La lucha isleña

Periodización del conflicto socioambiental en el Parque Nacional Islas de Santa Fe (Argentina)

por Brián G. Ferrero

Centro de Investigación y Transferencia Rafaela
Universidad Nacional de Rafaela, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

brianferrero@conicet.gov.ar1

orcid.org/0000-0001-9295-9814

Resumen

La creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, en 2010, en el delta del río Paraná, generó conflictos con las familias isleras y población que utilizaba el área, que se prolongaron por más de una década. La configuración de los conflictos se fue transformando al cambiar las estrategias de lucha y las políticas de conservación del Parque. Aquí se analiza el carácter productivo que tuvo el conflicto con los isleros, que generó nuevas formas de agrupaciones sociales, nuevas configuraciones institucionales y de vínculo con el territorio. Para esto se realiza una periodización del conflicto en tres momentos que han sido consecuentes con distintas gestiones a nivel del gobierno nacional. Estos momentos son de conservación estricta, donde las tensiones se plantearon de manera individualizada, otro de judicialización del conflicto que llevó a los pobladores a una estrategia en común, y un tercero de conservación reactiva frente a una lucha que comenzó a profundizarse. Estas políticas de conservación se definen en las luchas, alianzas y negociaciones entre los actores. Este trabajo tiene cierto carácter autoetnográfico dado el involucramiento activo del autor en el conflicto y por haber ocupado un cargo de gestión en el Parque durante un breve período.

Palabras clave: Conflicto territorial, Parques Nacionales, población islera.

Islanders fight. A periodization of the socio-environmental conflict in the Islas de Santa Fe National Park (Argentina)

Abstract

The creation of the Islas de Santa Fe National Park, in 2010, in the Paraná River delta, generated conflicts with island families and the population that used the area. The configuration of the conflicts was transformed by changing the fighting strategies and conservation policies of the Park. In this article we analyze the productive nature of this conflict, which generated new institutional configurations and the relations with the territory. The periodization of the conflict is carried out in three moments that have been consistent with different governmental policies. These moments are of strict conservation, where the tensions were raised individually, another moment of judicialization of the conflict led the inhabitants to a common strategy, and a third moment of reactive conservation in the face of a struggle that began to deepen. These conservation policies are defined in the struggles, alliances and negotiations between actors. This article has an autoethnographic character given the author’s active involvement in the conflict and having held a management position in the Park.

Key words: Territorial conflict, National Parks, islander population.

Recibido: 1 de junio de 2022

Aceptado: 5 de diciembre de 2022

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Ferrero, Brián (2023). “La lucha isleña. Periodización del conflicto socioambiental en el Parque Nacional Islas de Santa Fe (Argentina)”, Etnografías Contemporáneas, 9 (16), pp. 66-84.

Introducción

A mediados de mayo de 2020, en su patio de tierra de la isla donde vive desde hace unos 40 años, frente a funcionarios de la Administración de Parques Nacionales, Cesar Gauna2 cuenta la historia de su abuelo paterno. Había llegado a las islas del delta del río Paraná en la década de 1920, allí levantó un rancho de madera donde se instaló junto a su mujer, una hija de cuatro años y un hijo recién nacido. Cierta tarde, al regresar de una jornada de pesca, escuchó al bebé llorando dentro de la vivienda, pero no estaban ni su mujer ni la niña. Nunca aparecieron. Las buscó en el río, por los montes, entre los pajonales, en las lagunas, preguntó a los vecinos, a la gente del pueblo pero ya nunca más nadie supo de ellas. Pudieron haberse ahogado o haber sido atacadas por algún animal salvaje, aunque la familia siempre sospechó de un vecino con quien existía un conflicto por robo de ganado. Unos años después, el abuelo se casó con quien sería la abuela de César y por generaciones, hasta la actualidad, permaneció la tensión con los descendientes de aquel vecino, como una venganza aún pendiente. Varias veces Gauna me contó esta historia, siempre haciendo pequeñas variaciones, así como también se lo escuché de forma reiterada cuando la relataba a visitantes de la isla. Pero esa tarde de mayo, Gauna la contó para iniciar una reunión con los funcionarios de la Administración de Parques Nacionales (APN) que debían definir si se ejecutaba su expulsión de la isla o se lo trasladaba a otro lugar. Hizo el relato de pie, con todo el cuerpo, multiplicando los detalles e inflexiones y dejando a los funcionarios desconcertados, sin entender el sentido de la historia. Después de escucharlo, por media hora, pidieron que se hablase puntualmente sobre la situación legal tanto de las familias Gauna como la Alsina, ambas consideradas como “intrusas” en del Parque Nacional Islas de Santa Fe (PNISF). Con menos elocuencia, Alsina también relató su llegada a la isla, cuando treinta años atrás, con 16 años, el tío que lo crió quiso dejarle algo de tierra que le asegurase un futuro y ocupó una isla aledaña a la de Gauna. Primero hizo una posesión de hecho y una década más tarde el Estado provincial le otorgó un permiso de ocupación. Desde entonces allí vivió con su familia, hasta que los hijos entraron en edad escolar y se fueron con la madre al pueblo, para regresar a “la isla”3 una vez finalizada la escuela.

Aquí analizo el conflicto entre el PNISF y la población islera4 en el período entre la creación del Parque, en 2010, y la llegada a un acuerdo en 2022 por el que se aceptó la permanencia de dos familias en el área. Para ello, establezco una periodización en tres momentos directamente vinculados a los tres gobiernos nacionales que se sucedieron en Argentina en ese período. Cada uno de estos momentos implicó diversas formas de vinculación entre Estado y poblaciones locales, con transformaciones tanto en las modalidades de organización y estrategias de lucha isleras, como en los enfoques y acciones estatales. El primero, se inició durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la creación del Parque Nacional (PN), y se basó en la premisa de conservar una naturaleza sin gente, lo que consideró a la población preexistente como “intrusa”, y llevó a cabo una presión que derivó en que muchas familias isleras abandonaran el área, al igual que pescadores y ganaderos que no vivían de forma permanente en el lugar. La respuesta de los isleros no fue colectiva, sino que cada familia desplegó estrategias individuales de relación con el Estado. El segundo momento inició en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, cuando la APN judicializó el conflicto, lo que tuvo por consecuencia que varias familias se agrupasen para impedir los desalojos. Mientras el tercer momento, iniciado con la asunción al gobierno nacional de Alberto Fernández fue el más ambivalente al navegar entre la búsqueda de integrar a las familias a la gestión del Parque y la intensificación de la lucha. Luego de un periodo de diálogo, se evidenció una tendencia de la APN al tomar medidas de manera reactiva, respondiendo a la lucha social sobre todo para calmar el conflicto, pero sin contar con una política explícita que orientara sus acciones. Estos tres momentos estructuran este artículo bajo la denominación de: conservación estricta, judicializaciónde la conservación y conservación reactiva.

