Amenazas a la seguridad, Estado de Excepción y performatividad militar
por Mariano Del Pópolo
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales,
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe
mariano.delpopolo@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6439-7911
El artículo aborda la participación de las Fuerzas Armadas de Chile en la respuesta a desastres. Se toma como punto de partida el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, hasta el estallido social del año 2019 en ese país. A partir de la reposición de la perspectiva de los militares tanto a través de entrevistas como de documentos del Ejército de Chile, se propone la categoría de performatividad militar para comprender la creciente militarización de la respuesta a desastres en el país. A partir de estas fuentes, además, el artículo da cuenta de las transformaciones institucionales y doctrinarias ocurridas en las Fuerzas Armadas chilenas específicamente en materia de desastres, en donde se observa cómo se avanza en un enfoque centralmente represivo y centrado en garantizar el orden público.
Palabras clave: Fuerzas Armadas; Chile; desastres; performatividad; militares
The participation of the Chilean Armed Forces in disaster response.
Security threats, state of emergency and military performativity
Abstract
The article addresses the involvement of the Chilean Armed Forces in disaster response, taking the earthquake and tsunami of February 27 as a starting point and until the social outbreak in the country in 2019. By revisiting the military perspective through interviews and documents from the Chilean Army, the concept of military performativity is proposed to comprehend the increasing militarization of disaster response in the country. Drawing from these sources, the article also chronicles the institutional and doctrinal transformations within the Chilean Armed Forces, particularly in the context of disasters, highlighting a shift towards a predominantly repressive approach focused on maintaining public order.
Key words: Armed Forces; Chile; disasters; performativity; military
Recibido: 29 de enero de 2024
Aceptado: 10 de mayo de 2024
CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Del Pópolo, M. (2024). La participación de las Fuerzas Armadas de Chile en la respuesta a desastres. Amenazas a la seguridad, Estado de Excepción y performatividad militar. Etnografías Contemporáneas, 10 (19), 34-60.
Recientemente se ha llamado cada vez más la atención respecto a una creciente intervención e involucramiento de las Fuerzas Armadas de Chile en materia de seguridad interior. En junio de 2023, la Universidad de Chile publicó un documento titulado: “Las funciones de las Fuerzas Armadas en el orden público: La necesidad de limitar su participación para fortalecer a las policías”. En este documento se afirma que desde 2019 se intensificó el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público en Chile, e identifica como antecedentes políticas como el Plan Frontera Norte de 2011 o el Plan Frontera Norte Segura de 2018 (Abbot et al., 2023). Además, el documento retoma lo expresado por otros autores como Pion-Berlin (2016), Robledo (2022), Monsalve Egaña (2022), Verdes-Montenegro (2021) o Calderón (2020), respecto a un creciente proceso de militarización de la seguridad en Chile.1
Por un lado, los autores antes mencionados han enfocado sus estudios al proceso que comenzó en octubre de 2019 tras el estallido social que conmovió al país y luego a la declaración del estado de Excepción en todo el territorio con la pandemia. Sin embargo, es posible ubicar el proceso de creciente involucramiento de los militares en tareas represivas o de seguridad pública en el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, cuando por primera vez desde el fin de la dictadura se declaró en Chile el estado de Excepción Constitucional, en el que se nombró a un militar como Jefe de Defensa Nacional para las regiones afectadas y habilitó a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de las tareas vinculadas a la Seguridad y el orden público, y finalmente subordinó a las Fuerzas de Seguridad al mando del Jefe de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas.
En distintos trabajos, desarrollé la importancia de la participación de los militares en desastres en el período 2010-2019 (Del Pópolo, 2022; 2024) como principal antecedente al proceso de militarización de la seguridad que se abrió en Chile tras el estallido social de octubre de 2019. El indicador más claro de esto es que desde 1990 hasta el año 2009 el Estado de Excepción Constitucional por catástrofe no fue declarado en ninguna oportunidad, mientras que entre 2010 y septiembre de 2019 fue declarado en más de doce oportunidades.
El presente trabajo busca profundizar esta línea de investigación sobre el papel de los militares en desastres, y da cuenta de los cambios ocurridos en la doctrina militar y en la perspectiva de los integrantes de las Fuerzas Armadas sobre su rol tras los hechos ocurridos el 27 de febrero de 2010. En otras palabras, en este artículo se dará cuenta de la perspectiva de los militares chilenos sobre su rol y participación en situaciones de desastres, poniendo en evidencia cómo estos, pasaron a ser concebidos como una amenaza a la seguridad nacional o como situaciones que pudieran provocar amenazas a la seguridad.
A partir del trabajo de campo realizado en el Ejército de Chile, tanto a través de entrevistas a algunos de sus integrantes como del acceso a sus documentos oficiales, también se evidencia que la creciente participación de los militares en los desastres llevó a que determinados grupos sociales sean considerados como una amenaza a la seguridad, particularmente los ciudadanos de origen mapuche, por la presunta existencia de grupos radicales.
En primer lugar, en el artículo se reponen las características desarrolladas en el trabajo de campo y la perspectiva metodológica con la que se desarrolló el trabajo. Al respecto, se recupera la idea de Balbi (2012) sobre la perspectiva nativa como una construcción analítica y un instrumento heurístico desarrollado por quien realiza la investigación. En este sentido, y nuevamente a partir de Balbi (2012; 2020), estas categorías son integradas analíticamente con el marco teórico propio a través de lo que el autor denomina inversión de la teoría, confrontando las perspectivas nativas con la perspectiva teórica del autor.
Así, desde la perspectiva teórica de este artículo, se considera a los desastres como una construcción social producto de desigualdades materiales y opresiones existentes en la sociedad. Esta perspectiva pone en tensión la idea de “desastres naturales” como catástrofes originadas por la naturaleza, frecuentemente utilizada en este último sentido por los militares entrevistados. De esta manera, los desastres son abordados como categoría teórica desde un enfoque crítico, como se desarrolla en el próximo apartado, pero también como categoría nativa por los militares, en reiteradas oportunidades, bajo la idea de “desastres naturales”.
Luego, a través de entrevistas y fuentes documentales el artículo se propone recuperar la participación de los militares chilenos en el marco de la respuesta al terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, y pone en evidencia cómo su papel estuvo centrado principalmente en tareas de seguridad y represivas. El siguiente apartado recupera voces de militares tanto retirados como en actividad que dan su visión de cómo el llamado 27F implicó un punto de inflexión en la participación militar en desastres. Además, al complementarlo con fuentes documentales, se observan los cambios doctrinarios planteados sobre la participación de las Fuerzas Armadas en estas situaciones. Finalmente, el artículo recupera la participación de los militares en desastres durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014 - 2018), donde a través de fuentes documentales se expone cómo la gradual orientación en el despliegue militar en desastres con un rol represivo, también llamado de “garantizar el orden público”, conlleva a una creciente clasificación de determinados sujetos y grupos sociales como amenazas a la seguridad, situación que se expone con mayor claridad en la Araucanía con personas integrantes del pueblo mapuche.
Indudablemente, existen dificultades para la realización del trabajo de campo propio de la etnografía con los militares por las resistencias de estos a romper con la idea de la razón de Estado, que lleva a un secreto de parte de sus prácticas bajo el argumento de la seguridad nacional. Esto es reafirmado por autores como Frederic (2020) o Soprano (2015), quienes marcaron las dificultades con las que se encontraron a la hora de realizar trabajo de campo y entrevistas a militares incluso con el aval del Ministerio de Defensa.
Aun así, existen importantes investigaciones antropológicas y etnográficas con militares, entre las que se destacan las realizadas por Badaró (2013), Frederic (2008; 2016; 2020), Muzzopappa (2004) o Soprano (2013a; 2013b; 2015), entre otros. Algunas de ellas tienden a centrarse en aspectos de la cotidianeidad militar: su formación curricular o profesional, e incluso momentos como los ejercicios de adiestramiento (Soprano, 2015), situaciones que también son difíciles de acceder aunque por su carácter cotidiano, y en parte, gracias a los vínculos con funcionarios o bien por ser parte de la gestión del Ministerio de Defensa. Los autores antes mencionados, lograron sortear estas dificultades en el acceso y han logrado dar cuenta de las formas de comprender el mundo, la formación militar, entre otros elementos, desde el punto de vista de los militares en diálogo con los marcos teóricos e ideológicos de los investigadores (Frederic, 2020; Soprano, 2015). En el marco de los estudios antropológicos, también se han realizado importantes aportes a los estudios militares como la participación argentina en la misión de paz de la ONU en Haití (Frederic, 2017). Por otra parte, la criminalización del pueblo mapuche y las tendencias a la militarización y la securitización de la cuestión, ha sido objeto de importantes investigaciones que han dado cuenta de ello tanto en Argentina como en Chile (Muzzopappa y Ramos, 2017; Muzzopappa, 2022).
