La masacre de Villas de Salvárcar (Ciudad Juárez)

Un acontecimiento, tres figuras de víctimas

Fabiola de Lachica Huerta1

Resumen

Este artículo explora la relación entre dos procesos sociales complejos: el proceso mediante el cual un hecho toma forma como acontecimiento, y el proceso a través del cual emergen distintas figuras de víctimas. El caso empírico a analizar es la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, México, que ocurre en el inicio del cuarto año de la llamada “guerra contra las drogas”. Este artículo analiza cómo esta masacre, a pesar de no ser un hecho aislado en la ciudad, se configura como acontecimiento debido a las intervenciones de distintos sujetos políticos. Se analiza también el proceso de configuración de tres figuras de víctimas: 1) la víctima como responsable de su propia muerte; 2) la víctima que disputa su identidad y que en esta disputa, emerge como sujeto político; 3) la víctima que es nombrada y debatida por los expertos. Estos procesos se analizan en declaraciones y notas de periódico que son las formas a través de las cuales el acontecimiento se materializa. Se argumenta que los dos procesos sociales complejos analizados están engarzados en tiempo y en espacio, y el movimiento de uno implica el movimiento del otro.

Palabras clave: Acontecimiento, víctimas, sujetos políticos, Ciudad Juárez

Abstract

The aim of this article is to explore the relationship between two social processes: the process of configuration of an event and the emergence of victimhood. The event analyzed in this article is the Villas de Salvárcar massacre, which took place in Ciudad Juárez, México in the beginning of the fourth year of the so-called war on drugs in the country. The article analyzes how this massacre transforms into an event through different interventions of political subjects. Jointly, the process of configuration of three forms of victimhood takes place. The three forms are: 1) the victim as responsible for their own death; 2) the emergence of victims as political subjects after a dispute for their identity, and 3) the victim who is named and discussed by experts. These processes are analyzed in statements and newspaper articles that are the forms in which the event is materialized and through which it flows over time. The two processes are entangled, the movement of one piece in one process, moves the other.

Keywords: event, victims, political subjects, Ciudad Juárez

Introducción

En contextos donde la violencia se manifiesta en más de una forma y por periodos extendidos de tiempo, es común que las víctimas aparezcan difuminadas. Ellos y ellas aparecen cuantificadas, ocultas bajo formas estadísticas; se les concibe dentro de grupos por causas de muerte o lugares donde los hechos suceden. Paradójicamente, siendo las víctimas quienes sufren las violencias, éstas son representadas como sujetos anónimos, sin nombres, sin rostros. El proceso de configuración de las víctimas implica dejar ese estado para pasar a uno donde ellas y ellos aparecen al centro; donde se les nombra y se les reconoce a partir de características que trascienden temporal y categóricamente el hecho victimizante. Este proceso no ocurre para todas las víctimas ni como resultado de todos los hechos. Es más, sucede esporádicamente y en condiciones específicas. Es esta singularidad y contingencia la que se explorará en el devenir de un acontecimiento.

Este artículo explora la relación entre dos procesos sociales simultáneos: el proceso mediante el cual un hecho se configura y toma forma como acontecimiento, y el proceso a través del cual emergen distintas figuras de víctimas. Aproximarse al estudio de las víctimas desde una perspectiva acontecial es una apuesta teórica y metodológica. Teórica porque implica entender al acontecimiento como un proceso social único y complejo (Abbot, 1992; Sahlins, 1991; Sewell, 1996), contingente y vivo (Wagner-Pacifici, 2017). A la par, la configuración de víctimas es entendido también como un producto social resultado de distintas operaciones sociales (Zenobi, 2020). Es un proceso dinámico donde no sólo las identidades se disputan, sino el papel dentro de las narrativas y los sujetos implicados en el devenir del acontecimiento. La apuesta metodológica es estudiar las huellas que el acontecimiento va dejando, es decir, las formas en las que el acontecimiento se materializa: discursos, declaraciones, leyes, notas de periódicos, pronunciamientos, monumentos (Wagner-Pacifici, 2017). Esto permite poner a las víctimas al centro sin necesariamente recurrir a sus testimonios de manera vivencial –aspecto que resulta problemático para contextos violentos o en casos donde ha habido un trato poco ético de las víctimas–. Estudiar el proceso de configuración de víctimas —a veces como sujetos políticos— permite reunir sus voces desde distintas fuentes y tejer una narrativa tanto del acontecimiento como de la disputa por su identidad.

El acontecimiento que se analiza en este artículo es la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, México. El hecho violento del que emerge el acontecimiento ocurrió el 30 de enero de 2010, en el inicio del cuarto año de la “guerra contra las drogas” en México instaurada por Felipe Calderón como estrategia nacional de seguridad. En términos generales, esta estrategia implicó la militarización de la seguridad pública y la respuesta reactiva a través de operativos a dinámicas locales de narcotráfico. Paradójicamente, los resultados fueron un incremento alarmante de homicidios, muchas veces resultados de “enfrentamientos”, y también un aumento importante en violaciones a derechos humanos por parte del ejército en contra de la población donde los operativos se desplegaron. Sobre el aumento de homicidios, el gobierno federal imponía la narrativa de: se están matando entre ellos.

