Presentación
La víctima, muchas víctimas
Diego Zenobi,1 Carolina Schillagi,2 Natalia Bermúdez3 y Santiago Galar4
El término “víctima” resulta ciertamente problemático. Al igual que otros términos –como “política”, “trauma”, “dolor” o “violencia”, por ejemplo–, se trata de una palabra de uso corriente que suele ser puesta en juego en los análisis producidos desde las ciencias sociales como si se tratara de una categoría transparente, autoevidente. Como aporte a la problematización de ese término, en este dossier hemos incluido la traducción de un ensayo muy breve de la historiadora francesa Christine Lamarre en el que sugiere que el modo en que en la actualidad nos referimos a las víctimas tiene una historia. Según Lamarre esa historia muestra para el caso francés, primero, un deslizamiento en los antiguos usos religiosos del término que se fueron desplazando desde los usos literales hacia los metafóricos; en segundo lugar, de la mano del proceso de secularización de la vida social, se observa una progresiva transformación de los sentidos sagrados asociados a esa categoría en otros más bien profanos. Este texto breve realiza un interesante ejercicio de indagación sobre aquel término y despierta una serie de preguntas que pueden resultar inquietantes si las trasladamos a nuestros propios contextos nacionales y regionales.
Desde hace un tiempo considerable, las víctimas contemporáneas se ubican en el centro de la escena pública contemporánea (Pita y Pereyra, 2020). Se trata de personas que de manera directa o indirecta han sufrido algún daño como producto de hechos calificados como injustos y/o evitables vinculados a violencias de diferente tipo. Un camino posible para abordar la cuestión, y que ha sido y sigue siendo bien transitado, reside en abordar este tipo de situaciones siguiendo las tradiciones (herramientas, conceptos, bibliografía, etc.) bien establecidas dentro de los límites de cada campo temático. De modo complementario, podemos intentar un abordaje innovador, pero algo arriesgado y que tiene sus propios límites: aportar a un enfoque comprehensivo, que incorpore la yuxtaposición de casos y campos (Dodier, 2009), que permita trazar conexiones evitando naturalizar y repetir las fronteras socialmente producidas en torno de los diferentes “temas” (género, violencia institucional, terrorismo de Estado, cuestión ambiental, delito urbano, abuso infiantil, catástrofes, hechos de tránsito, etc.). Pero seguir este último camino, y considerando el conjunto de artículos aquí reunidos, despierta una serie de interrogantes que no nos pasan desapercibidos: ¿cuál es el sentido de integrar en un mismo número trabajos que refieren a situaciones que implican a víctimas de hechos de naturaleza totalmente diferente? Más concretamente: ¿cómo puede justificarse esta selección?
Un abordaje tal se sostiene sobre un hecho incontestable: con frecuencia son los propios actores, ya sean individuos, organizaciones sociales, activistas, expertos, medios de comunicación, quienes trazan conexiones insospechadas entre los distintos tipos de casos. Así, se pone en juego la plasticidad de las categorías, los repertorios de acción y las temporalidades, consiguiendo interpelar tramas consagradas del pasado reciente y otras más actuales. El modo en que las propias víctimas evalúan su situación está relacionado con el modo en que evalúan otras causas y situaciones similares, lo que ha conducido a que ciertos autores se refieran a un “espacio global de las víctimas” (Chaumont, 2000; Dodier, 2009) atravesado por interdependencias y relaciones recíprocas. Esto puede verse, por ejemplo, cuando observamos el trabajo social invertido en promover ciertos hechos como casos “de derechos humanos” o como casos “de género”. En ocasiones el propio Estado juega un rol activo en esos procesos, por ejemplo, cuando pone en marcha formas de reparación destinadas a personas o colectivos que sufrieron diferentes tipos de violencia (policial, de género, delitos urbanos o siniestros viales) y cuyo sufrimiento es gestionado por un mismo dispositivo o institución y recurriendo a ciertos saberes profesionales comunes (derecho, psicología, antropología forense, trabajo social, etc.).
