Un análisis etnográfico sobre supuestos suicidios en establecimientos penitenciarios
Agustín Villarreal1
IDACOR (CONICET), Museo de Antropología (FFyH, UNC), Argentina
Recibido: 20 de septiembre de 2023
Aceptado: 30 de noviembre de 2023
Adrián murió en el 2013 en el penal de San Martín, en la ciudad de Córdoba. Ese mismo año, la mamá de Vanina recibió el llamado de la cárcel de mujeres porque su hija estaba gravemente herida, murió en el hospital horas después. En el 2019 Lucas muere en la enfermería del complejo carcelario de Bouwer de Córdoba. Todos ellos fueron enunciados por el servicio penitenciario como suicidios, a través de las mismas escenas y relatos. En este trabajo que surge a partir de la etnografía acompañando a familiares, pretendo realizar algunas reflexiones sobre los modos de morir en la cárcel, particularmente a través de supuestos suicidios. Los familiares comprenden que sus hijos no se suicidaron, sino más bien, fueron asesinados dentro de las prisiones. Las marcas en los cuerpos de prácticas tortuosas y abusos, en oposición de la justificación penal y judicial de que se trató de una muerte autoinducida, me permite interrogar los procesos institucionales que se ponen en tensión. Así entonces, en cárceles distintas y tiempos disimiles, aquí pretendo dar cuenta de las prácticas gubernamentales desde sus diversas instituciones –servicio penitenciario y judicial– que pretenden establecer el suicidio como modo de muerte, polarizando con el reclamo familiar y sus modos de producir evidencias para deslegitimar la versión institucional.
palabras claves: Córdoba; prisiones; familiares; muertes
Adrián died in 2013 in the San Martín prison, in the city of Córdoba. That same year, Vanina's mother received a call from the women's prison because her daughter was seriously injured, she died in the hospital hours later. In 2019, Lucas died in the infirmary of the prison complex of Bouwer de Córdoba. All of them were stated by the prison service as suicides, through the same scenes and stories. In the work that arises from ethnography, accompanying relatives, I intend to make some reflections on the ways of dying in prison, particularly through alleged suicides. The relatives understand that their children did not commit suicide, but rather, were killed inside the prisons. The marks on the bodies of torturous practices and abuses, as opposed to the criminal and judicial justification that it was a self-induced death, allow me to interrogate the institutional processes that are put in tension. Thus, in different prisons and dissimilar times, here I intend to give an account of the governmental practices from its various institutions -penitentiary and judicial service- that seek to establish suicide as a way of death, polarizing with the family claim and their ways of producing evidence to delegitimize the institutional version.
keywords: Córdoba; prisons; family members; deaths
Las investigaciones sobre la prisión tienen una larga trayectoria. Estudios clásicos como el Greshman Sykes de 1958 (2017) a través de la investigación llevada a cabo en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, plantea la necesidad de examinar a las prisiones como sistemas sociales que no son autónomos de poder, sino un instrumento del Estado, moldeado por sus prerrogativas sociales en el que hay una inevitable vinculación con el contexto (2017, p. 59).
Michael Foucault en su trabajo de Vigilar y Castigar de 1975 (2008), nos permite comprender la construcción del castigo desde el siglo XVII, a través de una diversidad de dispositivos que se van transformando a lo largo del tiempo. De allí, una de las cuestiones que me parece más importante del abordaje que hace Foucault es la importancia del cuerpo, del poder disciplinario sobre él a través del sometimiento en diferentes mecanismos disciplinarios y castigos legales. Por lo tanto, se vuelve importante comprender a la institución carcelaria a través de la administración de los cuerpos.
Por otro lado, Erving Goffman (2012) acuña la categoría de institución total para dar cuenta de las características de aquellos establecimientos de encierro en la que hay un polarización del aislamiento y homogenización de la autoridad. Diversos trabajos dan cuenta de lo limitado de dicho concepto, problematizando las vinculaciones con el afuera y estableciendo las porosidades, vasos comunicantes, continuidades y redes que atraviesan a las prisiones (Comfort, 2010; Ojeda, 2013; Godoi, 2015; Ferreccio, 2017; Padovani, 2018; Mallart, 2020).
Ahora bien, en relación a las muertes que suceden en las prisiones argentinas, hay un abordaje prematuro pero fundamental (Gual, 2016, 2019; Zaffaroni, 1993). Así, Ramiro Gual propone describir las muertes por autoagresiones en el Servicio Penitenciario Federal, problematizando los factores y prácticas estatales que los explican, a partir del trabajo estadístico desarrollado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, así también da cuenta de los obstáculos en torno al análisis de muertes en custodia teniendo en cuenta la escasa información de Latinoamérica. En un contexto internacional Liebling (1992) realiza un trabajo en prisiones de Inglaterra y Gales, haciendo entrevistas a trabajadores de aquellos establecimientos y a personas detenidas. Allí comprendió que las condiciones situacionales por el estrés carcelario y eventos desencadenantes concretos provocan los suicidios, a partir de la vulnerabilidad que llegan a experimentar, provocando que situaciones que aparecen como triviales puedan operar como desencadenantes a la autoagresión. El trabajo de Gual pretende contribuir dentro del contexto argentino, en qué medida las conclusiones alcanzadas por Liebling pueden ser adecuadas para comprender los factores personales y estructurales que inciden en las muertes por autoagresiones bajo custodia penitenciaria (Gual, 2019, p. 99).