Sin embargo, las investigaciones sobre el rol de los militares en desastres poseen una complejidad adicional: investigar el accionar de las Fuerzas Armadas durante el desarrollo de una operación militar que, en la mayoría de los casos, se trata de una emergencia con poco tiempo de planificación, dificulta aún más la posibilidad de observar el rol de los militares en el terreno de operaciones. Aunque existan planes de emergencia para el accionar militar en desastres que prevén ciertas dinámicas del accionar de los uniformados en estos contextos, la especificidad de esas coyunturas implica un grado de planificación, alistamiento y preparación que es, de alguna manera, “excepcional” y se ajusta a las particularidades del desastre. Por otra parte, durante la investigación, fue posible observar que para el caso de los militares chilenos, su accionar en el terreno durante estas operaciones implicaba un mayor grado de confidencialidad, alegando que la divulgación total o parcial de la información de esas operaciones podría ser perjudicial para sus intereses.
Asimismo, una dificultad adicional para la realización del trabajo de campo con militares es, indudablemente, la distancia. Parte de la investigación fue realizada desde Argentina, lo que impedía un trato cotidiano y personal de carácter presencial con los sujetos. La pandemia por COVID-19 se impuso como una restricción fundamental en ese sentido, lo que impidió el desplazamiento hacia otros países. Sin embargo, y dadas también las nuevas lógicas que impuso la pandemia, se logró establecer un vínculo fluido con militares chilenos por distintas vías, como mail, whatsapp, y conversaciones y entrevistas abiertas y no estructuradas por la plataforma Zoom, lo que durante un tiempo permitió “reemplazar” parcialmente el trabajo de campo en el terreno y, además, facilitar el vínculo para el momento en el que la investigación pudo hacerse de forma presencial en Chile.
En este sentido, durante la realización del trabajo de campo en Chile, al ser un investigador argentino que realizaba una estancia temporal en el país, implicó también ciertas dificultades propias de lo que Muzzopappa y Villalta (2011) llaman las burocracias del Estado. Mientras que la realización de entrevistas abiertas con los militares con los que ya se tenía vínculo, pero de forma presencial y en los espacios institucionales se realizó sin inconvenientes, algo que incluso permitió “abrir el campo” y contactar a otros militares y funcionarios vinculados a la gestión de desastres (algunos de ellos también militares retirados), las respuestas institucionales ante los requerimientos para realizar visitas, entrevistas o trabajo de archivo en los espacios pertenecientes a las Fuerzas Armadas se vio atravesado por las mencionadas dificultades. Particularmente, el Ejército de Chile fue la institución que puso las mayores trabas para la realización de trabajo de archivo y visitas en la institución. Mientras tanto, los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa, los militares retirados de la Organización Nacional de Manejo de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) o los militares en actividad en otras instituciones militares como la Armada o la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos se mostraron con mayor predisposición para brindar las autorizaciones correspondientes para visitar el archivo y realizar entrevistas. Esto mismo se observó en los pedidos de acceso a la información pública de documentos elaborados por la División Doctrina del Ejército sobre la participación militar en desastres, donde el Ejército de Chile en virtud de la normativa vigente hizo entrega de los documentos requeridos, pero censurando parte de su contenido alegando que este debía mantenerse clasificado en pos de la seguridad nacional y para evitar que sea aprovechado por el “adversario”.2
En este sentido, el presente artículo se basa en el trabajo de campo realizado fundamentalmente a través de documentos y entrevistas. En relación con el trabajo documental, se enmarca en lo planteado por Muzzopappa respecto al abordaje con documentos en etnografías, entendiendo que este no implica reproducir meramente el sentido que los nativos o productores otorgaron a esa producción, sino que a partir de “ recoger los procedimientos, significados y efectos de este procedimiento para los nativos, el análisis deberá realizarse en función y en confrontación con las categorías analíticas de la investigación” (Muzzopappa, 2022, p. 93).
Por otra parte, las entrevistas a militares retirados y en actividad del Ejército de Chile supuso una fuente indispensable para reconstruir la subjetividad de los actores respecto a su participación en el marco de los desastres. Desde la perspectiva de Guber (2019) la entrevista cabe en el método etnográfico por su carácter performativo, en tanto se entiende a la entrevista como una relación social a través de la cual “se obtienen enunciados y verbalizaciones [...] de manera que los datos que provee el entrevistado son la realidad que este construye con el entrevistado en el encuentro” (Guber, 2019, p. 31). Así, a través de ambas técnicas de recolección de datos e información fue posible integrar analíticamente las perspectivas nativas con el marco teórico propio.
En un texto ampliamente difundido en los estudios sobre desastres como parte de las ciencias sociales, Oliver-Smith (2002) propone comprender a los desastres como hechos que existen tanto en el mundo material como simbólico, probablemente, en un espacio híbrido entre ambos. En este sentido, el autor señala que los desastres son construcciones sociales, y que además, tienen consecuencias diferenciales en distintos grupos sociales. Los desastres se revelan en el vínculo y la imbricación entre fuerzas y agentes de la naturaleza, estructuras de poder y determinaciones sociales, así como valores culturales y visiones del mundo (Oliver-Smith, 2002).
Por otra parte, Oliver-Smith (2002) señala que existe abundante evidencia de que muchas catástrofes atribuidas a la naturaleza han sido generadas por la acción humana, colectiva y acumulada. La depredación de las condiciones ambientales y la crisis climática tienen consecuencias que suelen ser caracterizadas como desastres o catástrofes, a la vez que han sido causadas combinadamente por eventos naturales como por la práctica social y material humana. Así, la lógica de la acumulación del capital y de la creación del valor ha tenido consecuencias ambientales que recaen mucho más sobre quienes ocupan un lugar subalterno en la lógica de producción del valor y de acumulación del capital.
Autores como Gaillard (2021), Marchezini (2014) y Von Meding y Chmutina (2023), buscan constituir un enfoque crítico que supere los límites del binarismo naturaleza/amenaza-cultura/vulnerabilidad al señalar que es en este contexto que los discursos occidentales sobre estudios de desastres y políticas y acciones asociadas para reducir el riesgo de desastres se han extendido por todo el mundo como las únicas opciones disponibles para abordar los desastres (Gaillard, 2021; Chmutina et al., 2021; Marchezini, 2014).
Un claro ejemplo de esto es el denominado ciclo de gestión del riesgo de desastres, idea promovida tanto por académicos como por la Organización de las Naciones Unidas en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que plantea las etapas por las que se atraviesa en un desastre: preparación, mitigación, respuesta y reconstrucción. Autores como Bosher et al. (2021), señalan que el ciclo de gestión del riesgo de desastres es parte del enfoque hegemónico occidental y que tiende a una perspectiva simplista y cíclica de la cuestión, que termina inevitablemente en la ocurrencia de un nuevo desastre, enfatizando mucho más en la respuesta (Frenkel, 2019) y en la etapa de reconstrucción tras ocurrido el desastre (Gould et al., 2016) que en las desigualdades que los producen. En este sentido, en el presente trabajo la idea de una etapa de reconstrucción tras el terremoto del 27F es utilizada de manera recurrente por los militares para referirse al período en el que los militares fueron desplegados tras haber finalizado el Estado de excepción con el fin de construir o reconstruir viviendas destruidas. Como se verá más adelante, es posible advertir que la categoría de “reconstrucción” es utilizada por los militares entrevistados con una clara coincidencia con la perspectiva teórica hegemónica y occidental sobre los desastres.
En el marco de los estudios críticos sobre desastres, los análisis sobre la participación militar en desastres no han proliferado. Sin embargo, es posible destacar algunos aportes al respecto. Chmutina et al., (2022) señalan cómo la categoría de vulnerabilidad ha devenido central en los análisis sobre desastres, particularmente desde la perspectiva constructivista. Al respecto, señalan cómo este enfoque y especialmente la categoría de vulnerabilidad tiende a una revictimización de quienes sufren los desastres y a una reproducción de los mecanismos y relaciones sociales y económicas que configuran desigualdades y estructuran esa vulnerabilidad. Particularmente en los desastres, las víctimas de los mismos pueden convertirse rápidamente en sujetos amenazantes a partir de situaciones como las fugas en las cárceles, que suelen darse en los desastres puesto que los edificios penitenciarios no cuentan con la infraestructura para alojar personas en el marco de estos desastres, o en los saqueos de alimentos producto de la falta de abastecimiento. Asimismo, señalan que el Estado también convierte a los grupos vulnerables en una amenaza a través de leyes y regulaciones que criminalizan su existencia misma (Chmutina et al., 2022). Desde la perspectiva de Gaillard (2021), controlar las fuerzas de la naturaleza para proteger a las personas y permitirles cumplir su deseo de libertad ha sido el núcleo del proyecto de la modernidad. En este sentido, los desastres y la llamada reducción del riesgo de desastres ofrecen una oportunidad para que los Estados afirmen su poder sobre su territorio y su población y, por ende, su soberanía.
