Introducción

Pensar desde las ciencias sociales “la cárcel” y los discursos que se construyen en torno a su existencia, impone reconocerlos como resultado de una serie de circunstancias históricas, económicas, sociales y políticas que, como se ha estudiado extensamente en la literatura especializada, están ligadas al fortalecimiento del sistema de producción capitalista en la Europa de los siglos XVII y XVIII (Daroqui et ál., 2006; Foucault, 1988; Marx, 1983; Melossi y Pavarini, 1985). Claro está que el espacio carcelario existía como institución con anterioridad a este período, pero sólo como un lugar de custodia transitoria donde el detenido aguardaba un proceso que podía resultar en cargos pecuniarios, vergüenzas públicas o castigos corporales de distinto tipo que incluso podían incluir la muerte (Melossi, 1992). De hecho, como señala Caimari (2004), durante un largo tiempo la cárcel coexistió con otras formas de castigo que de a poco fueron cediendo su lugar a la pena privativa de la libertad, de la mano de las ideas enunciadas por los reformadores del sistema penal como Beccaria, Bentham y Brissot, elaboradas sobre nuevas concepciones del hombre y de la sociedad.

“El arte de gobernar” comenzaba a sedimentar sus bases, a partir de al menos tres elementos fundantes: la transferencia de las voluntades individuales a un poder soberano, la relevancia del aparato estatal y la presencia de un conjunto de técnicas para conducir a los hombres (Foucault, 1991). Nacía el gobierno en tanto arte del manejo, cuidado y control de la población como producto de la articulación de una serie de disciplinas o saberes que buscaban la transformación de sujetos legales en seres vivientes. El escenario de esta transformación es la gestión de los cuerpos, la salud, la reproducción y la sexualidad; es decir que el objetivo estratégico del gobierno será la vida en sí, accesible y sensible a nuevos dispositivos de control y vigilancia (Deleuze 1990), donde el derecho y los mecanismos de castigo ganan universalidad y profundidad (Rodríguez Fernández 2010).

Sin embargo, no es hasta el siglo XIX que se incorpora a la cárcel la dimensión técnica de intervención sobre la conducta o “pena útil”, basada en la programación de un conjunto de actividades (religiosas, laborales y de disciplinamiento) destinadas a la transformación de la población presa, que originaron la función pedagógica de la prisión e inauguraron lo que denominamos “lo penitenciario” (Daroqui, et al., op cit.). En el ámbito nacional en particular, este proyecto se materializó con la aprobación del Código Tejedor (1866) y la construcción de la Penitenciaría Nacional (1877), que resultaron en la identificación del sistema penitenciario como “la técnica de tratamiento de los delincuentes de la sociedad argentina moderna” (Caimari, op cit., :46).

El paradigma de progresividad de la pena es la modalidad a través del cual se busca propiciar la «reinserción social» de los internos en el sistema penal argentino (principio de rango constitucional a partir de la reforma de la carta magna de 1994). De este modo constituye el eje central sobre el que se estructura la dinámica institucional, tanto en lo que atañe a la organización espacio-temporal de detenidos y trabajadores penitenciarios, como a las relaciones establecidas entre ellos hacia el interior de la cárcel contemporánea (Lombraña, 2017). Ahora bien, no hay evidencia empírica alguna a favor de pensar que la extensión de la estadía en prisión o el recrudecimiento de las condiciones de detención, sea capaz de producir efecto persuasivo alguno o mejorar las expectativas de la reincidencia. Esta situación nos pone frente al debate de replantearnos el funcionamiento de las prisiones y sus llamados “programa de tratamiento” de modo integral; como así también reflexionar en torno a los modelos de abordaje que, desde las ciencias sociales, ofrecemos tanto al estudio de estas instituciones como a la elaboración de propuestas concretas de intervención.

Con todo, los estudios sobre el encierro y el campo penitenciario no deberían divorciarse de la sociedad o de la realidad misma en la cual se inscriben como tales. Muy por el contrario, la cárcel señala los márgenes estatales a través de la porosidad de sus límites e implica particularidades que necesariamente se articulan con la vida extra-muros, expandiendo de este modo las posibilidades analíticas de quienes las observamos (Ojeda, 2013).

