo y las emociones. Por supuesto hay avances en la materia, como la interesante propuesta de David Franks (2007) acerca de los vínculos entre la neurociencia y la sociología a partir de las emociones, que revelan un debate de fondo por explorar. Al respecto de las implicaciones de tal debate mi aporte es modesto, pero necesario para el tema que compete aquí.
En el caso de los lesionados del 22 de abril, el trabajo de campo ha revelado una imposibilidad de comprender lo que estas personas viven sin considerar la variable corporal y cómo ésta es consustancial a sus emociones y prácticas de movilización social. En otras palabras, la importancia y significado que cobra para ellos el daño a sus cuerpos, las emociones ligadas a ello y cómo esa conexión se convierte en un marco para sus demandas y acciones colectivas. Sus implicaciones son tan claras y contundentes que es necesario plantearlas por niveles analíticamente diferenciados:
Social/colectiva. Sumado a la discriminación y desigualdad que implica ser discapacitado en nuestras sociedades, los lesionados han visto cómo las acciones colectivas les conlleva un esfuerzo físico, y a la vez emocional, muy demandante. Al respecto, no sólo se trata de los actos de protesta, sino también de otro tipo de actividades como trasladarse, en el transporte público, a las instituciones para llevar oficios o tener encuentros con algún funcionario. Además, tener que lidiar con el poco acondicionamiento que tienen esos edificios para que las personas con discapacidad puedan ingresar y trasladarse en el interior. Estas cuestiones hoy en día les plantean aún más dificultad debido a que la mayoría de los lesionados son personas de la tercera edad.
Siguiendo estas consideraciones empíricas, es necesario una delimitación teórico-conceptual que pueda evidenciarla innegable importancia que cobra el daño corporal en la vida de estas personas. Por principio, es relevante apuntar, siguiendo los planteamientos de Drew Leder (1990), que la alteración física sufrida durante las explosiones llevó a los lesionados a realizar un proceso de resignificación de su organismo y, además, de cognición sobre el mundo basada en la emergencia de diversas limitaciones para realizar actividades que antes estaban normalizadas. Lo anterior, los ha llevado a un nuevo proceso de “concientización” acerca de su cuerpo y, a su vez, de interacción con el entorno. Este embodiment (Turner, 1992) como corporeización de las experiencias de los lesionados, es un marco indisociable de sus acciones colectivas, pero también de los significados imputados a éstas e, incluso, a las etiquetas, términos y/o conceptos que utilizan de forma cotidiana para explicar lo vivido durante casi 29 años.
Ahora bien, esta corporeización tiene un rasgo muy particular que, siguiendo la interacción etnográfica, puede vincularse fenomenológicamente al concepto de dolor. En efecto, el dolor ha sido la experiencia emocional de los lesionados que ha originado y moldeado tal corporeización y su estrecha relación con la movilización social; el dolor como disrupción y como constricción espaciotemporal (Leder, 1990), es decir, como experiencia física que limita las actividades y como vivencia que incide en la comprensión de lo que los rodea. En este sentido, el dolor impone una “demanda télica” (Bendelow y Williams, 1995: 148), una búsqueda de sentido, comprensión y/o interpretación. Partiendo de ello, es necesario establecer, siguiendo a Leavitt (1996), que la interpretación densa del dolor en los lesionados responde al conjunto feeling y meaning, es decir, dolor sentido (como sensación corporal) y sentido del dolor (en términos de su explicación causal, direccionamiento y construcción cultural). Por lo tanto, el dolor representa en ellos un proceso de producción constante de sentidos, fuente de entendimiento de diversas experiencias (en especial aquellas que los hacen sentirse receptores de alguna injuria) y, además, deseo por encontrar alivio a sus condiciones mediante la acción desde el cuerpo y hacia el cuerpo (Bendelow y Williams, 1995: 148-149).
