La desaparición forzada de personas en América Latina

Una hipótesis para explicar
su transnacionalización

Julieta Rostica1

papeles de trabajo, 18(34), julio-diciembre 2024, pp. 37-57

Recibido: 1/8/2024. Aceptado: 24/9/2024

Resumen

El artículo tiene el objetivo de mostrar comparativamente la existencia de ciertas características similares en la violencia política represiva implementada por los Estados latinoamericanos en las décadas de los setenta y ochenta (Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador), especialmente en lo que refiere al modus operandi de la desaparición forzada de personas en las zonas urbanas, y buscar una explicación para ello. La hipótesis se sostiene en la perspectiva del renovado campo de estudios sobre la Guerra Fría latinoamericana y en un análisis profundo y cruzado de fuentes provenientes de diversos archivos, mayormente argentinos. Se considera que los espacios de formación, instrucción, contacto y coordinación transnacionales que establecieron las Fuerzas Armadas de Argentina, como parte de su colaboración en la “lucha contrasubversiva” en Centroamérica, desempeñaron un rol central en la transnacionalización de diversas formas de represión política, como el modus operandi de la desaparición forzada de personas.

Palabras clave: Argentina; Guatemala; Honduras; El Salvador; Violación de los derechos humanos

Abstract

The article aims to show comparatively the existence of certain similar characteristics in the repressive political violence implemented by Latin American states in the 1970s and 1980s (Argentina, Guatemala, Honduras and El Salvador), especially the modus operandi of the forced disappearance of people in urban areas, and to seek an explanation for it. The hypothesis is based on the perspective of the renewed field of Latin American Cold War studies and an in-depth and cross-referenced analysis of sources provided by different archives, mostly Argentinean. It considers that the places of formation, instruction, contact and transnational coordination opened by the Armed Forces of Argentina, as part of their collaboration in the “counter-subversive struggle” in Central America, were spaces of contact that played a central role in the transnationalization of various forms of political repression, such as the modus operandi of the forced disappearance of persons.

Keywords: Argentina; Guatemala; Honduras; El Salvador; Human rights violations

Introducción

El proceso histórico global denominado Guerra Fría comenzó a ser estudiado para la región latinoamericana a principios del presente siglo. La obra coordinada por Daniela Spenser abrió esta agenda de investigación, al insistir en tres cuestiones: 1) abandonar la narrativa centrada en Estados Unidos; 2) poner el foco en el Sur y en sus archivos; y 3) incorporar a otros protagonistas y dimensiones sociales (Spenser, 2004). Este libro, además, trajo al continente la perspectiva transnacional, institucionalizada y sistematizada en Estados Unidos a fines del siglo XX. Esta perspectiva fue bien recibida para analizar la Guerra Fría desde enfoques que trascendieran la sistemática referencia al Estado-Nación (Pettiná, 2023). El enfoque transnacional invitaba a trabajar con otros objetos de estudio, como las redes, creencias e instituciones transnacionales, a buscar “zonas de contacto” y espacios transnacionales, a considerar la alta permeabilidad de las fronteras, a observar la circulación de sujetos, ideas y objetos, a pensar los circuitos y entrecruzamientos de las redes (Armony, 2004).2

Esta renovación del campo académico global, que estudia especialmente la segunda mitad del siglo XX bajo el concepto de Guerra Fría, permite abordar temas vinculados al campo de la historia reciente, especialmente en el Cono Sur, a la luz de interrogantes provenientes de otras disciplinas. Este ha sido el eje de mi experiencia académica y del equipo de investigación que intento consolidar.3 Mi formación en sociología histórica y en el uso de la metodología comparativa analítica de casos nacionales me ha permitido formular preguntas de investigación basadas en categorías históricas. Un gran interrogante, que se desprendió de la comparación entre las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas del Cono Sur que proponía Waldo Ansaldi, y las de Centroamérica, que yo sugería, fue: ¿por qué las características de la violencia política represiva implementada por los Estados latinoamericanos presentaron similitudes en diferentes partes del subcontinente en las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX? ¿Por qué la desaparición forzada de personas en las zonas urbanas de varios países latinoamericanos se realizó mediante el mismo modus operandi: detención ilegal, traslado a un centro clandestino de detención, tortura y desaparición? En este artículo busco, en primer lugar, evidenciar esta premisa: las similitudes en la desaparición forzada en Guatemala, Honduras y El Salvador respecto de esa práctica realizada de forma sistemática por la dictadura militar argentina (1976-1983), prestando especial atención al cómo y al cuándo. Posteriormente, intento explicar esas similitudes desde un aspecto transnacional, a partir de los resultados de nuestra extensa investigación comparativa en torno a la colaboración militar argentina en materia de “lucha contrasubversiva” en dichos países de la región centroamericana.

El actor militar ha tenido un rol fundamental en los procesos de formación y consolidación de los Estados Nación latinoamericanos a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, durante el período de la Guerra Fría, condicionado por las doctrinas militares en boga, tuvo, además, un rol transnacional. La Guerra Revolucionaria, definida por los teóricos militares franceses, se dirimía tanto adentro como afuera del territorio, abarcaba todo el globo, por lo tanto el enemigo podía encontrarse en todas partes y mezclarse con la población. Según consignó el general de brigada argentino Carlos Turolo, al inaugurar el Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria en 1961 en Argentina, “por basarse en un concepto ideológico y no patriótico, para la guerra revolucionaria comunista no existen límites geográficos” (Turolo, n.d., p. 70). Semejante guerra, por lo tanto, requería la “solidaridad internacional con los pueblos americanos” y la “impostergable necesidad de coordinar la acción para prevenir y combatir la del enemigo común” (Turolo, n.d., p. 69). Como consecuencia de estos planteos, en este artículo me interesa identificar y estudiar la colaboración de un actor militar perteneciente a un Estado Nación, que es Argentina, pero en su función de abrir espacios de formación, instrucción, contacto y coordinación trasnacionales. En esos lugares, como cualquier otro sitio de confluencia de intereses en los que la referencia a los Estados Nación pasa a un segundo plano, no sólo circulan bibliografía, planes, reglamentos, técnicas y estrategias, sino que, al estar acompañados de intercambios informales, que pueden incluir la convivencia por los tiempos que dure el curso, la beca o la conferencia, transitan opiniones menos formales, emociones, experiencias, e incluso se gestan relaciones laborales, de compañerismo, camaradería y amistad. Ese nivel de estudio microsociológico de las relaciones sociales allí sostenidas podría ser abordado en estudios subsiguientes. Aquí sólo propongo evidenciar o identificar esos espacios que, en ocasiones, fueron encubiertos y proponer, como hipótesis de trabajo, que pueden haber tenido un rol central en la transnacionalización de una forma de represión política específica como fue la desaparición forzada de personas4. Desde inicios de la década de 1980, varias investigaciones mostraron algunas expresiones de lo que llegó a ser una sistemática colaboración de la dictadura militar argentina con la “lucha contrasubversiva” en Centroamérica, siendo la más destacada la del politólogo Ariel Armony (1999). Nuestra investigación partió de esos primeros conocimientos para bucear en diferentes archivos latinoamericanos. Este artículo trabaja con los datos obtenidos en los archivos argentinos, que fueron sistematizados, pero no analizados, en un informe elaborado para la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina en 2023 (Rostica, 2023a). Me centraré, entonces, en el actor militar argentino, en su función de abrir espacios de formación, instrucción, contacto y coordinación trasnacionales.