Una cuestión de la que, creemos, no cabrán dudas al finalizar la lectura del dossier es que “víctima” es un término complejo que no puede ser asumido como un concepto analítico sin más, ni tampoco como una categoría descriptiva de los sujetos con los que trabajamos. En resumen, se trata de una categoría que no debería ser asumida a priori en la tarea de pesquisa, sino que requiere ser tratada como el emergente de una serie de procesos de definición colectiva.
Una de las cuestiones recurrentes en los artículos que aquí compilamos está relacionada con las formas de articulación entre las dimensiones de la vida social a las que solemos nombrar como lo “público” (el espacio público, el interés general) y lo “privado” (aquello que hace a la vida íntima, la familia). En algunos de los artículos, los vaivenes entre un ámbito y otro describen fronteras porosas que son traspasadas gracias a una labor específica que llevan adelante los actores en el marco de distintos casos.
Como puede verse en el trabajo de Zeitlin, la articulación entre el mundo judicial y el conjunto de acciones políticas emprendidas por familiares de personas asesinadas durante la Guerra civil española, da lugar a figuras diferenciables tales como “querellantes” y que, sin embargo, según el análisis de la autora, tienen vasos comunicantes. Así, se muestra de qué modo una postura moral como la de mantener viva la memoria se conjuga con un trabajo político de determinados familiares que, apoyándose en grillas de lectura, experiencias locales y trayectorias de militancia (principalmente, el movimiento de derechos humanos de la Argentina) intentan que las causas particulares se conviertan en causas colectivas y alcancen legitimidad pública.
Por otra parte, el trabajo de Blázquez aborda las formas de transitar el duelo, las lecturas morales acerca de la muerte y el sufrimiento, así como los aspectos materiales de la memoria: espacios conmemorativos y ritualización (santuarios, altares, grutas, murales). Pero también, su trabajo abre interrogantes acerca de las distintas direcciones que puede adquirir la articulación de lo público y lo íntimo/privado. A través del estudio del caso de asesinato por “linchamiento” en la provincia de Córdoba, el autor muestra que el camino recorrido para visibilizar esa muerte inscribiéndola en el territorio de diversas formas, es protagonizado por actores que no son los familiares del asesinado. Como contrapunto a esto último, sus familiares (principalmente la madre del joven) invierten el trayecto que acabamos de describir e intentan tramitar e inscribir ese duelo en el ámbito de un territorio íntimo como es la casa, aunque apropiándose de las imágenes que fueron inscriptas por otros colectivos “puertas afuera”.
Pero, como señala Barthe (2017), no hay víctimas sin responsabilización. Los procesos acusatorios pueden desplegarse desde formas menos organizadas como el “escrache” hasta la construcción de formas asociativas institucionalizadas. Así, el artículo de Romero muestra la extensión de la forma “escrache” surgida en los años noventa en el contexto de la impunidad como categoría movilizada desde el movimiento de derechos humanos, hacia contextos inimaginados como la institución escolar. La forma “escrache” ha viajado desde un mundo social a otro como repertorio de responsabilización. En el otro extremo pueden encontrarse los textos de Beltramino, de Eufracio y de Lachica Huerta, quienes describen las asociaciones de víctimas organizadas que apuntan a quienes –entienden– son los responsables de su sufrimiento. Estas asociaciones pueden expresarse como actores individuales o colectivos que impulsan reclamos y demandas. En este sentido, la responsabilización, el acto de acusar públicamente y reclamar castigo, es consecuencia del activismo que asumen ciertos actores en tanto construcción de compromisos públicos con diferentes causas, así como formas no institucionalizadas de participación en el espacio público.
