El trabajo por la “memoria, verdad, justicia y reparación” de querellantes en la causa contra el franquismo en Buenos Aires

María Agustina Zeitlin1

Resumen

La querella argentina aparece como la primera causa judicial del mundo que busca juzgar los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Amparándose en el Principio de Justicia Universal, tras treinta y nueve años de transcurridos los hechos y una ley de Amnistía aún vigente, fueron familiares de víctimas quienes se presentaron como querellantes en Buenos Aires, Argentina. El presente trabajo es resultado de una investigación etnográfica acerca de las formas de acción política que configuran el proceso político de la construcción de la “querella contra el franquismo” en la Argentina. Ser familiar, tener reconocimiento como víctima y actuar como querellante son cuestiones que aparecen como fundamentales para mis interlocutores pero que tienen sus propias particularidades y matices. Mi interés es el de exponer quiénes son los protagonistas de la causa contra el franquismo y qué lugares ocupan, a partir del trabajo de campo realizado a lo largo de cinco años junto a las personas que en la Argentina participan como querellantes. La investigación busca comprender sus posicionamientos a partir del carácter distintivo y legitimador del ser querellantes y su activismo en la búsqueda de “memoria, verdad, justicia y reparación”.

Palabras clave: Dictadura; derechos humanos; activismo; querellantes.

Abstract

The Argentine complaint appears as the first judicial case in the world that aims to judge the crimes of genocide and/or crimes against humanity committed in Spain by the Spanish State between July 17, 1936 and June 15, 1977. Under the Principle of Universal Justice, thirty-nine years after the events took place and with the Amnesty Law still in force, it was the victims’ relatives who filed a lawsuit in Buenos Aires, Argentina. This paper is the result of an ethnographic research on the forms of political action that shape the political process of the construction of the “lawsuit against Francoism” in Argentina. Being a family member, being recognized as a victim and acting as a plaintiff are issues that appear as fundamental for my interlocutors but that have their own particularities and nuances. My interest on this occasion is to expose who are the protagonists of the case against Francoism and what places they occupy, based on the fieldwork carried out over five years with the people who participate as plaintiffs in Argentina, seeking to understand their positions from the distinctive and legitimizing character of being plaintiffs and their activism in the search for “memory, truth, justice and reparation”.

Keywords: Dictatorship; human rights; activism; complainants.

Introducción

Hace poco más de una década que en España emergió un “movimiento de memoria histórica” que rompió con la versión oficial acerca de lo acontecido durante la dictadura franquista y la transición a la democracia. Hasta entonces, los discursos y la literatura que predominaban eran las versiones estatales que no tendían a cuestionar lo sucedido.

A través de la recuperación de expedientes, archivos, exhumaciones, testimonios y diversos eventos, comenzó un revisionismo acerca de la propia historia española, donde académicos de diversas disciplinas han podido abordar el franquismo, sus consecuencias y la construcción de significados (Izquierdo Martín, 2006; Casanova, 2008; Ferrándiz, 2007, 2014; Gatti 2011; Martínez, 2012). Con ello, la categoría “víctima” empezó a resonar en diversos medios de comunicación, dando forma e identidad a quienes habían sido parte afectada por los crímenes cometidos por parte de civiles y militares durante la guerra civil y la dictadura, poniendo en agenda la pregunta sobre el pasado. Las víctimas cobraron importancia y sus relatos se tornaron significativos como testimonios en la reconstrucción de la historia, comenzaron a ocupar el espacio público junto a sus denuncias y el apoyo de profesionales como psicólogos, abogados, forenses, etc.

A partir de lo que fue experimentado como una ruptura del silencio, las víctimas volvieron “la mirada a su contexto de producción” (Montoto, 2015: 132) y la dictadura comenzó a ser repensada en términos de genocidio. La transición democrática y, sobre todo, la ley de amnistía promulgada e instaurada en 1977 pasó de ser vista como una virtud que buscaba poner fin a la dictadura, a convertirse en un problema, una barrera social, política y jurídica. En el intento de desmitificar el relato sobre el pasado, de quienes se conocen como víctimas, familiares e integrantes de diversas asociaciones que los acompañan, el lenguaje de los derechos humanos comenzó a cobrar centralidad y a traducir en términos universales acontecimientos locales; esto permitió hacer viajar La Causa a través del Atlántico hacia la Argentina, y que “nuevas” víctimas emergieran al otro lado del océano.

A diferencia del contexto español, en la Argentina los estudios sobre dictadura, derechos humanos y procesos y dinámicas políticas cuentan con una mayor trayectoria. En el proceso argentino de la transición hacia la democracia, la ciudadanía estuvo más fuertemente involucrada en la lucha contra la impunidad. De tal modo, muchos académicos se preocuparon por comprender y desentrañar los diversos sentidos acerca de lo sucedido durante la dictadura argentina, la transición a la democracia y los sectores involucrados (Vecchioli, 2001, 2005; Da Silva Catela, 2006, 2008; Vezzetti, 2002; Jelin, 1995, 2007, 2017; Carnovale, 2011; Guglielmucci, 2011, 2017; Van Drunen, 2017). Estos trabajos son una contribución y un antecedente de sumo valor para la interpretación de la experiencia española y la forma en la que la justicia argentina aparece frente a quienes reclaman justicia. En concreto, ofrecen un contexto analítico para comprender la importancia de la querella como instrumento contra la impunidad de los crímenes del franquismo en general y que haya sido presentada en Buenos Aires en particular.