Además, para Gaillard (2021) esto respalda lo que Foucault (2004) llamó la práctica teatral de la política o la puesta en escena a plena luz del día de la razón de Estado. Controlar los cuerpos y los comportamientos de las personas ha sido un foco central de la agenda de reducción del riesgo de desastres. Al hacer frente a los desastres, se espera que las personas se comporten normativamente y adopten medidas estandarizadas guiadas por las recomendaciones de la ciencia y los acuerdos internacionales, independientemente del contexto local y sus valores culturales (Gaillard, 2021). Así, la reducción del riesgo de desastres busca un “comportamiento de cumplimiento” (Perry, 1994 en Gaillard, 2021). En este sentido, las políticas desplegadas en el marco de los desastres implica que determinados comportamientos sean considerados apropiados y otros inapropiados.
En este sentido, la participación de los militares es concebida como parte de las estrategias de la llamada reducción de riesgos de desastres del mundo occidental y capitalista. Los militares, por ejemplo, ocupan un rol fundamental tanto en la declaración de estados de excepción en el marco de la “etapa de respuesta” a los desastres como en la ayuda humanitaria que se garantiza a la población durante estos contextos. Gaillard (2021) señala que las agencias encargadas de gestionar las políticas de desastres, sostienen una estructura que muchas veces son herencia de las jerarquías militares y que se plantean una dinámica de “guerra” contra los desastres.
Durante los estados de excepción, además, se ejerce un estricto control de actividades penadas por la ley, como los saqueos o el robo. Se trata de, en término de Foucault (2004), una raison d’Etat o razón de Estado, entendido como aquello que es necesario y suficiente para que el Estado conserve su integridad. La convocatoria de las Fuerzas Armadas como elemento de última instancia en las situaciones de desastres, ya sea para tareas logísticas o “humanitarias” (como repartir alimentos) tanto como para garantizar el orden social puede comprenderse en este marco. En otras palabras, lo militar como excepcional en una situación de desastre implica apelar a una razón de Estado, a un interés superior para preservar el orden o la vida. En efecto, como señala Foucault (2004), el instrumento militar es considerado la institución más elaborada y avanzada para el control y la regulación, ya sea como demostración de fuerza ante otro Estado (en una guerra) o hacia dentro del Estado.
Relacionado con la idea de la práctica teatral de la política en los desastres que legitima una razón de Estado para invocar a la participación excepcional de los militares, podemos retomar la idea de performatividad de Butler (2007). La autora señala, para referirse al género, que la identidad se construye a través de actos, gestos y prácticas que son performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos. Lo mismo podría afirmarse del conjunto de actos, gestos y prácticas que convierten a un individuo en militar y lo legitiman como tal ante el conjunto de la sociedad en representación de la llamada violencia legítima del Estado. A ese conjunto que implican, por ejemplo, formas de vestimentas o la portación de determinadas armas (o no, depende del contexto) y que hacen de una persona un militar, podemos llamarle como performatividad militar,3 cuyo acto performativo entendemos que busca instaurar una relación jerárquica y con capacidad disciplinadora en nombre del Estado en relación con el resto de ciudadanos.
La performatividad militar implica ese conjunto de discursos y prácticas que hacen a una persona un militar, y por tanto, una autoridad asociada a la violencia ejercida por el Estado en situaciones excepcionales como en desastres, y que es convocado en distintas ocasiones, tales como en los estados de excepción, para garantizar un estricto control social de la población. Es decir, la performatividad militar implica una teatralidad que hace de una persona o de un grupo de personas un militar, y con ello, deviene y se asocia la idea de la violencia que aplica el Estado “legítimamente”, como razón de Estado. Incluso en situaciones en que los militares son desplegados sin armas y en funciones que no impliquen misiones militares, como puede ocurrir en las situaciones de desastres, la performatividad de lo militar es fundamentalmente la razón de Estado, la violencia que aplica legítimamente el Estado en última instancia. Así, la noción de performatividad militar permite comprender cómo determinadas acciones o misiones que le son asignadas a los militares, aunque no implican tareas militares de combate o de seguridad, establecen jerarquías y poseen un carácter de autoridad y control. Sin embargo, a diferencia de otras autoridades estatales, e incluso en las situaciones de desastres, los militares representan una autoridad superior del Estado. Puede decirse, en este sentido, que los militares representan la última instancia de la razón de Estado, puesto que son convocados en situaciones excepcionales, ya sea porque las demás capacidades del Estado se ven desbordadas o porque se requiere utilizar la violencia de forma excepcional.
En este sentido, la categoría de performatividad militar también busca retomar debates sobre la limitación explicativa de la idea de “militarización de la seguridad” para explicar la creciente participación militar en determinados contextos, tales como desastres, o como lo señala Frederic (2020), en el caso de la participación de los militares argentinos en el apoyo a las fuerzas federales de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. El despliegue militar en regiones que son consideradas como amenazantes, tal como ejemplifica la autora respecto a la frontera norte de Argentina durante el gobierno de Macri (2015-2019), puede ser comprendida como una reafirmación de soberanía a la vez que se implementa una estrategia de administrar poblaciones que:
se puede entender por la emergencia de una concepción de los altos mandos del Ejército sobre el ejercicio de soberanía, forjada en su experiencia durante la operación de paz en Haití, y reconocida por las autoridades civiles del gobierno de centro-derecha. Justamente, el Operativo Integración Norte (OIN), lanzado en 2018, último diseño en este proceso, expresa esa búsqueda. Por consiguiente, clasificar estos despliegues como militarización de la seguridad no deja traslucir cómo las Fuerzas Armadas son puestas en escena también para rectificar una soberanía que se declara amenazada o debilitada. (Frederic, 2020b, p. 25)
En otro fragmento, y en sintonía con la idea de performatividad militar como dinámica de control, respecto al despliegue militar en la frontera norte de Argentina, la autora afirma “que fue diseñado por un grupo de generales del Ejército argentino para dar presencia al Estado, un modo de ejercer soberanía dando seguridad, sin repetir ni copiar experiencias domésticas o trasnacionales trágicas y fallidas” (Frederic, 2020, p. 33). La idea de ejercer soberanía dando seguridad, expresa con claridad la forma en la que la presencia militar adquiere un carácter performativo, que sin necesariamente asumir tareas de carácter policial o de seguridad, constituyen relaciones de jerarquía y autoridad.
El 27 de febrero de 2010, en la zona centro del país, y con un epicentro a la altura de Cobquecura en la región de Ñuble, ocurrió un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que es caracterizado como el segundo mayor terremoto en la historia del país, luego del de Valdivia de 1960. Como consecuencia del terremoto y el posterior tsunami que produjo, 521 personas murieron, 56 desaparecieron, y solo en las zonas de Valparaíso y Araucanía 370.000 viviendas fueron dañadas o destruidas.
36 horas después de ocurrido el terremoto, la presidenta Michelle Bachelet declaró el Estado de Excepción Constitucional por catástrofe para las regiones de Biobío y el Maule y luego para la región de O’Higgins. Esa fue la primera vez desde 1990 (cuando se dio por finalizada la dictadura de Augusto Pinochet) que en Chile se declaró el Estado de Excepción. Mientras que entre 1990 y 2010 este solo fue declarado tras el 27F, en el decenio siguiente (2010-2019, excluyendo la pandemia por COVID-19), el Estado de Excepción por catástrofe se declaró en 12 oportunidades.
En particular, la declaración del Estado de Excepción al día siguiente del terremoto del 27 de febrero, de acuerdo a Gould et al. (2016), estuvo estrechamente vinculada a la dinámica política de Chile y al cambio de gobierno que ocurriría en los días siguientes, en tanto Sebastián Piñera, presidente electo por primera vez por una alianza de derecha desde 1990, había manifestado públicamente la necesidad de decretar el Estado de Excepción. Tras la experiencia del 27F tanto desde las autoridades gubernamentales como desde las Fuerzas Armadas se construyó un relato vinculado a una mayor ocurrencia de desastres en el decenio siguiente al 2010: “Como nunca antes en nuestra historia, en la década 2010 – 2020 nuestro país sufrió grandes catástrofes con enormes pérdidas humanas y materiales” (Ejército de Chile, 2020a, p. 19).En el caso del terremoto de 2010, el Ejército de Chile desplegó una importante movilización. De acuerdo con la información oficial publicada por el Ejército, a las dos horas de ocurrido el sismo, ya se habían desplegado 5.500 efectivos y a las 72 horas el número de militares en terreno alcanzó los 14.000 con el fin de garantizar “orden y seguridad, mediante patrullajes diurnos y nocturnos, escoltas de convoy, búsqueda y rescate de personas, entrega de ayuda humanitaria y atención médica en hospitales de campaña” (Ejército de Chile, 2020b, p. Posteriormente, el Ejército también se vio involucrado con 11.000 efectivos militares que conformaron la Fuerza de Apoyo Humanitario (FAH), aportando en la construcción y reparación de viviendas.