La represión política en Guatemala, Honduras y El Salvador

En Argentina, la desaparición forzada como forma de represión política apareció después del golpe de Estado militar de 1966, pero se transformó en una política institucional con el Operativo Independencia de 1975. Durante la última dictadura (1976-1983), el modus operandi de la secuencia detención ilegal, interrogatorio y desaparición se convirtió en el método represivo de las instituciones militares de todo el territorio nacional, y se pudo llevar adelante mediante una planificación centralizada y una ejecución descentralizada, en la que la columna vertebral fue la inteligencia militar (Águila, 2023; CONADEP, 1984; Slatman, 2018). Según el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, el 44,8% de las desapariciones forzadas de personas se perpetraron en 1976, mientras que el 36,6% se concentraron en 1977. Desde entonces, la cifra cayó notablemente.5 La enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno militar era conocida por todos los gobiernos americanos, pero especialmente por el de Estados Unidos. Desde febrero de 1977, este último planteó al Senado la reducción de la ayuda a la Argentina alegando dicho motivo y llevó la discusión a la Asamblea General de la OEA. En este contexto, los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador establecieron vínculos con Argentina para la formación en inteligencia militar. Repasemos brevemente la historia reciente de estos países centroamericanos.

En Guatemala, el terrorismo de Estado desembocó en un genocidio (1978-1985) y en una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas (1982-1985) (Rostica, 2023b). Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la comisión de verdad oficial, en esos años se concentraron más del 80% de las violaciones a los derechos humanos. Se estima que 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante el conflicto armado interno, y que un 10% del total de las violaciones a los derechos humanos constituyeron desapariciones forzadas (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999b).

La desaparición forzada en Guatemala había aparecido hacia fines de 1966, al igual que en Argentina, pero se convirtió en un recurso frecuente de los paramilitares en las zonas urbanas durante la década del setenta. A partir del gobierno de Romeo Lucas García (1978-1982), la detención ilegal y la desaparición forzada de personas se convirtieron en una modalidad represiva de las instituciones militares y de los grupos paramilitares en todo el territorio nacional (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999a, cap. 2). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró tres informes sobre Guatemala. El primero señaló que el problema de los “desaparecidos” era uno de los más graves del gobierno de Lucas García (1978-1982) (CIDH, 1981). El segundo informe se refirió al período de la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983), acusado de genocidio en 2013 y 2018, y distinguió la situación en los centros urbanos de las áreas rurales. Consignó que la violencia en las ciudades había disminuido debido al desmantelamiento de los grupos paramilitares que operaban en dichas zonas, mientras que la violencia en las áreas rurales se había incrementado y presentaba rasgos de extrema brutalidad. En relación con los “secuestros y desapariciones”, el informe señaló que el modus operandi continuaba siendo el mismo utilizado que antes del golpe de Estado de 1982 (CIDH, 1983). El tercer informe de la CIDH estudió el período comprendido por la dictadura de Humberto Mejía Víctores (1983-1985) y dedicó un capítulo entero a la desaparición forzada de personas. Expresó que la misma fue practicada de forma sistemática y masiva y que, en la Ciudad de Guatemala, las desapariciones tuvieron “elementos característicos coincidentes” que permiten distinguir diferentes etapas (detención-interrogatorio-desaparición) (CIDH, 1985). El informe de la CEH, a diferencia de los informes de la CIDH, expresó que la práctica de la desaparición forzada alcanzó un significativo aumento entre 1979 y 1983, sobre todo en el ámbito rural. No obstante, al igual que la CIDH, notó diferencias significativas en la práctica de esta violación en el área rural respecto de las aplicadas en la zona urbana (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999a, p. 409).

La bibliografía que sugiere la colaboración de la dictadura militar argentina en este proceso histórico, marcado por graves violaciones a los derechos humanos, es escasa. El informe más relevante es el de la CEH, que hace referencia a un documento desclasificado de la Central Intelligence Agency (CIA) de 1984. Este documento señala que “el Ejército guatemalteco y la inteligencia militar (G-2) han empleado un sistema para explotar la inteligencia táctica de guerrilleros capturados, lo que fue adaptado de los métodos utilizados por los militares argentinos durante los años de la guerra civil argentina” (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999a, p. 426). En Guatemala, los dos organismos principales de inteligencia militar eran la Sección de Inteligencia del Ejército, conocida como la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (G-2), y una unidad del Estado Mayor Presidencial conocida como “La Regional” o “El Archivo”. Según la CEH, en 1978, bajo el gobierno de Romeo Lucas García, ambos organismos operaron en estrecha alianza. En ese período, se abrió la época de mayor profesionalización en el área de inteligencia, que incluyó la capacitación de militares tanto en el exterior como en el interior del país. En este marco, se creó la Escuela de Inteligencia a finales de 1980. En palabras de la CEH, “algunos oficiales fueron enviados al exterior a realizar cursos de inteligencia en países como Argentina, Chile, Israel y Taiwán, y fueron estos oficiales quienes impulsaron la reapertura de la Escuela de Inteligencia y la mantuvieron como dependiente de la G-2” (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999a, p. 109).