En cuanto a la categoría de víctima en el proceso español al que hace referencia este trabajo, recojo de Reyes Mate (2008) la idea de que hasta hace poco las víctimas españolas eran sujetos invisibles socialmente, convertidos así por determinaciones políticas como la amnistía, que castigaba a aquel que recuerde el pasado, borrándolo, y de este modo también, a sus testigos, sus víctimas. Se ha tendido a pensar que “el progreso de la historia conlleva desgraciadamente un costo humano y social” (Ibídem: 10) y bajo esta idea se ha naturalizado a la víctima como algo inevitable y necesario. Es cosa reciente el giro hacia su visibilización, donde se torna significativo e, incluso, importante su sufrimiento. La víctima ya no es sólo testimonio, sino también un agente político y moral, y la existencia de su memoria manifiesta una injusticia que sigue vigente y que debe recompensarse. El concepto de víctima, o la condición de serlo, ha ido cambiando en el contexto español hacia un sentido más amplio donde los sujetos víctimas ya no son como antes, portadores de un “dolor privado”, héroes o mártires, sino “ciudadanos” y sujetos ordinarios con un dolor “compartido” (Gatti, 2014).

El presente texto es parte del trabajo etnográfico realizado en el marco de una investigación sobre la causa judicial emprendida en Argentina en el año 2010 por familiares de víctimas del franquismo. Oficialmente inscripta como querella número 4591/2010, constituida en los tribunales argentinos con sede en la ciudad de Buenos Aires, la querella fue la primera acción judicial del mundo contra los crímenes cometidos en España durante la dictadura franquista (1936-1977).² La causa tiene como particularidad juzgar, después de transcurridos treinta y nueve años, delitos que siguen impunes debido a la vigencia de una ley de amnistía que fue firmada en 1977 tras la muerte del dictador Francisco Franco, lo cual impide que los responsables sean juzgados.³

Mientras que en España esto ha venido obstruyendo el reconocimiento estatal de los delitos y de sus víctimas, de las y los que lo padecieron, en la Argentina, un pequeño grupo de personas, invocando el principio de “justicia universal”, pudieron abrir una causa judicial, conseguir visibilidad, apoyo y cierta legitimación.⁴ Se trata de familiares de asesinados y desaparecidos durante la dictadura franquista, quienes han contado con el apoyo de diversas asociaciones españolas y argentinas.

La investigación buscó construir y analizar etnográficamente el recorrido personal e institucional de las y los actores claves de este proceso político, así como el surgimiento de nuevos sujetos, contextos y tramas de relaciones fundamentales para la producción social del acompañamiento, el apoyo y la legitimación –tanto en clave de cooperación como de conflicto– de sus demandas. Como objetivo más amplio, está el de contribuir desde la antropología social al conocimiento de las maneras en que la “justicia universal” se actualiza a través de espacios y herramientas jurídicas en el plano no sólo transnacional sino fundamentalmente en el marco de acciones e iniciativas políticas locales.

Debido al proceso político en el cual fue conformándose La Querella, desbordando al estricto sentido jurídico y al espacio de los tribunales y sus especialistas, aquella resulta un proceso y un fenómeno que no ha sido abordado en plenitud o que, mejor dicho, ha sido atendido bajo las diversas perspectivas de los actores e instituciones que la producen holísticamente como hecho social (Mauss, 2012: 30-31). Si su tratamiento ha estado enfocado desde movimientos de derechos humanos, al activismo y la militancia política, en este trabajo he procurado relacionar esas perspectivas con las de la antropología política. De este modo, un conjunto de trabajos antropológicos sobre procesos y dinámicas políticas dialogan con mi investigación más allá del caso específicamente atendido, ya que me proveen de entendimientos básicos para el estudio etnográfico de la militancia partidaria y movimientos sociales (Rosato y Balbi, 2003; Balbi, 2007; Frederic y Soprano, 2009; Gaztañaga, 2010; Quirós, 2006, 2011). Asimismo, también han sido fundamentales trabajos producidos en el país sobre colectivos de familiares de víctimas en diversas situaciones socialmente traumáticas (Zenobi, 2014; Rebollar, 2016, 2019; Gatti, 2017) y una antropología jurídica del activismo de las propias víctimas (Garaño, 2009, 2010; Pita, 2010; Vecchioli, 2011; Delamata, 2004, 2016; Arosi, 2017). El trabajo de Marina Montoto (2017) es el que más se acerca casuísticamente con esta investigación, en cuanto a que sus actores también están inscriptos en el proceso de denuncia de los crímenes cometidos durante la dictadura española; sin embargo, su trabajo está localizado y enfocado en las víctimas españolas y sus familiares en España.