Los mismos militares asumieron el discurso de que ante una situación de caos social e incertidumbre, las Fuerzas Armadas tomaron un rol protagónico en la respuesta al desastre que permitió “normalizar” la situación. De acuerdo a la revista del Ejército de Chile, Armas & Servicios, tras ocurrido el terremoto en las primeras horas se vivieron “Daños en viviendas, cortes de suministros básicos, rutas y carreteras colapsadas, desabastecimiento y una ola de saqueos [...], hechos que desencadenaron que el 28 de febrero del 2010 el gobierno, encabezado por la Presidenta, decretara Estado de Excepción Constitucional” (Ejército de Chile, 2020a, p. 5). Por su parte, el Mayor Paulo Torres, Comandante del Regimiento N° 6 de Chacabuco, afirmó que tras ocurrido el terremoto la situación en la ciudad de Concepción era de caos e incertidumbre: “Había un caos completo. Había gente que intentaba tomar vehículos a la fuerza, yo lo vi, no me lo contó nadie. Mucha gente desesperada” (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 8). En este sentido, para Torres el rol fundamental que cumplieron las Fuerzas Armadas en la respuesta al desastre fue “tomar las armas para garantizar el orden público interior” e “instaurar el Estado de derecho y devolver la tranquilidad a la ciudadanía” (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 16).
En relación con la cuestión del orden público, el diario La Tercera titulaba en su editorial del día 2 de marzo: “El gobierno debe garantizar el orden público sin dilaciones”, afirmando que “Los graves hechos de violencia, saqueos y pillajes ocurridos en las últimas horas en Concepción y en Santiago han puesto de manifiesto una debilidad y tardanza incomprensibles en las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar el orden público” (La Tercera, 2010a, p. 3), y tres páginas después el mismo diario titulaba que “El desborde del orden público agravaba la pesadilla de las víctimas de la tragedia en Biobío” (La Tercera, 2010a, p. 6).
Respecto al rol de los militares, el mismo diario titulaba en la página ocho que las “FF.AA. envían más tropas para controlar saqueos y vandalismos” (La Tercera, 2010b, p. 8). Al día siguiente, el diario titulaba “Saqueos finalizan y se inicia entrega de ayuda”, asegurando que “El despliegue de millares de efectivos de las FF.AA. en Concepción y en las zonas aledañas permitió poner fin a los desmanes que marcaron la jornada del lunes” (La Tercera, 2010b, p. 1).
Tanto desde las Fuerzas Armadas como desde los medios de comunicación se reforzó la idea de una respuesta tardía en el gobierno, en particular a la hora de garantizar el orden público, y fundamentalmente le adjudicaron la responsabilidad a la administración de Bachelet por los errores en la respuesta al desastre. Sin embargo, aunque el Estado de Excepción se declaró 36 horas después del terremoto y tras las presiones públicas del entonces presidente electo Sebastián Piñera, a través de esta investigación se pudo corroborar que las Fuerzas Armadas comenzaron a realizar tareas de seguridad interior y de control del orden público previo a la declaración del mismo. En la entrevista al Mayor Paulo Torres, él señala que en la tarde del 27 de Febrero se hizo presente en su unidad y sus autoridades militares le ordenaron ir a equiparse para patrullar las calles y realizar “reconocimientos”: “Ya bajo esa premisa se realizaron reconocimientos y para los reconocimientos empezaron a salir oficiales y acompañados de suboficiales. Conscriptos no llevábamos” (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 10). En particular, señala que los militares recibían la orden de sus superiores de hacerse presentes en las zonas de los supermercados o donde llegaba información de saqueos:
me tocó reconocer el sector de Chiguayante, lo que era la Avenida Pedro de Valdivia, un supermercado que estaba recién saqueado. Y claro, nosotros llegamos y éramos dos suboficiales y un capitán, que era yo. La gente se dispersó de inmediato, arrancó con lo que estaban saqueando el supermercado. Nosotros en ese momento no teníamos ninguna atribución, no había ninguna institucionalidad que nos respaldara como en Estado de Excepción Constitucional declarado. (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 10)
Al consultarle qué implicaba realizar un “reconocimiento”, Torres respondió que “reconocimiento era ir a ver básicamente en que condiciones estaban los lugares que se nos había informado rápidamente que estaban siendo saqueados” (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 10). Luego de realizar el reconocimiento y tras dispersarse la gente, Torres señaló que se activó un puesto de comando en su regimiento, para realizar tareas de inteligencia sobre cómo respondía la población civil, y en particular, en situaciones de conflictividad: “esa situación de inteligencia nos indicaba qué lugar teníamos que ir a hacer los reconocimientos, los avistamientos de cómo estaba el panorama social. Más que nada la respuesta social, de las personas ante el evento” (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 11).
El hecho de que los militares se hicieran presentes en estas zonas, implicaba asumir tareas que no les correspondían por ley, en tanto no aún no se había declarado el Estado de Excepción. En la descripción del accionar del Mayor Paulo Torres, se evidencia también el efecto de lo que antes denominamos como la performatividad militar que busca garantizar el orden y el disciplinamiento social a través de la presencia de los uniformados en el terreno, al señalar que “nosotros llegamos y éramos dos suboficiales y un capitán, que era yo. La gente se dispersó de inmediato, arrancó con lo que estaban saqueando el supermercado” (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 10). Es decir, intencionalmente los militares se dirigieron a una zona donde ocurrían saqueos, a pesar de saber que “no había institucionalidad que los respaldara”, con el objetivo deliberado de disciplinar a la población a través de su presencia. Así, en las primeras horas del desastre, la performatividad militar, aunque ilegal, se demostraba eficaz para garantizar el objetivo disciplinario que se proponía.
Tras el 27F, el despliegue militar continuó incluso tras el fin del Estado de Excepción, que duró treinta días: “Luego vendría la reconstrucción. En esta tarea, más de 11 mil efectivos militares conformaron la Fuerza de Apoyo Humanitario (FAH) [...] quienes comenzaron sus labores el 1° de abril del 2010, desplegándose por seis meses en 117 comunas” (Ejército de Chile, 2020a, p. 5). Para el Mayor Paulo Torres, el apoyo a la comunidad se dió fundamentalmente treinta días después de ocurrido el terremoto, cuando ya no había Estado de Excepción Constitucional y la tarea de las Fuerzas Armadas dejó de ser garantizar el orden público:
El apoyo en sí, viene ex post a los 30 días que te comentaba recién y de ahí viene fuerte. Con este tema de la reconstrucción del país y obviamente nuestro espacio temporal, vendría siendo la reconstrucción de Concepción digamos y sus comunas alrededores. (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 17)
Es decir, finalizado el Estado de Excepción, la presencia militar continuó. Si bien los militares ya no realizaban tareas de seguridad interior, seguían teniendo presencia en las calles y comunidades. Torres problematiza el “pasaje” de una tarea a otra: eran los mismos militares que hasta una fecha se encontraban desplegados para garantizar el orden público y a partir del día siguiente, estaban abocados a la “reconstrucción”:
porque pasar de poner el orden público a la reconstrucción es un tremendo tema. No es un tema menor. Nuestra esencia es ser sumamente militares, estamos preparados para todas estas situaciones, nos formamos para la guerra, etc, etc. Pero distinto era empezar la reconstrucción. (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 17)
Si bien durante la denominada “etapa de reconstrucción” las tareas de los militares eran claras y estaban específicamente dedicados a reconstruir hogares e infraestructura destruída por el terremoto, cabe preguntarse si en términos simbólicos la continuidad de la presencia militar no implicaba también una dinámica de militarizar la vida cotidiana de las personas o específicamente la continuidad de un orden militarizado con el objetivo de administrar a las poblaciones que previamente habían sido considerado como conflictivas.Después de haber cumplido durante treinta días tareas de seguridad y “manteniendo el orden público”, aunque no se encontraban con armas y patrullando, la presencia militar podía tener un carácter performativo en garantizar un orden o un disciplinamiento a través de su presencia en la etapa de reconstrucción. En un sentido similar, Torres señala: “Entonces agotamos todos los medios por tratar de apoyar y dejar a la gente, darle una tranquilidad por último a tener un techo donde poder dormir a la noche” (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 20). En este sentido, la reconstrucción de casas podría haberse garantizado a través de personal con formación específica en esa tarea. Sin embargo, la presencia de los militares a la que refiere Torres puede comprenderse en un doble sentido de la reconstrucción del hogar y de la performatividad militar que con su presencia garantiza “seguridad” y disciplinamiento.