Otros datos relevantes aparecen recogidos en las entrevistas de la periodista Jennifer Schirmer. Un ex oficial de la dirección de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y exdirector de la Escuela de Inteligencia, le relató que: “cuando Guatemala fue aislada entre 1978 y 1984, recurrimos a países como Argentina y Uruguay” (Schirmer, 1999, p. 265). El exministro de defensa, general Héctor Gramajo, le informó a la investigadora que “quien nos entrenó mucho en inteligencia fue Argentina” (Schirmer, 1999, p. 267). Por último, podemos citar el libro de Manolo Vela, a quien el oficial Julián Domínguez le confesó que la “táctica empleada en la guerra urbana provino de los cursos que oficiales del Ejército tomaron al respecto en Argentina” (Vela Castañeda, 2014, p. 214). ¿A qué cursos se refieren? ¿Cuándo se iniciaron esos cursos? ¿Sobre qué materias se formaron? ¿Quiénes fueron los oficiales que se formaron en Argentina?

La historia de Honduras presenta un trayecto diferente al de Guatemala, pues el fin de la década del setenta estuvo marcado por la redacción de una nueva Constitución, elecciones democráticas libres y abiertas, y el retorno a un gobierno civil en 1982 de la mano de Roberto Suazo Córdova. Sin embargo, los militares conservaron el poder, aumentaron las violaciones a los derechos humanos y se incrementó la influencia estadounidense. Los hitos más importantes para la escalada represiva fueron la designación del general Gustavo Álvarez Martínez, formado en la escuela militar argentina, como comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) en 1980, y la firma de un tratado de paz entre Honduras y El Salvador en octubre de ese mismo año (Salomón, 1997, p. 73). Este tratado permitía el acceso de los salvadoreños a la zona desmilitarizada, eliminaba las patrullas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y daba al ejército de Honduras la tarea de actuar como policía en la frontera, lo que culminó en ataques coordinados entre los ejércitos de ambos países contra refugiados salvadoreños (Weaver, 1990: 78). De 1982 a marzo de 1984, cuando Álvarez Martínez ocupó la jefatura de las Fuerzas Armadas, Honduras empezó a participar directamente en el conflicto interno de Nicaragua, mediante su apoyo a las exguardias somocistas.

A diferencia de Guatemala y otros países latinoamericanos, la CIDH no elaboró ningún informe específico sobre Honduras. El que circuló en la época fue uno de Americas Watch de 1982, publicado luego por el Centro de Documentación de Honduras. Dicho informe señala:

La práctica de detener a individuos por razones políticas y después negarse a dar a conocer su paradero y condición, parece haberse establecido en Honduras. En cada uno de los casos investigados el modelo es el mismo. (…) Después de la detención inicial, las autoridades niegan rotundamente la presencia del prisionero en los centros de reclusión. Por los relatos de sobrevivientes, se ha establecido que los llevan a cárceles clandestinas, o por lo menos a instalaciones con acceso muy restringido. (…) En las prisiones clandestinas someten a los reos a torturas y maltratos, incluyendo palizas, toques eléctricos, privación de comida y de agua, aislamiento y son sometidos por períodos prolongados a la capucha cegante y asfixiante (Centro de Documentación de Honduras, 1983: 3).

En 1993, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras entre 1980 y 1993 que permitió sistematizar la información recabada hasta ese entonces. El informe registró un total de 179 desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 1992. Del total, el 30 % corresponde al año 1981 (cincuenta y tres casos), mientras que el resto se distribuye de forma relativamente pareja entre 1982 y 1985, con un promedio de veinte casos por año. Además del número de casos, otra diferencia sustancial respecto de Guatemala es que la mayoría de los desaparecidos no eran hondureños. En 1981, por ejemplo, fueron tres nicaragüenses, catorce hondureños, veintisiete salvadoreños, cinco costarricenses, dos guatemaltecos, un venezolano y un ecuatoriano (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 2002, pp. 145–252).

De acuerdo con el informe de Americas Watch, este fenómeno estaba relacionado con los asesores militares argentinos presentes en Honduras, hipótesis que fue retomada por el CNDH. Bajo el subtítulo “Los argentinos en Honduras”, el CNDH señaló que la presencia de militares argentinos en dicho país se estableció en 1980, cuando la Junta Militar argentina buscaba enviar expertos en la lucha antisubversiva y brindar asesoramiento a las fuerzas de seguridad, pero que a partir de 1981 se formalizó un segundo objetivo: entrenar y canalizar recursos hacia grupos paramilitares antisandinistas asentados en territorio hondureño (Centro de Documentación de Honduras, 1983, p. 5; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 2002, p. 345). El historiador hondureño Marvin Barahona coincide en que los métodos represivos utilizados contra la “subversión interna” por Álvarez Martínez “daban cuenta de la huella argentina” (Barahona, 2005, p. 241). Erick Weaver, en cambio, sostiene que el trabajo de Argentina sirvió para entrenar a los “contras”, junto con Honduras y Estados Unidos, desde principios de 1980: “dos oficiales argentinos enseñaban en el Alto Mando y Escuela de Oficiales y del Estado Mayor en abril de 1982, y por lo menos doce oficiales argentinos trabajaban en forma clandestina con las bandas de exiliados” (Weaver, 1990, p. 81). Las dudas e imprecisiones sobre el rol de Argentina en Honduras llevaron al CNDH a continuar la investigación y tramitar, mediante el gobierno de Argentina, información sobre las presuntas misiones secretas. Sin embargo, según el informe de 1998, no recibieron respuesta (Valladares Lanza and Peacock 1998).

En El Salvador, la represión política masiva del Estado contra la oposición política empezó muy tempranamente. A diferencia de Honduras, en este país la masiva sindicalización derivó en la formación de organizaciones de masas de base amplia y en la creación de guerrillas que, entre fines de 1979 y principios de 1980, se unificaron. La historiografía señala el año 1980 como el de inicio de la guerra civil, que se extendió hasta 1992. Si bien en 1980 las violaciones a los derechos humanos se intensificaron, la “infraestructura contrainsurgente” estaba activa desde mediados de los años sesenta (Gordon Rapoport, 1989; Molinari, 2014).