Es bajo esta focalización teórica que es posible explicar los significados de sus acciones colectivas, pero también de varios de los conceptos que utilizan para entenderse a sí mismos y a los demás. Por ejemplo, uno de los más claros es el de “lesionado”, ya que es la etiqueta que utilizan regularmente para categorizarse y, a la vez, para separarse de otros grupos sociales, en especial, del resto de damnificados de las explosiones. Para ellos esta palabra está directamente relacionada a la idea de “sobreviviente”, es decir, de alguien que sufrió consecuencias corporales directas de las explosiones y que pusieron en riesgo sus vidas durante y después de la tragedia. Esto los separa de los que ellos llaman “aledaños” (personas que vivían en las fronteras de la zona siniestrada), pero especialmente de aquellos que se vieron perjudicados en sus bienes materiales y para quienes usan el término de “afectados”. Esto es importante porque está asentado en el daño corporal sufrido, pues para ellos el cargar con consecuencias físicas permanentes implica y exige, a su vez, una respuesta de mayor magnitud por parte del Estado y una generación automática de derechos en igual sintonía. Lilia Ruiz lo explica con sus propias palabras cuando en el centro estuvo la valoración de sus heridas para determinar una indemnización: “nos robaron la dignidad cuando nos obligaron a recibir migajas; a la hora de entregarnos un finiquito dándole valor a partes de nuestros cuerpos” (Entrevista a Lilia Ruíz, julio, 2018).
De esta manera, las inmediatas consecuencias físicas de las explosiones y el proceso de corporeización de las vivencias siguientes (en especial aquellas que envolvieron un trato directo con las instituciones gubernamentales), se constituyeron, ante la incomprensión de sus condiciones en el corto y en el largo plazo, en una resignificación del dolor depositada en el contrasentido que les generaba la objetivación monetaria de sus lesiones; era el enfrentamiento de dos visiones y lenguajes muy diferentes. Tal como lo cuestiona Ángeles Pérez, esposa de Luis Franco, a quién durante las explosiones le cayó encima una camioneta dejándolo con convalecencias interminables por más de 12 años hasta su fallecimiento: “¿Con qué pueden pagarnos ese daño tan grande?... compongan lo que hicieron a ver si pueden reconstruir todo el daño moral y físico que nos quedó” (Entrevista a Ángeles Pérez, marzo, 2018).
Por todo lo anterior, se puede entender cómo el dolor físico fue decantando en emociones crecientes de enojo, frustración, zozobra y desaire. Era el quebranto de las expectativas que tenían sobre una respuesta gubernamental adecuada a su situación. Emociones fuertes ante la primigenia cosificación de sus cuerpos por parte del Patronato y el rápido cierre de éste como un claro mensaje de abandono por parte del Estado.
Esa resignificación del dolor puede verse como el inicio de un proceso, profundizado con el correr de los años, deconstrucción cultural y política de significados vinculados fuertemente al concepto de injusticia. Esto se puede entender, siguiendo a Gamson (1992), como la formación progresiva de un “marco de injusticia”, es decir, una manera particular que tienen los actores, en este caso los lesionados, de “enmarcar” o comprender el asunto (sociopolítico) que rodea a su condición. Dicho marco, además de establecer con claridad un “enemigo”, requiere una serie de mecanismos para producir una delimitación clara del problema enfrentado (Chihu y López, 2004: 437).
Al abundar en ello, ese “marco” se fundamenta en el notorio enfrentamiento entre una visión dominante sobre el cuerpo (aquella que tiende fácilmente a la objetivación, mercantilización y control público-estatal) y la visión de estas personas que buscan no sólo un diferente entendimiento de sus síntomas físicos, sino también del significado profundo de las laceraciones y del dolor cuando, como construcciones sociales, se les imponen visiones legales, burocrático-administrativas y/o económicas por sobre los factores humanos, los derechos fundamentales y las consideraciones emocionales. Bajo esta óptica, los lesionados han creado etiquetas, metáforas, conceptos y/o plantillas discursivas que sirven, en efecto, como herramientas para posicionarse frente al adversario.