Esto adquiere más sentido si se tiene en cuenta que a los militares se les asignó tareas para las cuales no tenían la formación ni el conocimiento y se les hizo una capacitación específica para ello. Así lo admite Torres:
Mi misión era construir media agua, casas básicas y, al principio, no sabíamos nada, pero para ello tuvimos una orientación técnica. Se hizo una academia con gente de la especialización de acá del regimiento que pertenece a la sección de mantenimiento y nos dijeron, nos orientaron a como colocar el piso, nivelar el piso, las paredes, los forros, las ventas, el techo, etc. (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 20)
Así, el despliegue militar en el terreno realizando estas tareas de “reconstrucción” a la vez que permitía sostener la presencia militar en las calles para garantizar el orden público, también podía generar un efecto positivo en la perspectiva de la población civil respecto a las Fuerzas Armadas. En este sentido, el 10 de marzo el diario La Tercera publicó en su titular que una “Encuesta del gobierno revela fuerte recuperación en la valoración de las FF.AA” (La Tercera, 2010c, p.1). Es decir, el despliegue militar también validaba a la institución misma en un contexto de crítica a la administración saliente.
En el comienzo del gobierno de Piñera se sostuvo un Estado de Excepción en las regiones afectadas que duró hasta fines del mes de marzo, lo que marcó una continuidad con la decisión adoptada por la administración anterior.
En este sentido, entre los entrevistados militares existe un consenso respecto al punto de inflexión que el 27F significó y comenzó a jerarquizar la cuestión en el ámbito de la Defensa y las Fuerzas Armadas. Para el Coronel Marcelo Montesinos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), el 2010 fue un golpe político que llevó a avanzar en la gobernanza de los desastres (M. Montesinos, entrevista, Santiago de Chile, 28 de marzo de 2022). En un mismo sentido, el militar retirado Guillermo Del Castillo expresaba: “Obviamente el terremoto y tsunami de 2010 marca un punto de inflexión ahí. Yo creo que después de ello se produjo un remezón en la sociedad chilena en que había que tomar decisiones. Las autoridades de gobierno, la comunidad en general, la sociedad se empezó a interesar.” (G. Del Castillo, entrevista, Santiago de Chile, 21 de marzo de 2022, p. 12). Para Bernardo Castro, “el terremoto de febrero de 2010 marca un punto de inflexión. Y eso tiene determinadas consecuencias institucionales” (B. Castro, entrevista, Santiago de Chile, 22 de marzo de 2022, p. 3).
Asimismo, los militares entrevistados planteaban una situación excepcional que caracteriza a Chile y a su relación con los desastres, lo que justificaba una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en la cuestión. Buena parte de los militares entrevistados para este trabajo comprenden a los desastres como fenómenos con un origen en la naturaleza, y luego, como una amenaza. Así, el militar retirado y ex asesor del Ministerio de Defensa Nacional de Chile y de la Oficina Nacional de Emergencias de Chile (ONEMI), Bernardo Castro, caracteriza a Chile como “un país de catástrofes. Es un país altamente vulnerable a múltiples amenazas” (B. Castro, entrevista, Santiago de Chile, 2 de junio de 2021, p. 8), en referencia a los desastres que pueden afectar al país. Por su parte, el Coronel Marcelo Montesinos del Estado Mayor Conjunto de Chile considera a Chile como un país “multiamenaza”, azotado por el “flagelo” de los desastres, incluyendo al calentamiento global, que produce que Chile sea un país devastado por fenómenos como sequías, incendios, tsunamis, aluviones. Esto lleva a considerar a Chile como un “país laboratorio” por todos los desastres que se producen (M. Montesinos, entrevista, Santiago de Chile, 28 de marzo de 2022).
Como consecuencia de los hechos ocurridos a partir del 27F, los militares entrevistados consideraban que los militares debían involucrarse de forma creciente en la cuestión, y esto era justificado a través de la normativa vigente y particularmente de la Constitución Nacional de 1980. Durante la entrevista al Coronel Marcelo Montesinos, señaló que la participación de las Fuerzas Armadas en desastres se encontraba justificada por el Artículo 1° de la Constitución que plantea la obligación del Estado de resguardar la seguridad nacional, así como dar protección a la población y a la familia. En la entrevista, Montesinos señaló que aunque la Constitución se encontraba en proceso de reformas, desde su perspectiva este artículo debía continuar, y que desde su interpretación, es obligación de las Fuerzas Armadas hacerlo cumplir mientras esté vigente, incluyendo en situaciones de desastres. En un sentido similar, el militar retirado y ex asesor del Ministerio de Defensa Nacional de Chile, Bernardo Castro, afirmaba:
lo primero que dice en el Artículo 1 de la actual Constitución de la República en su Inciso tercero, señala que es un deber del Estado el dar protección a la persona, a sus bienes, al patrimonio. Esa es la base constitucional de donde está la reducción de la gestión del riesgo en Chile. (B. Castro, entrevista, Santiago de Chile, 28 de marzo de 2022, p. 12)
Así, integrantes de las Fuerzas Armadas planteaban no solo desde su visión personal y particular, sino también en representación del Estado Mayor Conjunto como el caso del Coronel Marcelo Montesinos, una justificación de la participación de los militares en los desastres a partir de la idea de seguridad nacional y de garantizar su resguardo. Por tanto, los desastres eran concebidos como una situación que podría poner en riesgo la seguridad nacional, a la vez que tras la experiencia de 2010 se planteaba la necesidad de que los militares ocupen un rol preponderante en estas situaciones.
En este marco, se produjeron cambios en la formación de los militares chilenos orientados a formarlos en la participación en desastres. Del Castillo señala que “previo a 2010 no se incorporaba la gestión del riesgo de desastres en la educación militar” (G. Del Castillo, entrevista, Santiago de Chile, 8 de julio de 2021, p. 9); además, destaca que a partir del 2010 comenzaron a realizarse documentos de lecciones aprendidas por parte del Ejército: “Yo nuevamente hago hincapié en ello, que tiene que ver más que nada con la formación militar. Nosotros llamamos lecciones aprendidas al conjunto de experiencias que se levantan durante una situación determinada” (G. Del Castillo, entrevista, Santiago de Chile, 8 de julio de 2021, p. 16). Por su parte, el Mayor Paulo Torres quien realizó la formación militar básica a fines de la década de 1990 señala que en su instrucción no había “absolutamente nada, nada de la formación de riesgo de desastre” (P. Torres, entrevista, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2022, p. 10). En cambio, en la entrevista realizada a Gustavo Ávila quien ingresó al Ejército en 2014 en el arma de infantería y se retiró voluntariamente en 2020, señala que quienes se habían formado previo a 2010 “teóricamente no lo tenían tan conceptualizado” (G. Ávila, entrevista, Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2022, p. 22). En cambio, señala que en su experiencia en la formación en la escuela militar desde el primer año “siempre había como un apartado que era operaciones distintas a la guerra” (G. Ávila, entrevista, Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2022, p. 22), a lo que añade que: “En todo mi proceso de formación siempre existía esto de hablar de las RUF, de hablar de operaciones distinta a la guerra, de operaciones de paz, de cómo nosotros nos desplegamos en ayuda a la comunidad” (G. Ávila, entrevista, Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2022, p. 22).
Respecto a los contenidos específicos que veían en el marco de las operaciones militares distintas a la guerra, señala que era material muy amplio que iba desde los distintos “fenómenos naturales” que se podían producir en Chile hasta tácticas de “control de muchedumbre”: “Yo me acuerdo de un ejercicio, por ejemplo en el que un grupo de mis amigos, de mis compañeros eran manifestantes y nosotros eran militares e hicimos el ejercicio a ver cómo correctamente se hace esto” (G. Ávila, entrevista, Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2022, p. 22). Así, la formación de los militares en operaciones militares distintas a la guerra tenía un sentido no solamente de pensar la gestión de los desastres sino fundamentalmente el control social y cómo garantizar el “orden público”.
En este sentido, en el año 2011, la División Doctrina del Ejército publicó el Manual “Operaciones Militares Distintas a la Guerra en Territorio Nacional” donde se destaca que Chile ha sufrido a lo largo de su historia una serie de acontecimientos que han marcado un antes y un después sobre lo que debe ser la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos ligados a la ayuda “en situaciones de emergencia, catástrofes y/o desastres naturales” (Ejército de Chile, 2011, p. 11). En el caso de Chile, según el documento, esto se expresa a través de las Operaciones Militares Distintas a la Guerra, dentro de las cuales se identifican tres operaciones: las de ayuda humanitaria; las operaciones de búsqueda y rescate; y las de apoyo militar a autoridades civiles.
Como este documento evidencia, tras el 27F, se avanzó en un desarrollo doctrinario sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la respuesta a desastres, con una perspectiva fuertemente centrada en las tareas de seguridad en casos de Estados de Excepción. Esto sería ratificado en el Plan de Emergencia y Protección del Ministerio de Defensa Nacional del año 2012, en el cual se elaboraron por primera vez Reglas del Uso de la Fuerza (RUFs) específicas para situaciones de desastres. El documento ratifica la idea de que Chile es un país que por su posición geográfica “se encuentra expuesto a casi todos los tipos de amenazas de origen natural que podrían generar situaciones de emergencia y catástrofes” (Ministerio de Defensa Nacional, 2012, p. 2). Esto refuerza la idea de la naturaleza como amenaza a la seguridad y como un factor ajeno y separado de la producción y reproducción del orden social y económico.