En lo personal, tomé contacto con esta lucha hacia mediados de 2016, en principio con el objetivo de estudiar las políticas de conservación en el área, aunque rápidamente me involucré en los reclamos de los pobladores y comencé a prestar ayuda en trámites burocráticos, impulsando a que participen en espacios gubernamentales de gestión territorial y ayudando en la difusión mediática del conflicto. En 2020 me ofrecieron el cargo de la Intendencia del Parque Nacional Islas de Santa Fe, lugar que ocupé durante seis meses, hasta que fue insostenible continuar debido a diferencias respecto a la relación que el Parque debía tener con los pobladores. Mi vínculo con los isleros no finalizó allí, dado que continué apoyando, y por momentos participando, de su lucha. Debo explicitar que a lo largo de toda mi experiencia en este proceso, en ningún momento busqué dejar de incidir políticamente en estos procesos, aún el mismo día de 2022 en que escribo esto he recibido llamadas de pobladores del área consultando sobre cuestiones legales o para charlar sobre nuevas acciones a tomar. Asimismo, este año he sido consultado por el Ministerio de Ambiente de Santa Fe acerca de la situación del Parque y fui invitado a la Cámara de Diputados provincial para charlar sobre temas del área. Si la antinomia entre nativo y extranjero es siempre relativa (Gil, 2018), en el campo aquí analizado no dejó de ser en parte un nativo directamente involucrado.

De esta manera, este texto tiene mucho de autoetnográfico, sin embargo, no debido al género de escritura, ni a que el relato se apoya de forma significativa en buscar conexiones autobiográficas con los hechos sociales (Blanco, 2012; Ellis, 2009). Aquí presento un relato por momentos personalizado con características autoetnográficas, al referirse a procesos en los que estuve involucrado de manera directa, influyendo de forma activa en el devenir de varios acontecimientos. En este sentido, en diversos tramos las distinciones entre lo personal y lo colectivo tienden a volverse borrosas, a veces más allá de un reconocimiento que permita distinguirlos y que trasciende mi propia experiencia vivida (Ellis, 2009). En antropología no sólo estudiamos relaciones sociales, sino que éstas son nuestro medio de investigación. Así, estudiamos relacionándonos. De manera que no sólo conocemos a través del diálogo y la observación, sino también desde nuestras experiencias personales, las cuales son experiencias con otros (Quiroz, 51: 2014). En mi caso, este conocimiento del campo se produce desde la intervención directa en los procesos que tienen lugar en el área, lo que me constituye en uno de los actores que formaban parte de la arena de disputas que aquí analizo.

Conflictos y territorios de conservación

La resistencia a la expulsión se construyó a lo largo de años. Aquella reunión fue un momento más en el devenir de un conflicto que llevaba más de una década, donde las estrategias de lucha experimentaron sucesivas transformaciones. Si bien la propuesta de creación del Parque se remonta a la década de 1990, el impulso para su concreción tuvo lugar a principios del siglo XXI, cuando se hicieron sentir los efectos encadenados de la profundización del modelo agroindustrial sojero en la región central del país. En las islas esto llevó a la expansión de la ganadería intensiva, el desarrollo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y un conjunto de obras que facilitan el transporte de commodities. Todo esto derivó en transformaciones ambientales del delta del río Paraná y generó movilizaciones sociales que presionaron a los Estados nacional y provincial para su protección. Este Parque Nacional constituyó una respuesta estatal a esas movilizaciones que han enfrentado la degradación ambiental del delta. La lógica fue proteger una pequeña porción representativa de “naturaleza salvaje” frente a la degradación de todo el delta.

El PNISF se explica en función de procesos que a nivel regional involucran problemas de estructura agraria, tenencia de la tierra, uso de los recursos, acceso y movilidad territorial, proyectos productivos y soberanía estatal. Así nos alejamos de aquellas definiciones de las Áreas Protegidas que las consideran un fin en sí mismo, basadas sobre todo en miradas tecnocientíficas. Las políticas de conservación y las Áreas Protegidas constituyen procesos políticos donde entran en disputan regulaciones territoriales (Cortés et al., 2018). Por tanto, también generan tensiones sociales, lo que constituyen “arenas políticas de conservación” (Ferrero, 2018), esto es espacios sociales donde tienen lugar conflictos y acuerdos, convenios y negociaciones que emergen de interacciones institucionales e interpersonales y de los que participan diversos actores (Swartz et al., 1966). En este sentido, la conservación no puede reducirse a un aparato de dominación de territorios y comunidades, sino que las acciones de conservación se definen en procesos multidimensionales y multivocales donde intervienen diversos actores a distintos niveles. Las acciones de conservación no bajan simplemente del Estado sin resistencias, sino que llevan a luchas, movilizaciones y negociaciones donde en el terreno establecen qué es la conservación de naturalezas concretas.

En esta perspectiva, consideramos que los conflictos socio ambientales generan productividad social, ya que llevan a transformaciones del orden social (Azuela et al., 2009; Merlinsky, 2021). Su comprensión no puede reducirse a tensiones de intereses cuyas consecuencias terminan cuando se llega a una solución, sino que los conflictos reconfiguran las relaciones sociales y el territorio. A su vez los conflictos se inscriben en órdenes previos; por ejemplo, en las islas forman parte de los conflictos por la tenencia de la tierra. En el caso aquí tratado, esto no aminora el rol del Parque Nacional, sino que muestra que esta área protegida se creó sobre una situación previa, donde la tenencia de la tierra ya era foco de tensiones.

Los conflictos ambientales, como el aquí analizado, no sólo refieren a cuestiones distributivas y de reproducción social dadas en intereses contrapuestos, sino que también ponen en tensión la pervivencia de modos de vida y de existencia en los territorios. En el PNISF la lucha también es por la reivindicación y defensa por los “espacios de vida”, lo que pone en juego formas de apropiación simbólica del territorio (Castro et al., 2018; Merlinsky, 2013) amenazado por la expansión conservacionista. Frente al “espacio de vida” se presenta un “espacio de conservación”, asociado a la oposición cualitativa entre naturaleza y sociedad, que en esta área se basa en la lógica que Diegues (1996) denominó “mito de la naturaleza intocada”. Los primeros Parques Nacionales argentinos surgieron como instrumento de colonización de áreas sobre las que el Estado nacional no tenía presencia. En el caso del PNISF en parte no dejó de ser así. Este Parque también responde a una lógica de colonización interna, donde el delta del Paraná es considerado un territorio sin Estado.

