Introducción^{22. Un borrador de (…)} ↑

Poco tiempo duraron las expectativas que pudo haber generado, en términos de “pacificación social”, el fin de la dictadura de la “Revolución Argentina” y la asunción de un nuevo Gobierno constitucional el 25 de mayo de 1973, una vez más en manos del peronismo. La fuerte movilización social y el clima generalizado de violencia política habían logrado presionar lo suficiente al Gobierno militar del general Alejandro Lanusse, quien habilitó finalmente el regreso de Juan Domingo Perón al país y la participación en las elecciones del movimiento por él construido. Se esperaba que con esas medidas se pudiera contener la creciente conflictividad que caracterizaba el escenario político, pero ello no fue así. Las tensiones entre la izquierda y la derecha peronista no hicieron más que profundizarse con la llegada de Héctor Cámpora a la presidencia, hasta tocar fondo con la masacre de Ezeiza al mes siguiente y finalmente con la opción por parte del viejo caudillo de echar a la “imberbe” juventud del movimiento, de manera explícita en aquella Plaza de Mayo del 1 de mayo de 1974. Un cuadro que no estaría completo si no se contempla en él la renuncia de Cámpora a la presidencia, el esperable triunfo de la fórmula Perón-Perón en las elecciones, el posterior asesinato del Secretario General de la CGT, Ignacio Rucci, y la consecuente “depuración interna” que se ordenó hacia adentro del movimiento. Por fuera del espacio peronista, otras organizaciones también protagonizaban la creciente radicalización política y social, y sería un grueso error no incluirlas dentro del análisis. Se destacan, entre ellas, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), finalmente fusionada con Montoneros. En su conjunto, peronistas de izquierda y marxistas conformaron el “enemigo subversivo” al que debían combatir y eliminar durante los siguientes 10 años.^{33. Es vasta la bi (…)}

En un trabajo anterior, analizamos algunos posibles puntos de partida del proceso represivo que cristalizó con la última dictadura militar y propusimos como uno de ellos la aparición pública de la Triple A en noviembre de 1973 (Scatizza, 2015a). Como expusimos allí, y aun teniendo en cuenta las especificidades propias que caracterizaron a las violencias de Estado antes y después del 24 de marzo de 1976, consideramos que son claros los elementos que habilitan a pensar al período en términos de continuidad en materia de persecución política y represión. Sin dudas, el accionar de las Fuerzas Armadas no fue el mismo antes del golpe militar y después de este, como tampoco lo fueron la vigencia de ciertos derechos que –aunque coartados de alguna manera en términos reales– estaban amparados constitucionalmente, como la libertad de expresión, sindical, de movilidad, etc. Y en este mismo sentido, la propia práctica implementada por el Gobierno militar consistente en el secuestro y la desaparición de personas como método de eliminar a la oposición y de infundir el terror en la población fue institucionalizada y sistematizada a partir del 24 de marzo, y no antes de esa fecha.^{44. Si bien hay, e (…)} Sin embargo, ello no impide verificar la presencia, a lo largo de toda esta década, de determinados aspectos que caracterizaron una forma específica de violencia política que la atravesó, y con los cuales se identifica al terrorismo de Estado. En especial, sus fundamentos ideológicos, políticos y económicos, así como el tipo de enemigo que ha de combatirse.