Michelle Bachelet asumió su segundo mandato como presidenta de la República de Chile el 11 de marzo de 2014. Veinte días después, en la noche del 1° de abril de 2014, se produjo un terremoto en la región norteña de Iquique, con epicentro en la ciudad de Tarapacá, y pocas horas después del terremoto ocurrió un tsunami. Tras estos eventos, el 2 de abril, la Presidenta Bachelet declaró el Estado de Excepción Constitucional por catástrofe para las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota. Diez días después comenzó un gran incendio en la zona de bosques de Valparaíso, lo que llevó a la declaración del Estado de Excepción en esa región. En los cuatro años de su segundo mandato, Bachelet declaró el Estado de Excepción por catástrofes en nueve oportunidades.
En los decretos de Estado de Excepción de Tarapacá y Arica y Parinacota, se hacía referencia a la necesidad de tomar medidas extraordinarias para proteger a las personas y los bienes, sean públicos o privados. Por su parte, el Decreto 946 que declaraba el Estado de Excepción en Valparaíso afirmaba que era necesario “atender la seguridad pública en las zonas afectadas, pues se ha dispuesto la evacuación de numerosas viviendas que han quedado sin resguardo” (Decreto 946, 2014, p. 1). Más adelante, el Ejército destacó su despliegue en el caso del terremoto mencionado en su revista Armas & Servicios de 2020 a modo de balance:
Luego de este sismo, el personal del Ejército colaboró en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá cumpliendo misiones de seguridad, traslado de personas a albergues y colaboración con los centros de acopio. Para ello se desplegaron 2.352 efectivos provenientes de Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago y Valdivia, mediante el empleo de 46 vehículos de apoyo. (Ejército de Chile, 2020b, p. 17)
Respecto al terremoto de Iquique, el diario La Tercera cubrió en su edición del día 2 de abril, el despliegue de las Fuerzas Armadas en Iquique, en donde citaba al Ministro del Interior, quien afirmó que se había producido una fuga masiva de más de 300 internas de la cárcel de Iquique, con lo cual las Fuerzas Armadas y Carabineros garantizarían la seguridad de la zona (La Tercera, 2014a). Al día siguiente, el Ministro de Defensa afirmó en el diario La Tercera que tenían unidades militares desplegadas en toda la zona. A diferencia de lo ocurrido en 2010, el diario La Tercera valoraba positivamente la respuesta del gobierno, y hacía referencia al Ministro del Interior en su quinta página: “Peñailillo supera con éxito su primera gran emergencia” (La Tercera, 2014b, p. 5).
Tras el terremoto y tsunami de Iquique, la división Doctrina del Ejército de Chile elaboró un documento de lecciones aprendidas. Respecto a las acciones implementadas por las Fuerzas Armadas, el documento destaca: “vigilancia a supermercados y gasolineras, patrullajes preventivos, despeje de caminos y canales de regadío, descarga y armado de casas de emergencia, junto con la entrega de ayuda humanitaria” (Ejército de Chile, 2014, p. 7).
Entre las lecciones aprendidas, el documento reconoce la incomodidad que generaba en la población que los militares continúen patrullando las calles y apostados en distintos lugares de las ciudades transcurridas varias semanas del terremoto y ya recuperada la normalidad:
después de un par de semanas, y habiéndose alcanzado la tranquilidad dentro de las ciudades, las patrullas militares con misión de patrullaje o aquellas apostadas en lugares específicos pueden llegar a molestar o incomodar a la ciudadanía, existiendo en algunos casos hostigamientos verbales, produciéndose en ocasiones, incluso pérdida del respeto. (Ejército de Chile, 2014, p. 20)
El documento expone las consecuencias negativas de la militarización de la respuesta a desastres, particularmente cuando esta es sostenida en el tiempo, teniendo en cuenta que los Estados de Excepción Constitucional tienen una duración de treinta días. Así, mientras que en el terremoto del 27F de 2010 se destacaba la valoración positiva de la población a la labor de seguridad de las Fuerzas Armadas, en el caso de Iquique eran los mismos militares quienes reconocían los problemas que conlleva la militarización de los mismos.
Esta experiencia permite reflexionar respecto a los límites de la performatividad militar como dinámica disciplinaria en poblaciones que dejan de percibir positivamente a las Fuerzas Armadas como garantes del orden y las conciben como una presencia negativa que, de acuerdo a los militares, genera molestias e incomoda a la ciudadanía, lo que produce una situación inversa a la buscada, como la mencionada “pérdida del respeto”.
Por otra parte, el documento también menciona los riesgos del accionar militar en casos de evacuaciones con población particularmente vulnerable respecto a las desigualdades que estructuran las sociedades, y reconoce los riesgos físicos existentes para estos sujetos (Ejército de Chile, 2014). Este riesgo se agrava en el marco de los Estados de Excepción si los propios militares desconocen las normativas respecto al uso de la fuerza y los límites que estas establecen. En este sentido, el documento reconoce que las RUFs “ no se pudieron operacionalizar desde un primer momento, ya que solo se pudo disponer de las reglas en detalle a partir del cuarto día después del primer terremoto”, frente a lo cual los militares actuaron, al igual que en 2010, con “criterio propio” (Ejército de Chile, 2014, p. 35). Finalmente, el documento reconoce que los mismos militares asumieron que no tenían la capacitación suficiente en materia de seguridad pública en tanto son “ actividades que no se encuentran previstas actualmente en los programas de instrucción anuales” (Ejército de Chile, 2014, p. 35).
A pesar de estas falencias en la tarea central que le fue asignada a las Fuerzas Armadas en el marco de la respuesta al terremoto y tsunami de Iquique de 2014, el Ejército de Chile señalaba que, “la presencia de la fuerza militar en todo el territorio nacional permite satisfacer, de manera eficiente y eficaz, los requerimientos que la sociedad demanda” (Ejército de Chile, 2014, p. 38), lo que reforzaba una perspectiva que presenta a las Fuerzas Armadas como eficientes para responder ante situaciones de emergencia donde buena parte de las instituciones se encuentran sobrepasadas, a pesar de la falta de formación para esta tarea que es reconocida por los mismos militares.
Anteriormente destacamos que la función principal que desempeñan las Fuerzas Armadas en la respuesta a desastres en el marco de los Estados de excepción, está vinculada a garantizar el orden y la seguridad pública entendiendo a estos como la protección de los bienes y la propiedad pública y privada, así como prevenir o enfrentar hechos como los saqueos y otro tipo de delitos, particularmente en los primeros momentos de la respuesta a los desastres donde se considera que se generan situaciones de “caos” o “imprevisibilidad” que pueden llevar al desorden o al “vandalismo”. Como se expresa en el documento de lecciones aprendidas de las lluvias y aluviones de Atacama en 2015, se construye una idea de que la seguridad se ve amenazada en tanto el desastre lleva a situaciones que pueden ser aprovechadas por delincuentes:
Durante el desarrollo de esta fase, la situación de seguridad interior de la región se vio abocada principalmente a la contención de posibles actos de vandalismo y saqueos, dirigida tanto al comercio establecido como también a las viviendas afectadas que fueron dejadas por sus moradores, ya que los daños producidos impedían habitarlas.
En el caso específico de Copiapó, lo anterior se vio agravado por el hecho de que la mayor parte de las poblaciones conflictivas de la ciudad no fueron afectadas por el aluvión, por lo que los delincuentes aprovecharon esta condición de indefensión de las viviendas abandonadas y comercio para cometer robos, principalmente durante horas de oscuridad. (Ejército de Chile, 2015, p. 61)
En ese mismo documento, aunque sin mencionar hechos concretos, se hace referencia a cómo las vías terrestres se vieron afectadas por el aluvión, lo que impedía el patrullaje interno de las ciudades, con lo que para hacer frente a los saqueos y focos de delincuencia “la sensación de inseguridad de la población se vio aumentada, decretándose la restricción del desplazamiento y reunión de personas mediante toque de queda” (Ejército de Chile, 2015, p. 61). De acuerdo al documento, se realizaron 110 detenciones por desacato al toque de queda, “contabilizándose en total 177 detenciones en la región” (Ejército de Chile, 2015, p. 64), sin aclarar el motivo de las 67 detenciones restantes, aunque el documento afirma que solo se llevó a cabo una detención por robo (Ejército de Chile, 2015, p. 63). Por otra parte, se hace referencia a un aumento de la actividad delictual “en las poblaciones conflictivas producto del narcotráfico, los cuales efectúan su actividad delictual preferentemente durante horas de oscuridad y que a causa del toque de queda no habían podido concretar la venta de sus productos” (Ejército de Chile, 2015, p. 62), aunque el documento no indique si se realizaron detenciones o hechos ilícitos concretos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, el diario La Tercera recogía las palabras del Alcalde de Taltal, quien afirmaba que los saqueos se producían porque la gente no tenía para comer, mientras que el alcalde de la comuna de Almagro pedía por favor que llegara ayuda urgente ante la falta de alimentos (La Tercera, 2015).