El conflicto en torno al PNISF tuvo un carácter productivo que modificó la forma de gestión del Parque, lo que permitió que las familias que permanecieron luchando fueran reconocidas como “pobladores históricos”, así como generó una experiencia de lucha colectiva de la región. A partir del proyecto de ampliación del PNISF en 2022, que afecta a unas cincuenta familias, la referencia a la lucha iniciada en 2010 pasó a ser continua.

Conservación estricta. Primer momento

El objetivo principal de creación del PNISF fue el de proteger 4096 hectáreas de islas del tramo inferior del río Paraná. En esta área, el río discurre sobre una planicie con muy escasa inclinación, formando una llanura de meandros y afluentes que acompañan al curso principal y forman fajas de bancos e islas que constituyen el valle de inundación del Paraná (Malvarez, 1999: 38). Pero la creación del PNISF también respondió a la necesidad de incrementar la representatividad del ambiente del delta del río Paraná en el Sistema de Áreas Protegidas federales. A su vez, la APN también buscaba tener presencia en la provincia de Santa Fe, mostrando el interés por el anclaje territorial del Estado Nacional en cada provincia argentina. Pero una motivación central en la creación de este PN, fue la necesidad de dar respuesta a la presión de las movilizaciones sociales que reclamaban al Estado por la preservación del delta del río Paraná que, como ya se mencionó, había comenzado a experimentar profundas transformaciones ambientales y productivas. En particular, se expresaban en los grandes incendios que llevaron a que en 2008 se quemasen unas 400.000 ha. del delta (Sione et al., 2009) y luego en 2020 se vieron afectadas por el fuego 486.934 ha., lo que representa un 21% del área (Humedales sin fronteras, 2021). Estos incendios se vinculan a la expansión de la ganadería intensiva generada por la difusión del cultivo de soja en tierra firme, que expulsó a la ganadería hacia áreas marginales y que consecuentemente llevó al aumento de valor productivo de las islas. De manera que el PNISF constituyó una de las respuestas institucionales ante las reacciones sociales frente a la quema de pastizales en las islas (sobre todo el acontecimiento de incendios que adquirió dimensión pública en 2008), ante las consecuencias de la introducción masiva de ganado vacuno en las islas y más ampliamente ante el desarrollo de obras de infraestructura que afectan la estructura y la calidad de los humedales.

En la legislación por la que se creó este Parque no se menciona la presencia de pobladores en las islas, ni las prácticas productivas y extractivas que se desarrollan en el área. El modelo de conservación que se impuso fue estricto, basado en la idea de cuidar una naturaleza sin gente, a pesar de que el conjunto de estas islas habían estado habitadas y eran usadas como área de pastoreo o “pastaje” ganadero, caza y recolección de hierbas y madera, además de que el área siempre fue de intensa pesca artesanal.

Con la creación del PNISF, y la consiguiente prohibición de las actividades productivas, en poco tiempo las islas del Parque se fueron despoblando. Quienes tenían hacienda la fueron quitando y los pescadores debieron desarmar sus ranchadas.5 Sólo comenzaron a circular por el área cazadores furtivos y unos muy pocos pescadores. Si bien nunca hubo prohibición de pesca en los ríos entre las islas del Parque, ya que los cursos de agua navegables no son jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, los guardaparques presionaban para que no se pescara, deteniendo a los pescadores en el río para pedirles documentación o preguntando qué hacían allí y hacia dónde se dirigían. A partir de entonces, quienes se arriesgan a cazar dentro del Parque lo hacen bajo el cálculo de que pueden ser atrapados por guardaparques y reconociendo que con la creación del Parque se incrementó la cantidad de fauna silvestre en estas islas. En particular señalan que aumentó la población de especies exóticas, ciervos (Axis axis), chanchos o jabalíes (Sus scrofa). Entre cazadores y guardaparques se comenzaron a desplegar estrategias de acecho mutuo, de ocultamiento y persecución que para algunos cazadores le da un atractivo mayor a la caza.

Hacia 2011, sólo cinco grupos domésticos permanecían viviendo de forma permanente en las tierras ocupadas por el Parque Nacional. A excepción del señor Carreño, quién había llegado al área 10 años antes, el resto eran familias con varias décadas viviendo en el lugar, incluso dos eran tercera generación de población islera. Para la APN estos pobladores eran “intrusos”, que ocupaban tierras fiscales, sin título de propiedad, si bien contaban con permisos del Estado provincial (la excepción era Carreño que no había tramitado el permiso).

Los pobladores relatan que desde la creación del PNISF comenzaron a recibir visitas periódicas de guardaparques, presionándolos a abandonar las islas. Cuentan que comenzó a ser frecuente encontrar animales vacunos muertos y sospechaban que era acción de los guardaparques; incluso un poblador llegó a filmar un encuentro con guardaparques donde mataban a un chancho propiedad de otro poblador en conflicto. A su vez se les comenzó a exigir a los pobladores no recibir visitas, lo que afectó tanto a sus vínculos personales como a sus economías domésticas, dado que cuando amigos y turistas visitan a los isleros compran pescados y dejan bienes muy valorados como arroz, yerba, harina, aceite, vino, gaseosas y combustible.

El trato con el personal del Parque se tensionó de forma creciente, los guardaparques también se comenzaron a sentir amenazados por la presencia de los pobladores, lo que fue una de las razones para que el único destacamento de guardaparques dejase de estar habitado a un año de la creación del Parque. Con el tiempo pasó a estar ocupado de manera intermitente.

Los pobladores legitimaban su presencia en el área en ser previos a la presencia del Parque. Son recurrentes los relatos de hijas e hijos de pobladores llorando cuando algún guardaparques llegaba a su isla, mostrando al Parque como una entidad insensible y violenta. Para los isleros el Parque actuaba por fuera de la ley, en tanto la apropiación de las tierras se había hecho soslayando la presencia de las familias productoras, lo cual para algunos de ellos atenta contra los derechos humanos. A su vez, se consideraba que la presencia del Parque respondía a intereses vinculados al tráfico de estupefacientes, es decir no sólo el Estado no cumplía la Ley, sino que también actuaba ilegalmente; el Parque Nacional no contaba con ninguna legitimidad más allá de la fuerza. Para los pobladores del área, el Parque Nacional se constituye discursivamente en torno a la corrupción.6 En tal sentido, el Parque no es pensado como una organización estatal afectada por la corrupción, sino como un espacio creado para el despliegue de actividades por fuera de la ley, tanto narcotráfico, como apropiación de tierras de isleros.