El ejemplo más importante recae en la principal consigna que ha abanderado la lucha de la asociación: “Dignidad y vida se recobran con justicia”. Esta frase concentra, hasta el día de hoy,una parte vital de ese marco de comprensión, definición y orientación de las acciones colectivas de los lesionados. Está cargada con los sentidos de la lucha, con las metas de recuperación de algo que se perdió a partir de las explosiones y que no se puede medir en dinero o entender a partir de categorías dominantes.
Tienen clara la imposibilidad de regresar al estado físico en que se encontraban previo a las explosiones, pero están igualmente conscientes que merecen respuestas, decoro y alivio a su dolor, así como de la angustia que provoca la incertidumbre. Es, en efecto, la apelación de esa demanda télica del dolor que exige, en términos de aversión sensorial y de efectos disruptivos sobre el mundo, su remoción (Leder, 1990: 77). Esto último es aún más visible entre aquellos lesionados que, al momento de las explosiones, se encontraban en una etapa productiva y formativa (en términos familiares) de sus vidas (entre los 25 y los 40 años), pues en el caso de los hombres, siguiendo los roles tradicionales del género, eran los principales proveedores de sus hogares y las mujeres las generadoras de una determinada organización familiar. Siguiendo estas consideraciones, es posible entender por qué Lilia visualiza la tragedia como el fin de un modelo de vida y también como un proyecto trunco:
[Conocí a] tres hombres que, al saber sus historias, me dolieron mucho. Pensé en mi esposo: “¿Qué tal si le hubiera tocado a él? ¿Qué habría sido de mi familia?”. Nos hubiera pasado lo mismo que a esas familias, pues el proveedor principal hubiera estado en mis condiciones. Habían perdido su casa, se habían tenido que ir del barrio y quedaron con discapacidad. Lo que vivimos ahora ya no es lo que estábamos viviendo, sino lo que pudimos volver a vivir. Nuestras vidas hechas pedazos, con muchas cosas que ya no pudieron ser y que tuvieron que haber sido. Simplemente veo el caso de Nacho, mi compañero, tiene nietos y no los ha podido ver porque está ciego. Yo, por ejemplo, nunca pude abrazar a uno de mis nietos y salir a pasearlo, porque no puedo caminar con él. Hay compañeras, como Guadalupe Zambrano y Martha Muñiz que tenía bebecitos y no pudieron terminar de amamantarlos. Entonces, todo fue arrebatarnos la vida que estábamos viviendo; si, nos arrebataron la vida (Entrevista a Lilia Ruiz, julio, 2018).
De esta manera, la metáfora de la pérdida de la vida está directamente relacionada a los significados imputados al cuerpo dañado, a un cuerpo emergente, que aparece con intensidad; una apelación que reorientó los sentidos ante el dolor físico, pero también que reorganizó su mundo en términos de las relaciones consigo mismos y con los demás (Leder, 1990: 72-73). Justo ahí se engarzan las restricciones de movilidad sentidas por los lesionados con las cargas emocionales que llevan en términos de una reducción o restricción del mundo. Aquí se encuentra depositado el sentido de la pérdida de la vida, en el dolor que llegó de manera intempestiva, aversiva e involuntaria y que modificó sus rutinas, metas e, incluso identidades en términos de esos roles que cumplían. Es una limitación en la libertad de decisión, del hacer en el mundo con todas sus capacidades anteriores, pero también de cumplir en términos de aporte a la sociedad, a la familia. Así lo explica Hugo Gómez, uno más de los lesionados que, el día de la tragedia, se encontraba trabajando en un taller mecánico. En el momento de la explosión voló y cayó dentro de una casa. A su alrededor comenzaron a caer los escombros. Debido a esto, una enorme piedra apresó su cuerpo contra el suelo; “sentía que me partía en dos” explica Hugo (Entrevista a Hugo Gómez, mayo, 2018). Entre los vecinos y compañeros lograron liberarlo del peso, pero desafortunadamente quedó con una lesión lumbar para toda su vida. Además, el taller en el que laboraba, patrimonio de su padre, se perdió durante las explosiones. Por ello, y como responsable de dos hijos, explica:
[Hay] daño moral. A mí me afecta mucho por lo que dejas de hacer por los tuyos; te limita en ese sentido. A lo mejor ellos intentan pagar el daño físico, pero no termina ahí porque nos cortó las alas. Ahí es donde considero el daño moral, que no te permite ser tú, con lo que naciste, con tus aptitudes, con tus virtudes, con tus defectos; que alguien te las haya cortado y no te permita darte a los demás (Entrevista a Hugo Gómez, mayo, 2018).