Por otra parte, la mayor ocurrencia de incendios en las regiones centro y sur del país llevaron a un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas a través de sus Brigadas de Refuerzo ante Incendios Forestales (BRIFEs), tal como lo señala el documento del Ejército de Chile titulado “El empleo de la fuerza terrestre en el combate de incendios forestales”, el cual refiere fundamentalmente a los incendios de 2017 en la región Metropolitana y de Aysén y de 2019 en Biobío, la Araucanía y Los Ríos. El documento señala que el origen de estos incendios son “antrópicos”, y destaca “la posible negligencia de empresas eléctricas, que dio lugar a la generación de fallas eléctricas e incendios” (Ejército de Chile, 2019, p. 16). El documento plantea entre en sus lecciones aprendidas que las unidades que participaron, tanto en tareas de seguridad y orden público como en el apoyo al combate al incendio (BRIFEs) “no contaban con instrucción relacionada” (Ejército de Chile, 2019, p. 29), ni con el equipamiento y vestimenta necesario “tales como chalecos balísticos, coderas, rodilleras y antiparras, visores nocturnos y cámaras térmicas” (Ejército de Chile, 2019, p. 29), lo que no permitió un desempeño óptimo de las fuerzas militares empleadas. En este sentido, el documento concluye que “en el caso del empleo de las BRIFEs, cobra especial relevancia el contar con personal capacitado y certificado para desempeñarse en este tipo de unidades, ya que el desconocimiento de las labores por realizar puede desencadenar en una tragedia mayor” (Ejército de Chile, 2019, p. 40). De este modo, nuevamente las Fuerzas Armadas expresaban limitaciones para su participación en la respuesta a desastres, particularmente en un contexto de creciente involucramiento de las mismas en el combate contra incendios.
Asimismo, el documento señala que algunas de las brigadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) “fueron amenazados por grupos radicales por actuar en conjunto con medios del Ejército (BRIFEs)” (Ejército de Chile, 2019, p. 38), a la vez que el documento admite el rechazo que generaba en la población los patrullajes realizados por las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas por los incendios:
Uno de los principales factores que influyó en la planificación y ejecución de las operaciones, fue el manifiesto rechazo de la población civil durante los patrullajes que se efectuaron en algunas rutas al interior de comunidades de la región, principalmente en la provincia de Malleco. (Ejército de Chile, 2019, p. 38)
Al respecto, resulta necesario aclarar que se trata de una región fundamentalmente habitada por pueblos mapuches que consideran a estos territorios como ancestrales y ocupados por el Estado o por individuos privados que no les permiten el autogobierno ni el ejercicio de su identidad cultural (Ejército de Chile, 2019). En este sentido, el documento señala la existencia de una “amenaza” representada por grupos de “etnia mapuche” que rechazan la presencia militar en la zona:
Por otra parte, se pudo identificar una amenaza existente en la región de La Araucanía representada por algunos grupos de etnias mapuches radicales que rechazan la presencia militar en la zona, quienes demuestran un descontento generalizado manifestado en actitudes hostiles y con demostraciones de violencia. Lo anterior deja en evidencia que no es posible transitar en forma libre y sin contar con protección balística para el personal. (Ejército de Chile, 2019, p. 41)
Así, además de caracterizar a grupos de etnias mapuches como amenazas a la seguridad, los militares indican la necesidad de contar con “protección balística”, y la disposición para el uso de la fuerza por parte de los militares ante estos sujetos.
Se trata, en definitiva, de una región históricamente conflictiva por la represión sufrida por los pueblos mapuches y la caracterización de algunos sectores mapuches como terroristas por parte del Estado chileno (Del Pópolo, 2017); este conflicto continúa hasta la actualidad, con un Estado de Excepción Constitucional por emergencia de más de dos años de duración en la llamada “Macrozona Sur”, que comprende a la Araucanía y parte de territorios habitados por pueblos mapuches.
Por un lado, resulta de utilidad retomar nuevamente la idea de los límites de la performatividad militar en los Estados de Excepción en el marco de desastres como dinámica que busca disciplinar y garantizar el orden público, produciéndose en ocasiones el efecto inverso al buscado por el Estado, producto de subjetividades previas existentes en torno al rol de los militares. Por otra parte, el evidente sesgo existente en el Ejército de Chile en torno al pueblo mapuche al señalarlos como amenaza producto del rechazo al despliegue militar, situación que se replicaba en otras regiones del territorio chileno.
A lo largo del artículo se expone cómo la creciente participación de las Fuerzas Armadas en desastres tiene consecuencias directas, a través de lo que denominamos como performatividad militar, en un proceso de aumento de la militarización de la seguridad con el objetivo de administrar poblaciones en un contexto que es considerado como amenazante, o que bien, da lugar a situaciones de amenazas a la seguridad. Asimismo, el artículo se inserta en la discusión entre dos campos: los estudios antropológicos sobre militares y los estudios sociales sobre desastres, buscando generar vasos comunicantes entre ambos y nuevas reflexiones en torno a la participación militar en desastres en Chile.
La respuesta al terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, signada por la declaración del Estado de Excepción por primera vez desde el retorno de la democracia y por un amplio despliegue militar con el fin de que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la seguridad y el “orden público”, marcó un parteaguas en lo referido a la participación militar en desastres, que desde ese hecho fue en aumento.
Esto implicó también una serie de transformaciones doctrinarias en las Fuerzas Armadas, que impactaron, por ejemplo, en la formación de los militares mediante la incorporación de las llamadas operaciones militares distintas a la guerra dentro de las cuales se incorporó a la participación militar en desastres, con un claro enfoque represivo y de control del orden social.
Tanto las entrevistas como los documentos elaborados por el Ejército con posterioridad a su participación en la respuesta al 27F, evidencian que primó entre los militares una concepción de los desastres como amenaza de la naturaleza, o bien que podía dar lugar a “amenazas” tales como el robo o el vandalismo, hasta el supuesto aprovechamiento por parte de grupos vinculados al narcotráfico.
A partir de la experiencia del 27F, se propone la categoría de performatividad militar para comprender al conjunto de actos, gestos y prácticas propias de los militares como institución estatal que en el marco de la respuesta a desastres buscaba garantizar el orden público y la seguridad, entendidas como el disciplinamiento a acciones delictivas que atentaban contra los bienes o la propiedad privada. Sin embargo, es posible evidenciar a través del relato de los militares y de los documentos publicados por el Ejército de Chile cómo la participación de las Fuerzas Armadas en desastres ha tenido como consecuencia una mayor intervención de los militares en la vida cotidiana de las personas afectadas por desastres con una tendencia disciplinaria, y en algunos casos, de estigmatización y de construcción de la idea de amenaza, tal como sucede con las poblaciones mapuches que son catalogadas como una amenaza a la seguridad del Estado.
Abbott, F., Dávila, M., Frühling, H., Mohor, A., Monsalve, S., & Sepúlveda, A. (2023). Las funciones de las Fuerzas Armadas en el orden público: La necesidad de limitar su participación para fortalecer a las policías. Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. https://uchile.cl/dam/jcr:e6f0da2e-d5ce-445a-aab0-0a317a968ceb/Policy%20Brief%20Policy%20Brief%20-%20Las%20funciones%20de%20las%20Fuerzas%20Armadas%20en%20el%20orden%20público%20%5B17-07-2023%5D.pdf
Badaró, M. C. (2013). Historias del Ejército Argentino: 1990-2010: Democracia, política y sociedad. Edhasa.
Balbi, F. (2020). La inversión de la teoría en la etnografía en antropología social. Revista del Museo de Antropología, 13(2), 203-214. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.31048/1852.4826.v13.n2.25508
Balbi, F. A. (2012). La integración dinámica de las perspectivas nativas en la investigación etnográfica. Intersecciones en antropología, 13(2), 485-499.
Bosher, L., Chmutina, K., & van Niekerk, D. (2021). Stop going around in circles: Towards a reconceptualisation of disaster risk management phases. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 30(4/5), 525-537.
Butler, J. (2007). El género en disputa. Paidós.
Calderón, E. (2020). El militarismo sudamericano tras el velo del Covid-19. Temas y Debates, 40, 397-406.
Cardinale, M. E. (2018). Seguridad Internacional y Derechos Humanos: En busca de una mirada autónoma para América del Sur. Universidad Abierta Interamericana Editorial.
Chmutina, K., Sadler, N., von Meding, J., & Abukhalaf, A. H. I. (2021). Lost (and found?) in translation: Key terminology in disaster studies. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 30(2), 149-162.