La CIDH publicó un informe en 1978 que detallaba cómo muchas personas habían sido detenidas arbitrariamente por hombres vestidos de civil y de forma ilegal, torturadas en dependencias de las fuerzas represivas del Estado por personal de inteligencia, generalmente con choques eléctricos, cerca de San Salvador. En la mayoría de los casos, las familias presentaban recursos de habeas corpus, pero el resultado solía ser negativo. La CIDH afirmó que estas personas se habían convertido en detenidos-desaparecidos (CIDH, 1978). Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador, no existe una estimación precisa sobre el número de víctimas de desaparición forzada en el país. Para los años setenta y ochenta, la única entidad con datos consolidados es el Socorro Jurídico del Arzobispado, que registra la primera desaparición forzada en 1966 y un total de 215 casos entre 1973 y 1979. Este último año concentra más del 46%. Entre 1979 y 1980, las denuncias anuales pasaron de 100 a 450, mientras que solo en 1981 se documentaron 1036 denuncias de desaparición (Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador, 2020, p. 42). La preocupación por las desapariciones fue tan grande que la Primera Junta de Gobierno creó la Comisión Especial Investigadora de Reos y Desaparecidos de 1979. El modus operandi de la desaparición forzada retratado era el mismo.

Desafortunadamente, la Comisión de la Verdad de El Salvador solo consideró los hechos ocurridos durante el período de la guerra civil (de enero de 1980 a julio de 1991). En este lapso, se calculó un saldo de al menos 75 mil víctimas fatales, de las cuales el 25 % correspondía a desapariciones forzadas. Estas, al comienzo, no respondían exactamente al fenómeno que se había dado a fines de la década del setenta en El Salvador, caracterizado por el traslado de las víctimas a centros clandestinos de detención o el ocultamiento del cadáver (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993, Anexo 2, p. 9). Sin embargo, este patrón general no fue uniforme, ya que el uso de la tortura como forma de obtener información fue creciendo a medida que transcurrieron los años: “en los años 80 y 81 este patrón representa menos del 3% de los casos. Esta proporción sube en forma acelerada hasta llegar al 60% de todos los testimonios referidos a 1989” (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993, Anexo 2, p. 28). Según el informe, el aumento de los casos de tortura se dio en los establecimientos y cuarteles de las fuerzas militares y de seguridad, ubicados en su mayoría en el departamento de San Salvador (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993, Anexo 2, p. 32).

A diferencia de Guatemala y Honduras, en los informes oficiales no hay alusiones a la colaboración de la dictadura militar argentina con el gobierno salvadoreño. Sin embargo, hay referencias periodísticas y académicas sobre una posible operación panlatinoamericana contra la guerrilla salvadoreña en 1981, de la que habrían participado Estados Unidos y Argentina (Armony, 1999, pp. 142–143; Cisneros y Escudé, 2000; Duhalde, 1983, p. 318; Kovalskis y Oberlin Molina, 2019). Nuestro trabajo con fuentes de la cancillería argentina ha demostrado, también, las estrechas relaciones diplomáticas y entre los jefes de las fuerzas represivas de Argentina y El Salvador desde 1977 (García Fernández, 2017; Molinari, 2018; Rostica et al., 2020). ¿Cuándo se inició concretamente el asesoramiento y la formación militar argentina a El Salvador? ¿A partir de qué instituciones? ¿Quiénes se formaron en Argentina? ¿Sobre qué materias se formaron? ¿Cómo pudo haber impactado?

Si comparamos los datos cuantitativos, podemos analizar cronológicamente la violencia. Hacia 1978, los casos de desaparición forzada disminuían en Argentina, mientras aumentaban en Guatemala, Honduras y El Salvador. Al mismo tiempo, compartían similitudes en el modus operandi en las zonas urbanas. ¿Es posible pensar en una transnacionalización de la violencia política? ¿Cuáles fueron los espacios de socialización transnacionales que se especializaban en inteligencia, que era la columna vertebral del circuito represivo de la desaparición forzada de personas? (Gráfico 1).

Gráfico 1. Frecuencia de las Desapariciones Forzadas según año y país (Argentina, Guatemala, El Salvador y Honduras, 1974-1983)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos absolutos ofrecidos en varios informes oficiales (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 2002) para Honduras; (Comisión de la Verdad Para El Salvador 1993) y (Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador 2020) para El Salvador; (Programa de Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado 2015) para el caso de Argentina, y para Guatemala el de la (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 1998) y los datos proporcionados por el libro del sociólogo Carlos Figueroa Ibarra (Figueroa Ibarra, 1999, p. 121). Carlos Figueroa Ibarra (1999) trabajó sobre una muestra de 4042 casos de desapariciones forzadas. Su trabajo es relevante ya que procuró subsanar el desbalance de las oficinas de la CEH en las regiones indígenas, en detrimento de las zonas urbanas.

Las relaciones diplomáticas de Argentina con Guatemala, Honduras y El Salvador

Argentina había buscado profundizar las relaciones con Guatemala y El Salvador desde 1977, con la llegada de Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos y su política de sanciones a los países que violaban los derechos humanos. En octubre de 1977, el Congreso de Estados Unidos había decretado que no se podía asignar al gobierno de Argentina fondos destinados a la educación y entrenamiento militar, ni destinar créditos militares a los gobiernos de Argentina, Brasil, El Salvador y Guatemala.6 Estas prohibiciones entrarían en vigencia a partir del 1 de octubre de 1978.7 Cuando asumió el general Romeo Lucas García, el embajador argentino recibió instrucciones de la Cancillería para explorar posibilidades de acrecentar todo tipo de intercambios. En julio de 1978, el embajador se entrevistó en privado con el presidente guatemalteco y varios de sus ministros, pues consideraba que “las naciones afectadas de América Latina tenían que tratar de ayudarse y cooperar entre sí para reabastecerse, de ser posible dentro de esa área”.8 Las relaciones de Argentina con Honduras fueron diferentes, ya que las ayudas estadounidenses solo fueron levemente afectadas y, por lo tanto, estas respondieron directamente al triunfo de la revolución sandinista en julio de 1979. Para el canciller argentino Carlos Washington Pastor, el “comunismo” había llegado a Nicaragua y amenazaba a El Salvador y Guatemala y caracterizó la situación centroamericana como muy peligrosa.9