Sin embargo, el trabajo que aquí traigo surge de la pesquisa doctoral que llevé adelante y a partir de la perspectiva de los familiares.2 De esta forma, la etnografía fue utilizada como método, enfoque y escritura (Guber, 2011) para lograr abordar de manera multisituada y en profundidad el fenómeno que pretendo abordar.
Para ello se utilizaron los métodos relativos a la etnografía, a través de la observación participante, de entrevistas abiertas, charlas informales, y, en menor medida, semiestructuradas y grabadas, con el objetivo de dar cuenta de la perspectiva de los actores, especialmente de familiares y presos. Poder acceder a las redes de relaciones de los interlocutores me permitió participar de los diversos espacios en los que circulan los familiares, tanto en la prisión como en instancias judiciales, y así comprender las prácticas que se construyen alrededor de esas muertes y de las formas de disputar los modos de morir al interior de las prisiones.
De esta forma, en este artículo en primer lugar describiré las muertes de los jóvenes que fueron enunciados como suicidios. A través de entrevistas con los familiares, daré cuenta de las versiones que se construyeron sobre ellas y las estrategias que utilizaron sus vínculos parentales para contradecir la versión institucional. La toma de fotografías será un puntapié para pensar el rol de los cuerpos en las prisiones
Adrián cumplía su condena en el penal de San Martín, en la ciudad de Córdoba.3 El 13 de mayo del 2013 su hermana recibió un llamado desde la cárcel, atendió pensando que podía ser su hermano. Del otro lado del teléfono un compañero del pabellón le explicó que Adrián se suicidó esa mañana. Martina no creyó lo que estaba escuchando. Se asustó, estaba sola en la casa. La mamá de ellos estaba trabajando, limpiaba casas cerca del barrio donde vivían, su hermano más chico estaba en el colegio. Luego de recibir la llamada, fue a buscar a su mamá al trabajo, llorando e Ivana llamó al penal porque no creía lo que le decía su hija:
Llamó al penal y pido que me digan que se equivocaron, que a mi hijo no le había pasado nada. “¡Ay señora!”, me respondieron y ahí me di cuenta que era él. Me dijeron que supuestamente se había suicidado, que se había ahorcado a las seis de la mañana. (Ivana, noviembre 2018)4
A Adriana la entrevistamos en su casa de Villa El Nailon, al norte de la ciudad de Córdoba, a un costado de las vías del tren. La conocimos en una movilización por violencia institucional y la fuimos a visitar para que el caso de su hijo fuera incorporado a la muerte de Altares y Pancartas.5 En aquel encuentro nos mostró fotos de sus hijos, las cartas que le escribía Ardían desde adentro y nos describía las visitas que le hizo a su hijo. Un mes antes de que muriera había decidido no verlo porque salía de trabajar, juntaba los bagayos6 para ir y luego le cancelaba porque iba a ir su novia, que estaba afuera: “Me cancelaba a último momento, yo me enojaba, no iba a estar a su disposición. Me daba bronca porque yo estuve siempre para él, pero bueno”.
Para su mamá, a su hijo lo habían asesinado aquella mañana. Los compañeros de celda escucharon entre sueños que a las seis de la mañana preguntó si podían trasladarlo a Cruz del Eje.7 Sin embargo, no escucharon cuando murió: “Los tres –compañeros de celda– declararon exactamente lo mismo: que entre sueños lo escucharon al Adrián preguntar por el traslado y nada más. Además en el expediente judicial dice que él murió en la celda 8 y en realidad él estaba en la celda 7”. Unos días después de la muerte, Adriana se armó de valor y fue a la cárcel a recoger las pertenencias de su hijo que quedaron allí. En aquella visita la recibió el director del penal. Adriana se enojó cuando lo vio y le dijo que a su hijo “lo habían matado”. Además lo responsabilizó de lo sucedido, ya que su hijo “entró vivo al penal y se lo entregaron en un cajón”. Entre gritos y llantos, le dijo “que los asesinos de su hijo estaban de un lado de las rejas o del otro”, refiriéndose a los detenidos y al servicio penitenciario respectivamente.