Por todo lo anterior, los lesionados han producido un determinado enmarcado del problema que conlleva una comprensión del dolor en perspectiva multifactorial y que sólo es accesible para quienes sienten algo similar. De ahí que una de las luchas más importantes se refiere a la transmisión de esos significados. Al respecto, la teoría argumenta que tales sentidos del dolor, suelen quedar encapsulados en lo individual. Es decir, que el dolor se manifiesta como un conjunto de fuerzas centrípetas que llevan a los individuos a ser introvertidos. Se piensa en el pasado y en el futuro desde esa perspectiva. Esto es especialmente visible en los casos de dolor crónico y/o relacionado a daños físicos permanentes. Sin embargo, esa misma teoría también abre una ventana de análisis sociológico al plantear que el dolor exige una respuesta o un cambio que permita deshacerse de él o dominarlo. En este sentido, lo que esta teoría no logra aprehender, es la posibilidad de que tal exigencia se pueda enmarcar desde una posición colectiva.
Desde mi perspectiva, la Asociación 22 de Abril ha logrado construir, alternamente a lo individual, una significación grupal del dolor y que en la misma orientación de buscar respuestas, se ha organizado para obtenerlas no sólo en el plano físico/médico, sino también en el político/simbólico. Sobre este vértice es posible enmarcar su noción de justicia, pues pone en diálogo las dicotomías individual/colectivo y/o corporal/social, haciendo de esto un mundo indivisible de prácticas e interpretaciones. Esto tiene que ver, al final, con el camino que, desde su perspectiva, es el único a seguir para recuperar lo perdido: luchar por la justicia, esa que Lilia dice “nos la deben toda” (Entrevista a Lilia Ruiz, julio, 2018).
Barrington Moore planteó, desde hace varias décadas, que la movilización social tiene fuertes bases e implicaciones emocionales. Al respecto, explica que, para entender por qué las personas recurren a las acciones colectivas, es necesario considerar lo que saben, piensan y esperan respecto a las funciones básicas de un Estado. En otras palabras, considera que todos tenemos ideas acerca de las tareas y obligaciones de los gobiernos, en especial de aquellas que refieren a la salvaguarda, cuidado y/o protección. Siguiendo tal argumento, todos generamos expectativas en torno a esa relación Estado-sociedad. Sin embargo, cuando dichas expectativas son sistemáticamente rechazadas o quebrantadas, surge una fuerte sensación de injusticia que Moore relaciona a la violación del contrato social entre gobernantes y gobernados. A su vez, este sentido particular de injusticia genera un dolor concreto: un agravio de carácter moral. Este agravio puede ser de tal magnitud que funciona como el motor perfecto para la protesta.
Bajo este argumento, el daño moral que entiende Hugo está depositado, primeramente, en esa tragedia que pudo haber sido evitada, pero también en la constante descalificación de las reivindicaciones de los lesionados por parte de las diferentes administraciones gubernamentales. Una vez creada oficialmente la asociación, los lesionados organizados se dieron cuenta que la lucha no sería por determinar o imputar la responsabilidad causal, es decir, por averiguar qué y quiénes habían sido los responsables de las explosiones, sino por la aceptación de la responsabilidad política (Gusfield, 2014) por parte del Estado. En otras palabras, qué instituciones o instancias serían las encomendadas para atender las consecuencias a largo plazo. Es en este punto en el cual los lesionados crearon expectativas, de carácter moral (Romanos, 2011: 97), vinculadas a la esperanza de que el “gobierno” reaccionara con puntualidad y firmeza ante sus peticiones. Morales porque no tenían que ver con las condiciones legales e institucionales, sino con el anhelo de solidaridad y protección por parte del Estado.