En 1980, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina creó un Departamento de “América Central y Caribe”. En mayo de ese mismo año, el subsecretario de relaciones exteriores argentino, comodoro Carlos Cavandoli, junto a una delegación, viajó a Guatemala y Honduras. Cavandoli consideraba necesario que “aquellos países que están en idéntica situación se apoyaran mutuamente”. En Guatemala, la misión ofreció “la colaboración de la comunidad informativa argentina”, un organismo de inteligencia creado por la dictadura para operar en la región.10 En Honduras, Cavandoli describió la situación de Argentina y afirmó que el país estaba “en condiciones de ofrecer a Honduras antecedentes útiles sobre la triste experiencia vivida”.11 El presidente hondureño elogió “el apoyo y la asistencia brindada por nuestras Fuerzas Armadas a las de ese país”, mientras que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas reconoció a “nuestras Fuerzas Armadas por la asistencia de distinto tipo que prestan a Honduras y resaltó la calidad de nuestros oficiales, muchos de los cuales han prestado servicios en Honduras como profesores.”12 En octubre de 1980, en una conversación del ministro de Defensa salvadoreño, coronel José Guillermo García, con el nuevo embajador argentino en El Salvador, Víctor José Bianculli, el militar confesó que “habían solicitado a Estados Unidos helicópteros (...) pero EEUU sólo ayuda para ciertos planes de desarrollo (...) por eso necesitan que naciones amigas le presten colaboración”.13 ¿De qué se trataba la asistencia y colaboración buscada?

La colaboración argentina en la “lucha contra la subversión”

Desde finales de los años cincuenta, cuando Argentina recibió capacitación militar francesa, el país asumió la difusión de esas doctrinas en América Latina. Sin embargo, este proceso se intensificó durante el período analizado (Rostica, 2018). Como ya se ha señalado, el cambio en la política estadounidense hacia la región fue una condición importante, aunque el triunfo de la revolución sandinista incentivó la creación de un armado institucional que permitió una colaboración más estructurada.

Además de la creación del Departamento de “América Central y Caribe” en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Junta Militar argentina trató el tema “Presencia en América Central” en diciembre de 1979 y consideró que una forma de incrementarla era abriendo nuevas agregaciones militares y/o extendiendo las áreas de las ya existentes (Ministerio de Defensa, 2014, p. 41). Paralelamente, el Departamento Exterior de la jefatura II del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) creó la División México y Centroamérica el 1 de enero de 1980.14 Las agregadurías y la nueva división del Departamento Exterior dependían de la sección de inteligencia del ejército. Este conjunto de dependencias estatales evidencia la importancia política y militar que la dictadura argentina otorgaba a la región.

A través de las agregadurías se gestaron reuniones entre delegaciones militares en las que se gestionó formación militar y becas, entre otras cuestiones. Guillermo Spiegler Noriega, mientras estuvo a cargo del Ministerio de Defensa de Guatemala, gestionó solo a la Argentina becas para la formación en inteligencia.15 En junio de 1980, el viceministro de Defensa de Guatemala, coronel Salazar Asturias, destacó, en una conversación con el agregado militar de Argentina, la “necesidad de ampliar [la] cooperación argentina especialmente en materia de ‘cursos de inteligencia’.”16 Pocos meses después, entre el 25 y 29 de agosto, el canciller y una comitiva guatemalteca, en la que se encontraba el director de inteligencia, coronel Manuel Antonio Callejas y Callejas, fueron recibidos en Argentina.17 Posteriormente, entre el 15 y el 30 de octubre de 1980, tuvo lugar en Guatemala una extensa visita del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, organizada por el director de inteligencia de Guatemala, el coronel Manuel Callejas y Callejas.18 Más tarde, el jefe del Estado Mayor del Ejército Luis René Mendoza Palomo y las más altas autoridades de la zona militar “General Aguilar Mariscal Zavala”, ubicada en la ciudad capital de Guatemala, estuvieron en Argentina.19 A estas personas a cargo del Estado Mayor General del Ejército, les correspondía la tarea de “elaborar y revisar los planes y programas de instrucción y educación para los miembros del ejército” según la ley constitutiva del ejército de Guatemala, y las fechas de estas reuniones coinciden con la profesionalización y la reapertura de la Escuela de Inteligencia de Guatemala.

Para el caso de Honduras he encontrado notas dirigidas directamente al general de brigada Mario Chinchilla Carcamo, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, a quien le ofrecieron becas para la Escuela de Inteligencia de Argentina en enero de 1980 para el ciclo de 1981.20

En el caso de El Salvador, desde 1977, los militares argentinos ofrecían “asesoramiento basado en la experiencia vivida” y becas militares, especialmente para oficiales de alto rango. A fines de 1978, una delegación de 23 jefes y oficiales graduados de la Escuela de Comando y Estado Mayor de El Salvador, encabezada por el coronel Carlos Eugenio Vides Casanova, director de la Guardia Nacional, visitó Buenos Aires21. En octubre de 1980, el ministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, junto con el secretario de Defensa, coronel Carranza, entregaron una nómina de oficiales seleccionados para un curso especial de inteligencia y lucha antisubversiva en Buenos Aires.22 Al año siguiente, en octubre de 1981, el embajador argentino Víctor Bianculli confirmó al coronel Juan Arturo Ehlert que oficiales salvadoreños participarían en un curso de inteligencia en la SIDE en noviembre de ese año.23

La formación militar en Argentina

Un espacio de contacto transnacional fue, sin dudas, el Curso de Inteligencia para Oficiales Extranjeros (COE-600) abierto en 1978, el cual se denominó a partir de 1979 Curso de Inteligencia para Oficiales de Ejércitos de Países Amigos (CIOEPA). Este curso, de alto nivel y tres meses de duración, se impartía en la Escuela de Inteligencia y ofrecía becas a ejércitos amigos. El contenido estaba orientado a proporcionar conocimientos técnicos en torno a la “lucha contra la subversión”, los “lugares de detención temporaria” y la creación de una “identidad doctrinaria” (Rostica, 2022, p. 16).