Sin embargo, su mamá ya tenía una hipótesis de lo que sucedió esa mañana. Para ella, fue asesinado por sus compañeros de celda con la complicidad del servicio penitenciario y el pluma del pabellón.8 Las evidencias en el cuerpo del joven fueron el último eslabón necesario para entender que lo producido no tenía que ver un suicidio. Durante el velorio se fueron evidenciando distintos golpes a los que había estado expuesto. Este punto lo retomaré más adelante.
La tarde del 16 de octubre de 2013 sonó el teléfono en la casa de María. La llamada provino del Servicio Penitenciario. Le notificaron que su hija tuvo un “accidente” y que fue trasladada gravemente hacia el Hospital Misericordia. María se angustió, les gritó que le habían asesinado a su hija y junto con su marido fueron hasta el nosocomio. En una de las visitas que realicé a su casa, detalla todo lo que ocurrió hasta que se encontró con el cuerpo de su hija:
Cuando llegamos a las 19.30 hs al hospital, la custodia policial no me dejaba entrar a ver a mi hija. Después salió el médico y me dijo que a mi hija le había dado un paro cardiorrespiratorio y que se había muerto. No me permitieron verla, a pesar de que ella ya no estaba presa. Ese pedazo de carne que estaba ahí era mío. (María, octubre 2019)
María tenía 64 años cuando murió Vanina. En su casa tiene colgada una gigantografía con el rostro de su hija que utiliza en las movilizaciones públicas. En la biblioteca hay portarretratos con fotografías de ella, una fue sacada al interior de la prisión. Algunas de ellas forman parte, desde el 2018, de la muestra “Entre Altares y Pancartas”.
Su mamá descreyó de la versión del suicidio desde el primer momento en el que recibió el llamado telefónico. En cada entrevista que realiza y en cada charla, hace énfasis en que nunca le fallaron en las visitas, iba María, el padre y casi siempre el hijo de Vanina. “Nunca le faltaba nada”, siempre le daba el dinero para las tarjetas telefónicas, el paquete de cigarrillos y todas las semanas le llevaba el bagayo y el almuerzo para compartir en el horario de las visitas con el resto de sus compañeras. “Yo no le falté ni a una visita en esos dos años y tres meses en los que estuvo detenida”, repite. Cuando se produjo la muerte comenzó la militancia por el reclamo junto con familiares de casos de violencia institucional. Durante varios años participó de la “Coordinadora de familiares de víctimas de Gatillo Fácil”.
La noche del 15 de octubre la llamó Vanina. Su madre se sorprendió por el horario de la llamada, a pesar de que las comunicaciones con su hija se producían una o dos veces al día. Le dijo que estaba por ser enviada al “calabozo de castigo por pelearse con otra compañera”. Al día siguiente iban a ir a visitarla con su esposo y su nieto, se acercaba el día de la madre pero no iba a poder recibir a su familia hasta que terminara la sanción disciplinaria. Antes de cortar la comunicación, angustiada le dijo a su madre, “cualquier cosa que me pase, cuida a mi hijo”. María pudo dormir muy poco luego de esa llamada, se levantó llorando, estaba preocupada. Esa mañana fue hasta la prisión para averiguar por qué su hija fue castigada, pero antes pasó por una iglesia del centro de Córdoba. Rezó, pidió por su hija, por su vida. Cuando llegó a Bouwer la recibió la directora, le explicó que tuvo problemas con otra interna y que “fue golpeada por su hija”. María temía por la vida de Vanina y así se lo hizo saber a la directora. Antes de retirarse le preguntó “si a su hija la iban a sacar caminando o en una bolsa de nylon”.
Al día siguiente se realizó la autopsia y recién el viernes fue entregado a la familia. Debieron esperar más de 24 hs, según lo que me narró María, para poder comenzar el velorio. El ritual se realizó en el hogar, familiares, amigos, amigas y vecinas transitaron por esa casa durante todo el día. La mamá de Vanina estaba convencida que lo que ocurrió no se trató de un suicidio.
Lucas tenía 24 años, estaba cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario n° 10, en la ciudad de Cruz del Eje. Fue trasladado a Córdoba luego de recibir una golpiza por parte de compañeros del pabellón que lo dejó malherido y debió ser internado en el Hospital Córdoba. Era nacido y criado en la ciudad de Alta Gracia y toda su familia permanecía allí. El 3 de septiembre, su padre Ramón, recibió la llamada del Servicio Penitenciario en el que le informaban que su hijo estaba internado en la ciudad de Córdoba. Fue con su esposa Irma pero no los atendió ningún médico y tampoco recibieron información sobre el estado de salud de su hijo. Sin embargo, pudieron encontrarse con él, con custodio de por medio. Uno en la puerta de la habitación y otro al frente de la cama en la que Lucas permanecía esposado.