A nivel conceptual, busco aportar al análisis de esta causa, más allá de la categoría de víctima como protagonista y del campo de los derechos humanos como delimitadores jurídicos y políticos. Es decir, que permita dibujar las distintas formas y texturas que adquieren para estas personas la causa judicial y su activismo, los imaginarios sociales y los proyectos personales, las formas ritualizadas en que operan, las disputas y complicidades cotidianamente producidas, las relaciones personales y profesionales, los afectos y entendimientos, las cosas dichas y las guardadas, los proyectos, los sueños, los temores...

En esta ocasión, mi propósito es presentar en una primera parte, un análisis acerca de las categorías de adscripción que emergen por parte de mis interlocutores a lo largo de sus trayectorias y que se conjugan y sirven como construcción identitaria en el marco de lo que ellos denominan La Querella argentina. Considerando que, quienes comúnmente son identificados como víctimas o familiares de víctimas, aquí aparecen como querellantes a la hora de ocupar diferentes espacios y movilizar las demandas por sus familiares. Existe una articulación entre familiares-querellantes y el universo judicial, donde ese universo, por un lado, los somete en su burocracia pero, por otro, los fortalece al permitirles el acceso a ese nuevo universo que les favorece la movilización política del reclamo. Por ello también dedicaré una segunda parte del trabajo al sentido de los postulados “memoria, verdad, justicia y reparación” como motor de las acciones que llevan a cabo.

Familiares querellantes contra el franquismo

Diversos factores operaron a la hora de considerar a las víctimas españolas. Uno de ellos está vinculado con que en el campo del derecho, sobre todo el penal, en España se ha sustituido la idea de justicia y castigo por justicia y reparación de las víctimas, así, “la injusticia es vista como una acción que destruye una relación y que la justicia debe reconstruir” (Mate, 2008: 12). Desde la Segunda Guerra Mundial y el reconocimiento de los horrores que había producido el régimen totalitario de Hitler (Arendt, 1998, 2000), la noción de memoria aparece como algo necesario para la construcción de garantías de no repetición. De forma paulatina, la memoria histórica en España ha ido adquiriendo cada vez más relevancia política y social, y su legitimación puede hallarse en el reconocimiento de instituciones estatales y supraestatales.

El reconocimiento social y jurídico de la existencia de la categoría de víctima supuso la elaboración de una serie de derechos concretos que apuntan, según las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a saber, la verdad, a obtener justicia y a ser reparadas por el daño sufrido, donde:

El Estado debe garantizar el acceso igual y efectivo a la justicia; la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; y el acceso a información pertinente sobre los abusos y los mecanismos de reparación. La reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, comprende cinco tipos de prestaciones: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición (Amnistía Internacional, 2006: 26).

La aparición de esta figura y de su amparo jurídico, dio pie a la incorporación de profesionales especializados en este campo; psicólogos, defensores de derechos humanos, investigadores de distintas disciplinas, abogados, entre otros, que acuden a estudiarlo y ayudarlo. Los organismos de derechos humanos intervienen como agentes genuinos en los casos en los que un acontecimiento se identifica como crimen contra la humanidad y con ello la existencia de personas vulneradas. La forma en la que lo hacen aporta a estas “nuevas víctimas” un espacio social confortable donde superar el dolor y ser recompensadas (Das, 2008; Butler, 2006; Gatti, 2011; Fassin, 2016).

En el marco de la causa contra la impunidad de los crímenes del franquismo en Argentina, examino el proceso que atraviesan, los espacios que generan y las acciones que desarrollan aquellas personas que los impulsan en Buenos Aires, en su mayoría familiares de víctimas del franquismo y militantes republicanos. Son ellos quienes, a través de diversas adscripciones de lucha y estrategias de organización por la visibilidad y el reconocimiento de sus demandas, se agrupan, trabajan, peticionan y son capaces de disputar los significados en torno a lo que llaman La Querella como causa política. No se trata únicamente de un procedimiento judicial en el que intervienen abogados y diversos profesionales del ámbito, fundamentalmente La Querella está constituida por un conjunto de acciones políticas llevadas a cabo por parte de diferentes actores en pos de una causa concreta.

Aquello que La Querella argentina intenta juzgar como genocidio y crimen de lesa humanidad se corresponde con el período conocido como guerra civil (1936-1939) y dictadura (1939-1975) en España.5 En el reconocimiento e identificación de elementos en común con la experiencia argentina de la última dictadura militar, la transición democrática, el activismo de sus víctimas y la movilización de valores vinculados con los derechos humanos, además de los lazos preexistentes entre abogados de España y Argentina (Zeitlin, 2014), las víctimas del franquismo y sus familiares encontraron herramientas mediante las cuales construir sus propias demandas en Buenos Aires.⁶ La forma en la que la sociedad argentina ordena y significa el pasado, impactó en las biografías de las personas que emprenden e impulsan La Querella, tomando en cuenta que fue en Argentina donde forjaron sus militancias y activismos.

Los primeros querellantes son: Darío, por el fusilamiento de su padre, conocido también por la prensa como “el hombre que venció a Franco” por su trayectoria. Logró encontrar el cuerpo de su padre tras una larga búsqueda a través de testimonios de vecinos del pueblo en Galicia, exhumar y re-enterrar el cuerpo. Al ser quién interpuso la primera demanda, logró romper con el silencio y el olvido instaurado por el franquismo. Inés es querellante por el asesinato de su tío-abuelo, y Adriana, por el de su abuelo, a quien también logró encontrar, exhumar y re-enterrar.