Desde el Estado no se terminaba de explicitar el conflicto, sino que se lo presentaba como una serie de tensiones con población que se negaba a cumplir la Ley. Los conflictos eran presentados como problemas interpersonales entre guardaparques y las familias, mientras que cuando algún poblador hablaba con el Intendente del Parque recibía indicaciones ambivalentes y contradictorias que referían a que debía irse de las islas, ya que eran intrusos, pero que no se haría nada por fuera del reglamento de Parques Nacionales. Durante varios años, la acción estatal consistió en presionar a familia por familia, sin un planteo grupal, sino enfatizando que el problema era “con cada poblador”. Se visitaba cada isla con distinta frecuencia, algunas de manera semanal, a otras cada dos o tres meses, sin observarse en las entrevistas a guardaparques y autoridades que hubiese algún tipo de estrategia programada.

La respuesta de los pobladores tampoco fue colectiva, sino que se polarizó en caminos individuales. Cada uno consideró que una estrategia colectiva no llevaría a ganar la lucha sino a incrementar las disputas entre ellos, apelando a desconfianzas mutuas, a críticas entre vecinos, a susceptibilidades y peleas de larga data que se remontaban a hechos ya olvidados. Esto fue así incluso en los casos de hermanos que se habían criado juntos en estas islas y luego, afectados por igual por el Parque, desplegaron estrategias diferentes con resultados diversos. En cierta oportunidad, en uno de los momentos álgidos del conflicto, pregunté a Gauna por qué era tan devoto del Gauchito Gil, un santo popular de gran raigambre en las áreas rurales argentinas y del que esta persona tenía una especie de altar en el comedor de su rancho, con velas, imágenes de yeso y estampitas, todo en un entorno dominado por el rojo, color que representa al Gauchito. Entonces me respondió “es que el Gauchito Gil se enfrentó contra la autoridad, cuando lo buscaban para matarlo porque defendía causas nobles, él no dudó y fue para delante solo con su alma, aunque sabía que el gobierno lo iba a matar”. Gauna se veía reflejado en la lucha del Gauchito, en su acción individual basada en el coraje y heroísmo contra las injusticias del poder y de manera individual.

Cada familia tiene sus relatos sobre el vínculo con el personal del Parque. La madre de la familia Santos nació en estas islas en la década de 1950, desde que su abuelo se instaló en el área a principios de siglo. Desde 2010, los guardaparques no dejaron de amenazarlos con el desalojo alegando que carecían de título de propiedad. En estas visitas no faltaban insultos, agresiones, requisas donde les quitaron armas, así como periódicamente encontraban vacunos propios muertos, sospechando del personal del PN. Cuando sintieron que la presión era insoportable, en 2015, la familia decidió abandonar la isla sin recibir compensación. Un grupo de guardaparques ayudó a la familia a desarmar el rancho. Se trasladaron al pueblo, donde abrieron un pequeño comercio, los padres comenzaron a percibir una jubilación y dejaron una porción de la hacienda en otro campo pagándole a un tercero por el cuidado, mientras el resto de los animales fueron rápidamente vendidos. Después de eso no hubo mayores tensiones con los agentes del Parque, más allá de miradas a disgusto y acalorados relatos donde refieren a la instalación del Parque como una tragedia que llevó al declive familiar. En los años siguientes, esta familia no quiso realizar reclamos legales, considerando que había perdido todo derecho territorial.

En cambio, la familia Rosales, frente a una similar situación de presiones recurrió a sus redes políticas y consiguió que el Estado provincial, en 2015, le ceda una isla bajo tenencia donde trasladarse, a más de 30 km del Parque. Hay que señalar que en el documento oficial de cesión no se menciona la creación del Parque ni las presiones sobre los pobladores, sino que manifiestan que el traslado se hacía porque la isla donde vivían era muy anegadiza. Cuando el señor Rosales recuerda los años posteriores a la creación del Parque, suele relatar cómo los guardaparques mensualmente desembarcaban en su isla dando órdenes a los gritos, con prepotencia y armados, lo que provocaba que su hija pequeña comenzara a llorar.

A las presiones directas que recibían las familias se sumaron inconvenientes para realizar trámites burocráticos vinculados, sobre todo, a la movilización y comercialización del ganado vacuno, con el fin de “marcar” los animales. En varias oportunidades acompañé a vecinos a oficinas públicas donde se evidenciaba la falta de colaboración para que resolvieran trámites fiscales y donde se ponía de manifiesto cómo el Estado, para la gente, también se había convertido en un agobiante muro burocrático. Hacia 2016, una familia había sido relocalizada en una isla cedida por la provincia, otra había abandonado la isla sin recibir compensación y otras tres permanecían resistiendo.

Conservación y judicialización del conflicto. Segundo momento

Con la asunción de Mauricio Macri a la presidencia nacional, en diciembre de 2015, cambiaron las autoridades de la Administración de Parques Nacionales y con ello sus políticas de conservación. En el PNISF el cambio de la decisión política fue judicializar la relación en conflicto y los procedimientos de justificación y prueba del lenguaje jurídico guiaron la relación con la población. La APN presentó una denuncia ante la justicia federal por ocupación ilegal de tierras contra los tres grupos domésticos que permanecían viviendo en el Parque. En febrero de 2018, sin información previa, ni consulta o llamado a declarara los pobladores el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe emitió órdenes de desalojo de las familias Gauna, Alsina y del señor Carreño. Este último vivía sólo en la isla El Rico, la principal isla del Parque Nacional, ya que desde 1968 era una Reserva Provincial en base a la cual se creó el Parque Nacional. Allí se encuentra el destacamento de guardaparques y por tanto es la isla sobre la que hay mayor control y presencia estatal. Carreño llegó al lugar a principios de la década de 2000 para trabajar como puestero de un productor ganadero con campos en tierra firme quien por un arreglo de palabra con el entonces cuidador de la Reserva Provincial, “echó” vacunos en la isla que quedaron al cuidado de Carreño. Cuando se creó el Parque Nacional el propietario se llevó los animales y Carreño permaneció viviendo en su rancho, criando aves de corral y una decena de cerdos que vendía cuando necesitaba efectivo. También contaba con una jubilación mínima que era la base de sus ingresos monetarios.

La judicialización unificó la estrategia de los pobladores, lo que le dio una nueva estructura al conflicto. Las dos familias recurrieron a una agrupación de abogados que se ocupan de conflictos con sectores sociales vulnerables, mientras que Carreño decidió no iniciar acciones, siquiera consultar con un letrado. Ante la pregunta acerca de su actitud, Carreño señaló sus dificultades para viajar para realizar trámites en las ciudades cercanas, debido a su edad y el costo del combustible, a lo que sumó lo confuso que se le presenta participar en una causa judicial, por lo cual prefería no involucrarse y que “pase lo que Dios quiera”. Probablemente este conjunto de condiciones aceleraron su desalojo.