Según lo que les narró su hijo, podía llegar a perder el brazo por la golpiza recibida. Irma lo revisó y evidenció el golpe en su brazo izquierdo y que estaba inmovilizado en la mitad de su cuerpo. Existía la posibilidad de que le dieran la prisión domiciliaría, por la discapacidad que enfrentaría. Era un aliciente para Lucas que le permitía volver a su casa de Alta Gracia. Luego de estar unas horas con él, sus padres se retiraron con la promesa de volver a verlo. Tendría unos días más de recuperación en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.
En la tarde del sábado 7 de septiembre, Ramón recibió un llamado desde Bouwer, era Lucas. Lo habían trasladado allí para que continuara internado en la enfermería del complejo. No recibieron ninguna información del servicio penitenciario en el que les explicaran por qué tomaron esa decisión. En ese llamado, Lucas les pedía que le llevaran en la próxima visita a su hijo, que tenía cerca de tres años.
El domingo a la madrugada a Ramón le volvió a sonar el teléfono. Nuevamente el llamado provenía del complejo carcelario. Sin embargo, por el horario en el que se estaban intentando comunicar con él, sospechaba que no había buenas noticias. Del otro lado del teléfono una trabajadora social del Servicio Penitenciario le preguntaba si estaba solo. Luego le comunicó que Lucas se había muerto, fue “encontrado suicidado en el baño de la enfermería”. Sin dar muchos más detalles lo invitaba a la morgue judicial para reconocer el cuerpo de su hijo. Para Ramón era una muerte inexplicable, para él su hijo no se había “suicidado” y así se lo hizo saber a la trabajadora social, de quién solo recibió silencio. Estas escenas fueron descritas tanto por Irma y Raúl en las diversas visitas y entrevistas que les he realizado.
Lucas comenzó su condena en el complejo carcelario de Bouwer, luego fue trasladado a Cruz del Eje. Irma nos cuenta que en ese momento iban casi todos los fines de semana a visitarlo con su hija. Cuando lo llevaron a Cruz del Eje, la imposibilidad económica de viajar tan lejos provocó que fueran pocas las veces que pudo ir. A pesar de la distancia, Irma iba muy contenta, “tratábamos de llevar muchas cosas, pasábamos todo el día con él”.
No era la primera vez que fue agredido por compañeros del pabellón. Unos meses atrás estuvo internado en la enfermería del establecimiento penitenciario de Cruz del Eje, luego de recibir un “puntazo en el pecho, cerca del corazón”. Irma le advirtió que “dejara de pelear, la había sacado muy barata”. En la última golpiza que recibió por parte de compañeros, se estaba bañando y lo dejaron gravemente herido, “lo golpearon mucho”. Debieron trasladarlo para ser operado del brazo izquierdo que, finalmente, podrían llegar a amputarle. Esa última vez que lo vieron, Lucas les pidió una lista de cosas para que le lleven al otro día, en el próximo horario de visita “¿Querés que te traiga el supermercado entero?” le dijo Irma entre risas. Cada vez que recuerda algunas anécdotas con su hijo, se ríe y detalla “la picardía de Luquitas”.
Debía continuar su reposo durante los siguientes días, se vieron sorprendidos con el traslado a Bouwer sin tener información, solo el llamado de Lucas que les decía que estaba en la enfermería y que los esperaba en la próxima visita. “Me sacaron a las diez de la mañana y me trajeron para acá”, le dijo a su papá.
Según lo que consta en el archivo judicial, Lucas luego de las 22 hs, en una franja horaria que es disputada por diversos testimonios, pidió ir al baño que está en la enfermería. En el lugar se encontraba un enfermero y un guardia del Servicio Penitenciario. Una vez dentro del baño, pasaron más de 40 minutos y al constatar que no salía, el personal del Servicio Penitenciario ingresó y se encontró con el joven muerto, arrodillado y atado al cuello desde el grifo del baño con el cordón de gasa que le sostenía el brazo.
Yo se lo voy a porfiar a todo el mundo, ese chico no se suicidó ¿Cómo va a suicidarse si tenía la mitad del cuerpo inmovilizado? Nosotros tuvimos que ayudarlo a moverse cuando lo vimos internado. Desde donde se ahorcó hay menos de un metro, Lucas mide más de 1,60 mts. No hay forma, ni sentado entra ¿Cómo se va a matar de esa forma? No se suicidó. Se lo voy a porfiar a todo el mundo, él no quería suicidarse, además los guardiacárceles estaban con él, lo tuvieron custodiado todo el tiempo. (Irma, diciembre 2019)
Ramón recuerda el último llamado que recibió de él, repasa lo que hablaron y el pedido especial de que vayan con su hijo para que pudiera verlo después de tanto tiempo. Lucas desde hacía unos meses había pedido el traslado al complejo de Bouwer para estar más cerca de su familia y pudieran visitarlo con más frecuencia.
Días posteriores a la muerte, Ramón recibió desde su teléfono un mensaje que le explicaban que a su hijo lo habían matado y nombraba a los guardiacárceles responsables. La comunicación fue anónima desde el interior de la cárcel. En las redes sociales, un hombre recientemente liberado, también les dijo que lo mataron.