Sin embargo, tales expectativas se han visto frecuentemente transgredidas, pues a casi 29 años de las explosiones sus dos principales exigencias no han sido resueltas. Por lo tanto, ese agravio moral ha crecido entre ellos, así como el dolor estrechamente vinculado a él, lo cual se ha materializado en un proceso de “enmarcamiento” basado en la indignación hacia el “gobierno” que no sólo no evitó la tragedia, sino que también ha actuado con negligencia, manteniendo y profundizando así el daño. De esta manera, el dolor físico y los sentidos atribuidos se vinculan, de forma indivisible, a esta dimensión interpretativa moral; estas personas son lesionados físicos y morales (Sauerwald, 2008: 49). Ángeles ejemplifica este encadenamiento, entre lo corporal y lo moral, al explicar la relación existente entre los dolores físicos de su esposo y el déficit de atención, comprensión y apoyo por parte del Estado:
El señor Covarrubias4 dijo que no había de qué preocuparse porque estábamos comiendo manjares. Entonces me levanté y le dije: “le invito a que coma los manjares que yo me como, a que tenga usted una herida como la que tiene mi esposo. No señor, yo prefiero tragar frijoles todos los días y no padecer lo de ahora.No tenemos casa, se destruyó mi familia;me quedé sin nada”.
En otros lados te apoyan ¿y nuestro país?, ¿por qué es tan corrupto?, ¿por qué es tan cruel? Pemex es el culpable ¿Por qué no nos ayuda? No quieren aceptarlo. Cuando te pasa algo, como por ejemplo los temblores, te resignas, pero cuando alguien te hace daño, que te pudieron haber salvado y no lo hicieron, es donde te da coraje.Ver a tus seres amados, lo que sufrieron, es cuando se llena uno de odio, de coraje (Entrevista Ángeles Pérez, marzo, 2018).
Cada uno de los lesionados (hoy 56 debido a que varios de ellos han fallecido a lo largo de los años) cuenta su historia de manera que es posible conectar las dimensiones físicas y morales del daño sufrido. Esa complejidad de definición, apreciación, sensación y sentido del dolor, pero que no puede dejarse de lado si se quiere comprender el remedio: la justicia.
A lo largo de todos estos años, los lesionados han sobrellevado un duro proceso de aprendizaje: cosas como elaborar oficios, agendar citas con funcionarios, seguir patrones burocráticos y administrativos e, incluso, conocer de conceptos y prácticas discursivas que les permitan dialogar con quienes toman las decisiones. Sin embargo, cuando este primer camino no ha funcionado, y que así se ha dado múltiples veces, estas personas también han aprendido a utilizar diversos mecanismos de presión como las ruedas de prensa y los actos de protesta. En esta tesitura, ha habido eventos particulares que deben tomarse como historias fundacionales de una identidad colectiva y de valores compartidos por los participantes (Jasper, 1998: 416). Son tres los que particularmente merecen mención:
En junio de 2003, los lesionados realizaron una visita al palacio de gobierno con el fin de entablar una plática con el entonces titular del ejecutivo, Francisco Ramírez Acuña. Sin embargo, los guardias de la puerta buscaron de inmediato bloquearles la entrada, lo que provocó una escena de confrontación. Lograron cerrar la entrada, pero no evitaron que un grupo de mujeres, entre ellas Lilia Ruiz, se colara para permanecer en plantón hasta ser recibidas por el gobernador. Pasaron 30 largos días. Al final, no fueron recibidas. Aún así, ese sexenio (2000-2006) lograron, aunque con mucho trabajo, la construcción de un consultorio exclusivo para ellos dentro de una de las principales clínicas públicas de Jalisco.
