Vivir de prestado

Pobreza, deudas y derecho

Emilia Schijman,

Buenos Aires, SB

2022, 192 pp.

por Claudia Gabriela Reta

Universidad Nacional General Sarmiento,

Instituto del Conurbano

orcid.org/0000-0002-5735-2678

cgabrielareta@gmail.com

Cómo citar esta reseña: Vivir de prestado. Pobreza, deudas y derecho. De Emilia Schijman. Gabriela Reta. Etnografías Contemporáneas, 9(17), 237-240.

Con un preludio de Ariel Wilkis y Jacques Commaille –en las que los adjetivos “fascinante”, “original”, “brillante” y “sensible” nos invitan a la lectura–, el lector/a se introduce en una etnografía total. La obra comienza con intereses propios del campo de la sociología del derecho y finaliza con la construcción de un fragmento de universo social en donde los pobres crean derecho. Emilia Schijman, socióloga investigadora del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Centre Maurice Halbwachs, nos propone sumergirnos en la brecha entre la estabilidad de los escritos legal-burocráticos que dan sustento al estatus de propiedad de la vivienda y la inestabilidad de las relaciones personales y acuerdos relacionados a la gestión de las economías domésticas, en un contexto de precariedad e incertidumbre.

Versión castellana de À qui appartient le droit ? Ethnographier une économie de la pauvreté (Paris, Maison des Sciences de l’Homme publicado en el 2019), esta etnografía se desenvuelve en un complejo habitacional del sur de la Ciudad de Buenos Aires construido por el Estado a mediados de la década de 1970, que se caracteriza por la pobreza de sus habitantes y la irregularidad e informalidad en la tenencia de las viviendas. Localizado en una zona de fábricas abandonadas y rodeado de pequeñas villas, las diecisiete mil personas que lo habitan tejen un ecosistema barrial a partir de galerías y escaleras que conectan los diferentes edificios y todo un circuito de economía informal. En este complejo ficticiamente denominado Suárez, la autora condujo entre 2010 y 2013 una investigación etnográfica que tuvo como objetivo analizar la “experiencia del derecho de los individuos y las familias que viven en una economía de pobreza” (p. 169). El derecho, la pobreza y la tenencia de la vivienda aparecen pues, entrelazados, circunscribiendo un campo temático de análisis.

Producto de dicha investigación, la autora nos presenta en este libro una descripción densa construida a partir de una original articulación entre diferentes fuentes: los legajos administrativos del Instituto de la Vivienda; cartas manuscritas con súplicas a la presidenta de la República Argentina entre 2007 y 2015; los archivos personales de trámites burocráticos cuidadosamente guardados por las mujeres y familias del complejo y, el corazón de la etnografía: las notas de campo tomadas por la investigadora en una serie de lugares estratégicos del complejo habitacional, como la oficina el correo autogestionado, la parada de taxis, las repartidoras de cartas y las administradoras de edificios.

El libro recorre discusiones conformadas a partir de una articulación entre la corriente norteamericana de los legal-consciousness studies –que concibe al derecho formal como orientador de la vida social– y el enfoque del derecho vivo –centrado en usos y costumbres sociales que desarrollan el papel del derecho–. Se suman las perspectivas de Simona Cerruti desde el campo de la historia, quien da cuenta de cómo los sujetos desde sus prácticas cotidianas pueden manipular las normas impuestas y construir legalidad y, una serie de autores que, como señala Jacques Comaille en la presentación, inscriben al libro dentro de la literatura sociológica de la pobreza. En esta construcción que trama la autora, la experiencia del derecho “no es únicamente el espejo de obligaciones jurídicas y de imposiciones penales, sino también el de las obligaciones sociales, las coerciones morales, las prácticas reivindicadas como jurídicas” (p. 23).