La masacre consistió en el brutal asesinato de 15 personas, 13 de ellas menores de edad, estudiantes de preparatoria y universidad, quienes festejaban un cumpleaños en un conjunto habitacional al sur de la ciudad. Este hecho transitó rápidamente hacia un acontecimiento debido a una serie de intervenciones inesperadas por parte de distintos sujetos políticos ubicados no sólo a nivel local, sino también federal e incluso internacional. A través de esta serie de intervenciones, el acontecimiento fue tomando forma y fluyendo en el tiempo. Es a través de las primeras intervenciones –principalmente declaraciones– que se desencadenó el proceso de configuración de tres figuras de víctimas: 1) la víctima como responsable de su propia muerte. La narrativa de en algo andaban y se están matando entre ellos se materializó en la declaración del presidente Felipe Calderón respecto a la masacre. En segundo lugar, 2) la víctima que disputa su identidad –y la de las otras víctimas– y que, en esta disputa, emerge como sujeto político (de Lachica, 2021). Esta figura de víctima se materializa en la declaración de Luz María Dávila, madre de dos jóvenes asesinados en la masacre, encarando a Calderón en su visita a la ciudad. Además, esta materialización amplía la idea de la víctima directa para considerar víctima también a quienes se ven afectados por la pérdida de un ser querido (Robledo Silvestre, 2016). Finalmente, 3) la víctima que es nombrada y debatida por expertos. Uno de los sospechosos de la masacre –Israel Arzate– se declaró culpable bajo tortura a los pocos días del hecho. Unos meses después, los resultados del peritaje médico Protocolo de Estambul realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, demostraron los actos de tortura de los que fue objeto. Este caso tuvo seguimiento y asesoría legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la cual llevó el caso a instancias internacionales donde se reconoció como un caso emblemático de distintas violaciones a derechos humanos. En otras palabras, Israel Arzate era nombrado como víctima del estado por expertos, mientras que ningún otro sujeto político en el contexto local nombró a Israel como tal. Cuando ciertas figuras de víctimas se encuentran, los campos de legitimidad se disputan y el “derecho a ser víctima” entra en juego.

En el proceso dinámico de la producción social de las víctimas, se disputa continuamente la definición de la categoría y su significado se amplía. En las escenas donde estos procesos se enmarcan, se incorporan y desvanecen sujetos políticos que intervienen en esta producción. A la vez que las víctimas cambian de posición con relación a otros sujetos políticos, el acontecimiento se moviliza y fluye en el tiempo. En suma, el enfoque teórico y metodológico de este artículo busca ser útil no sólo para analizar el proceso mediante el cual la categoría analítica de víctima va ganando terreno sino también para explorar las formas a través de las cuales los acontecimientos sociales se producen y mantienen en el tiempo.

El artículo está divido en cinco secciones, en la primera se describe el marco teórico del enfoque acontecial engarzado con el de la producción social de las víctimas. Después se restituye el hecho de dónde el acontecimiento emerge para situar la producción de las víctimas en tiempo y espacio. Posteriormente, se analizan cada uno de los procesos de emergencia de las víctimas, encuadrándolos en escenas determinadas por las formas en las que el acontecimiento se materializa. Finalmente, se apuntan algunas conclusiones sobre los elementos analizados a lo largo del artículo.

La emergencia del acontecimiento y la producción social de las víctimas

Los acontecimientos son fenómenos sociales complejos que surgen en momentos contingentes (Wagner-Pacifici, 2017). A diferencia de los hechos que son sucesos que ocurren y se sostienen únicamente mientras dura una acción, los acontecimientos parten de un hecho y se construyen a partir de todas las acciones sociales que surgen alrededor de él. Es decir, el acontecimiento no ocurre, sino que deviene y este devenir ocurre en el tiempo (Mead 2002).

Las acciones sociales que son parte de la construcción del acontecimiento son llevadas a cabo por actores sociales quienes al intervenir, se convierten en sujetos políticos. Son sujetos políticos porque sus acciones moldean y dan forma al acontecimiento. Tienen un papel activo y político en el sentido de que su identidad y sus acciones modifican el curso de estos fenómenos sociales. El rol que tienen en este devenir depende de la interacción con los otros sujetos políticos y con sus acciones sociales, las cuales modifican también su entorno. En suma, un acontecimiento es la conjunción única de diversos procesos sociales que emergen en un tiempo y espacio particular del cual escapan una vez que toma forma.

Aunque los acontecimientos son configuraciones únicas, contienen elementos del terreno de donde emergen pero se distinguen de lo uniforme (Veyne, 1994) entre otras cosas por su carácter disruptivo e impredecible (Abbot, 1992; Griffin, 1992; Sewell, 1996; Wagner-Pacifici, 2017). Al romper con el ritmo de la vida cotidiana (Das, 1996), los acontecimientos generan un estado de shock. En un esfuerzo por ordenar la realidad, los actores sociales empiezan a intervenir de distintas maneras, principalmente intentando explicar qué fue lo que pasó y por qué; quiénes están implicados y en qué calidad. Estas narraciones iniciales son las primeras categorizaciones de sujetos políticos que empiezan a dar forma al acontecimiento. Es decir, son el paso de actor social a sujeto político. Una vez que el acontecimiento existe en el mundo, son ellos quienes lo movilizan (Wagner-Pacifici, 2017).

Los acontecimientos son procesos sociales profundos, que tocan, trastocan y modifican las estructuras sociales (Sewell, 1996). Más allá de definir estas modificaciones valorativamente, estudiar los acontecimientos como procesos sociales permite ver cómo las condiciones existentes se transforman y alteran (Visacovsky, 2011). Es decir, los acontecimientos son rupturas creativas (Humphrey, 2008) y son también la apertura a nuevas posibilidades (Badiou, 2013; Das, 1996). Una de estas transformaciones y nuevas posibilidades es la emergencia de nuevos sujetos políticos (de Lachica Huerta, 2020).

Uno de los sujetos políticos que puede emerger de los acontecimientos, particularmente cuando estos son violentos, es la víctima. Las víctimas habitan las fisuras (Gatti, 2017) y surgen de momentos de ruptura. En este artículo, las víctimas son entendidas como condición que se produce (Pita and Pereyra, 2020). Es decir, no es obvio ni automático saber quiénes son las víctimas de un acontecimiento. Más aún, no sólo importa el proceso de producción de la víctima (Gatti, 2017; Zenobi, 2020) sino cómo ésta se vuelve sujeto político del acontecimiento que le vio nacer y cómo, en este proceso, el acontecimiento se moviliza.

En los acontecimientos, la víctima no siempre aparece en el mismo lugar. Cada intervención de un sujeto político reconfigura toda la escena y el papel de quienes participan. En estas reconfiguraciones a veces las víctimas son de quién se habla, a veces son quienes hablan, a veces se disputa su legitimidad.