Los argumentos esgrimidos por los padres estaban atravesados por los últimos recuerdos con su hijo, en la forma en la que se enteraron de la noticia y la falta de sospechas de que Lucas pudiera llegar a decidir acabar con su vida. El hermano de Ramón también estaba detenido en el complejo de Bouwer. Fue una de las últimas personas que lo vio con vida. Lucas le había pedido prestado ropa y también una tarjeta para poder llamar por teléfono.9 En ese encuentro que duró muy pocos minutos, su sobrino le contó cómo se produjo la golpiza que lo dejó en el hospital y en el que los empleados del Servicio Penitenciario dejaron liberada la zona para que fuera golpeado.
A la mañana siguiente, Ramón se acercó hasta la morgue judicial en la ciudad de Córdoba, no le permitieron ver el cuerpo, ya que según lo que le explicaron allí debía ir hacia los tribunales de justicia para que sea notificado de la muerte de su hijo en prisión. En ese lugar, en cambio, le aclararon que debía hacer el reconocimiento del cuerpo de su hijo en primera instancia y que para eso debía volver a la morgue. Luego no le “dejaban ver el cuerpo”, según lo que contaba Ramón, “por las dudas que le diera impresión”.
Al mes siguiente de la muerte, los llamaron para declarar en la fiscalía que tenía a cargo de la causa judicial. Para ese entonces, ya habían contratado un abogado para que los asesore y acompañe judicialmente. Las declaraciones de ellos, de la hija de Irma y del hermano de Raúl, las tomó la ayudante fiscal. Fueron imposibilitados de hacerlo con el acompañamiento del abogado y ambos padres coincidieron en que la toma de la declaración fue muy violenta. Luego, el abogado defensor, daría cuenta de que mucho de lo que los padres enunciaron haber dicho durante la declaración no fue plasmado en el escrito.
En las tres muertes que aquí narro, se evidencian varios puntos en común, una de ellas fue la toma de fotografías. Fue necesario para expresar que lo ocurrido no fue un suicidio, como era enunciado desde el servicio penitenciario cordobés. El dolor y el duelo por la muerte, transcurrían a través de un relato que ponía énfasis en la violencia y tortura que evidenciaban los cuerpos. De esta forma, el espacio del velorio se tradujo en el momento de la toma de fotografías con los celulares. Imágenes que fueron mostradas en las visitas que hicimos a los familiares, que hacían zoom sobre las marcas que los familiares comprendían como un asesinato y no como un suicidio.
Adrián iba a ser velado en la iglesia evangélica del barrio. A la hora de preparar el cuerpo, el pastor junto a la hija mayor de Ivana, evidenciaron una serie de golpes. En aquella visita que le hicimos a la mamá, nos explicó cómo se dieron cuenta de aquellas marcas. Cuando empezaron a prepararlo en la iglesia para velarlo, lo movieron bastante y se empezó a ver un moretón que tenía en la boca. Aquello que en un principio parecía una raspadura en el labio, terminó siendo un moretón. Por eso, empezaron a revisar todo su cuerpo y vieron que tenía más moretones. En sus manos, los nudillos estaban lastimados, “como si se hubiera querido defender”. Sus rodillas estaban raspadas y con marcas de patadas en sus piernas. Además, se veía “un puntazo en el dedo gordo del pie”. A partir de ellas, su mamá, comprendía que su hijo murió “defendiéndose de lo que le estaban haciendo”.
La captura de imágenes fue importante para sumar a la causa judicial y contrarrestar la versión del suicidio. Durante la entrevista, nos explicó que eso permitió que la causa judicial no se cerrara y se siguiera investigando lo sucedido. Una cuestión similar narra María sobre el cuerpo de su hija, sobre todo por la insistencia en no dejarles ver el cuerpo apenas se enteraron de la noticia. Una vez que se lo dieron para poder realizar el velatorio, su mamá con el resto de sus hijas, decidieron desnudar el cuerpo de Vanina. Allí se evidenciaron que le faltaban las uñas de los dedos de las manos, que tenía golpes en el cuerpo que se expresaban a través de moretones y aparentemente uno de sus brazos quebrados.