Las familias Gauna y Alsina lograron que el Ministerio Público Fiscal detuviese las órdenes de desalojo, pero sobre todo no cesaron de movilizar redes para que su situación se hiciera pública en las redes sociales, mientras que en periódicos y radios de la región comenzaron a ser figuras frecuentes. A su vez, por mi parte también comencé a llevar a la pareja Gauna y a Alsina a reuniones del Comité de Manejo del Sitio Ramsar Delta del Paraná,7 dentro del cual se encuentra el Parque Nacional. En estas reuniones participaron funcionarios de los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y de la Administración de Parques Nacionales, también miembros de organizaciones ambientales, e investigadores e investigadoras de las universidades de la región. Allí, los pobladores isleros exponían su situación, y pedían colaboración para detener las órdenes de desalojo. Las respuestas eran diversas, algunos se solidarizaban mientras otros consideraban que no eran más que ocupantes ilegales del Parque. El modelo de gestión del Sitio Ramsar propicia la participación de diversos actores sociales, tal como se refleja en el proceso participativo de formulación de su Plan de Manejo (Giacosa, 2019), pero ha predominado lo que hemos llamado participación burocrática (Ferrero et al., 2022). Con esto nos referimos al incentivo a la participación de actores institucionalizados, donde se privilegian las voces institucionales (académicas, estatales, ONGs). En las reuniones del Comité de Manejo de Sitio, la presencia de pobladores locales se postergó para los momentos en que hubiera problemas concretos, o se presentaban bajo la mediación de especialistas en forma de “saberes locales” o “prácticas tradicionales”. Es decir, la lógica de funcionamiento del Sitio Ramsar, también contribuyó a consolidar la distancia entre los habitantes de las islas y las costas, y quienes toman decisiones sobre la gestión del territorio.

Cuando los pobladores iniciaron la estrategia legal de defensa de la tierra, comenzaron a participar de la lógica y el discurso estatal, se volvieron “legibles” para el Estado (Scott, 1985). Se adecuaron a un lenguaje y saber producidos para la clasificación y regulación social y aún así se tornaron un problema mayor para la APN, ya que presentaron una oposición legitimada en los propios términos del Estado. En este momento, los pobladores comenzaron a justificar su lucha desde la legalidad, señalando que el poder ejecutivo nacional era quién actuaba por fuera de la Ley al crear un Parque y que en ese proceso los habían invisibilizado.

Las tensiones entre los pobladores y el Parque no cesaron, los guardaparques continuaron deteniendo embarcaciones de pobladores para solicitar documentación e inquiriendo los motivos por los que se circulaba en el área. Aunque tales acciones de control no correspondían a las funciones de los guardaparques, ya que los cauces navegables no son jurisdicción del Parque, pero servían para amedrentar a través del despliegue de demostraciones de autoridad. También continuaron las visitas que exigían el desalojo de las islas, mientras la gente seguía atribuyendo a los guardaparques la muerte de ganado en el área.

El 30 de mayo de 2019, cuando Carreño había salido hacia Puerto Gaboto para comprar víveres, unos treinta efectivos de fuerzas de seguridad federales y guardaparques, desembarcaron en el área de su vivienda y la desmantelaron. Era un pequeño rancho de chapas y maderas que fue desarmado en su totalidad en un par de horas. Los restos del rancho junto a sus tres chanchos, cuatro perros, una cama, una mesa, un par de sillas de madera y algo de ropas, fueron cargados en una barcaza rumbo a Diamante, localidad donde se encontraba la Intendencia del Parque. El desalojo se efectuó por orden del juez federal sin previo aviso, pero las otras dos familias vecinas al percatarse de lo que sucedía por el movimiento de lanchas, comenzaron a convocar a medios de comunicación, abogados y allegados que podrían apoyarlos. Esa misma mañana, Gauna me envió media docena de mensajes de WhatsApp alertándome de los hechos, con el temor de ser desalojado durante la jornada. Carreño se quedó viviendo en la casa de una hija en el pueblo, nunca volvió a la isla ni quiso presentar demandas contra el Parque.

La movilización que lideró Gauna a través de llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp en pocos días se replicó y llevó a que se publicaran notas en los medios locales,8 lo que también implicó un trabajo de insistencia dada la renuencia y sospecha de muchos medios frente a notas sobre este tipo de problemas. En las semanas siguientes, diversas organizaciones ambientalistas y académicos de la región denunciaron el desalojo de Carreño y la amenaza pendiente sobre las otras familias. La tensión e incertidumbre creciente generó un alto nivel de estrés en ambas familias, con una espiral de ansiedades que derivó en enfermedades de varios de sus miembros. Este tipo de estrés ha sido descripto en estudios que analizan procesos de desplazamiento poblacional (Bartolomé, 1985).

Hacia septiembre de 2019 se logró una reunión en el Ministerio provincial de la Producción con directivos de la APN, funcionarios provinciales, los abogados de las partes, Gauna y Alsina, quienes me solicitaron que los acompañase. Esa mesa, fruto de la movilización mediática, constituyó un hito donde se dejó por escrito que se detendrían los desalojos mientras se buscase una solución para la situación de las familias. Una de las opciones era que el gobierno provincial cediera tierras donde las familias se pudieran trasladar, mientras que otra fue el cambio de estatus legal de las islas habitadas, para que dejen de ser Parque Nacional y pasasen a ser Reserva Nacional, una categoría que permite la presencia de poblaciones humanas y el desarrollo de actividades productivas.

Como ya se mencionó, el área del Parque era muy valorada por los pescadores de toda la región, pero éstos no se sumaron a una estrategia de defensa legal de las áreas de pesca. En el período de creación del Parque se desplazaron a pescar en áreas aledañas y muy pocos permanecieron trabajando en el área, algunos ocultándose de los guardaparques, mientras otros pescaban de manera abierta y por momentos en actitud desafiante, esperando cruzarse con los guardaparques. Si bien en Puerto Gaboto ya existía una organización de pescadores con peso político que nucleaba a la mayor parte de los pescadores del pueblo, en ningún momento se planteó iniciar acciones contra el Parque Nacional. La lucha de la Asociación de Pescadores está dirigida a discutir los términos de comercialización del pescado y no a problemas territoriales. Básicamente los pescadores no tenían interés en discutir la territorialidad con el Estado.