Este artículo analiza tres figuras de víctima que se producen en el acontecimiento. En primer lugar, la figura de la víctima como aquella responsable de su propia muerte; la que en algo andaba o que algo habrá hecho (Bermúdez, 2016; Gibler, 2011). En esta narrativa, las víctimas no son lamentables² sino parte de indicadores insertos en estrategias de seguridad; la víctima es entendida como un ser genérico, anónimo. La segunda figura es la que, al reconocer y nombrar su experiencia como lamentable y reclamable, cambia su identidad (Felstiner, Abel, y Sarat, 1980). Ésta emerge como sujeto político que interpela al Estado (Schillagi, 2018) y que en este proceso de dejar de ser la señalada, es quien señala. En el acontecimiento que aquí se analiza, el reclamo de esta víctima no es la figura del ciudadano en busca de justicia (Gatti, 2017) sino una activista familiar (Pita 2010) aunque con matices, como se enfatiza más adelante. La tercera figura es la víctima que disputa su categoría, su legitimidad y su derecho a ser víctima (Fassin y Rechtman, 2009). Es decir, es la que es nombrada por expertos y en esta categorización, surge una disputa por su legitimidad. En esta figura, interviene el campo de saber experto de las víctimas, es decir, el de las personas activistas que disputan la política de las víctimas como son las políticas de la reparación (Torpey, 2001).

Pensar a la víctima como sujeto político confronta las formas tradicionales donde se entendía la víctima como sujeto doliente al que se le debe restituir el daño. Esta categoría política y social de la víctima, usada por el discurso de derechos humanos en las décadas de 1980 y 90 por ejemplo a partir de las experiencias de dictaduras en América Latina, es heredera de los debates post-holocausto. La genealogía de la categoría de víctima en México es distinta por dos razones. Primero, porque el debate de los derechos humanos de los años 80 estuvo construido con demandas muy específicas de derechos civiles y políticos que apelaba a la diversidad de problemas sociales pero sobre todo al cambio político. Es decir, en el discurso de derechos humanos en México, la categoría de víctima no era la misma que la de países que habían atravesado una dictadura.³ En segundo lugar, el contexto de violencia del país, que inicia en la década de 1990 y tiene un pico importante en la primera década de los 2000, está asociado con temas de inseguridad y narcotráfico. En este contexto, las víctimas reportadas en estadísticas son consideradas como parte del problema, porque aparentemente se mataban entre ellos. En la guerra contra las drogas, esta narrativa era prevalente.

La víctima como sujeto político que emergió de la masacre de Villas de Salvárcar confronta esta narrativa en el espacio público. La madre de dos jóvenes asesinados –que es víctima ella también– confronta a la autoridad, le demanda justicia y le exige una disculpa pública, en la misma arena donde se les culpó antes. Esto es novedoso para el contexto en donde las víctimas letales podían llegar a ser cientos en el país en un solo día. En este sentido, la aparición de la víctima en el espacio público es también una ruptura con los muchos otros hechos donde no pasaba nada. En esta masacre, se nombró a quienes murieron, se marchó con fotografías de sus rostros, se habló de sus inscripciones. En acontecimientos que ocurrieron después, donde las víctimas aparecían al centro, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,⁴ la masacre de Villas de Salvárcar y sus víctimas-sujetos políticos fueron referente. Finalmente, es importante anotar que no es casual que esto haya pasado en Ciudad Juárez, donde las madres de víctimas de feminicidio demandaron justicia desde que este problema empezó a identificarse en la ciudad. La influencia y el legado de estas madres fue fundamental para la emergencia de la víctima como sujeto político, como se verá más adelante. Este artículo busca aportar pistas para el estudio de la categoría de víctima y para el estudio de los acontecimientos violentos.

Métodos

Los acontecimientos son difíciles de asir como objetos de estudio. Están siempre en movimiento, aunque esto no siempre sea evidente para quienes lo viven. Los acontecimientos pueden estar en un periodo de latencia donde podría parecer que no están en el mundo. Sin embargo, de este estado pueden resurgir y volver a tomar forma por su cualidad de ser esfinge y fénix (Dosse, 2013). Reconociendo la vida del acontecimiento y sus formas cambiantes, la forma de estudiarlos es a través de las huellas que va dejando, por las formas en las que éste se materializa que pueden ser declaraciones, discursos, leyes, informes, notas de periódico, memoriales o monumentos (Wagner-Pacifici, 2017). Estudiar estas formas de cristalización permite asir el acontecimiento en un momento específico, reconociendo que un mismo acontecimiento tiene distintas formas de materialización a lo largo de su vida.

Estudiar las formas discursivas como una materialización del acontecimiento proporciona una variedad de voces de distintos sujetos políticos. Además, para el caso de las declaraciones, importa desde dónde se dice lo que se dice además de qué y cómo se dice. Importan también los medios donde estas formas son plasmadas o retransmitidas. Todos estos elementos contribuyen a que el evento siga tomando forma y lo que se esté generando tenga foros.

En este artículo se analizan tres declaraciones, una para cada figura de víctima. Además de ser enunciadas por sujetos políticos fundamentales para el acontecimiento, estas declaraciones fueron retransmitidas y diseminadas por distintos medios. Los medios de comunicación, así como las y los periodistas o comunicadores, son también sujetos políticos que intervienen tanto en la producción como en la movilización del acontecimiento.⁵

Se analizó la movilización de estas formas en periódicos locales y nacionales publicados entre el 31 de enero de 2010 y el 28 de mayo de 2018. El periodo analizado corresponde a la fecha de la ocurrencia de la masacre hasta casi el final de la administración de Enrique Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018. Aunque la fecha de fin de análisis no corresponde a un hecho en particular, estos últimos seis meses analizados revelan una disminución radical en las notas relacionadas con la masacre. El número de notas en este periodo de tiempo fueron 1,021, publicadas en 29 periódicos o portales de noticias que son parte de una hemeroteca digital especializada en la región de Chihuahua, llamada INPRO. De estos 29 periódicos, sólo 1 es internacional,⁶ 11 son de cobertura nacional⁷ y 17 son locales (estatal y municipal),⁸ La inclusión de todos los periódicos y medios impresos donde las notas circulaban fueron recuperadas para el análisis por contribuir a la construcción de la narrativa de la masacre. Las notas fueron leídas y codificadas en NVivo para el análisis de distintos temas relativos al acontecimiento. El código-nodo analizado fue “víctima”.