Desafortunadamente, estas batallas ganadas no han resuelto todos los problemas de los asociados. Aún se sufre del constante y sistemático desabasto de medicamentos controlados (complejizado aún más durante esta pandemia), de la privación de ciertas cirugías, de la carencia de un hogar para aquellos lesionados que perdieron sus casas en las explosiones, de la omisión de una indemnización adecuada para quienes perdieron un familiar en la tragedia, de la falta de ingreso de varios de los miembros al FIASS y de la constante necesidad de recapitalizarlo.6
Además de las movilizaciones y las negociaciones, los lesionados han utilizado otros mecanismos de presión como lo son las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ). Al respecto, han buscado la legítima defensa de su derecho a la justicia y la verdad. Aunque, la queja más recurrente está enmarcada en el derecho a la salud y que precisamente está dirigida a buscar, primeramente, el alivio del dolor físico. Por lo anterior, es necesario entender dos sentidos expresados en estas demandas. El primero tiene que ver con la creación de derechos, interpretada por los lesionados, debido al daño que sufrieron a causa de las explosiones. Regresando a Moore, esto puede enmarcarse como una falla del Estado para brindarles protección, pero también para cumplir su obligación de ofrecerles seguridad a posteriori. El segundo refiere al entendimiento que tienen sobre derechos fundamentales y universales; aquellos que les son innatos como seres humanos, pero también como personas de la tercera edad y como discapacitados. Esto implica tres esferas de derechos adquiridos, pero también tres ámbitos de conflicto debido a la discriminación, la reificación7 y la violación sistemática de tales prerrogativas en las prácticas institucionales y sociales en general.
Para Axel Honneth (2009), los perfiles de la mayoría de los asociados envuelven diferentes formas estructurales de menosprecio social. Al respecto, refiere que el dolor y sufrimiento de este tipo de lesionados morales, tienen que ver no sólo con un trato negligente por parte del Estado, sino con un proceso sociológico de invisibilización (reificación). Siguiendo su propuesta teórica, las acciones colectivas de estos sujetos no pueden comprenderse, en plenitud, bajo esquemas como el de medios-fines, es decir, como si fueran “maximizadores de utilidad aislados” (Latorre, 2005: 45), sino más bien como luchas por el reconocimiento de la dignidad que envuelven aspectos como las necesidades individuales, la autonomía moral y las contribuciones a la sociedad. En otras palabras, tres principios normativos que circundan las demandas morales modernas: 1) el principio del amor; 2) la igualdad jurídica y; 3) la performatividad (Honneth, 2016:22-23). Así, las acciones colectivas (formas de negociación, organización, protesta etc.) tienden, en el fondo, al reconocimiento de su lugar en la sociedad: dentro de su familia (amor), del Estado (institucional-legal) y de la colectividad (como seres humanos capaces, con derecho a ser libres y dignos de solidaridad). Esto es posible, según Honneth, gracias a la mayor sensibilidad moral que encarnan estos movimientos (Honneth, 2010: 12) y la anteposición de la dignidad frente a las experiencias de menosprecio estructural como claves de su entendimiento de la justicia.