En los textos de Eufracio y Beltramino los actores que llevan adelante las demandas de distinta índole no refieren a la idea de tragedia sino a la de responsabilidad. Tal como destaca Eufracio con relación a la explosión ocurrida en los inicios de los noventa en Guadalajara, no se trata tanto de las fuentes causales del hecho sino de aquellos que detentaban y detentan la obligación y la responsabilidad política de dar respuestas concretas a los/as afectados/as. Es allí, en la responsabilidad del Estado, donde cifran sus expectativas morales de solidaridad y protección. En línea con ello, el texto de Beltramino muestra cómo los llamados “afectados” por las inundaciones en Santa Fe, Argentina, señalaron a los responsables políticos así como a los/as expertos/as en cuanto a su responsabilidad en la prevención del riesgo al que se enfrentaron y en cuanto a cómo lidiar con el llamado “posdesastre”.
Pero estos universos de organizaciones o de actores individuales movilizados no están estructurados sobre categorías unívocas para definir lo sucedido, sino que existe una variedad de formas de categorizar que son activadas contextualmente. El trabajo de De Lachica Huerta muestra exactamente esto: la categoría “víctima” es dinámica y contextual, se mueve a través de configuraciones que tienen distintos significados sociales. Así, la víctima como categoría es mostrada en su texto en toda su complejidad. Por un lado, a través del análisis del proceso que convierte a un hecho (como la masacre de Ciudad Juárez) en un acontecimiento. Por otro lado, mediante el análisis de los modos en que la categoría de víctima adquiere ribetes diferenciales y puede ser utilizada tanto para respaldar la idea de responsabilidad sobre la propia muerte (“en algo andaban”), para impulsar el proceso de agenciamiento como sujetos políticos que disputan su identidad o también como figura que es así nombrada y legitimada por los/as expertos/as. En tal sentido, su artículo contribuye a iluminar las condiciones de producción de esas formas de identificación.
Asimismo, esas formas de categorizar también expresan tensiones entre la responsabilización y las asociaciones así como tensiones entre las formas de categorización del daño. En los textos presentados por Eufracio y Beltramino pueden verse cómo se conforman y contraponen formas diferentes de categorizar (secuelados, lesionados, damnificados, inundados, afectados) que se agregan, yuxtaponen o discuten con la categoría de “víctima”, ya sea para autodenominarse o para ser nominados por otros actores.
Las víctimas no están solas, existe un “gobierno de las víctimas” (Gatti y Martínez, 2017) a través del cual diferentes instituciones, organismos y mecanismos se harían cargo de ellas. En las sociedades contemporáneas, se ha ido conformando un entramado de dispositivos que se ponen en marcha desde ámbitos estatales y no estatales orientados a gestionar sus solicitudes y necesidades. Así, un conjunto de políticas y de procedimientos presentes en la vida pública se destinan a la atención, contención, reparación y asistencia a personas que han sufrido un daño: normativas, leyes, programas estatales y no estatales, líneas de acción, espacios territoriales de mayor o menor grado de institucionalización, redes, entre otros.
En estos dispositivos se desempeñan especialistas de diversas profesiones (psicología, medicina, abogacía, antropología, ciencias forenses, trabajo social) que se ocupan de la atención, regulación y reparación de los conflictos y situaciones controversiales. En tal sentido, a lo largo del tiempo se ha ido conformando un campo de expertise que aglutina profesionales y áreas de conocimiento que identifican y clasifican víctimas; profesionales involucrados con las distintas formas de acción (política) de las víctimas. Esos profesionales participan de lo que llamamos proceso de producción social de víctimas ya que en ese mismo acto de clasificación, sus prácticas pueden resultar inclusivas o bien expulsivas respecto de quiénes pueden ser considerados como víctimas y quiénes quedan afuera de tal clasificación.