Un acontecimiento entre muchos hechos

El hecho violento del cual emerge el acontecimiento de la masacre de Villas de Salvárcar ocurrió en Ciudad Juárez, México. Esta ciudad fronteriza ha estado en reflectores nacionales e internacionales por distintas formas de violencia en distintos momentos. Cada una de estas formas de violencia es acompañada por una narrativa donde se identifica a perpetradores, a víctimas y a las acciones del gobierno u otros actores sociales frente a estas formas. Esto es relevante porque, como se mencionó antes, los acontecimientos no surgen de la nada, sino que contienen la materia que conforma el terreno de donde emergen. En este sentido se podrá observar cómo estas narrativas permean la vida del acontecimiento.

La primera forma de violencia relacionada con la identidad fronteriza de la ciudad fue la asociada con pandillas. Esta forma de violencia incluía peleas entre pandillas contrarias, el consumo o venta de droga a nivel local, la inseguridad asociada a asaltos a transeúntes o robos menores. Estas manifestaciones aparecieron en la escena pública a finales de la década de 1980 y durante la siguiente. En esta narrativa, la violencia asociada implicaba a jóvenes –cholos–9 que viven y ocupan espacios públicos en barrios marginados. La respuesta del gobierno y de una parte de la sociedad resultó en una estigmatización tanto de los barrios como de los jóvenes que los habitan, asumiendo que por cómo se veían, eran pandilleros, podían estar armados, y que consumían o vendían algún tipo de droga.

En los años 90, se empezó a hablar de la segunda forma de violencia estrechamente ligada a la ciudad: el feminicidio. Esta forma de violencia generó una importante movilización de familiares de mujeres desaparecidas y organizaciones solidarias en lucha tanto por el esclarecimiento de los hechos como por detener estos actos. En la narrativa inicial de esta forma de violencia se identificaron rasgos comunes entre las víctimas—mujeres jóvenes trabajadoras de maquila—. Además, se tejía una historia en torno a los lugares donde encontraban los cuerpos —el desierto, campos abandonados, terrenos baldíos— y en torno a los lugares de dónde ellas desaparecían —en camino a sus trabajos, en el centro de la ciudad—. La respuesta de una parte de la sociedad fue reproducir un discurso donde ellas parecían ser responsables de su desaparición: seguro se fue con el novio, seguro anda de fiesta. La respuesta del gobierno, no muy diferente, se tradujo en falta de investigación y de sensibilidad para estos casos.

Finalmente, la tercera forma de violencia que apareció en la escena pública en los años 90 fue la asociada al narcotráfico. Esta forma de violencia fue escalando, modificándose con el tiempo, llegando a ser un problema nacional hacia 2005. En Ciudad Juárez, la batalla se dio por la disputa de la plaza entre el Cártel de Juárez —que dominaba la zona de Chihuahua, Texas y Sinaloa— y el Cártel de Sinaloa. Esta forma de violencia se engarzó con las condiciones de la ciudad —condiciones de vida precarias, condiciones laborales precarias, formas de violencia preexistentes— lo cual complejizó la vida cotidiana. La narrativa de esta forma de violencia emerge con todo un vocabulario usado en todo el país para los actos o formas de morir asociados con el narcotráfico: encobijados, encajuelados, desaparecidos, desmembrados.

Esta violencia se vio exacerbada, paradójicamente, al implementarse la estrategia nacional de seguridad también conocida como “guerra contra las drogas”, impulsada por Felipe Calderón al asumir la presidencia en 2006. Una característica de esta estrategia fue la participación del ejército en tareas de seguridad y los montos sin precedentes destinados a armamento, personal y equipo (Santamaría, 2016). A nivel territorial se tradujo en operativos que buscaban desmantelar cárteles, enfrentándose con ellos, capturando a los líderes, y confiscando cargamentos de droga. Estos operativos eran implementados de maneras similares en todo el país. Cuando esto ocurría, se televisaba, se mostraban los rostros de los que se asumían como culpables y no se hablaba más de la investigación del caso. La narrativa del gobierno federal cuando había aumento de homicidios o enfrentamientos letales, era que seguramente había sido un ajuste de cuentas. De la misma forma, cuando aparecían cuerpos con algún rastro de violencia asociada al crimen organizado, se decía que tenía que ver con las peleas por las plazas, que se estaban matando entre ellos” (Schedler, 2016). Cuando alguien desaparecía o era víctima de algún otro crimen, circulaba la idea de que en algo andaban10 (Gibler, 2011). Esta narrativa era diseminada por autoridades federales, estatales y locales, reproducida por medios de comunicación, y asumida por una parte importante de la población.

La guerra contra las drogas en Ciudad Juárez se materializó primero en el Operativo Conjunto Chihuahua en 2008, que se transformó en la Operación Coordinada Chihuahua en 2010. El primero incluyó un despliegue de más de 2 mil soldados y 400 agentes federales. La ciudad acabó el 2008 con un conteo de 1,589 homicidios, 27.9% más que el año anterior. En 2009, los homicidios subieron a 2,399. Además, otros indicadores de inseguridad como el robo de carros, secuestros, personas desplazadas aumentaron, a la par de formas de violencia que no dejaron de suceder como feminicidios y desapariciones. A inicios de 2010, la situación de la ciudad ya era crítica. Éste fue el peor año en términos de homicidios en la ciudad.

La masacre de Villas de Salvárcar ocurrió la noche del 30 de enero del 2010. Un comando armado irrumpió en la casa ubicada en el número 1310 de la calle Villa del Portal en el conjunto habitacional Villas de Salvárcar al sur-oriente de la ciudad. Un grupo de hombres que aparentemente buscaban a miembros del cártel contrario, dispararon contra más de 50 personas que se encontraban en una fiesta de cumpleaños. El resultado fueron 14 personas muertas en el lugar y 14 personas heridas de gravedad que fueron hospitalizadas. Al paso de los días se sumó una víctima fatal, llegando a un total de 6 menores de edad, cuatro jóvenes de 18 y 19 años, y 5 adultos. De estas 15 víctimas, 10 eran estudiantes de distintas instituciones: Colegio de Bachilleres #9, del CBTIS #128,¹¹ y de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Además, algunos de ellos pertenecían al equipo de fútbol americano Jaguares. Los adultos víctimas de este hecho eran familiares y vecinos que intentaron salvar a los jóvenes. Una de las víctimas fatales no estaba en la fiesta, sino que era un vendedor de comida callejera.