Las indagaciones que abrieron el campo a los estudios penitenciarios a nivel regional, provienen mayoritariamente del ámbito del derecho penal. Como lo ha planteado Míguez (2008) este tipo de trabajos constituye un esfuerzo por refinar paradigmas doctrinales con miras a la modificación de situaciones injustas, a las que se ven expuestos aquellos sujetos en conflicto con la ley. Las investigaciones sociales, influenciadas fuertemente por esta tradición y enfrentadas a la imperiosa necesidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el uso de la violencia, la tortura, y la selectividad del poder punitivo, han producido versiones mayormente carcelo-céntricas (Ferreccio, 2017) al tiempo que se han especializado en mostrar evidencias de las acciones negativas que el sistema penal ejerce sobre los sujetos a su cargo, develando principalmente la voluntad disciplinadora del Estado en torno a ellas (Clemmer, 1940; Sykes y Matza, 1957; Sykes, 1999). Así, la violencia institucional en cárceles ha sido extensamente analizada a nivel local y ha ido delineado la conceptualización de la prisión como el exclusivo y el excluyente lugar del castigo, el aislamiento y la consecuente generación de códigos internos, donde se llevan a cabo prácticas de “secuestro institucional” (Daroqui, 2002) y la producción de espacios “ofuscados/de ofuscación” (Chies y Barros, 2009). Si bien estas perspectivas resultan necesarias, dejan fuera del análisis otros aspectos del problema que tienen mucho que aportar a la reflexión sobre la violencia y el encierro.

Los aportes de las investigaciones empíricas realizadas en distintos países de la región que se presentan en este dossier, reconocen que la frontera carcelaria continúa siendo una unidad de análisis, pero en la medida que proporciona el contexto para el estudio de las relaciones sociales locales y la experiencia de los individuos que viven tras los muros. Destacan esta institución dentro del entramado comunitario, y advierten que la separación entre el mundo interno y externo a la cárcel está plagada de comunicaciones. Presentan, en su conjunto, a la institución carcelaria como una particular constitución cultural en la que el orden social adquiere formas contextuales y específicas, produce representaciones nativas, como así también prácticas y trayectorias que escapan a las estructuras tecnocráticas y permiten modificar su funcionamiento; a la vez que evidencian la creatividad de los grupos e individuos que actúan dentro de estas redes en el espacio prisionizado.

Uno de los temas centrales dentro de los estudios de la prisión se relaciona con la posibilidad y la accesibilidad al campo, y las cuestiones éticas que interpelan al investigador. Los artículos de Liberatori et al. y Castelli et al. ponen de manifiesto las implicancias metodológicas y subjetivas de realizar trabajo de campo en contextos de encierro. Liberatori et al., a partir de dos experiencias etnográficas en complejos carcelarios de la Provincia de Córdoba, muestran aquellos escollos y serias dificultades con las que nos enfrentamos los investigadores sociales en estos espacios; así como los roles diversos y estrategias que asumimos para acceder a esa realidad: como visita común, como docentes, como funcionarios o como investigadores. En este último caso, sorteando una gran cantidad de permisos a otorgar, generalmente por Ministerios o Secretarías que dependen de los ejecutivos de los lugares donde decidimos realizar nuestra labor de trabajo de campo.

Reconocer estos roles y estrategias de accesibilidad al campo nos pone frente a lo que Liberatori et al. denomina las “formas diferenciadas de control institucional sobre los cuerpos visitantes”. Cualquiera sea la forma en que accedemos reconocer y poner de manifiesto el cómo nos obliga a reflexionar sobre este proceso que nos llevara a formas específicas y diferenciales en la construcción de los datos de investigación porque tal como lo dicen los autores las sensaciones y emociones que atravesamos, pese a las diferencias de nuestros ingresos, nos permite reflexionar sobre cómo el control institucional traspasa las fronteras físicas y simbólicas del encierro.

En este sentido Castelli et al., desde el estudio sobre el usos y circulación de sustancias psicoactivas en cárceles uruguayas, indagan acerca del orden ético en relación al quehacer etnográfico y se preguntan: ¿cómo participar y comprender el “espacio del otro” cuando está profundamente signado por violencias estructurales, cotidianas, de género e institucionales? ¿Cómo pensar un espacio relacional en el cual los interlocutores -incluidos nosotros- ocupan posiciones de poder tan asimétricas? En concordancia con Liberatori et al. -y el resto de los artículos- evidencian la necesidad del registro y las implicancias del «estar ahí» que experimentamos los investigadores sociales. Así sensibilidades morales, éticas, decisiones en el transcurrir del trabajo de campo y hasta el género dan cuenta de las posibilidades y las limitaciones de un campo donde la violencia, la desigualdad y el sufrimiento son un común denominador. Por otro lado, y una vez expuestas estas posibilidades y limitaciones del campo, es que finalmente los investigadores sociales describimos, analizamos y pretendemos realizar un aporte a nuestros campos disciplinares.