A partir del momento en el que identificaron el daño causado hacia sus familiares como una injusticia que debe ser atendida, comenzaron a identificarse como familiares de víctimas y asumieron un compromiso como tales: luchar por la memoria, verdad, justicia y reparación (Zeitlin y Puga, 2022). Como indica Pita, “a través de los muertos los vivos protestan y reclaman; sus muertos funcionan como demarcadores morales y son también generadores de nuevos actores sociales. Así, los muertos bajo estas circunstancias dan lugar al surgimiento del familiar” (2010: 17). A su vez, el poseer un vínculo de parentesco con la víctima directa crea un efecto divisorio a través del reconocimiento de la experiencia intransferible que vincula a quienes padecen una situación idéntica, separando de aquellos que no lo vivieron (Vecchioli, 2005). Los tres querellantes construyeron desde el comienzo una relación de “amistad” muy fuerte. Esta amistad fue fortaleciéndose a lo largo del tiempo en formas de solidaridad, empatía, generosidad, y reciprocidad mutua. El vínculo entre ellos se fue forjando al compartir un mismo espacio de reclamo e ideología, y al transitar el mismo pedido de justicia por la muerte de “sus familiares”.

El hecho de tener un familiar afectado y poseer un vínculo de sangre con la víctima directa es el medio y el camino a través del cual las personas que demandan justicia ante los crímenes se legitiman también como víctimas, apropiándose del dolor y de la historia del familiar (Vecchioli, 2005; Jelin, 2007; Zenobi, 2014). La legitimación y la consideración del familiar de la víctima como también una víctima capaz de demandar, ayudó a que personas que habían nacido en otros países, pudieran sumarse como protagonistas a pesar de no haber vivido en el contexto que se denuncia. Además, como víctimas transnacionales (Gatti, 2011) logran ser reconocidas y entendidas más allá de las fronteras geográficas y temporales, creándose una amplia comunidad moral de quienes han padecido el sufrimiento (Veena Das, 2008). Son “un doliente universal y, sin embargo, local en su origen” (Gatti, op. Cit.: 525-526).

Si la legitimación de un sujeto como víctima supone el reconocimiento de un lugar concreto en la sociedad que la separa del resto por haber sufrido un daño, y les permite en cierta medida ser de ese modo, a partir de la causa judicial, se produce una distinción mayor entre las víctimas y quienes comienzan a ser identificados como querellantes. Éste es el espacio atravesado junto a expertos de prestigio y de autoridad, un ámbito complejo lleno de procedimientos y textos que solo ellos son capaces de interpretar. El derecho encarnado en la práctica de los profesionales que lo ejercen, distingue figuras jurídicas sobre las cuales se definen derechos que no solo las contemplan, sino que además ejercen sobre ellas un poder.

A partir de haber judicializado los casos en Argentina, familiares de víctimas empezaron a ser reconocidos además, y sobre todo, como querellantes. Como los principales protagonistas, desde la Argentina, impulsaron tanto desde lo judicial como desde lo social La Causa por sus familiares, estos fueron construyendo redes de relaciones con abogados, asociaciones españolas y argentinas, referentes de los derechos humanos en Buenos Aires y España, documentalistas, entre otros, de forma profesional y personal. Dieron conferencias de prensa sobre sus casos particulares y la causa común contra la impunidad, organizaron eventos, hicieron documentales y escribieron libros. En una charla organizada por ellos en conmemoración del Día del Golpe de Estado de España, Adriana definía a Darío como quien “empezó un poco con todo este sueño”, y es que La Querella es para mis interlocutores un sueño hecho realidad por haber logrado instituir judicialmente el trabajo que venían haciendo por sus familiares. Legitimados por parte del derecho y los profesionales que intervienen en su nombre, fueron aprendiendo un nuevo lenguaje y adquiriendo nuevas formas de ocupar los distintos escenarios donde participan. En este sentido, estas personas atraviesan un proceso de subjetivación e identificación en la búsqueda del reconocimiento. Como escribe Gatti, al aplicarse los derechos, aunque sea de forma paulatina, operan creando “verdad, consenso, secuencias legitimadas de memoria, y al tiempo, contribuye a la creación de nuevos sujetos colectivos […] los sujetos asistidos por esa batería legislativa” (2011: 525).

A lo largo de su trayectoria como los primeros querellantes, Darío, Inés y Adriana, consolidaron un espacio propio, como si fuera la defensa de un nicho que les pertenece, donde se reconocen sus propias demandas y el trabajo político que llevan a cabo.⁷ Han ido trazando límites dentro de la arena política en torno a la pertenencia al colectivo a través de la definición y producción de la víctima, del familiar y del querellante en base a movilizar relaciones institucionales y personales, y también por una cuestión de pertenencia y compromiso hacia los mismos abogados. El activismo de los querellantes fue crucial a la hora de generar espacios propios, Darío, Inés y Adriana ya son identificados desde el compromiso hacia el familiar y su lucha los exceptúa de exponer constantemente acciones que las posicionen o reconozcan. Detentan el capital simbólico (Bourdieu, 2001) reconocido no solamente por el Estado a través del sistema jurídico sino también socialmente, en el proceso por el cual han hecho algo con esos lazos, su dolor y sus muertos: se han transformado de familiares a “activistas políticos” (Pita, 2010: 206).