Por el contexto descrito con anterioridad, se entiende que este hecho violento no era un hecho aislado. No fue la primera masacre ni la última en la ciudad. A la mañana siguiente, aún en shock y sin tener mucha información sobre lo sucedido, distintos sectores mostraron su solidaridad con las víctimas y familiares: personas de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, empresarios lanzaron distintos mensajes. Muchas particularidades de este hecho fueron centrales para las intervenciones que empezaron a movilizar el hecho hacia un acontecimiento. En estas primeras intervenciones, se resaltaban distintas inscripciones (Pita, 2020) como la edad de las víctimas, el que la mayoría fueran estudiantes, el estar en una fiesta en casa.¹²

Los primeros esfuerzos por ordenar la realidad, encuadran las primeras escenas: qué pasó, cómo, y por qué. Elaborando un poco más, se buscó identificar quiénes eran culpables y quiénes eran las víctimas. En otras palabras, en estas primeras narraciones aparecen los sujetos políticos centrales así como su rol en las primeras escenas del acontecimiento.

La producción social de tres figuras de víctimas

1. La víctima como responsable de su propia muerte

La escena donde se encuadra la primera figura de víctima se da en los tres primeros días después de la masacre. Las notas periodísticas que circularon en esos días reflejaron la incertidumbre y falta de claridad en torno a lo que acababa de suceder. El día siguiente a la masacre, domingo 31 de enero, no se registraron notas en torno al hecho. Por el contrario, hay un tenso silencio en los periódicos locales que se concentraron en retratar eventos de graduaciones de diversas preparatorias. El 1º de febrero, los periódicos locales rompieron el silencio con la circulación de 29 notas. La mayoría de ellas describieron lo sucedido, recrearon la escena, y reprodujeron errores o falta de detalles como nombres y edades de las víctimas. Muchos de los titulares resumieron lo sucedido en unas cuantas palabras: Matan a 14 estudiantes; Masacran a 14 en fiesta estudiantil, ¿dónde están los miles de policías?; Cinco deportistas, entre las víctimas de la agresión; Masacran festejo juvenil; Joven estudiante había sido reconocido por el gobernador. Otras notas alzaron la voz, anunciando movilizaciones y protestas de después: ¿Qué está haciendo el Operativo Conjunto, Sr. gobernador?; Iglesia condena el hecho enérgicamente; Prepara CBTIS 128 protestas públicas. Otro bloque de notas retrató la postura del gobierno en respuesta a la masacre: Ofrece PGR colaboración; Un millón de pesos por los asesinos; Pagará Municipio gastos funerarios; Repudia Pablo Cuarón, el multihomicidio de jóvenes en Ciudad Juárez. Las 20 notas del 2 de febrero dieron más detalles de lo sucedido, arrojaban un tipo de luz en las posibles líneas de investigación: ´Denles parejo´, les ordenaron a sicarios; Ligan a “Aztecas” con la masacre; Ya hay información sobre los asesinos. Estas notas estaban inmersas entre otras que hablaban de duelos, de manifestaciones, de reclamos a la autoridad por años de abandono a la situación de violencia en la ciudad. El mismo 2 de febrero, desde una gira de trabajo en Japón, el presidente Calderón hace una declaración en torno a este hecho que ya estaba siendo reportado en medios internacionales. La declaración es la siguiente:

No sabemos qué haya ocurrido ahí, si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes, prácticamente adolescentes; si esto refleja una lógica de pandillas y de bandas criminales que de suyo ya es una expresión de descomposición o deterioro social muy preocupante.¹³

Aunque en días anteriores el hecho ya se había enmarcado, esta declaración cristaliza la primera escena del acontecimiento donde se sitúa a los sujetos políticos que intervienen y se establece una narrativa de qué fue lo que pasó justificado desde el lugar del hablante. Es además la primera configuración que tiene efectos encadenados, como se verá más adelante. En esta materialización se habla de la primera figura de víctima en el acontecimiento de la masacre de Villas de Salvárcar. De estas víctimas se habla sin nombrarlas, se refiere a ellos como jóvenes vinculados a algún tipo de banda criminal. Se habla de ellos como responsables de un problema.

Sobre esta figura de víctima hay varios elementos importantes. En primer lugar, esta declaración redujo el proceso de hacer sentido de lo ocurrido inscribiéndolo en una narrativa homogénea y general de crimen organizado. No es que el tema no hubiera sido mencionado antes ya que varias notas del día de la declaración hablan de un conflicto entre carteles. Sin embargo, en esas notas no se habla de las víctimas letales como involucradas, ni como responsables, tampoco como miembros de La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez. Las víctimas que aparecían nombradas, se les relacionaba con distintas inscripciones como el ser estudiantes, deportistas, hermanos, e hijos. La declaración de Calderón difumina a las víctimas. La variedad de temas en las notas, las formas distintas de nombrar lo sucedido, de hablar de las víctimas letales además de sus familiares, de hablar de otros problemas que aquejaban a la ciudad como condiciones crónicas de violencia, se desvanece.

Esta declaración que resume la narrativa del gobierno federal que se describió con anterioridad, inserta al acontecimiento en la categoría de crimen organizado: es un problema de bandas criminales y por tanto, no requiere mayor investigación. Esto se puede observar en el inicio de esta declaración donde se hace explícita la duda: no sabemos qué haya ocurrido ahí. Ante esa duda, parece sólo haber dos opciones, o es rivalidad entre jóvenes o es una lógica de pandillas o bandas criminales. Adjudicando la masacre a la segunda opción, el gobierno federal aparece como la autoridad que debe responder al problema. Durante la guerra contra las drogas, ante los aumentos de homicidios, la respuesta era más armamento, más presencia del ejército y de la policía federal.