Catorce militares guatemaltecos de alto rango obtuvieron la AEI entre 1978 y 1982, lo cual representa un 15% del total de los invitados extranjeros (Rostica, 2023ª, p. 71).24 Estos militares tuvieron mucha incidencia en la represión interna en Guatemala en calidad de oficiales de inteligencia. Entre ellos se destacan José Mauricio Rodríguez Sánchez, director de inteligencia de la dictadura de Ríos Montt (1982-1983) y acusado junto al mismo en el juicio por el genocidio ixil;25 Carlos Enrique Pineda Carranza, jefe de negociado del EMGE y de la dirección de inteligencia entre 1978 y 1983; Horacio Soto Salam, jefe de la dirección de inteligencia del EMGE en 1981;26 Byron Humberto Barrientos Díaz, jefe de inteligencia de la zona militar de Cobán, acusado en 2016 por desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad por el caso Creompaz;27 Mario Mérida González, oficial de inteligencia en Puerto Barrios y Quiché (1984-1985), jefe del Archivo y director de inteligencia (1993-1994); y Julio Alpírez, quien fue desde jefe de kaibiles hasta jefe del Archivo, acusado de la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez (Beaudoin 2015). Mario Mérida y Julio Alpírez también habían tomado cursos en la Escuela de las Américas. En el caso de El Salvador, identificamos a seis militares que tomaron el curso entre 1978 y 1983. Dos de ellos se destacaron: el capitán Juan Reinaldo Díaz y Díaz y el capitán Julio César Grijalva, quienes en 1978 y 1979 respectivamente obtuvieron el “Premio Cdo II MM” correspondiente al mejor promedio de la materia inteligencia (Rostica, 2023a, p. 72). De acuerdo con el Equipo Nizcor, el teniente coronel Julio Grijalva, que también se formó en la Escuela de las Américas, estuvo involucrado en la masacre de personal y pacientes en un hospital rebelde en 198928. En relación con Honduras, encontramos a cinco hondureños que realizaron este curso y a ocho integrantes de la Guardia Nacional de Nicaragua entre 1978 y 1979, de quienes sería relevante rastrear su paso por Honduras en el armado de la Contra. Dos de los hondureños que tomaron el COE-600 están mencionados en el informe preliminar del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sobre el Proceso de Desclasificación, subteniente Segundo Flores Murillo y capitán Marco Tulio Ayala Vindel. Ambos también cursaron en la Escuela de las Américas y figuran en el mencionado informe como integrantes del Batallón 3-16, una estructura que realizaba secuestros, desapariciones y torturas contra organizaciones o individuos considerados “subversivos” (Valladares Lanza and Peacock, 1998).

Los COE-600 no fueron los únicos cursos de inteligencia impartidos a oficiales extranjeros. La SIDE también ofreció Cursos de Inteligencia Estratégica para personal superior de las Fuerzas Armadas del exterior. Los militares guatemaltecos Julio Balconi (1980-1981) y Julio Alpírez (1982-1984) tomaron dicho curso en Argentina (Osorio, 2000). En una entrevista realizada por la investigadora Laura Sala a Balconi, este indicó que el curso abordaba “asuntos eminentemente de inteligencia de Estado” (Sala, 2018, p. 148). Los salvadoreños seleccionados para este curso fueron los tenientes coroneles Salvador Beltrán Luna y Omar Napoleón Ávalos, según lo relatado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el general Rafael Flores Lima.29 No se puede afirmar con certeza si estos cursos de la SIDE coinciden con los que se impartieron en tres ocasiones durante 1981 por instructores del Batallón de Inteligencia 601 para contingentes centroamericanos “capacitando y entrenando en forma encubierta (…) en su lucha contra el enemigo marxista que operaba en sus respectivos países”, de acuerdo al legajo de uno de los docentes del mismo hallado por la Secretaría de Derechos Humanos (Rostica, 2023a, p. 74).

A estas becas se deben añadir otras que las escuelas de las Fuerzas Armadas argentinas ofrecían tradicionalmente a los militares de Guatemala, Honduras y El Salvador. Mi investigación ha revelado que Guatemala envió a varios oficiales jefes, a diferencia de Honduras y El Salvador, que enviaron militares de menor rango. Entre los oficiales guatemaltecos que se inscribieron en la Escuela Superior de Guerra de Argentina, y cuyos nombres aún figuran en la placa de entrada a la institución, se encuentran Byron Disrael Lima, director de inteligencia durante la dictadura de Mejía Víctores (1983-1985) y condenado por el asesinato de monseñor Juan Gerardi, y José Luis Quilo Ayuso, quien fue oficial de operaciones psicológicas en el EMGE y comandante de un batallón en la zona militar de Quiché durante la dictadura de Ríos Montt30 (Rostica, 2023a, pp. 77–80).

Asesores militares

Otra forma de generar espacios de formación, instrucción, contacto y coordinación transnacionales de la dictadura argentina fue el envío de asesores militares a los países estudiados. Como he corroborado, varios de los agregados militares enviados a la región centroamericana prestaron servicios a las Fuerzas Armadas de los países respectivos, como el caso del coronel Juan Arturo Ehlert, quien fue condecorado por las Fuerzas Armadas de Honduras y Guatemala (1981), del general Humberto Pompilio Ferrucci, reconocido por las Fuerzas Armadas de Guatemala y El Salvador (1983), y del coronel Jorge O’Higgins, premiado en 1983 por los militares hondureños.

Considero que la empresa más relevante, por la formalidad que revistió la misma, fue la asesoría militar provista a Honduras, pues no he encontrado registros de oficiales militares argentinos con ese cargo que hayan asesorado directamente y en su territorio a las Fuerzas Armadas de Guatemala o El Salvador. En enero de 1981 se invitó a “dos oficiales superiores del Ejército de Honduras con el grado de coronel, a visitar la Escuela Superior de Guerra y la Escuela de Inteligencia, respectivamente”.31 Posiblemente este convite estuvo relacionado con la gestión de una solicitud hecha por el ejército de Honduras de designar dos oficiales superiores y un oficial jefe para “desempeñar las funciones de asesores en Institutos de Perfeccionamiento”. Así, el presidente argentino decretó designar en comisión permanente, a partir del 15 de enero de 1982 y por el término de 370 días, a los coroneles Carmelo Gigante y José Osvaldo Riveiro y al teniente coronel Abelardo de la Vega para desempeñar dicha función.32 Luego, la duración se amplió para Riveiro y Gigante, con lo cual no regresaron al país hasta inicios de 1984.33 Estos militares habían tenido un gran desempeño académico -uno de ellos en la Escuela de las Américas-, habían sido profesores en la Escuela Superior de Guerra, tenían la especialidad en inteligencia y una participación destacada en la llamada “lucha contrasubversiva” en Argentina y a nivel regional. De hecho, Riveiro había sido uno de los gestores del sistema Cóndor (McSherry, 2009, pp. 261, 263, 269, 279).