Bajo este análisis, también podemos explicar la acuñación del concepto de víctima. Tal categoría se ha revitalizado en México debido a la creciente violencia ligada al narcotráfico y a la ola interminable de desapariciones forzadas. Debido a ese estado de opinión pública, el concepto de víctima es mucho más entendido en relación con los desaparecidos y sus familiares, es decir, como una estrategia de gestión de una violencia estructural relativamente reciente. No obstante, para los lesionados estos debates también han marcado una oportunidad para autodefinirse como víctimas y, por lo tanto, para pugnar por una ampliación temporal y social de la categoría (Vecchioli, 2013: 3-4). Esto porque buscan que en ella se reconozcan hechos del pasado en los cuales la negligencia, la coerción y la violencia de Estado fueron característicos. Por lo tanto, este proceso les ha significado una revaloración de su situación. En principio, y debido a la relevancia pública del problema de desapariciones, el concepto de víctima encierra una serie de reformas, propuestas y discusiones jurídicas que, para los lesionados, ha decantado en una lucha por el reconocimiento en la esfera de lo legal. Como lo menciona Zenobi (2013) la condición de víctima pasa por una serie de procedimientos oficiales a partir de los cuales las personas deben brindar evidencias, pero que éstos no están aislados de un determinado estado de debate y de autopresentación pública de los demandantes. En el caso de los lesionados, y a diferencia de otro tipo de afectados de las explosiones, lo anterior recae en la vivencia directa, en el dolor experimentado en las huellas permanentes que merecen, dentro del lenguaje legal utilizado, una restitución integral de los daños. Partiendo de este argumento, han presentado las más recientes quejas sobre Derechos Humanos y contribuido a otros procesos como la actual discusión sobre la Ley de Víctimas del Estado de Jalisco. En ese foro, Lilia Ruiz expuso el caso de los lesionados frente a las madres y padres de desaparecidos, afirmando esa lucha por reconocimiento mediante la puesta en escena de significados y sentidos que podían compartirse dentro de esa colectividad:
Si nuestra lucha no existiera, cada uno de nosotros viviríamos a expensas del esfuerzo de nuestras familias, de la caridad de la gente, o ya habríamos muerto. ¿Cómo pagaríamos nuestros aparatos ortopédicos y todos los medicamentos que necesitamos? Por eso luchamos. Somos víctimas al igual que ustedes. Somos víctimas revictimizadas, una y otra vez por el gobierno que nos dañó y nos dejó con discapacidad por el resto de nuestras vidas. El mismo gobierno que sólo nos ayuda por presión, por la resistencia que nos ha mantenido de pie o por la exigencia de la ciudadanía cuando se entera de su desatención. Si para alguna cosa sirve la historia, es para decirnos que ningún avance social se consigue sin lucha. Por eso debemos seguir luchando (Declaración de Lilia Ruiz, enero, 2020).
Esta intervención le valió a Lilia que los asistentes se pararan a ovacionarla; particularmente las asociaciones de madres en busca de sus hijos desaparecidos. En este sentido, y a pesar de enfrentar problemas diferentes, la reunión, comunión y acción conjunta de estos grupos plantea que la categoría de víctima, y todas las plantillas discursivas que la apoyan (como todas esas narrativas que resaltan el dolor y el sufrimiento), puede funcionar como una nueva ruta de acción política que envuelve, además de las emociones como herramienta contenciosa, sentidos complementarios de reivindicación moral y de valoración de la vida (Arosi, 2013: 24); las vidas que ya no serán para los lesionados y las vidas que se deben rescatar y/o no olvidar de los desaparecidos. Por otra parte, es importante considerar que estas actuaciones públicas vinculantes no sólo permiten procesos de reconocimiento intersubjetivo entre estos actores colectivos, sino también la producción o enraizamiento de un lenguaje que les permite consolidarse como actores políticos (Vianna y Farias, 2011: 91) y como demandantes legítimos. Si bien las asociaciones de madres y la asociación de lesionados han construido sus propios sentidos compartidos de dolor y de acción política, la identificación dentro de un mismo lenguaje y de visiones comunes sobre acontecimientos de violencia y coerción, abre la oportunidad para que estos grupos creen y/o ensanchen lo que Myriam Jimeno (2010: 99) llama comunidades emocionais, es decir, formas colectivas de reconocimiento y confluencia que orienten la acción colectiva y la protesta con miras a la reparación.