En esta línea, Eufracio y Beltramino dan cuenta de las formas en las cuales se mide el daño, su correspondencia con la reparación económica y las disputas en torno a ello, a partir de una tensión manifiesta entre reparación y justicia. Categorías como “lesionados”, “sobrevivientes”, “afectados” aparecen tensionando esas disputas, poniendo en juego trayectorias, repertorios de movilización, formas de narrarse frente a especialistas, pero también implican la asignación de acusaciones y responsabilidades en el trabajo político de construcción de las causas a través de otras categorías como la de “inundadores”.
Quiénes pueden ser reparados, bajo qué condiciones, qué figura aparece sacralizada y qué interlocutores se legitiman para hablar en nombre de las víctimas, forman parte de las cuestiones abordadas en el trabajo de Giambroni. En términos de lo que llamamos “gobierno de las víctimas”, el trabajo muestra el modo en que se combinan diversos dispositivos estatales y no estatales, en el intento por dar un “orden” y un sentido específico a las asignaciones monetarias ligadas a la reparación del daño. Este trabajo se realiza no sin controversias y discusiones al respecto por parte de los actores involucrados y que en línea con lo que señalábamos en párrafos anteriores, puede resultar excluyente respecto de qué actores son considerados sujetos de reparación y quiénes quedan afuera o son soslayados como tales. En el texto se muestra el proceso de sanción de la “Ley de Reparación a víctimas colaterales de femicidio” (conocida como “Ley Brisa”) . Así, se abordan las jerarquizaciones producidas por el dinero como forma de “reparación”, diferenciándose de otros sentidos “menos puros” en el contexto de debate de la ley tales como “subsidio”, “pensión” o “ayuda”. La reparación termina por naturalizar y consagrar el rol del cuidado materno consignando dinero para garantizar esas condiciones supuestamente “dadas” por la madre antes de su muerte, pero siendo ahora otras las personas a cargo de los menores beneficiarios.
Por su parte, Zeitlin muestra cómo los dispositivos, saberes militantes y entramados en torno al activismo familiar argentino fueron interpelados y resignificados por quienes, reconociéndose “víctimas transnacionales”, se convirtieron en querellantes contra el franquismo desde la Argentina. En tal sentido, su texto ofrece un recorrido que permite comprender las formas en que esas y esos familiares realizaron un trabajo de aprendizaje, adecuación, traducción y uso de vocabularios y lenguajes ligados a la expertise jurídica principalmente, que redunda en la constitución de su causa como una causa legítima. En este caso vemos cómo el cruce con determinadas especialidades profesionales y los dispositivos jurídicos, es una de las formas en que puede ponderarse en términos analíticos el “gobierno de las víctimas” del hablamos.
A lo largo del dossier los diferentes artículos destacan la diversidad de sentidos que adquieren términos tales como “justicia”, “resistencia”, “pasividad”, “vulnerabilidad”, etc. También las prácticas y tensiones que se articulan en torno a dichas categorías. En resumen, el conjunto de trabajos presentados permite avanzar en la problematización del término “víctima” explicitando la productividad analítica de no dar por autoevidente el término. En cambio, se propone tomarlo como un punto de llegada en la investigación, como aquello que debe ser explicado a través del análisis de la variabilidad existente entre actores, posiciones, discursos y relaciones. Asimismo resulta necesario inscribir a esos sujetos dañados en relación a otros portadores de ciertos saberes y expertises a través de los que ellos “se hacen”, son reconocidos, medidos, evaluados, narrados, etc.
En particular, en lo que hace a nuestro quehacer y saber profesional como cientistas sociales, el trabajo con víctimas de violencias plantea la necesidad de un proceso reflexivo relativo a los supuestos y cuestiones morales implicadas en esas labores. Con frecuencia, cuando apelamos a la categoría de “víctima” solemos dar por sentado que esa categoría abarca la culpabilización de un victimario “otro”. Sin embargo, como demuestra el trabajo de De Lachica Huerta, muchas veces puede ser movilizada para acusar a la propia víctima por lo ocurrido. Resultan también inquietantes los modos en que podemos llegar a naturalizar los sentidos de las categorías “víctima”, “damnificados”, “afectados”, etc., dotándolas de propiedades agenciales homogéneas. El desafío como cientistas sociales bien puede tornar explícitos y problematizar estos posicionamientos, esto es, reconocernos como actores sociales que también producimos y reforzamos clasificaciones, jerarquías, énfasis explicativos y áreas de interés.