Hacer activismo en un proceso jurídico requirió la traducción de sus historias familiares en discursos políticos y testimonios jurídicos, del aprendizaje de un nuevo lenguaje, politizaron las emociones, convirtieron sus experiencias en pruebas, construyeron lazos de reciprocidad con otros colectivos de víctimas, tejieron redes interpersonales con profesionales de los derechos humanos y adquirieron herramientas que en su activismo lograron establecerlas como portavoces oficiales de las víctimas del franquismo. Además, el activismo de las querellantes supuso un manejo y uso de la política cuidado y estratégico para que su reputación adquirida y legitimada no sea cuestionada, “la figura del familiar aparece entonces como una nominación que, en tanto remite a lazos primordiales, produce si no un borramiento, al menos una suspensión de diferencias político-ideológicas” (Pita, 2010: 190).

Una vez parte de la querella y tras varias actividades como querellante, Inés encontraba en su activismo instancias finitas y en una ocasión me confesó: “Ahora es como que llegué a mi límite. Como que no encuentro nada más para hacer”. Pero, a pesar de que para Inés el activismo parece agotarse en el acto de querellar, la militancia se convierte para mis interlocutores en un capital cultural incorporado, como una forma de actuar y pensar necesaria en la persecución de objetivos concretos y el reconocimiento por parte del resto de personas con las que se relacionan. “Después de la justicia, después va a haber otra cosa porque luchar, te convertís en militante, seguís, siempre alguna causa va a haber. Es un trabajo que no termina nunca”, me aclaró Adriana en una ocasión.

De este modo, como un trabajo que no se termina nunca, los querellantes decidieron materializar su lucha en una asociación que concentre el trabajo que vienen haciendo. Cuando fundaron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) un objetivo fundamental era “ayudar a la gente a conseguir documentación, cosa que es re difícil” y lograr crear un espacio propio de militancia donde se nucleen, como me dijo Inés, “personas que sentimos lo mismo”. La asociación era reflejo del esfuerzo y trabajo de los querellantes en el proceso jurídico y sobre todo político, en ella exponían el valor de ese trabajo y eran reconocidos como referentes, teniendo en cuenta que “el ‘familismo’ y el ‘maternalismo’ son criterios centrales de la atribución de legitimidad de la palabra pública en Argentina” (Jelin en Zenobi, 2014: 33). Al fallecer Darío, Inés y Adriana se convertían en referentes y guías para otros familiares y víctimas a través de la asociación.

Los querellantes argentinos reconocen como fundamental el hecho de ser ciudadanos de un país que también atravesó una dictadura y que, a diferencia de España, sí consiguió imputar y condenar a sus culpables. Esta experiencia diferencial es parte de La Querella y les otorga una herramienta poderosa, material y simbólica, que las víctimas del lado español no poseen.

Las categorías víctima o querellante cobran fuerza y se ponen en juego constantemente en los diferentes contextos por los que mis interlocutores transitan. La adscripción a una, a otra o a ambas es contextual y situacional; es decir, varía según el valor que represente la categoría en el espacio en que ellos actúen o para las personas con las que interactúen. Dependiendo del contexto, ser definido como víctima y/o querellante, adquiere importancia y valor simbólico a la hora de ocupar un lugar protagónico de reconocimiento en la escena jurídica y política.

El trabajo por la “memoria, verdad, justicia y reparación”

La Querella contra los crímenes del franquismo como espacio social y político ha sido producida por sus protagonistas como una causa legal y sobre todo legítima, en torno de la consigna “verdad, memoria, justicia y reparación”.

Las dos esferas en que La Querella es construida, la jurídica y la política, son diferenciales por cuanto implican recorridos diferentes y son, hasta cierto punto, autónomas, aunque interdependientes. La esfera judicial es para mis interlocutores donde La Querella adopta su propio término formal de existencia con un matiz legalista y amparada en la competencia y el trabajo de los profesionales del derecho. En este sentido, posee normas acerca de su funcionamiento y el mismo está circunscripto y burocratizado. Pero La Querella como causa trasciende lo jurídico hacia lo político, a través de las relaciones y espacios de militancia y activismo, en principio derivados del movimiento de derechos humanos y luego amplificado hacia terrenos partidarios locales. Lo político aquí habilita al menos dos cosas: una, otorga agencia legítima a los sujetos que no poseen credenciales oficiales pertinentes para operar en la esfera judicial, dándoles un lugar y sentido en la causa, roles concretos y protagonismos diferenciales. La segunda, el trabajo de divulgación y difusión hacia el tejido social más amplio fuera de La Querella, da espacio a una efectividad concreta que también respalda y legitima a la causa, abre paso al desahogo, la escucha, la empatía y solidaridad, es decir, la reparación en términos simbólicos.

La Querella, por lo tanto, no solo es aquí un procedimiento judicial emprendido por abogados y diversos profesionales del ámbito, es también, el conjunto de acciones políticas desarrolladas por parte de diferentes actores en pos de una causa concreta.