Finalmente, vale la pena decir que, para Lilia, la justicia quedó sepultada entre las ruinas de las explosiones. Para ella, el tener que estar tocando puertas sistemáticamente y presionando a las instituciones en aras de obtener respuestas, no es un proceso que se pueda entender como justicia. No lo es porque, aunque ha brindado resultados positivos, estos sólo han sido logrados con base en muchos sacrificios y en medio de una terrible reticencia para entender al lesionado. Esto quiere decir que la justicia, desde su perspectiva, no debería de ser la consecuencia, por lo menos exclusivamente, de un continuo conflicto entre dos fuerzas que se repelen, sino el efecto fluido de un entendimiento mutuo, del reconocimiento intersubjetivo (Honneth, 2010) basado en lenguajes y sentidos compartidos.
Como se ha intentado explicar, existe un determinado tipo de “víctimas” que, debido a la naturaleza de los hechos sufridos, requieren categorías sociológicas y antropológicas que sean capaces de reconocer la variable corporal. En el caso aquí presentado, la etiqueta de lesionado usada por los propios actores, exige establecer el puente entre lo físico y lo social. Sin esto, no hubiera sido posible explicar no sólo ese concepto, sino otros más que, desde mi óptica, son necesarios para interpretar sus vivencias y los sentidos construidos individual y colectivamente. En ese mismo traslado, la emergencia de lo moral capta complejos significados y que, por ello, no son de fácil ingreso o comprensión para aquellos que no están lesionados. Así, un elemento central de sus acciones colectivas está depositado en el enfrentamiento de determinadas estructuras que, con sus prácticas y sus discursivos, imponen formas de menosprecio estructural basadas en el prejuicio y la inobservancia del “otro” que no es “normal”. Desde mi óptica, la etnografía ha sido un medio para intentar captar estas consideraciones mediante la co-presencia, el extrañamiento y la reflexividad. Sin embargo, soy consciente de sus limitaciones en tanto no puedo sentir el dolor como ellos; hay una parte que siempre será inaccesible y útil para entender por qué las personas, como los lesionados, se movilizan cuando los recursos son pocos, pero las injusticias son grandes. Es por ello, que también encuentro útil el resurgimiento de un concepto como el de agravio para explicar, dentro de un mundo social en el cual la violencia, la desigualdad y la invisibilización se han vuelto la base de diferentes prácticas naturalizadas, las reacciones, acciones y reivindicaciones de aquellos que no quieren tolerar más las injusticias. En igual tesitura, pienso que las aportaciones de Honneth a partir del concepto de reconocimiento, pueden ofrecer mucho más para entender estos problemas. Esto porque pretende una crítica profunda acerca de los determinantes sociales, estructuras y normalizaciones del sufrimiento humano como una meta sociológica profunda dentro de un mundo moderno tendiente a la reificación. Aún falta mucho al respecto, pero creo que cada trabajo que expone casos como el de los lesionados del 22 de abril, representa un acto de visibilización y de reconocimiento.
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1 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Universidad Jesuita de Guadalajara, México, jorgeeufracio@iteso.mx, Orcid 0000-0002-0912-2704
2 En aquellos años esta cantidad equivalía a, aproximadamente, 18,667 dólares estadounidenses, lo cual quiere decir que el tipo de cambio era de tres pesos por cada dólar. Con fines comparativos, hoy en día oscila entre los 20 y los 21 pesos debido a las crisis económicas y a las devaluaciones.
3 Entre los lesionados hay relatos de este tipo de respuestas emocionales debido al significado que tiene para ellos el sentirse incompletos.
4 Gabriel Covarrubias Ibarra, expresidente municipal de Guadalajara y, en su momento, director del Patronato.
5 Alrededor de 4,300,000 dólares al momento (con un tipo de cambio de 9.3 pesos por dólar).
6 Cada peso ha sido producto de las gestiones y movilizaciones de los lesionados. En este sentido, la lucha consiste en estar presionando a las diversas instancias estatales para que mantengan un flujo constante de recursos.
7 Para Axel Honneth (2007), a diferencia de la “cosificación” (tratar a la personas como “cosas”) la reificación es un estado de invisibilización del otro. Este proceso sociológico ha derivado en formas de menosprecio estructural.