Chmutina, K., von Meding, J., Williams, D. A., Vickery, J., & Purdum, C. (2022). From pity to fear: Security as a mechanism for (re)production of vulnerability. Disasters. https://doi.org/10.1111/disa.12568
Decreto 946, 2 (2014).
Del Pópolo, M. (2017). La estrategia imperial de Estados Unidos y su incidencia en las políticas de defensa y seguridad de Chile (2008-2016) [Tesis de grado, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires]. https://www.ridaa.unicen.edu.ar/handle/123456789/1502
Del Pópolo, M. (2022). Militares y terremotos. Las relaciones entre Estados Unidos y Chile y la militarización de los desastres naturales, 2010-2018 (1a edición). El Colectivo; Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe -IEALC.
Del Pópolo, M. (2024). Militares y desastres: Las diferencias en la participación de las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile ante la Doctrina de Seguridad de las “Nuevas Amenazas” (2010-2019) [Tesis de doctorado]. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.
Diamint, R. (2015). A new militarism in Latin America. Journal of Democracy, 26(4), 155-168.
Ejército de Chile. (2011). Operaciones Militares Distintas a la Guerra en Territorio Nacional.
Ejército de Chile. (2014). Experiencias del terremoto y tsunami que afectaron a las ciudades de Arica e Iquique el 1 y 2 de Abril.
Ejército de Chile. (2015). El empleo de la fuerza terrestre en la Operación «Atacama».
Ejército de Chile. (2019). El empleo de la fuerza terrestre en el combate de incendios forestales.
Ejército de Chile. (2020a, febrero). A 10 años del terremoto del 2010: Unidos por una causa. Armas & Servicios, 5.
Ejército de Chile. (2020b, septiembre). Ejército en las Catástrofes. Fuerza Polivalente que ayuda a levantar a Chile. Armas & Servicios, 16-19.
Foucault, M. (2004). Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France, 1977-1978.
Frederic, S. (2016). Intervenciones del conocimiento antropológico en terreno militar. QueHaceres, 3, 58-69.
Frederic, S. (2017). Explicar la eficacia de una operación de paz, buscando reconocimiento como militares: La experiencia de los Cascos Azules Argentinos en Haití. Revista del Museo de Antropología, 10(1), 117-128.
Frederic, S. (2020). Crisis de soberanía y militarización de la frontera norte. La fragilidad estatal ante la amenaza de los crímenes organizados en Argentina. Revista CS, 31, 17-41.
Frederic, S. A. (2008). Los usos de la fuerza pública: Debates sobre militares y policías en las ciencias sociales de la democracia. Universidad Nacional de General Sarmiento; Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
Frenkel, A. (2019). “Disparen contra las olas”: Securitización y militarización de desastres naturales y ayuda humanitaria en América Latina. Íconos, 183-202.
Gaillard, J. (2021). The invention of disaster: Power and knowledge in discourses on hazard and vulnerability. Routledge.
Gould, K., García, M. M., & Remes, J. (2016). Beyond «natural-disasters-are-not-natural»: The work of state and nature after the 2010 earthquake in Chile. Journal of Political Ecology, 23(1), 93-114. https://doi.org/10.2458/v23i1.20181
Guber, R. (2019). La etnografía: Método, campo y reflexividad. Siglo XXI editores.
La Tercera. (2010a, marzo 2). El gobierno debe garantizar el orden público sin dilaciones. La Tercera, 5.
La Tercera. (2010b, marzo 3). Saqueos finalizan y se inicia entrega de ayuda. 1.
La Tercera. (2010c, marzo 10). Encuesta del gobierno revela fuerte recuperación en la valoración de las FF.AA. La Tercera, 1.
La Tercera. (2014a, abril 2). Más de 300 internas se fugan de la cárcel de Iquique. La Tercera, 3.
La Tercera. (2014b, abril 3). Peñailillo supera con éxito su primera gran emergencia. La Tercera, 5.
La Tercera. (2015, marzo 27). Denuncian especulación de precios y aplican racionamiento de productos. La Tercera.
Marchezini, V. (2014). La producción silenciada de los «desastres naturales» en catástrofes sociales / The silenced production of «natural disasters» in social catastrophe. Revista Mexicana de Sociología, 76(2), 253-285.
Ministerio de Defensa Nacional. (2012). Plan de Emergencia y Protección del Ministerio de Defensa Nacional del año 2012.
Molina Johnson, C. (2012). A propósito de la ‘Seguridad Ampliada’. Centro de Estudios Estratégicos - ANEPE.
Monsalve Egaña, S. (2022). La militarización encubierta del orden público: Aproximación a partir del caso de Chile. Izquierdas, 51.
Muzzopappa, E. (2022). El quehacer antropológico con documentos y archivos. Etnografías Contemporáneas, 8(15).
Muzzopappa, E., & Villalta, C. (2011). Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales. Revista colombiana de Antropología, 47(1), 13-42.
Muzzopappa, M. E. (2004). Modernización, identidad y autonomía. Los dilemas de las Fuerzas Armadas chilenas (1988-2004). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Muzzopappa, M. E. (2022). De despliegues y saturaciones. Sobre la militarización como categoría política. Cuestiones Criminales, 5(10), 91-117.
Muzzopappa, M. E., & Ramos, A. M. (2017). Encontrar al terrorista: De la Seguridad Nacional al Código Penal. (En)clave Comahue, 22, 101-120.
Oliver-Smith, A. (2002). Theorizing disasters: Nature, power, and culture. En Catastrophe and culture: The anthropology of disaster (pp. 23-47). School of American Research Press.
Pion-Berlin, D. (2016). Military missions in democratic Latin America. Springer.
Rivas, P. (2014). Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa de Chile: Sistematización de sus críticas y alcances. Estudios de Seguridad y Defensa, 4, 121-152.
Robledo, M. (2022). Militarización, emergencia del militarismo civil y erosión democrática en América Latina. Documentos de trabajo (Fundación Carolina): Segunda época, 74, 1.
Rodríguez Rejas, M. J. (2017). La norteamericanización de la seguridad en América Latina. Ediciones Akal.
Soprano, G. (2013a). La profesión militar en los estudios sobre fuerzas armadas y sociedad. Lecturas, interpretaciones y usos desde la Argentina actual. Cuadernos de Marte, 5, 63-97.
Soprano, G. (2013b). Ser militar en la Argentina del siglo XXI: entre una vocación, una profesión y una ocupación. Avá, 23, 00-00.
Soprano, G. (2015). La producción de una etnografía durante la navegación en un buque de guerra de la Armada Argentina: Reflexiones sobre el carácter dialógico del conocimiento antropológico. Cuadernos de antropología social, 42, 73-90.
Verdes-Montenegro, F. J. (2021). Militarización visual en momentos de crisis: Los casos de Lenin Moreno y Sebastián Piñera durante las movilizaciones de octubre de 2019. Revista Relaciones Internacionales, 94(1), 111-130.
von Meding, J., & Chmutina, K. (2023). From labelling weakness to liberatory praxis: A new theory of vulnerability for disaster studies. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 32(2), 364-378. https://doi.org/10.1108/DPM-10-2022-0208
Winer, S. (2015). Doctrina de inseguridad mundial: Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región (1°). Prometeo Libros.
1. Autores como Diamint (2015), Pion-Berlin (2016) o más recientemente Verdes-Montenegro (2021), lo que sucede en Chile puede ubicarse en una tendencia regional denominada como nuevo militarismo (Diamint, 2015), de militarización (Pion-Berlin) o de convocatoria a los militares (Verdes-Montenegro, 2021) para ocupar funciones y tareas cada vez más relevantes, incluyendo el ámbito de la seguridad pública. Sin embargo, el estudio de esta tendencia regional que es abordada por los autores señalados, excede los objetivos propuestos en el artículo que se ciñe a la perspectiva de los militares chilenos sobre los desastres a partir del año 2010. Asimismo, la relación existente entre la creciente relevancia militar en la región, incluyendo a los desastres en Chile, con la estrategia estadounidense en la región y su influencia en ámbitos como las instituciones hemisféricas de defensa y seguridad, resulta una variable relevante que merece ser abordada en otros trabajos, pero que indudablemente se encuentra estrechamente vinculada, tal como dan cuenta autoras como Winer (2015), Cardinale (2016) o Rodríguez Rejas (2017). Ambas variables son relevantes pero no imprescindibles para dar cuenta de los objetivos planteados en el artículo.
2. En las respuestas a las distintas solicitudes de transparencia realizadas al Ejército de Chile, frecuentemente se hacía referencia a proteger las capacidades logísticas y de inteligencia, la seguridad militar y a “evitar que la información sea producto de un análisis de inteligencia del adversario, lo cual podría devenir en una pérdida de eficacia de operaciones militares futuras”, según consta en uno de los documentos de respuesta a la solicitud de transparencia firmado por el Estado Mayor del Ejército de Chile.
3. En este apartado se realiza una sintética elaboración teórica de la categoría. La misma es abordada en profundidad en Del Pópolo (2024).