Cabe señalar, antes de continuar, que cuando hablamos de represión nos referimos, en términos generales, al ejercicio de la violencia política “desde arriba” por sobre cualquier forma de disidencia u oposición al Gobierno. Más precisamente, a la puesta en práctica por parte del Estado, o en connivencia con él, de detenciones, secuestros, interrogatorios y torturas no solo a miembros de organizaciones guerrilleras y agrupaciones afines a ellas –que fueron su principal objetivo–, sino también a simpatizantes de ellas, amigos, vecinos y familiares de los y las militantes que las conformaban. Sin embargo, es preciso dejar en claro que esta forma de violencia (“física” o “directa”, si se quiere) no fue la única con la que se implementó el proyecto represivo iniciado antes del golpe y cristalizado por las Fuerzas Armadas. Hubo otras formas represivas que apuntaron a censurar y combatir todo tipo de prácticas educativas y sociales en las cuales la heterogeneidad fuera su sustrato. Modos más “sutiles” o “indirectos” que buscaron destruir todo atisbo de cultura crítica, polifónica y solidaria que pudiera atentar contra el modelo homogeneizante y monofónico que persiguió consolidar la dictadura militar (Ansaldi, 2006), así como a consumar la derrota política del modelo de desarrollo del mercado interno, tanto como al proyecto populista, intervencionista y redistribucionista del Estado nacional (Pucciarelli, 2004). Si bien no dejamos de tener presente en ningún momento estas últimas expresiones represivas, en este trabajo solo nos dedicaremos a describir y analizar las primeras.

Violencia en el Comahue↑

En este contexto someramente descripto, la lejanía de los grandes centros urbanos no evitó que la represión contra la oposición política se manifestara con similares características, a pesar de que su intensidad no fuera la misma en términos absolutos. En este sentido, así como sucedió en el resto del territorio nacional, en la Norpatagonia^{55. Comahue y Norp (…)} argentina también comenzó a desplegarse gradualmente el plan de exterminio y terror en los años previos al golpe militar, tanto por el accionar de fuerzas paraestatales y de la derecha peronista, como por la aplicación de una serie de leyes represivas que habilitaron a las fuerzas policiales y de seguridad a perseguir y reprimir toda actividad considerada “subversiva”.

Como puede llegar a esperarse desde una perspectiva contextualista, es posible detectar entre los antecedentes una serie de elementos que ayudan a explicar este despliegue represivo que llegaría a su clímax durante los dos primeros años del Gobierno dictatorial. Estos forman parte de un conjunto de acontecimientos que le otorgaron a la región un cierto cariz “combativo”, en tanto espacio en el que se desarrollaron expresiones contestatarias de diversa especie y que atentaron, de alguna manera, con el mantenimiento del statu quo vigente. En efecto, y tal como expusimos en otro trabajo (Scatizza, 2015b), es posible afirmar que la Norpatagonia fue una zona “potencialmente apta” para el desarrollo de la “subversión”, en especial el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, lo cual explica en gran medida por qué adquirió semejante magnitud la represión puesta en acto durante la dictadura, a pesar de no estar incluida entre las “zonas calientes” descriptas en la normativa castrense.^{66. Tal como lo di (…)}

Si bien no hay dudas de que el desarrollo político-militante no tenía para entonces en esta región el grado de madurez o magnitud que sí se evidenciaba en los grandes centros urbanos, sí es posible verificar, hacia fines del onganiato, una creciente conflictividad social que no podemos dejar de observar al momento de analizar la escalada represiva que signaría los setenta. De manera sumaria, ya que no es el objetivo en este trabajo desarrollar dichos experiencias, cabe mencionar los levantamientos populares en Cipolletti y General Roca (conocidos como “el Cipolletazo” y “el Rocazo”, ocurridos en septiembre de 1969 y junio de 1972, respectivamente); las huelgas obreras como la de los trabajadores de la represa de El Chocón (“el Choconazo”) entre diciembre de 1969 y febrero de 1970, y el de Pilas Vidor en 1971; y el movimiento estudiantil que se conformó a principios de los años setenta y que se extendió hasta entrado el Gobierno de facto en torno a la nacionalización de la Universidad del Neuquén (luego de ello, Universidad Nacional del Comahue).^{77. Para el caso e (…)} Momentos, todos estos, de gran agitación social; donde la militancia política y la lucha reivindicativa por derechos laborales y sociales comenzaría a construirse y gradualmente consolidarse como un ethos del espacio valletano, en especial de la ciudad de Neuquén y sus alrededores.