A 40 años de su construcción, el barrio Suárez –que nos recuerda a tantos otros casos de la política habitacional de la Argentina– presenta un abanico de estatus de ocupación que varían desde el propietario pleno con título jurídico, el propietario endeudado con el Instituto de la Vivienda local (a partir del crédito social) o con el consorcio (a partir de las expensas), el propietario que está accediendo al título de propiedad con un boleto de compra-venta (en un aletargamiento que dura en ocasiones 20 años), las locaciones y sublocaciones informales pero toleradas por el estado y, el ocupante sin título cuya legitimidad se funda en la aprobación del vecindario. Como señala la autora: “No hay dos legalidades, sino más bien un continuum entre maneras comunes de ejercer el derecho y de mantenerse por fuera de él, y las adaptaciones necesarias desde el punto de vista del legislador y de las políticas públicas“ (p. 150). En este contexto, Schijman da cuenta de la campaña masiva de regularización estatal, llevada a cabo en 2012, que buscó el cambio de estatus de ocupante a propietario, consagrando el derecho de uso en detrimento del derecho de propiedad, una descalificación de los herederos por los alojados y de los propietarios por los ocupantes. Dando cuenta, así, de las tensiones entre el derecho y las prácticas cotidianas dentro del propio estado. Sin embargo, la campaña se enfrentó con la negativa de muchas de las familias, dada la baja solvencia para afrontar los costos económicos, las implicancias de la actualización de una serie de deudas (la compra de la vivienda, las deudas de expensas, el pago continuo de los servicios y los gastos de escribanía) y, la voluntad de permanecer en el campo de los acuerdos interpersonales que –a diferencia de la “objetividad” del derecho institucional– es el ámbito de la negociación, los pactos, los afectos y la economía informal.

La narración se organiza de manera espiralada: cada capítulo nos devela diferentes dimensiones del “trabajo legal” que realizan las y los habitantes del complejo, principalmente mujeres. Los dos primeros capítulos (1 y 2) se articulan en torno a una serie de escenas, actividades y lugares que son claves a la hora de dar cuenta de las condiciones materiales y jurídicas reales de las personas que habitan las viviendas. Se trata de fragmentos de la vida cotidiana que se inscriben en prácticas normativas, morales y jerarquías sociales. Los capítulos 3, 4, 5 y 6 dan cuenta de cómo las diferentes prácticas se ven influenciadas por las lógicas de la deuda –tanto privada como con las instituciones estatales–, de los parentescos locativos por sobre los lazos familiares, del derecho consuetudinario por sobre el derecho formal y de la posesión por sobre la propiedad. La autora inscribe estas prácticas dentro de las economías del don: una economía de obligaciones morales, de intermediaciones y reconversión de recursos a través de negociaciones. Las deudas –formales o informales, escritas o de palabra, monetarias o morales– se transforman en operadores nodales de la vida social. Estas afianzan relaciones sociales y evitan situaciones de conflicto. Son parte de las obligaciones que constituyen normas de uso y costumbres que cimientan, a lo largo del tiempo y de las experiencias cotidianas, un “derecho vivo”, no impuesto desde las instituciones sino construido “desde abajo”. Fernanda, Amparo, Horacio, Claudia, Clara, Inés, Lucía y tantos otros/as residentes del complejo, se convierten en las guías de la trama que construye la autora para dar cuenta de las tácticas, recursos y conocimientos puestos en acción para identificar la legibilidad de la lógica institucional de las oficinas y accionar en ella.

Este “trabajo sobre la legalidad” –que moviliza una serie de conocimientos puestos en juego a partir de reclamos, esperas, súplicas y hasta acoso–, reinterpreta el derecho en el marco de las costumbres, sentidos y modos de legitimación empíricos. Con el tiempo, los usos que se transforman en costumbres y prácticas de sociabilidad legal, encuentran legitimidad estatal y luego legalidad, al ser incorporados por las instituciones o sus funcionarios, volviendo borrosas las fronteras de lo legal e ilegal y de lo formal e informal.

La evidencia de estas tensiones se puede ver a partir del concepto de “parentesco locativo” acuñado por la autora. El mismo, reformula el concepto de “parentesco práctico” –que establece la conformación de nuevas fronteras de inclusión/exclusión de convivientes a partir de lazos sociales construidos– a partir de los hechos etnográficos relevados, en donde relaciones que comienzan con un alquiler o alojamiento derivan en lazos familiares. Las múltiples escenas de transformación de la herencia a partir de diferentes prácticas extralegales en el uso de las viviendas, evidencian las reformulaciones del derecho a partir de nuevas concepciones del parentesco y sus responsabilidades y derechos legítimos.

La lectura de esta obra brinda múltiples aportes sobre los sectores populares y sus prácticas económicas y de habitabilidad, al dar cuenta del entrelazamiento entre las relaciones económicas, morales y afectivas. Pero principalmente, nos permite repensar las nociones de derecho al poner en el centro otras normatividades, que son de negociación, intercambio, reciprocidad y conflicto. Las prácticas de legibilidad, legitimidad y legalidad de los distintos órdenes normativos, son abordados desde una dimensión que reconoce y visibiliza las acciones de las y los sujetos de los sectores populares produciendo sociedad.