Conservación reactiva. Tercer momento

El tercer momento en la trayectoria del PNISF está dominado por la ambivalencia en la relación con la población. La política de la APN en este Parque navega entre un modelo de conservación que integre a la gente del lugar y un modelo de conservación estricta que la expulse. El día de septiembre de 2020 en que asumí el cargo de Intendente del PNISF convoqué a todos los pescadores de Puerto Gaboto a una reunión en la principal bajada al río, apelé a un líder sindical pesquero y a referentes pescadores locales, también comuniqué de esto a la presidenta comunal, al Presidente de la APN y el personal del Parque y un medio radial y gráfico de la región. Nos encontramos con cincuenta pescadores a los que presenté un mapa del Parque y significativamente si bien todos conocían muy bien toda la zona, pocos reconocían el área abarca el Parque. Para muchos, el Parque abarcaba las zonas de agua y tierra donde habían tenido encuentros con guardaparques; las acciones de amedrentamiento determinaban el territorio de conservación. Allí expuse la política del Parque respecto a la pesca: no se los molestaría en su circulación en las aguas del Parque, podrían pescar en las aguas navegables entre las islas del área protegida, pero no debían hacer ranchadas en sus costas. La reunión giró sobre todo en torno al vínculo que durante diez años el Parque tuvo con la población de la región y luego sobre el trabajo en conjunto sobre los problemas que enunciaban como más preocupantes, como los días de veda, el bajo valor a que “entregaban” el pescado a los acopiadores y la discrecionalidad en el trato hacia ellos de fuerzas de seguridad, así como de los guardaparques. La reunión finalizó hacia el medio día, con un diálogo que quedaba abierto con la comunidad pesquera. Una hora después, comencé a recibir llamadas del Directorio y funcionarios de la APN señalando lo inapropiado de la reunión, que podría generar falsas expectativas entre los pescadores, quienes no dejaban de ser una amenaza para el ambiente del delta y sobre todo una reunión así podría sentirse como una amenaza para los referentes políticos de la región, que podrían ver en el Parque una competencia en el vínculo con la comunidad.

Cuando en diciembre de 2019 asumió un nuevo presidente en la APN, su premisa fue revertir lo que se había hecho en el PNISF durante los cuatro años previos. En su primera visita a Puerto Gaboto, se disculpó, en nombre de la APN, con las dos familias que aún quedaban en el área por todo lo que habían sufrido desde la creación del Parque. Su propuesta era que la gestión del Parque se integrara a la población del área y en lo concreto lograr la resolución pacífica de los múltiples conflictos con pobladores que se presentaban en diversos Parques Nacionales argentinos. Con esta perspectiva, el Presidente de la APN me llamó en mayo de 2020 para consultarme por el conflicto en el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Incluso en una de esas charlas me solicitó que organizara el encuentro de Gauna y Alsina con autoridades de la APN mencionado más arriba. La premisa bajo la cual me convocaban fue que “este tiene que ser un Parque Nacional… y popular”, apelando a una consigna con hondo calado emocional para quienes apoyaban el gobierno peronista. El PNISF se debería vincular a la población del área y tener una clara impronta comunitaria.

Una de las características de esta gestión fue buscar una mayor presencia estatal en el territorio. Según el Presidente de la APN, y en consonancia con la perspectiva del gobierno central, los problemas sociales de los sectores más vulnerables se debían a “la ausencia del Estado”. En el caso del PNISF, se consideró que los problemas se resolverían con una mayor presencia territorial de la institución, para lo cual era necesario que este Parque dejara de depender del PN Pre-Delta con sede en la ciudad de Diamante. Para esto se creó una Intendencia en la localidad de Puerto Gaboto y se estableció la presencia permanente de guardaparques en el destacamento, asegurando mayor control y vigilancia del área. El dominio territorial es uno de los objetivos centrales de los Parques Nacionales argentinos, remontándose a los orígenes de la institución en las primeras décadas del Siglo XX (Ferrero, 2018; Natenzon, 1999).

Esta gestión también trató de incentivar el desarrollo local, para lo cual se presentaron proyectos para una huerta comunitaria, capacitación en preparaciones de conservas de pescado a ser comercializadas y la búsqueda de alternativas de ganadería sustentable. Con el tiempo, estas propuestas fueron tomando una impronta individualista, ya que comenzaron a ser pensadas en términos de ofrecer conocimientos que fuesen aprovechados por aquellos vecinos con iniciativa personal emprendedora, con lo cual la responsabilidad de qué se hacía con los conocimientos adquiridos quedaba sujeta a cada individuo. Esta crítica fue hecha por pescadores que participaron de los talleres de preparación de conservas de pescado, donde señalaron que el mercado local no absorbería las manufacturas, sino que era más redituable continuar con el sistema de venta del pescado a un acopiador. Otra de las premisas de gestión del PNISF fue constituirse en núcleo del desarrollo turístico regional. Frente a lo cual, la población local en general consideró que quedaría por fuera de tal desarrollo, en tanto sólo se verían favorecidos quienes cuenten con cierto nivel de capitalización. De manera que los lineamientos de esta gestión del PNISF se acercan a modelos neoliberales de conservación, basados en la valorización mercantil de la naturaleza y en ofrecer herramientas de desarrollo sujetas a la fuerza emprendedora individual. Es decir que el vínculo con la población local se comenzó a basar en considerarla compuesta por actores económicos individuales.9

Las medidas tomadas por esta nueva gestión generaron expectativa en la población ribereña e islera. Pero en Gauna y Alsina también había cierto recelo, llevaban diez años de conflicto, habiendo visto pasar gobiernos de diverso signo, pero donde la orden de expulsión permanecía vigente. En la tensión que transitaban por entonces, ellos consideraron mi designación a cargo de la Intendencia del Parque como una forma de tranquilizar sus luchas, tal como me manifestó Gauna, “a vos no te voy a hacer problema porque sos mi amigo, pero sé que vas a durar poco en este cargo, te ponen ahí para callarnos”. Y en una visita a su isla reafirmó su mirada de la acción gubernamental como necesariamente corrupta, diciéndome “éste (la Intendencia) no es un lugar para vos, vas a durar poco ahí, te van a pedir que te enganches en los negocios que ellos tienen”.