Acompañando a los diferentes actores en su militancia de la causa contra la impunidad del franquismo, fui observando algunos elementos que entraban en juego a lo largo de la toma de decisiones, organización de eventos y el propio accionar de los sujetos en ellos. Dentro de los argumentos a que apelaban para definir “la identidad del movimiento”, la defensa de los derechos humanos significaba tomarlos desde la experiencia argentina y particularmente de la lucha local por la justicia de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

La consigna promulgada e institucionalizada por los movimientos de derechos humanos nacionales e internacionales “memoria, verdad, justicia y reparación” se convirtió en bandera y eslogan de las acciones que desempeñaban querellantes y militantes.⁸ Esto les permitía ser reconocidos y entendidos en diversos contextos más allá de las fronteras delimitadas por La Querella, adscribirse a un movimiento social y político amplio que concentra múltiples causas particulares y a la vez lograba generar adscripción a través de valores morales compartidos. Dicha consigna se convirtió en el nexo común a pesar de sus diferencias internas.

En diferentes niveles, los derechos humanos son definidos por organismos internacionales como la creación de derechos concretos hacia las víctimas de genocidio, dictadura o terrorismo de Estado. Pero son también apropiados y resignificados en las acciones políticas que se llevan a cabo las personas que los promueven, reclaman y defienden. Por esto es pertinente prestar atención a los casos concretos y usos particulares, y a los significados cristalizados en esos postulados.

Es relevante recordar que los primeros querellantes nacieron y/o vivieron la mayor parte de su vida en un país que es reconocido internacionalmente por su trayectoria en materia de derechos humanos, tras derogar las leyes de Punto final y Obediencia debida, decretadas por el presidente Raúl Alfonsín (UCR 1983-1989) en 1987, juzgar a algunos de los culpables y consolidar en su trayectoria organizaciones que trabajan activamente por los derechos humanos. El haber estado involucradas en política y en la militancia por los derechos humanos en la Argentina, sirvió como espacio no solo de socialización, sino también de aprendizaje. A través de su experiencia, han trabajado para poder funcionar con e independizarse de otras organizaciones o agrupaciones políticas, lo cual es muestra de que no solo están definidas por el contexto sino que además son generadoras de nuevos contextos (Das, 2008:24), a través de un conjunto amplio de narrativas y diferentes formas de transmisión que se actualizan constantemente en las prácticas.⁹

Empapados de la experiencia argentina, los querellantes junto a militantes construyeron sus historias desde otro ángulo, comparado con aquellos que permanecieron en España y crecieron en un contexto de silencio y olvido. Poseen otras herramientas y noción sobre los deberes del Estado con respecto a sus derechos. Aquí de algún modo se da una hibridación entre lo vivido, aquellas historias heredadas a través de familiares españoles, y la influencia de profesionales que los acompañan, como una especie de autoridad de transmisión colectiva. Querellantes así entienden y defienden su lugar en La Causa: “Acá las abuelas buscan a los nietos y a nosotros nos tocó a los nietos buscar a las abuelas”.

Los querellantes, no solo han aprendido a leer y comprender un mundo plagado de tecnicismos como el jurídico y el forense, sino que, al habitar espacios estatales, los han incorporado activamente al dolor que sentían politizándolo, convertido en una bandera de reclamo de derechos concretos. Para Inés los “derechos humanos hablan de memoria, verdad y justicia”, y en estos postulados se enmarcan las acciones que llevan a cabo. En concreto, me aclaró que “la memoria histórica” implica “investigar, ver expedientes, y con eso llegar a la verdad, con toda esa investigación”, y, en tanto forma de constituir verdades, para ella es importante. Inés siempre fue clara en cuanto a que la memoria no es simplemente el hecho de reconstruir un relato o recordar. La memoria no es per se: se construye. Construir esa memoria es parte del trabajo político, de la militancia, del aprendizaje de nuevos lenguajes, símbolos, normas, etc.

Si como me señalaba Inés, hacer memoria es investigar, es aprender a leer esos expedientes, es entenderlos y significarlos tanto política y jurídicamente, entonces buscar y explicar “la verdad” como objetivo es parte del resultado de esa militancia, de ese trabajo, y éste es traducir realidades complejas y subjetivas en verdades legibles y legítimas para toda la sociedad, que expresan valores morales, que discuten lo justo y lo injusto, y éticos de lo que está bien y está mal. Las anécdotas familiares se convierten en testimonios públicos y en parte fundamental en la construcción de las narrativas y de la identidad de quien narra. De este modo rompen con el silencio y “hacen política a partir de sus relatos” dando lugar a “las memorias” sobre el pasado (Da Silva Catela, 2015). Generan así un relato acerca de la guerra y de la dictadura española que incluye desde testimonios personales, juicios morales, hasta imputaciones más amplias hacia las prácticas por parte de quienes ejercían la violencia; todo ello siempre bajo la premisa: verdad, memoria, justicia y reparación. También generan un poder evocador marcado por discursos y acontecimientos rescatados de referentes del pasado en el presente, políticos y militantes sobre los que se reflejan. Identidades como: Federico García Lorca, La Pasionaria (Dolores Ibarruri), los brigadistas y luchadores republicanos aparecen resignificados como ejemplos que los retrotraen y van perfilando la historia legítima, aquella que se manifiesta y defiende.