De un modo similar, con frecuencia solemos movilizar el término “punitivismo” como un concepto que informa nuestros análisis al describir cierto tipo de intervenciones en los campos en los que trabajamos, sin problematizar el hecho de que se trata de una categoría que delimita posiciones en esos universos. Esto puede ser problemático cuando intentamos comprender la variabilidad de los sentidos que adquieren los términos que ponen en juego los actores sociales cuyas prácticas nos proponemos explicar. Buen ejemplo de esto es el artículo de Romero que, en parte, trata la noción de “punitivismo” (en oposición al “enfoque pedagógico”) como parte de las luchas por los modos adecuados de lidiar con el problema de la violencia de género. Para Romero, si bien el escrache pretende definir una díada clara víctima-victimario, en la escuela, con el “enfoque pedagógico”, esa díada se complejiza.
Finalmente, planteamos algunas preguntas que podrían resultar estimulantes en el marco de la discusión académica y política local sobre los temas aquí tratados: ¿cuáles víctimas aparecen de forma recurrente en el espacio público y cuáles víctimas resultan aún “impensables”? ¿Cuáles son los mecanismos que determinan la producción de víctimas “sagradas” o “sacralizadas’’ y de víctimas a las que podríamos llamar “profanas”? Como cientistas sociales ¿cuál es nuestro papel en los procesos de legitimación y visibilización de ciertas víctimas y no de otras? ¿Qué perdemos cuando no abordamos los conflictos y tensiones internas en los mundos de víctimas que estudiamos, “higienizando” la política, al decir de Sherry Ortner (2016)? ¿Cuáles son los marcos habilitantes para que una víctima alcance reparaciones de diversos órdenes (morales, judiciales, económicos, etc.)? ¿Cuáles son las víctimas que logran acceder a los entramados y dispositivos estatales y cuáles quedan afuera? Yendo más lejos ¿cómo se articula aquella cuestión con los contextos de desigualdad social que restringen el acceso a la condición de “víctima”?
Estas preguntas, entre otras, forman parte de algunas inquietudes vigentes. Probablemente, las posibles respuestas constituyan un aporte al impulso de modos renovados de abordar algunas de las cuestiones aquí planteadas, promoviendo la indagación, la reflexión y el intercambio entre investigadores e investigadoras de nuestro país y de la región.
Barthe, Yannick (2017) Les retombées du passé - Le paradoxe de la victime, Paris: Le Seuil.
Chaumont, J.M. (2000) “Du culte des héros à la concurrence des
victimes”. Criminologie,
33 (1), 167–18.
Dodier, Nicolas (2009) “Experts et victimes, face à face”, en Sandrine Lefranc S. y Mathieu L. (Eds), Mobilisations de victimes. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
Gatti, Gabriel y Martínez, María (2017) «El campo de las víctimas. Disensos, consensos e imaginarios compartidos en el nacimiento del ciudadano víctima». En Gabriel Gatti (Ed): Un mundo de víctimas. Barcelona: Anthropos.
Ortner, Sherry (2916) Análisis sobre Antropología y Teoría
Social. Cultura, poder y agencia.
Buenos Aires: UNSAM Edita.
Pita, M.V. y S. Pereyra (eds.) (2020). Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo Press. Disponible en: <https://www.teseopress.com/movilizacion/>.
1 Instituto de Ciencias Antropológicas-UBA/CONICET
2 Instituto de Ciencias-UNGS
3 Instituto de Antropología de Córdoba-UNC/CONICET
4 Fac.de Humanidades y Cs. de la Educación-UNLP/CONICET