Para los pobladores, más allá del cambio de gobierno existía una continuidad entre las distintas gestiones. Si bien había cierta señal de viraje en el rumbo del Parque, veían que el objetivo de que no hubiese población humana no había cambiado. “Quieren que esto sea un desierto” expresó uno de los isleros por esos días. Con lo cual no sólo se refería a la política de la APN, sino también a la historia de las islas, que se vienen despoblando desde la década de 1970, acentuándose el proceso en los últimos años con la intensificación de la ganadería (Boivin et al., 2008). Incluso también los incendios masivos del año 2020 eran interpretados como motivados por el interés de despoblar las islas. De manera que el PNISF era considerado como un instrumento más del avance de actores externos sobre las islas, generando procesos de los que la población local era excluida. Así lo vemos en los relatos de Gauna y Alsina sobre sus vínculos con “la isla”, donde enfatizan los lazos afectivos y dramáticos con el territorio, le daban profundidad histórica a sus relaciones con estas islas, afirmándose frente a la avanzada estatal. Pero, para la Administración de Parques Nacionales (APN) la carencia de título de propiedad era suficiente para restarle legitimidad al reclamo sobre la tierra. Para los pobladores, en cambio, la falta de título era un problema menor frente a sus vínculos con el lugar, explicitados en anécdotas familiares, en relatos sobre las transformaciones de las islas o encuentros con fauna salvaje. De forma recurrente apelaron a esos relatos que cobraban nuevos sentidos y sobre todo llevaban al desconcierto de los funcionarios que querían discutir cuestiones legales. Las narraciones de historias tienen carácter performativo, iluminan acontecimientos del pasado y, en su recuperación y puesta en acto, producen efectos en el presente, esperando incidir en el futuro, sobre todo cuando estas historias explícitamente se usan como emblema para la disputa política (Islas, 2003; Rodríguez, 2022).

No abundaré en los pormenores de mi gestión como Intendente del Parque, pero participé de las tensiones entre modelos de conservación. Mis diferencias respecto al vínculo que la institución debía mantener con la población se fueron profundizando y tanto desde la APN como desde el personal del Parque, se comenzó a señalar que mi compromiso era mayor con los pobladores que con la institución. En una reunión con autoridades de la APN confirmé eso de manera explícita y a la semana, en febrero de 2022, presenté mi renuncia al cargo. Estas tensiones dentro del PNISF también deben entenderse como parte de las múltiples disputas que por entonces atravesó la APN a nivel nacional. Durante la gestión iniciada en diciembre de 2019, las diferencias políticas al interior de la institución fueron constantes (también lo fueron dentro de la coalición gobernante a nivel nacional), las renuncias de funcionarios y de Intendentes de diversos Parques eran periódicas, hasta que en marzo de 2022, renunció el Presidente de la APN, lo cual era interpretado por éste como parte de las tensiones políticas que atravesaban a toda la gestión del gobierno nacional.

En abril de 2021 asumió la Intendencia del PNISF un guardaparques de carrera, y ante una renovada dificultad en el diálogo, Gauna y Alsina retomaron la lucha. Volvieron a activar la movilización de redes de contactos y comenzaron a ser entrevistados en radiodifusoras locales exponiendo su situación y el temor al desalojo, así como la falta de respuesta de la APN. En junio las dos familias se apostaron en la puerta de la Intendencia del PNISF, donde iniciaron una quema de cubiertas de vehículos que se prolongó por dos días, durante los cuales las familias permanecieron en la calle sacándose fotos que subían a las redes con mensajes combativos. Nadie del personal del Parque se presentó en la Intendencia, mientras los neumáticos continuaban despidiendo un humo denso e irritante.

La quema de cubiertas estuvo directamente dirigida a evitar que se avance con la expulsión. Uno de los pobladores por entonces justificó que “si no quemaba cubiertas terminaba como .. (a Carreño)”. “Con esto les evité que vayan a buscarme a las casas… Si iban a la isla para sacarme les hacia frente a los tiros, me iban a tener que matar, y ya estaría como finao fresco”. La situación fue creciendo en tensión, esperando a que se abriese una instancia de diálogo, pero uno de los miembros del directorio de APN con residencia en la zona señaló que “con ese nivel de violencia no hay diálogo posible”. Durante la semana siguiente de la quema de cubiertas, las acciones se fortalecieron con una nota publicada en un medio nacional,10 que gestionamos con un compañero antropólogo y donde además de entrevistar a las familias, se mencionaba “el desprecio” desde el PN hacia los pobladores, lo cual despertó furibundas respuestas entre los funcionarios estatales hacia el periódico.

Pocos días después de la quema de cubiertas y las notas periodísticas, la causa comenzó a avanzar y desde las oficinas de la APN en Buenos Aires volvieron a llamar a Gauna y Alsina. Existía una preocupación por aplacar el conflicto y disminuir su difusión mediática, tal como señaló un vocal de la APN, “lo no que se publica en los medios no existe”. Por entonces también en los medios nacionales había un frecuente tratamiento de conflictos en Parques Nacional patagónicos con agrupaciones mapuches, que en 2017 había llevado al asesinato de un joven mapuche. Entre los funcionarios gubernamentales circulaba la pregunta si tenía sentido sumar un otro conflicto en los medios.

A pesar de que hacia los últimos meses de 2021 los pobladores fueron notificados que la causa estaba a una resolución favorable, la desconfianza los llevó en febrero a alertar a los guardaparques que ya no esperarían más y volverían a la lucha activa, viajando a Buenos Aires a encadenarse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Para la APN, el problema era sobre todo el conflicto y su repercusión pública, tal como había dicho unos meses antes un directivo de la institución: “el quilombo es negocio, negocio para los medios, para la oposición”. La prioridad no era resolver la situación de los pobladores, sino evitar repercusiones más allá del área. Una semana después, Gauna me llamó exultante para contarme que desde la APN desde Buenos Aires le informaban que las dos familias serían reconocidas como “pobladores históricos”, con lo cual se daría de baja la orden de desalojo. El acuerdo se concretó en el mes de marzo, con un publicitado acto en la Intendencia del Parque. Para las familias isleras, la lucha había dado sus frutos. De manera que el “efecto de Estado” (Trouillot, 2001) que llevó a la recategorización oficial de las familias, no solo refiere a una forma de dominación, sino que aquí también es fruto de la lucha social y negociaciones. El concepto nace de la institución, pero es aceptado como propio por quienes luchan.

Aquí, se manifiesta una productividad del conflicto lograda en la recategorización de los isleros, de intrusos a pobladores, así como a cambios en la configuración territorial del Parque redefiniendo ciertas islas como lugares poblados. En este sentido, sólo benefició a las familias que lo llevaron adelante hasta el último día, de hecho, no tuvieron ningún tipo de reconocimiento o compensación quienes no se sumaron a la lucha, ni Carreño, ni los otros antiguos pobladores, ni quienes pescaban en este área. En este sentido, la única familia que años antes había sido compensada por irse del PNISF, en agosto de 2021 fue obligada por la justicia provincial a abandonar la isla que había recibido. El padre de la familia solicitó pacíficamente ayuda al Intendente del Parque, quien le respondió que no podía hacer nada, sólo darle 40 litros de combustible para trasladar sus animales a otra isla. Frente a otro caso de expulsión de un antiguo poblador del PNISF, la institución optó por desentenderse, sólo saldría de un modelo de conservación desvinculada de la población con aquellos isleros que optasen por el conflicto.