En segundo lugar, la imagen del joven como posible miembro de una pandilla es una construcción instaurada en el contexto de la ciudad. Como se mencionó anteriormente, la pandilla es una de las formas de violencia asociada a Ciudad Juárez. Cuando el narcotráfico se instauró como problema en la ciudad, la existencia de pandillas se entretejió con las dinámicas del narcotráfico. Esta mezcla de formas de violencia es mucho más compleja que lo que la declaración advierte pero replica la idea de estigmatización y criminalización de la juventud. No se considera posible que los jóvenes sean víctimas de un hecho de esa naturaleza en un contexto como el de Ciudad Juárez. La declaración no habla de los jóvenes como víctimas sino como criminales, es decir, son el problema.

Finalmente, esta declaración donde no se nombra a los asesinados como culpables detonó una serie de movilizaciones de distintos sujetos políticos, como se advirtió antes. Activistas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia, vecinas y vecinos que habitaban en la unidad habitacional, y distintas personas cercanas a quienes fueron asesinados, se manifestaron de distintas formas. Hubo marchas en solidaridad en distintas ciudades del país y distintas acciones mostrando no sólo el duelo en que estaba la ciudad sino el enojo que había despertado esta declaración indolente e insensible por parte del presidente. El reclamo central en las manifestaciones fue que debía retractarse de culpar a los jóvenes y debía una disculpa pública por esa declaración. Conforme pasaron los días, la presión es mayor, al grado de que el Secretario de Gobernación hizo un viaje a Ciudad Juárez para disculpar al presidente, acción que detonó enojo en la población juarense. Reclamaron la presencia del presidente en persona no sólo para encarar su declaración sino para ver la magnitud del problema en la ciudad. Es así como el presidente viajó a la ciudad 11 días después de la masacre. Este viaje, que está todavía dentro del encuadre de la primera escena, detona el proceso de configuración de la segunda figura de víctima, una que se opone a la enunciada por el presidente y donde se disputa su identidad.

2. La víctima que disputa su identidad (y la de las otras víctimas)

La segunda escena emerge en el momento en el que Calderón hace la declaración. Las acciones que se dan entre el 3 y el 10 de febrero son el inicio de una disputa por la identidad de las víctimas. No sólo se buscaba el reconocimiento público de su inocencia sino el esclarecimiento de los hechos donde su inocencia sería indiscutible. En los periódicos locales circularon 250 notas en esos ocho días. En éstas se documentaron las manifestaciones de distintos sectores y en diferentes ciudades del país en solidaridad con las víctimas; los avances en torno a la investigación legal; y otras notas recuperando testimonios de sobrevivientes y de personas cercanas a las víctimas. Cuando se hablaba de las víctimas, destacaba una sobre representación de inscripciones: menores de edad, hijos de familia, trabajadores y estudiantes (Pita, 2020). Destaca una nota el 6 de febrero donde Luz María Dávila, madre de Luis y Marco Piña, asesinados en la masacre, declaró ante distintos medios de comunicación, que la declaración de Calderón la hacía sospechar de las autoridades porque no investigan. Además, exigió que el presidente se retractara de sus acusaciones y que se disculpara personalmente con cada familiar de las víctimas asesinadas.

Para el día 10 de febrero, había 291 notas de periódico locales y nacionales acerca de la masacre. El 11 de febrero, Felipe Calderón viajó a Ciudad Juárez. La secuencia de hechos en los días anteriores, los cuales siguieron moldeando el acontecimiento, incrementaron la tensión en la ciudad día con día. Aunque la agenda sobre la visita presidencial no se dio a conocer con anticipación, el despliegue de operativos en la ciudad dio pistas de los recorridos y actividades planeadas. Por ejemplo, Villas de Salvárcar estuvo cercado por policías 35 cuadras a la redonda, señal de que una de las actividades se llevaría a cabo ahí. El resultado fue una visita del presidente y su esposa Margarita Zavala a familiares de las víctimas. Al mismo tiempo, distintas manifestaciones de repudio se llevaron a cabo en la ciudad. Destaca una marcha que unió a distintos sectores: personas de la academia, activistas, estudiantes, artistas locales y al frente de la marcha, familiares de las víctimas de la masacre. Además, otras víctimas históricas de la ciudad y personas cercanas a ellas se unieron en las calles: madres de mujeres víctimas de feminicidios o desaparecidas, familiares de otros hechos durante la guerra contra las drogas. Incluso, la esposa y madre de Israel Arzate, quien se declaró culpable de la masacre bajo tortura, marchó al frente con madres de los estudiantes asesinados.

Esta marcha finalizó frente al centro de convenciones Las Cibeles, lugar donde el gobierno federal se reunió con distintos actores políticos de la ciudad y miembros de distintos sectores, incluyendo los tres niveles de gobierno y personas de la sociedad civil para emprender un plan de rescate para la ciudad. Destaca que a esta reunión no se invitó a las familias de las víctimas.

Reunidos los distintos contingentes afuera del lugar, la tensión por el fuerte despliegue policiaco y militar resguardando el centro de convenciones era evidente. Aún con toda la seguridad, dentro y fuera del recinto, una mujer logró colarse al salón y pararse frente a la mesa donde estaba sentado el presidente, su esposa y otros miembros del gabinete presidencial. Ante la incredulidad e incertidumbre del momento, Luz María Dávila enunció:

No, no, discúlpeme señor Presidente, yo no le puedo decir “bienvenido” porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí son más de dos años que se está cometiendo asesinatos, se están cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. Y yo quiero que se haga justicia, no nada más para mis dos hijos, sino para todos los demás niños. Yo no puedo darle la mano y decirle “bienvenido” porque para mí no es bienvenido. Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted se retracte de lo que dijeron, lo que usted dijo, que eran pandilleros. Mentira, uno de mis hijos estaba en la UACH y el otro estaba en la prepa. No tenían, no tenían nada…no, no, es que no puede ser, señor presidente, no puede ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle, estudiaban y trabajaban. Le apuesto a que si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino pero como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar…

No, no, siempre dicen lo mismo señor presidente, Ferriz, Baeza. Todos dicen lo mismo y aquí no se arregla nada, todo sigue peor. Es la verdad.

En mi casa están tendido mis hijos, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos y para los demás estudiantes porque eran de 14 años en adelante. Estaban en una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo que ya no tengo a mis hijos, eran mis dos únicos hijos.