Le sacaron parte de la dentadura, me dieron un brazo izquierdo todo encintado con cinta de embalaje. Estaba toda magullada por las manos, tanto en el cuerpo como en las manos donde la han tenido agarrada para golpearla. Me la dieron totalmente embalada, toda encintada con la misma cinta del brazo izquierdo. (Madre de Mariana, marzo 2017)
En el caso de Lucas, una vez que le realizaron la autopsia, les entregaron el cuerpo para que pudieran realizar el velorio. En esa instancia, la familia de Lucas decidió tomar fotografías del cuerpo, dando cuenta de las marcas que diferían del relato del “suicidio”. En una visita realizada, los padres desplegaron esa serie de fotos que le habían tomado al cuerpo de Lucas en el día del velorio. Se capturaron aquellos lugares del cuerpo donde se evidenciaban marcas de golpes y que no coincidían con el relato del “suicidio”, marcas que su madre no había visto previamente cuando lo fue a visitar al hospital. De esta forma, en los casos aquí narrados, las imágenes son testimonio y descripción de la crueldad sufrida por esos jóvenes, que aparecen como testigos de “aquello que sucedió realmente” (Sotomayor et al., 2017). Las fotografías surgen como una postal de la violencia ejercida sobre los cuerpos muertos. En ellos, se escribe el ejercicio de la violencia estatal (Segato, 2013) dentro de los espacios de encierro, cuyos relatos de los suicidios ponen de manifiesto el dominio y control sobre los modos de morir dentro de los establecimientos carcelarios.
Las imágenes aquí no solo pretenden funcionar como pruebas judiciales, sino que también forman parte de las tecnologías manifestantes (Pita, 2010) que utilizan los familiares para denunciar públicamente y ejercer el reclamo. Tal como la madre de Mariana que despliega las fotos para mostrar las marcas de su hija o solo se pinta algunas uñas de sus manos como una performance de la crueldad y el exceso hacia su hija (Bermúdez, 2016). Las fotografías, entonces, son herramientas de sustento y evidencia para demostrar las condiciones de la muerte. Como explica Didi-Huberman (2004) en estos hechos testimoniales, las fotografías ponen en imagen lo inimaginable.
Otro de los puntos en común que traigo aquí, tiene que ver con los procesos judiciales llevados a cabo. La dilatación en el tiempo y la ausencia de una respuesta de la justicia oficial fue uno de los tantos reclamos que los familiares han llevado a cabo en diferentes instancias. Tanto la causa judicial de Adrián como la de Vanina fueron archivadas, ya que no se encontraron evidencias de que hayan existido personas involucradas en sus muertes. En el caso de Lucas, la investigación judicial todavía continúa su curso de manera muy lenta bajo la carátula de “muerte por etiología dudosa”. De esa forma, las burocracias judiciales tienden a archivar las causas, dilatar los tiempos procesales o simplemente cerrarlas bajo la caratula de un suicidio.
Lo sucedido con Adrian, Lucas y Vanina, bajo la clasificación de la muerte como “suicidio” por parte de los funcionarios del servicio penitenciario, permite reflejar en parte lo que reclaman las madres en torno a las “sensibilidades legales y morales” (Eilbaum y Medeiros, 2015), que tienden a normalizar estas muertes (Tiscornia, 2008).
Los relatos familiares están plagados de profundas experiencias de dolor y de múltiples dificultades económicas que atraviesan para sostener los seguimientos de los casos judiciales. Los procedimientos policiales y judiciales habituales se refuerzan a través de prácticas cotidianas y sutiles como la ausencia de fiscales y abogados, las esperas interminables en tribunales, los maltratos producidos en cada trámite iniciado, que van construyendo y asegurando el “poder policial” (Tiscornia, 2005) y que construyen además una política de la confusión sobre los familiares, a través de la información confusa, poco clara y contradictoria sobre lo que ocurrió efectivamente con sus hijos (Villarreal, 2023).
Ahora bien, los familiares que hemos entrevistado relacionan estas dilaciones y maltratos con “(in)sensibilidades”, con situaciones que generan “humillación, bronca e injusticia”, y en todo caso, como otros de los tantos obstáculos que deben enfrentar. Incluso, en el camino en el que se van constituyendo como expertos en temas legales, van consiguiendo advertir las arbitrariedades e ilegalidades contenidas en estas prácticas. Tales “(in)sensibilidades” son atribuidas por los familiares a su condición de clase (Bermúdez y Villarreal, 2017).
Más allá de las exposiciones familiares que expresan que no se trató de muertes autoinducidas, sí permite dar cuenta de un relato institucional que se expresa en los tres casos aquí analizados. Lo que pone en evidencia es un modo de morir que es legitimado dentro de las instituciones de encierro de Córdoba. Los momentos y lugares dispares que se expresan en los casos de Adrián, Vanina y Lucas reflejan un modo de morir que no produce consecuencias negativas por parte del servicio penitenciario o sobre el estado que gestiona esas cárceles. Más bien, el suicidio surge como una posibilidad latente a pesar de las contradicciones que expresan los familiares. Una latencia que se construye a partir de la institución judicial que legitima la versión dada por el servicio penitenciario a pesar de las denuncias producidas por los familiares. La puesta en escena se repite en los tres casos aquí expuestos: se ahorcan, lo hacen con restos de su propia ropa, previamente fueron golpeados o torturados y la burocracia judicial acredita y legaliza la muerte, bajo el relato promovido por los centros de detención.