El proceso llevó a un realineamiento de las identidades de los pobladores frente al Estado, para quienes en términos formales pasaron a ser “pobladores históricos”, así como se convirtieron en sujetos con suficiente capacidad de presión y lucha como para lograr objetivos territoriales. Lograron el reconocimiento como actores sociales válidos en las discusiones sobre el territorio que habitan y que les permite ejercer demandas históricamente negadas por el Estado, pero que a su vez exige la aceptación de las formas, lenguajes y dispositivos institucionales de la dominación para poder ser escuchados (Rodríguez, 2021).

El compromiso que firmó la APN con las dos familias que resistieron fue que las tierras donde viven se recategorizaron como Reserva Nacional, continuando bajo jurisdicción de la APN. Esta recategorización fue considerada por muchos funcionarios como una pérdida para el Parque, ya que era una forma de ceder tierras que deberían estar destinadas a la conservación de la naturaleza. Pero este “bajar”11 de categoría de conservación, se justificaba como una forma de evitar mayores conflictos. En palabras de un directivo de la APN “perdemos un poco, pero no tanto”.

La política de reducción de la conflictividad social llevó a que los reclamos de los pobladores quedasen circunscriptos a cuestiones técnicas, a discusiones que podrán llevar a nuevas luchas, pero dentro de los parámetros establecidos por la institución. En tal sentido, si bien para buena parte de los miembros del PN hubo una pérdida en términos de conservación, se logró establecer una visión hegemónica sobre el territorio determinando los términos de las nuevas discusiones. De forma que no asistimos a un conflicto ontológico o epistemológico (Ramos, 2017; Blaser, 2020, Rodríguez, 2021), sino que la lucha de los pobladores frente al PNISF es por el cumplimiento de la legislación, por ser reconocidos por la ley, y porque consideran que el Estado no cumple la ley.

Epílogo. La continuidad de un modelo

Durante los años 2020 a 2022, se incrementaron los incendios en las islas del delta del Paraná, debido tanto a la confluencia de una pronunciada bajante del río, sucesivas olas de calor y la necesidad de tierras destinadas a la ganadería. Las movilizaciones sociales en los centros urbanos costeros se hicieron notar durante estos tres años, pidiendo por la preservación del ambiente y en concreto por una ley que proteja y ordene los usos productivos de los humedales. Una de las respuestas de los estados provincial (de Santa Fe) y federal, fue ampliar el Parque Nacional Islas de Santa Fe, llevándolo a 10.000 has. Esto responde a una política de conservación compensatoria, que consiste en cuidar pequeñas porciones del delta, frente a la degradación del conjunto de ese ambiente. De manera que no se pone en discusión el modelo productivo vigente ni sus consecuencias sociales y ambientales. La ampliación del PNISF será sobre islas habitadas por familias isleras y de asidua pesca. Isleros y pescadores se enteraron de esto por notas periodísticas donde se anunciaba la firma de convenio entre provincia y nación, donde en la foto ilustrativa, detrás del saludo del gobernador y el ministro de ambiente se veía un mapa con las islas afectadas por la ampliación del Parque. La imagen circuló durante semanas en mensajes de WhatsApp de vecinos del área, la cual ampliaban en sus teléfonos para ver si sus islas se convertirían en Parque. El malestar de la población no se hizo esperar. Nuevamente, después de años de conflicto, el Parque avanzaba sin consulta, y sin informar, sobre el territorio islero. En enero de 2022 ,casi un centenar de pescadores se reunieron en la plaza de Puerto Gaboto exigiendo al Intendente del PNISF que de respuestas a esta situación, pero éste nunca apareció, tampoco los representantes de la APN en la región. La lucha de las familias Gauna y Alsina también había sido productiva en la experiencia de lucha de los isleros, en términos generales para el área, ya que quienes se consideran serán afectados por la ampliación refieren a aquella como una de las posibilidades de enfrentar al Parque.

Si bien desde la APN se postula la necesidad de una conservación que integre a las poblaciones locales, las ambivalencias llevan a que continúe predominando una forma de gestión que opone a naturaleza y sociedad. Con una lógica que ha mostrado ser central en los actuales procesos de degradación ambiental, la conservación es funcional al desarrollo a cualquier precio (Svampa, 2014). El extractivismo (Svampa y Viale, 2020) entra en colisión con las poblaciones locales, en cuanto se apoya en la extracción intensiva de recursos sin licencia social, con escasos controles ambientales, por lo que no podría dar demasiado lugar a la participación popular. Si bien se han generado propuestas de participación de la población, estas se establecen en función de las necesidades y objetivos del Parque, muy distantes a los objetivos y perspectivas isleras y de los pescadores. El Parque sigue legitimando sus acciones desde el naturalismo (Descola, 2004). El mismo naturalismo que se presenta en la lógica de expansión del neoextractivismo que, tras la búsqueda de recursos y tierras, no repara en las poblaciones locales. Al menos hasta que se presenten conflictos sociales. Tal como señala Svampa (2014), el modelo de extracción intensiva de recursos opera sin licencia social, ni consulta a las poblaciones. La ecuación entre “más extractivismo, menos democracia” de la que habla Svampa (2019) muestra el peligroso desliz hacia el cierre político, la manipulación de la participación con el objeto de controlar las decisiones colectivas, así como la creciente criminalización de las protestas socioambientales.

El relato de esta experiencia tiene mucho de biográfico, no sólo por haber participado de manera activa en mucho de los acontecimientos presentados, sino también en tanto en el enfoque general del texto tiene correspondencias con la perspectiva que tuve tanto cuando acompañé la lucha islera, como cuando ocupé el cargo de Intendente del Parque. Así, esta autoetnografía no esconde una carga moral que no sólo orienta el texto etnográfico, sino que también estuvo en disputa frente a otras, en un campo que aquí es objeto de estudio. La escritura de este texto me ha servido como forma de darle sentido a acontecimientos en los que fui actor, atravesados por pasiones, disputas, rencores y orientaciones racionales, es decir todo aquello que atraviesa los actos políticos. Así como Cesar Gauna construyó un relato para explicar qué es la isla para él y por qué lucha por continuar allí, donde la isla es su tragedia familiar, rencores con vecinos, alianzas con otros, marcas en el territorio construidas sobre anécdotas con parientes y con amigos, creo que este texto sirvió para explicarme un momento significativo de mi vida en esta misma región. En tal sentido, si bien este trabajo se propone analizar la trayectoria del conflicto en torno al PNISF, tiene mucho de normativo, atravesado por valores sobre cómo deberían ser las políticas de conservación en el área, y el rol de las movilizaciones sociales frente a determinadas formas de estatalidad.

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