¿Y ustedes? ¿No dicen nada? Ah, pero qué bien le aplauden al presidente porque vino, qué bueno, pues sí. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita, lo que yo estoy sintiendo…

No, no diga por supuesto, señor presidente. Haga algo por Juárez. Que Juárez se vea como antes era Juárez no como el sangriento que es ahorita.

Esta declaración cristaliza la segunda escena del acontecimiento donde se da el proceso de configuración de la segunda figura de víctima. Aunque la escena inició con la declaración de Calderón y las muestras de repudio a ésta, esta materialización del acontecimiento reordena los sujetos políticos que habían aparecido hasta el momento y adquieren un nuevo papel. Emerge la víctima al centro, ahora como sujeto político. En este reordenamiento de la escena, la víctima reclama y el gobierno federal aparece como el señalado, el responsable por haber hecho una declaración indolente, responsable por omisión y por no haber hecho nada ante el contexto de la ciudad.

El elemento central en esta declaración es que quien reclama es madre de dos víctimas, madre de dolor (Da Silva Catela en Bermúdez, 2016). Esta figura no es ajena en Ciudad Juárez ya que, como se mencionó antes, desde los casos de feminicidios en la década de 1990 han sido las madres quienes han levantado la voz acompañadas de otras organizaciones solidarias. Sin embargo, en el contexto de la guerra contra las drogas sí fue una intervención novedosa y poderosa porque rompe con la narrativa del gobierno donde quienes morían no tenían rostro, eran sólo personas que seguramente en algo andaban.

El reclamo de Luz María Dávila inscribe a las víctimas en una narrativa donde quienes mueren no son individuos desvinculados de la sociedad. Son personas con inscripciones como el ser estudiantes, trabajadores, menores de edad. Pero además son personas con vínculos íntimos. Son hijos, novios, amigos de personas que se ven afectadas al perderle. El que la madre haga hincapié en que son sus dos únicos hijos, la retrata como una víctima doliente al mismo tiempo reclama y demanda justicia. Es decir, no es la víctima que sufre y espera la reparación del daño. Es la madre que alza la voz en el espacio público, desde un lugar íntimo interpelando a los representantes del estado.

Aunque Luz María Dávila empieza como activista familiar (Pita, 2010) este actuar no se sostiene en el tiempo. Sin embargo, se vuelve un rostro referente para el movimiento de víctimas que toma forma en México un año después. Varias frases de su declaración permanecen en la memoria de personas activistas no sólo en Juárez, sino en el país: usted no es bienvenido; no me diga por supuesto, todos dicen lo mismo; haga algo por Juárez. Esta declaración no sólo fue fundamental para el proceso de configuración de víctimas sino para la vida del acontecimiento que, con esta materialización, continuó tomando forma y fluyendo en el tiempo y espacio, ahora ubicándose en referentes fuera de Ciudad Juárez, como fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad un año después.

3. La víctima que es nombrada y disputada por los expertos

La tercera escena donde se da el proceso de configuración de la tercera figura de víctima también se empalma con los otros dos procesos descritos con anterioridad. Aunque este proceso surge también en los primeros días, se da mayoritariamente a lo largo del tiempo y es disputado a lo largo de la vida del acontecimiento por distintos actores y en distintos momentos. Incluso, la primera mención¹⁴ que se hace de la víctima —a quién no se le llama así hasta mucho tiempo después y por actores específicos—, está permeada de incredulidad o desprecio. El 12 de febrero de 2010, en un periódico local, se publica una nota con el siguiente titular: Acusados de masacre ahora alegan tortura. El hablar de acusados de la masacre no es trivial, se resalta que se está hablando de los presuntos culpables de la masacre de Villas de Salvárcar quienes alegan15 haber sido torturados. El titular de esta nota anticipa no hablar de una víctima sino de un victimario que se está haciendo pasar por víctima. Sin embargo, la nota retrata la voz literal de Israel Arzate alias “El Country” o “El 24”, y recupera información de su aparente declaración de culpabilidad ante la Juez de Garantía y dice lo siguiente:

Quiero hacerle una pregunta, con todo respeto, ¿quién está autorizando a que nos saquen para que nos golpeen?, preguntó tímidamente Arzate Meléndez. A lo que la resolutora le respondió: “consulte con su abogado, si quiere producir por medio de pruebas tiene que hacerlo con su defensor”.

Posterior a este diálogo entre Arzate y la Juez, periodistas locales lo entrevistan en el pasillo del módulo de alta seguridad del reclusorio estatal sobre la pregunta hecha a la Juez mientras declaraba. El testimonio también se presenta en la nota:

“Soy inocente, me están obligando a decir todo eso, me torturaron. Aquí puede ver las líneas de la tortura, estas son las quemadas en la espalda” dijo Arzate Meléndez al tiempo que mostraba un número indefinido de quemaduras en la espalda y excoriaciones a la altura de las costillas de lado derecho.

-¿Quién lo ha torturado?, se le preguntó. “Los soldados en la Procuraduría”.
-¿Lo sacaron del penal? Sí, ayer, (miércoles) a las 2:30 de la tarde.

Esta declaración, hecha un día después de la visita de Calderón a Juárez, moviliza el acontecimiento hacia una ruta distinta. La escena cambia por completo, así como el papel que juegan los sujetos políticos alrededor del acontecimiento. Arzate aparece como víctima del Estado (del ejército, de los soldados) pero no se le nombra como víctima en los periódicos porque ese término era usado para hablar de las víctimas legítimas. Si los medios les llamaran así, las víctimas de la masacre pasarían a un plano secundario y esto resultaría problemático para los demás sujetos políticos.