Los suicidios, de esta forma, se construyen en una especie de escenificación en el que los datos expuestos son potencialmente desacreditados por los familiares a partir de la evidencia de la crueldad en los cuerpos y en la antesala de las amenazas o relaciones que los jóvenes habían tejido. Se trata, entonces, de comprender –más allá de que sea una muerte voluntaria o no– que son actos de violencia dentro de las instituciones de encierro. A través de las yuxtaposiciones de violencias que deben sufrir los familiares durante las detenciones y también cuando mueren sus hijos.
Taussig (1995) nos invita a desfetichizar al “Estado” y pensar justamente en las prácticas que hay por detrás de las instituciones y los actores que forman parte de ellas. De esta forma, las escenas de los ahorcamientos en los calabozos donde estuvieron alojados forman parte de una escenificación estatal que pretende construir su legitimidad a través de una imagen racional
Se trata entonces de prácticas gubernamentales que se ejercen en la construcción política de la “verdad” mediante el discurso, con la implementación de los relatos producidos por instituciones estatales sobre lo que sucedió con estos jóvenes dentro del calabozo (Foucault, 2007). Por lo tanto, la teatralización no solo tiene que ver con la escena propia del ahorcamiento, sino que además, se constituye en la producción discursiva de la “verdad” a través de lo dirimido por las instituciones estatales.
Las muertes que fueron expuestas aquí pretenden ser un hilo conductor sobre las violencias que se producen en las cárceles cordobesas. Aquí el objetivo no fue buscar una relevación de verdad sobre lo que produjo en los calabozos de los jóvenes y si efectivamente ocurrió o no el suicidio. Más bien, el objetivo de este trabajo es poner en tensiones aquellas formas de morir que son legitimadas institucionalmente y que ponen de relieve a un Estado que se constituye a través de gestiones de “verdad” en los establecimientos penitenciarios. Los suicidios en las cárceles parecen construirse como escenificaciones de un protocolo de actuación que construye una normalización de esas muertes mediante prácticas cotidianas judiciales de “(in)sensibilidades” y confusas, frente a las declaraciones y pruebas que las familias hacen, producen y se enfrentan a estas muertes. Así, la captura de las imágenes se vuelve una acción fundamental para poder contrarrestar la versión de muertes autoinducidas y dar cuenta de las marchas del horror que existen en ellas.
Aquí quise trabajar estas muertes como hechos sociales (Gluckman, 2011) para poder entender los procesos, relaciones y prácticas que se producen alrededor de ellas. Analizar a estos supuestos suicidios, permite complejizar la comprensión sobre el Estado en estos espacios a través del control de los cuerpos de los detenidos y en las prácticas que desarrollan los funcionarios de las instituciones.
De esta forma, las personas atraviesan una multiplicidad de violencias que construyen la prisión como parte de un engranaje de muertes, en el que los cuerpos –de detenidos y familiares– son escenarios de la multiplicidad de actores, instituciones que construyen y habilitan esas muertes. Pero también, en este último sentido, es necesario pensar que esa gestión se constituye a partir de una política de la confusión en la que la falta de claridad sobre los suicidios, son una respuesta concisa y contundente.
Bermúdez, N. y Villarreal, A. (2020). Crueldades, insensibilidades y acumulación de violencias. Un análisis antropológico sobre la violencia institucional como categoría nativa. Revista De La Escuela De Antropología, XXVII. https://doi.org/10.35305/revistadeantropologia.v0iXXVII.115
Comfort, M. (2010). En el tubo de San Quintín. Prisionización secundaria de mujeres que visitan a los reclusos. En A. Daroqui y S. Guemureman (Eds.): Cuadernos de estudios sobre sistema penal y derechos humanos. Cuadernos del GESPYDH nº 1. Biblioteca CLACSO.
Didi-Huberman, G. (2004). Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Paidos.
Eilbaum, L. y Medeiros, F. (2015). Quando existe “violência policial”? Direitos, moralidades e ordem pública no Rio de Janeiro. Dilemas. Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 8(3), 407-428.
Ferreccio, V. (2017). La larga sombra de la prisión. Una etnografía de los efectos extendidos del encarcelamiento. Ediciones Prometeo.
Foucault, M. (2008). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.
García Sotomayor, C., Muñoz, E., Koopmann, A. (2017). Postales de la crueldad. El papel de las imágenes en la denuncia por las prácticas policiales en muertes por violencia, en Córdoba (Argentina). 1ras Jornadas de Estudios Sociales sobre delito, violencia y policía. La seguridad en cuestión. La Plata y Quilmes, Argentina. 20 y 21 de abril de 2017.
Gluckman, M. (2003). Análisis de una situación social en la Zululandia moderna. bRiCoLaGe, 2(49-68), 36-51. [1958].
Godoi, R. (2015). Vasos comunicantes, fluxos penitenciários: entre dentro e fora das prisões de São Paulo. Vivência: Revista de Antropologia, Capa, 1(46), 131-142.