Los trabajos de Vargas Torices, Manchado y Oleastro comparten una clara mirada sobre la cárcel: indagar en la complejidad y las paradojas, encontrar sentidos en las supuestas contradicciones y superar los límites de la mirada simplista del «adentro- afuera» antes mencionado.

Vargas Torices en su estudio sobre cárceles signadas por el crimen organizado, desfocaliza las perspectivas tradicionales que suelen abordarlas a partir de la barbarie y la crudeza que establecen como forma de vida estas organizaciones delictivas; dando paso a mirar y analizar también la vulnerabilidad de las personas allí detenidas, sus espacios solidarios, de creatividad y reflexividad.

Manchado nos muestra cómo es posible pensar en formas específicas de construcción del orden social carcelario. No nos gusta que vengan a manejarnos ellos el pabellón, habla de las (re)configuraciones del gobierno carcelario en las prisiones de la provincia de Santa Fé a partir del análisis del dispositivo religioso evangélico pentecostal: territorios, lugares materiales y simbólicos e interacciones entre los actores centrales de la trama cotidiana de la prisión–autoridades, presos y guardias- dinamizan dicho orden social siempre en disputa y construcción permanente.

Oleastro en su análisis sobre la visita íntima y el desarrollo de las sexualidades en cárceles de varones de la Provincia de Buenos Aires, evidencia los múltiples sentidos que acompañan estas prácticas: la “preferencia de verse a solas” sin necesidad de rodearse de otras familias en una sala común, o bien la búsqueda de ingresar y compartir algún elemento que se encuentra prohibido de entrar a la cárcel (como drogas, celulares u otros recursos materiales), conviven junto con otras motivaciones en un diversidad no necesariamente conflictiva.

Por último, el artículo de Gómez sobre las clasificaciones de los jóvenes detenidos en un Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado en la Ciudad de Buenos Aires, nos enfrenta a la reflexión sobre el rol de Estado en las instituciones de encierro. En el caso presentado por la autora, los jóvenes detenidos son significados y clasificados a través de una pluralidad de prácticas concretas en las que intervienen diversos agentes estatales como “infractores o presuntos de la ley penal”, “menores de edad”, “sujetos de derechos y obligaciones”, “estudiantes de nivel medio o nivel primario”, “jóvenes con bueno/mala conducta” que vive “en situación de calle” o “analfabetos”. Reflexiona en particular sobre los procesos de reconocimiento/ desconocimiento de los actores sociales que habitan una institución como la descripta, y las formas en que se organizan las pertenencias de los que gobiernan y de los que son gobernados, materializadas a través de rituales y rutinas concretos de gobierno, que están incrustados en las instituciones reales.

En los últimos treinta años, signados por la simbiosis entre el neoliberalismo y la globalización, el proyecto de alcanzar cierto orden social a través de la inclusión se ha tornado políticamente cada vez más irreal (Pavarinni, 2006). En este contexto “la cárcel” como institución se ha puesto al servicio de las exigencias del gobierno de la “población excedente” (Bauman, 1998), al tiempo que es atravesada por los discursos del “riesgo y la inseguridad” (Castel, 2013) que demandan más severidad en los castigos penales y la profundización, en general, de las prácticas represivas. Así, el declive de los ideales correccionalistas signa la prisión contemporánea (Garland, 2001), tanto a nivel mundial como local. Repensar críticamente tanto la genealogía de la cárcel, los discursos sociales que la sostienen y le dan sentido, como los modos en que las pensamos y analizamos desde el saber especializado, resulta una tarea ineludible. La compilación que presenta este dossier espera contribuir a ese esfuerzo, destacando por sobre todo, la fortaleza de la etnografía para acceder integralmente a la complejidad fenómeno del encarcelamiento, sus instituciones, actores y prácticas.