Sabemos que Gigante y de la Vega fueron condecorados en 1982, que la función del primero fue la de “auxiliar de inteligencia en el Ejército de Honduras”34 y la del segundo de “auxiliar de acción psicológica”.35 Respecto de Riveiro, una Junta de Calificación de Oficiales explicó que su función fue: “una actividad de inteligencia estratégica que no es conocida por la masa de los generales del Ejército puesto que es una actividad secreta.”36 Estos asesores fueron asignados a la Escuela de Comando y Estado Mayor hondureña, un organismo de estudios superiores en el cual se preparan los oficiales para los procedimientos de Estado Mayor y Comando de grandes unidades, dependiente del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Según la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas hondureñas, solamente egresados de esta Escuela pueden participar en el Colegio de Defensa Nacional, el más alto centro de estudios de las Fuerzas Armadas, creado recién en la Constitución de 1982.37 Cabe suponer, entonces, que los argentinos desempeñaran un rol muy destacable en esta reforma, convocados directamente por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, Álvarez Martínez. En la documentación argentina se destaca que estos asesores cambiaron algunos “procedimientos” de origen norteamericano por otros más afines a los utilizados en Argentina.38

Otro espacio de contacto transnacional, menos considerado por los especialistas, fueron la Comisión Permanente para las Comunicaciones Militares Interamericanas (COPECOMI) y la Red Interamericana de Comunicaciones Militares (RECIM). Estos organismos fueron creados en la VIII Conferencia de los Ejércitos Americanos en 1968 como parte del sistema interamericano de defensa. Para inicios de los años ochenta, dichos organismos coordinaron inteligencia, comunicaciones y operaciones, con sede en Panamá entre 1974 y 1979, en Honduras entre 1980 y 1981, y en Argentina desde 1982.39 Argentina envió a seis personas a la sede en Honduras. A partir de la lectura de los legajos, se puede observar que los de mayor jerarquía, con el rango de coronel, ocuparon cargos en el “Comité de Asesoramiento Técnico”, mientras que los de menor jerarquía fueron a tomar cursos. Desde ese espacio, los militares argentinos también prestaron colaboración a las Fuerzas Armadas de Honduras entre 1980 y 1981, como lo demuestra una condecoración firmada por el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Pública de Tegucigalpa (Rostica, 2023a, p. 48). Es importante observar que la fecha de inicio de la asesoría militar argentina a Honduras coincide exactamente con el traslado de la RECIM y COPECOMI a Argentina, con la creación de la Agregaduría Militar en Honduras (pues previamente tuvo sede en Guatemala), y con la designación de Álvarez Martínez como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas.

Conclusiones

Este artículo buscó ofrecer una investigación encuadrada en la Guerra Fría latinoamericana, en la senda del libro coordinado por Daniela Spenser, la investigación de Ariel Armony y las nuevas perspectivas recuperadas en el libro historiográfico de Vanni Pettiná. Mi enfoque no se centró en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica, poniendo el foco en sus actores y en los datos extraídos de los archivos de la región. Además, utilicé la perspectiva transnacional para identificar posibles “zonas de contacto” entre los países involucrados.

El objetivo fue mostrar que existieron características comunes en la violencia política represiva implementada por los Estados latinoamericanos en las décadas de los setenta y ochenta, especialmente en lo que respecta al modus operandi de la desaparición forzada de personas en áreas urbanas. Asimismo, que esta práctica fue similar tanto en Sudamérica como en Centroamérica, aunque con ciertos desfases temporales. Es decir, todo parece indicar que ese modus operandi fue implementado de forma sistemática por el Estado argentino apenas un poco antes que en El Salvador, Guatemala y Honduras.

En la segunda parte del artículo, analicé una de las formas de colaboración militar argentina en la “lucha contrasubversiva” en los países centroamericanos mencionados. Describí los espacios de formación, instrucción, contacto y coordinación transnacionales creados por las Fuerzas Armadas argentinas, los temas que se abordaron en la capacitación de los militares de los “países amigos”, y sus vínculos con las violaciones a los derechos humanos durante los regímenes represivos.

Considero que estos espacios transnacionales tuvieron un rol central en la transnacionalización de diversas formas de represión políticas, como el modus operandi de la desaparición forzada de personas. Esto no implica que los militares argentinos enseñaron y que pasivamente los militares centroamericanos aprendieron, sino que en esos espacios todos los actores se nutrieron de las diferentes experiencias e hipótesis de conflicto, lo que dejó huellas tanto en la escalada represiva como en aspectos más sutiles de la inteligencia táctica y estratégica, la columna vertebral del circuito represivo de la desaparición forzada de personas. Solo mediante el estudio de la recepción de ideas y su puesta en práctica en los países centroamericanos se podrán determinar con certeza el impacto y las consecuencias que estos espacios transnacionales tuvieron en sus formatos de represión política.

Referencias

Águila, Gabriela (2023). Historia de La Última Dictadura Militar Argentina 1976-1983. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Armony, Ariel (1999). La Argentina, Los Estados Unidos, y La Cruzada Anticomunista En América Central (1977 – 1984). Buenos Aires: Universidad de Quilmes.

Armony, Ariel (2004). Transnacionalizando La ‘Guerra Sucia’: Argentina En Centroamérica. En D. Spenser (ed.), Espejos de la guerra fría: México, América Central y El caribe (pp. 319–48). México: Miguel Ángel Porrúa.

Barahona, Marvin (2005). Honduras En El Siglo XX. Tegucigalpa: Guaymuras.

Beaudoin, Sophie (2015, 15 de diciembre). Will Someone Finally Be Held Accountable for Efrain Bamaca’s Enforced Disappearance? International Justice Monitor. Disponible en https://www.ijmonitor.org/2015/12/will-someone-finally-be-held-accountable-for-efrain-bamacas-enforced-disappearance/

Centro de Documentación de Honduras (1983). Derechos Humanos En Honduras: Señales Del Método Argentino. Tegucigalpa.

Cisneros, Andrés, y Carlos Escudé (2000). Historia General de Las Relaciones Exteriores de La República Argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

Comisión de la Verdad Para El Salvador (1993). De La Locura a La Esperanza. La Guerra de 12 Años En El Salvador. San Salvador, New York: Naciones Unidas.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1978). Informe Sobre La Situación de Los Derechos Humanos En El Salvador.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1981). Informe Sobre La Situación de Los Derechos Humanos En La República de Guatemala.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1983). Informe Sobre La Situación de Los Derechos Humanos En La República de Guatemala.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1985). Tercer Informe Sobre La Situación de Los Derechos Humanos En La República de Guatemala.