Goffman, E. (2012). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Ediciones Amorrortu. [1961]
Gual, R. (2019). La prisión irresistible. Muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria en Argentina. Revista De Ciencias Sociales, 32(45). https://doi.org/10.26489/rvs.v32i45.4
Guber, R. (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Siglo XXI Editores.
Liebling, A. (1992). Suicides in Prison. Routledge.
Mallart, F. (2020). Findas linhas: circulações e confinamentos pelos subterrâneos de São Paulo. Etnográfica Press. DOI: https://doi.org/10.4000/books.etnograficapress.7497
Ojeda, N. (2013). La cárcel y sus paradojas: los sentidos del encierro en una cárcel de mujeres. Tesis de doctorado en Antropología Social. UNSAM.
Padovani, N. (2018). Sobre casos e casamentos: afetos e amores através de penitenciárias femininas em São Paulo e Barcelona. EdUFScar.
Pita, M. (2010). Formas populares de protesta: Violencia policial y “familiares de gatillo fácil”. En: Massetti, A., Villanueva, E., Gómez, M. (comps): Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario. Nueva Trilce.
Sykes, G. (2017). La sociedad de los cautivos. Estudio de una cárcel de máxima seguridad. Siglo XXI Editores. [1958]
Taussig, M. (2015). La magia del Estado. Siglo XXI Editores.
Tiscornia, S. (2008). El activismo de los derechos humanos. El caso Walter Bulacio. Editores del Puerto y Centro de Estudios Legales y Sociales, Colección Antropología Jurídica y Derechos Humanos.
Villarreal, A. (2023). A mi hijo lo suicidaron. Una etnografía sobre muertes en cárceles de Córdoba. Tesis doctoral de Cs. Antropológicas. FFyH- UNC.
Zaffaroni, E. R. (1993). Muertes anunciadas. Temis.
1 Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de Córdoba. En esa misma universidad realizó el Doctorado en Cs. Antropológicas. Miembro del “Núcleo de Antropología de Violencia, Muerte y Política” (Idacor- CONICET).
La pesquisa doctoral indaga sobre la violencia que ocurre en las prisiones a través de una etnografía con familiares de muertos por supuestos suicidios. Allí pudo explicitar la diversidad y multiplicidad de instituciones y actores que construyen a los establecimientos penitenciarios de Córdoba y que constituyen una gestión de muertes. Becario Posdctoral (CONICET). En la investigación posdoctoral se enfoca en el análisis de las administraciones judiciales que suceden cuando se producen las muertes en prisiones. Allí pretende indagar sobre las prácticas burocráticas alrededor de las causas y las estrategias que los abogados querellantes llevan adelante.
2 Este trabajo surge de algunas reflexiones producidas a partir de la investigación doctoral, titulada “A mi hijo lo suicidaron. Una etnografía sobre muertes en cárceles de Córdoba”.
3 El penal de San Martín se encontraba en el barrio con ese mismo nombre, en la ciudad de Córdoba. Fue creada en 1985, siendo una de las prisiones más antiguas de la provincia. En el 2005 se produjo una de los motines más sangrientos de Córdoba en el que murieron 8 personas. Por ello, en el 2015 se produjo su cierre definitivo.
4 Para los enunciados realizados por los interlocutores se hará uso de la cursiva.
5 “Entre altares y pancartas. Imágenes, luchas y memorias de la violencia institucional en Córdoba”, trata de una InstalAcción itinerante que congrega casos de violencia institucional/policial y linchamientos producidos desde el retorno a la democracia hasta el presente producto de la criminalización de los sectores populares, de su desigual acceso a la Justicia, del encarcelamiento, de las prácticas policiales abusivas y letales, y de las políticas de “seguridad” que violan los derechos humanos. Se busca narrar estas muertes a través de las fotografías y de los objetos ofrendados por las familias. Actualmente está formada por 18 casos. Está organizada de tal forma que intenta reproducir los altares que son generados en la intimidad de las familias para recordar a sus jóvenes muertos, como así también, las manifestaciones públicas en el pedido de justicia. Más información en: https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/20826. Para ver la muestra en forma online: https://padlet.com/agusvillarreal1901/altar-de-violencia-institucional-dzq2d88njlhaikre
6 Son las bolsas de tela utilizadas para ingresar a la prisión con productos de primera necesidad.
7 En la ciudad de Cruz del Eje, a 150 km de la ciudad de Córdoba, se encuentra el Complejo Carcelario N° 2. Fue inaugurado en el 2007 y tiene dos módulos, uno de ellos de máxima seguridad.
8 Internos que ofician de jefes dentro de los pabellones de una cárcel.
9 Las llamadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios se realizan a través de los teléfonos públicos y para ello es necesario contar con tarjetas telefónicas para abonar la comunicación.