Quienes son parte de La Causa contra el franquismo, creen en la necesidad de pasar la antorcha a través de generaciones, haciendo que lo individual sea posible por estos dispositivos que se conservan comunitariamente. Adriana, en una entrevista, insistió en que su demanda es parte de “un eslabón, ya que no es solo una lucha nuestra, el objetivo es que sea algo que no se termina”. Mediante la instauración de la memoria, no solo se pretende la inculcación de una serie de valores que permiten la ruptura de discursos hegemónicos sobre la dictadura franquista y su impunidad, sino que además se logra la trascendencia del plano físico-material de los familiares que cada uno reivindica. Es decir, en cada uno de los actos de narrar se disputa la muerte como una injusticia y se recupera la vida dentro de un campo simbólico-espiritual de aquellos que murieron en la guerra o en la dictadura, desafiando la temporalidad y los espacios. Hacer de La Causa una lucha eterna que implique a toda una sociedad es trabajar para que las historias no mueran y, con ello, tampoco sus protagonistas. Por eso, Adriana considera que “hay que difundir para que la memoria y para que la historia se sepa y no deje de existir”. En definitiva, el trabajo político que llevan a cabo mis interlocutores por la búsqueda de memoria, verdad, justicia y reparación, moviliza símbolos e ideas, lógicas, relaciones interpersonales, estrategias y posicionamientos, que hacen que la causa particular vista como deber familiar se convierta en una causa colectiva.

Al traducir la muerte del familiar particular a una injusticia que involucra a la sociedad y al Estado, la memoria aparece como una arena de disputa donde se discuten los sentidos de la historia recuperada y se lucha por legitimar el relato como verdad. Como plantea Jelin: “la memoria no es el pasado, sino la manera en que los sujetos construyen un sentido del pasado, un pasado que se actualiza en su enlace con el presente y también con un futuro deseado en el acto de rememorar, olvidar y silenciar” (Jelin, 2017:15).

La importancia del espacio que se genera en el trabajo político de hacer memoria radica en que para los querellantes posibilita exteriorizar y expresar el duelo y reivindicarlo socialmente como una causa política, además, estos espacios son experimentados comúnmente como terapéuticos para víctimas y sus familiares (Das, 2008).

Cuando refería a la consigna “memoria, verdad, justicia y reparación”, la justicia no es algo que aparece repentinamente ni que está de por sí dado, la justicia corresponde a parte de ese proceso político en el que mis interlocutores están insertos. Significa establecer como verdad legítima ese trabajo por la memoria y lograr que sea reconocida por toda la sociedad. Coexisten recorridos diversos pero complementarios en la construcción de dicha verdad y en la obtención de la justicia. Aparentemente, se trata de algo más simbólico que material, dado que los crímenes cometidos sucedieron hace tantos años que muchas víctimas y sus culpables ya no se encuentran con vida. Víctimas, familiares, querellantes y militantes que los acompañan trabajan políticamente para reparar moralmente, subsanar dignidades, rehacer lo que la dictadura dejó como consecuencia; historias y personas desaparecidas en términos tan literales como metafóricos. La lucha por el reconocimiento social supone la legitimación de los casos particulares como parte de una causa inscripta dentro de un movimiento mucho más amplio y colectivo. La justicia y la reparación se encuentran en la solidaridad de la propia sociedad que las reconocen, las acompañan y les brindan un lugar especial. Por eso, Inés al recordar sus pasos en esta lucha burocrática, sus frustraciones y aprendizajes, me cuenta que más allá de las denuncias judiciales hay una particular importancia en la visibilización social:

Yo iba a presentar una denuncia por mi abuelo. Slepoy consideraba que no tenía suficientes pruebas de que lo habían matado, y yo había hecho toda una denuncia para presentarla a la jueza Servini. Pero no hay una partida que diga: murió. Entonces, después digo no, ya está en internet, ya es conocido y eso es importante. Quedó así, no presenté la denuncia ante Servini.

Para mis interlocutores, en el desarrollo del trabajo que llevan a cabo en la causa contra el franquismo en Buenos Aires, ya se está haciendo justicia y reparando, se trata de marcar un precedente, ya que, a pesar de la existencia de una ley de amnistía en España, se abre la oportunidad a muchas personas de tener un marco donde poder actuar jurídica y políticamente respecto a los crímenes cometidos contra sus familiares. Además, en los actos de conmemoración, los ciclos culturales y políticos, las charlas y presentaciones de libros y/o documentales, se logra escribir y divulgar la historia vivida y transmitida, es allí donde las personas, vivas y/o muertas reciben su reparación en el propio hecho de reconocerse, legitimarse y homenajear.

Las redes son necesarias y fundamentales en el desarrollo de una causa que se impulsa y se construye desde lo político en el plano social, es ahí, en los espacios de cohesión y solidaridad donde los afectados encuentran el respaldo. Ser querellante es actuar desde otra posición y con otros derechos distintivos. A partir de su definición y reconocimiento en diferentes ámbitos (legal, social, político, etc.), estos sujetos aprenden a habitar el mundo bajo nuevos parámetros. En su activismo buscan poder lograr, por un lado, concentrar todos los poderes y llegar a un amplio sector social, y, por otro, la perdurabilidad de la memoria y una transformación a nivel de conciencia mediante la divulgación, legitimando su relato frente a otros; consolidarse como tradiciones orales.