La tensión entre Arzate y las víctimas de la masacre se observa en las notas de periódico que circularon en torno a la masacre en periódicos locales, nacionales e internacionales entre el 1 de febrero de 2010 y el 30 de mayo de 2018. De las 1,021 notas de periódico, 184 hablan de Arzate como quien se declara culpable bajo tortura. Las temáticas de estas notas son variadas: desde la mención de este hecho cuando hay notas del aniversario de la masacre y se recuerdan los hechos hasta seguimientos más puntuales del caso. Sin embargo, es interesante que en ninguna de estas notas se habla de Arzate como una víctima, sólo como quien fue torturado, como si fuera una inscripción cualquiera de los actores o sujetos políticos. Esta categoría emerge hasta que un sujeto político experto entra a escena: una organización de derechos humanos toma el caso para litigarlo.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es una organización fundada por la Compañía de Jesús a finales de la década de 1980. Acompañan desde el enfoque de defensa integral a personas y colectivos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión social. Esta organización se articuló con la Red Mesa de Mujeres, organización de la sociedad civil en Ciudad Juárez, para poder acompañar legalmente el caso.

El acompañamiento legal del caso permitió que la articulación con otros sujetos expertos definieran a Israel como víctima. Por ejemplo, en 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió la Recomendación 49/2011 donde se acredita retención ilegal y tortura de Isreal Arzate.¹⁶ Este documento incluye información del seguimiento legal del caso desde su detención hasta ese momento, por ejemplo información sobre la aplicación del Protocolo de Estambul en abril del 2010 para la acreditación de tortura. Además, en mayo de 2011, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez entregó a la Relatora Especial sobre independencia de jueves y magistrados, al Relator Especial sobre Tortura y al Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Nacionaes Unidas, información sobre el caso de Israel Arzate como víctima de detención arbitraria, tortura y falta de garantía y protección.¹⁷ Finalmente, en octubre de 2012, esta misma organización presentó el informe “Torturado, encarcelado e inocente: el caso de Israel Arzate y el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones falsas en México” el cual fue presentado ante el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas en el marco de su consideración de los informes 5o y 6o del Estado mexicano sobre la implementación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cueles, Inhumanos o Degradantes.

La tercera figura de víctima, considerada como víctima del Estado es una categoría que emerge gracias a un saber experto. En otras palabras, es nombrado por quienes saben cómo frasearlo, cómo identificarlo y saben cómo movilizarlo. El derecho de ser víctima (Fassin y Rechtman, 2009) y la política de las víctimas (Torpey, 2001) se llevó al plano de lo legal, donde se argumentó, además de la tortura, la inconsistencia en el caso y en las pruebas que tenían para decir que Arzate era culpable.

Después de un litigio de tres años, el 8 de noviembre de 2013, Israel Arzate es liberado¹⁸ porque se encuentra que su declaración de culpabilidad era constitucionalmente ilícita. Su liberación, aunque para algunos sujetos políticos fue muy importante, fue vivida como una injusticia para otros. Para las organizaciones de derechos humanos, este caso fue muy relevante porque escaló a la Suprema Corte de Justicia y fue discutido por organismos internacionales. Además, significó un triunfo para la lucha por los derechos humanos por ser el primer caso litigado de la guerra contra las drogas y dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, para familiares de víctimas de la masacre la liberación de Arzate significó no tener justicia, aunque en un inicio parecía haber empatía entre ellas. Algunos titulares de periódicos retrataban este desconcierto: Yo lo llamo asesino; Liberan a Arzate y es injusto; Deudos de masacre van a la capital estatal a manifestarse y exigir justicia. Aunque la indignación de familiares de las víctimas es legítima, es importante decir que Arzate fue liberado porque su declaración de culpabilidad fue hecha bajo tortura. Esto no significa que era inocente, lo cual era señalado por muchas personas en la ciudad.

El proceso de configuración de esta figura de víctima está determinado por la legitimidad de la categoría. La legitimidad entra en disputa por una disposición particular de actores en un determinado momento y espacio. Cuando una víctima se encuentra con la otra, figurativamente hablando, los campos de legitimidad entran en disputa y como resultado, se define como víctima legítima a quien así considera el sujeto político con poder de determinación en ese campo. Sin embargo, en casos como estos, una víctima no necesariamente invalida la otra. En este caso, el saber experto construye una categoría indisputable legalmente pero que es ilegítima a nivel local. Esta disputa también se vio en el caso de la declaración de Calderón, donde no se nombra a la víctima sino a los jóvenes responsables y esto cambia hasta que se repara en sus inscripciones, incluyendo su inocencia.

A manera de conclusión

El estudio de los acontecimientos permite develar la complejidad del mundo social de donde emergen. Devela también una serie de procesos sociales que son posibles a partir de la ruptura como es la emergencia de nuevos sujetos políticos. Además, permite ver cómo estos sujetos, en particular las víctimas, se configuran a la par de que el acontecimiento toma forma como tal. Estudiar estos dos procesos engarzados implica ver cómo las narrativas van cambiando, cómo los sujetos políticos cambian de lugar y cómo en estos movimientos, los acontecimientos se materializan a la vez que fluyen en el tiempo.

El proceso de producción de tres figuras de víctimas analizado en este artículo devela cómo de en un mismo acontecimiento puede emerger más de una figura de víctima. Es decir, existen más víctimas que las que en las primeras narraciones aparecen como evidentes. De éstas importa cómo se habla, quién habla de ellas, y cómo se categorizan. En estos procesos importan las acciones e intervenciones de diversos sujetos políticos. En el caso analizado, destaca la declaración de Calderón, donde se les responsabiliza de su propia muerte. Además, está la víctima que disputa su identidad y la de otros. En esta disputa, con la declaración de Luz María Dávila, la víctima emerge también como sujeto político, que reclama y confronta una narrativa oficial en el espacio público. Además, está la víctima a la que no se le nombra como tal porque la categoría está en disputa. Para los expertos, Israel Arzate es sólo una víctima.

La producción de distintas figuras de víctimas devela la complejidad de los acontecimientos como fenómenos sociales. Por esta razón, se destaca la importancia de estudiar estos fenómenos a lo largo del tiempo porque es así como se pueden detectar las distintas escenas que contienen cada proceso de configuración. Además, el recurrir a las formas a través de las cuales el evento se materializa, permite también ver los distintos caminos que los acontecimientos siguen. Se pueden también identificar las acciones de los sujetos políticos en la movilización del acontecimiento. Finalmente, se considera que este enfoque es pertinente y novedoso para el estudio de acontecimientos violentos donde comúnmente se prioriza un enfoque que acota la complejidad, buscando regularidad y patrones.

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