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (2020). La Desaparición Forzada En El Contexto Del Conflicto Armado de El Salvador. San Salvador: CONABUSQUEDA.

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1984) Nunca Más. Buenos Aires: Eudeba.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999a). Guatemala, Memoria Del Silencio. Guatemala: UNOPS.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999b). Guatemala Memoria Del Silencio: Resumen Del Informe de La Comisión Para El Esclarecimiento Histórico. Guatemala: Fundación Myrna Mack, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y Programa de Derechos Humanos y Reconciliación de USAI.

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (2002). Los Hechos Hablan Por Sí Mismos: Informe Preliminar Sobre Los Desaparecidos En Honduras, 1980-1993. Tegucigalpa: Guaymuras.

Duhalde, Eduardo Luis (1983). El Estado Terrorista Argentino. Buenos Aires: Ediciones El Caballito.

Figueroa Ibarra, Carlos (1999). Los Que Siempre Estarán En Ninguna Parte (La Desaparición Forzada En Guatemala). México: Universidad de Puebla.

García Fernández, Aníbal (2017). La Presencia Militar Argentina En El Salvador: El Caso Del Batallón 601 de Inteligencia (1976-1983). Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gordon Rapoport, Sara (1989). Crisis Política y Guerra En El Salvador. México D.F: Siglo XXI.

Kovalskis, Melisa, y Matías Oberlin Molina (2019). La Dictadura Militar Argentina y los Estados Unidos en El Salvador (1980): El Mecanismo del Comensalismo Represivo. En XIII Jornadas de Sociología. Buenos Aires: Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales.

McSherry, Patrice (2009). Los Estados Depredadores: La Operación Cóndor y La Guerra Encubierta En América Latina. Santiago de Chile: Lom ediciones.

Ministerio de Defensa (2014). Actas de La Dictadura: Documentos de La Junta Militar Encontrados En El Edificio Cóndor. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

Molinari, Lucrecia (2014). Autonomía y Articulación: Los Sindicatos y La Represión Política En El Salvador (1967-1972). En W. Ansaldi y V. Giordano, América Latina. Tiempos de violencias (pp. 161–89). Buenos Aires: Ariel Historia.

Molinari, Lucrecia (2018). La Dictadura Argentina Frente Al Estallido de La Guerra Civil Salvadoreña (1977-1982): Proyección Continental y ‘Experiencias Compartidas.’ Diálogos, 19(2): 232-68.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (1998). Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de La Memoria Histórica, Guatemala, Nunca Más. Guatemala: ODHAG.

Osorio, Carlos (2000). El Ejército de Guatemala: Lo Que Revelan Los Archivos de Los Estados Unidos. Unidades y Oficiales Del Ejército de Guatemala. Digital National Security Archive. https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB32/vol1_espanol.html

Pettiná, Vanni (2023). La Guerra Fría Latinoamericana y sus Historiografías. Madrid: AHILA-UAM.

Pontoriero, Esteban (2016). En Torno a Los Orígenes Del Terror de Estado En La Argentina de La Década de Los Setenta; Cuándo, Cómo y Porqué Los Militares Decidieron El Exterminio Clandestino. Papeles de Trabajo, 10(17), 30-50.

Programa de Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (2015). Informe de Investigación RUVTE-ILID. Buenos Aires.

Rostica, Julieta (2023a). La Dictadura Militar Argentina y La “Lucha Contrasubversiva” En Centroamérica (1976-1983). Buenos Aires: Secretaría de Derechos Humanos.

Rostica, Julieta (2023b). Racismo y Genocidio En Guatemala. Una Mirada de Larga Duración. Buenos Aires: CLACSO e IEALC.

Rostica, Julieta Carla (2018). La Transnacionalización de Ideas: La Escuela Contrasubversiva de Argentina a Guatemala. Diálogos Revista Electrónica 19(2):170-197.

Rostica, Julieta Carla (2022). The Collaboration of the Argentine Military Dictatorship with the Governments of Guatemala and Honduras in Their ‘Fight against Subversion’ (1980–3). Journal of Latin American Studies 54(3), 431–56.

Rostica, Julieta Carla; Melisa Kovalskis; Lucrecia Molinari, y Matías Oberlin Molina (2020). La Masacre de El Mozote En El Salvador: Una Aproximación a La Responsabilidad Argentina. E-L@tina 18(71), 1-34.

Sala, Laura (2018). Enemigos, Población y Guerra Psicológica. Los Saberes Contrasubversivos Argentinos y su (Re)Apropiación por los Militares Guatemaltecos. Diálogos 19(2), 140–69.

Sala, Laura (2021). Las Ideas Externas En Las Doctrinas Militares Latinoamericanas de La Guerra Fría. Secuencia 111, 1-34.

Salomón, Leticia (1997). Poder Civil y Fuerzas Armadas En Honduras. Tegucigalpa: Centro de Documentación de Honduras y Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.

Schirmer, Jennifer (1999). Las Intimidades Del Proyecto Político de Los Militares En Guatemala. Guatemala: FLACSO.

Slatman, Melisa (2018). El Dispositivo Represivo Argentino, La Responsabilidad Primaria Del Ejército y La Planificación Centralizada-Ejecución Descentralizada (1975-1983). En D. D'Antonio, Violencia, espionaje y represión estatal. Seis estudios de caso sobre el pasado reciente argentino. Buenos Aires: Imago Mundi.

Spenser, Daniela (2004). Espejos de La Guerra Fría: México, América Central y El Caribe. México: CIESAS/SER/Miguel Ángel Porrúa.

Turolo, Carlos (n.d.). Discurso Pronunciado En La Escuela Superior de Guerra Al Dejar Inaugurado El Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria (2 de Octubre de 1961). En A. García, La Doctrina de la Seguridad Nacional /1 (1958-1983) (pp. 69–72). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Valladares Lanza, Leo, y Susan Peacock (1998). En Búsqueda de La Verdad Que Se Nos Oculta. Tegucigalpa: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras.

Vela Castañeda, Manolo (2014). Los Pelotones de La Muerte. La Construcción de Los Perpetradores Del Genocidio Guatemalteco. México: El Colegio De México.

Weaver, Erick (1990). La Diplomacia Del Banano. El Desarrollo de Las Relaciones Entre Los Estados Unidos y Honduras. En V. Meza, Honduras: pieza clave de la política de Estados Unidos en Centroamérica (pp. 52-85). Tegucigalpa: Centro de Documentación de Honduras.

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