Conclusiones

El objetivo de este texto fue exponer las principales formas de acción política que configuran el proceso de La Querella, poniendo el foco en las personas que participan como querellantes en la búsqueda de “memoria, verdad, justicia y reparación”. Me enfoqué en presentar las distintas categorías de adscripción: víctima, familiar y querellante, que emergen en La Causa y ver cuáles son algunas de sus características, posicionamientos y dinámicas. Esto me permitió ahondar en lo que significa y ofrece la praxis de querellante para mis interlocutores, algunos de sus puntos de encuentro y desencuentro con las de víctima, preceptos morales, estrategias y objetivos.

Inés, Darío y Adriana aparecen como querellantes a partir de las denuncias presentadas en Argentina por los fusilamientos de sus familiares durante la dictadura española. A partir de la experiencia compartida en el proceso de denuncia, se consolidaron como grupo y se distinguieron del resto de familiares de víctimas que no lograron judicializar los casos. El acceso a la justicia operó como circuito legitimador y distintivo. Así reconocidos, fueron delimitando sus derechos y trazaron lógicas que buscaban defender su exclusividad y legitimidad como personas reconocidas por el derecho y más allá del mismo. El acompañamiento entre ellos, la amistad que forjaron bajo la premisa de un sentimiento único compartido, y el dolor, la necesidad de justicia por lo cometido hacia sus familiares y el desamparo ante el silencio impuesto por el Estado español al que le reclaman.

En esta causa pude encontrar que querellante aparece como una categoría con una fuerte carga simbólica, distintiva y legitimadora, dentro y fuera del proceso jurídico y de la construcción de los vínculos entre sus protagonistas. La propia nominación expresa una acción legal y se distingue de la víctima en cuanto a que conlleva una agencia y está avalado y legitimado por el derecho. Al definirse como tales, delimitan el espacio enmarcándose en una causa concreta y restringiendo la pertenencia a él a través de una acción llevada a cabo que jerarquiza entre el ciudadano común, la víctima, el familiar y el querellante. La ambigüedad en la adscripción propia y externa de los actores, como familiar y querellante a la vez, habilita una dinámica informal, aunque permanente, que amplía o reduce las fronteras del reconocimiento y la legitimidad, más allá de la estricta legalidad, dependiendo del contexto en el que los actores se muevan y con quiénes y cómo se relacionen.

Las causas familiares, al pasar por la maquinaria judicial, se hicieron carne en los querellantes como sus principales representantes. Quienes forman parte de La Querella, al exponer el trabajo que llevan a cabo producen y gestionan significados sobre el lugar que ocupan y el valor de lo que hacen. En este sentido, los querellantes han organizado múltiples charlas, homenajes, entrevistas, han participado de encuentros de Derechos Humanos y han estado presentes en eventos en los que La Causa era reconocida. Los eventos en los que mis interlocutores se ven incluidos, tratan de relaciones, repertorios simbólicos y recursos que se activan en pos de construir una imagen que les identifique y distinga respecto al resto. El trabajo político se inscribe como significativo para los actores dentro de una dinámica grupal jerarquizante, de inclusión y exclusión, y cimentada en acciones cotidianas.

La trayectoria atravesada como querellantes requirió del aprendizaje de nuevos derechos a través de los cuales actúan, de la interacción con otros expertos y la incorporación de un determinado lenguaje profesionalizado que les permite defender su lugar en La Causa.

Como he intentado mostrar, la consigna “memoria, verdad, justicia y reparación” es construida a lo largo de las acciones llevadas a cabo por parte de quienes la impulsan en el marco de esta causa, de forma colectiva, y en ella se disputan los sentidos que otorgan a La Causa. Pararme sobre la consigna “memoria, verdad, justicia y reparación” me ayudó a comprender el sentido que en esta causa tiene por parte de mis interlocutores y sus prácticas. La memoria aparece como motor y el trabajo político que tanto unos como otros llevan a cabo, y por lo general en el discurso aparece acompañado del adjetivo “histórica” ya que hace alusión a la memoria sobre el pasado. En concreto, querellantes junto a otros actores que los acompañan hacen memoria histórica y para ello recuperan desde una perspectiva moralizante las historias de sus antepasados españoles y disputan los sentidos de justicia y de verdad sobre ellas. El lema “memoria, verdad, justicia y reparación” que comúnmente está asociado a derechos tras crímenes de genocidio o lesa humanidad, aquí aparece de forma sustantiva acompañando al verbo “hacer”: es el trabajo político de mis interlocutores en La Causa.

En el proceso de conformación de espacios generadores de memoria, verdad, justicia y reparación está el trabajo constante de este colectivo de personas que combinan la cotidianidad con la política. Existe un esfuerzo por integrar el trabajo político como forma de vida, visto como el ejercicio y desempeño de acciones morales donde sus valores se ven materializados y reconocidos. La querella como causa judicial fue lo que sirvió como motor en la conformación de un movimiento mayor en pos de los derechos humanos contra la impunidad del franquismo.

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