Pero vayamos a las violencias de Estado desplegadas en los años previos al golpe, y las formas que ellas adquirieron. Los primeros registros datan de marzo de 1974, cuando comenzaron a ejecutarse una serie de actos intimidatorios que algunos analistas del momento (en editoriales de los diarios Río Negro y Sur Argentino, y a través de opiniones publicadas en esos matutinos de algunos referentes políticos) ya le adjudicaban a fuerzas peronistas de derecha y ligadas a López Rega. El primero de ellos se produjo en la madrugada del 5 de marzo, cuando una bomba explotó en el local del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de la ciudad de Neuquén. Según los integrantes del partido, quienes llevaron a cabo el atentado fueron miembros de la Juventud Sindical Peronista que conducía por entonces la UOCRA (Diario Sur Argentino, 6/3/74: 16). Por otro lado, el 22 de ese mismo mes, la Juventud Peronista Regional VII (perteneciente a la Tendencia Peronista) denunció en Viedma una serie de atentados contra militantes de la agrupación, la que enmarcaron en una “verdadera campaña de intimidación contra las organizaciones populares” por parte de sectores de la derecha peronista. Dos meses más tarde, se produjo un atentado con bomba perpetrado contra la Unidad Básica ubicada en la esquina de Laprida y San Martín de la ciudad de Cinco Saltos el 7 de mayo de 1974 (Diario Río Negro, 8/5/74: 12). En esa sede partidaria, funcionaba la Regional VII de la Juventud Peronista, que sería blanco de nuevos atentados en los días siguientes, al igual que otras regionales de la JP del resto del país (Buffano, 2008).⁸8. En el trabajo (…) Un comunicado de la agrupación peronista atacada, firmada por su Secretario General, Roberto Liberatore (quien luego sería secuestrado en septiembre de 1976), responsabilizaba directamente a “las hordas de [los comisarios Alberto] Villar y [Luis] Margaride que ocupan hoy un importante lugar dentro del gobierno popular”, y denunciaba al mismo tiempo otros atentados del mismo tipo realizados contra “la compañera [María Emilia] Salto en Cipolletti”, y a un colectivo que partía hacia Buenos Aires desde Viedma con militantes peronistas, quienes se dirigían a esa capital para asistir a los actos del 1 de mayo (Diario Río Negro, 9/5/74: 24). Asimismo, el 14 de mayo fueron atacados a balazos, “con armas de grueso calibre”, y con diferencia de cinco minutos, el local del Sindicato del Personal de Industrias Químicas de Cinco Saltos, y la casa del ex Secretario General de la Regional VII de la JP, Luis Liberatore (padre de Roberto, mencionado recién), quien unos días antes (el mismo día en que había sufrido el atentado la Unidad Básica, el 7 de mayo) había recibido una amenaza que decía “te doy cinco días para que te rajes de acá, caso contrario te volaremos a vos y a tu familia” (Diario Río Negro, 15/05/74: 18).

No deja de ser sugerente que todas estas amenazas y ataques hayan sido perpetrados contra una organización de base vinculada a Montoneros y públicamente opositora al peronismo de derecha afín a López Rega. A estos habría que sumarles las persecuciones políticas a algunos de sus dirigentes, como la sufrida por Ana María Barone de Mielle cuando fue detenida el 15 de junio de ese año. Esta mujer, quien había sido apoderada de los dirigentes montoneros Roberto Quieto y Marcos Osatisnky mientras estaban presos, era esposa de un reconocido dirigente de la JP, Rodolfo Mielle, “fue trasladada sorpresivamente de la Unidad Carcelaria 9 de Neuquén a la cárcel de Villa Devoto sin dar parte de sus defensores” (Buffano, 2008: 35). Unos días después, el 18 de ese mes, se produjeron otros dos atentados más, pero esta vez en Cipolleti (ciudad vecina a Neuquén y Cinco Saltos) y dirigida contra militantes de la Federación Juvenil Comunista, opositores a la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Cipolletti (Diario Río Negro, 21/6/74: 10). Indicios, todos estos, que sumados a las amenazas de muerte a funcionarios y docentes universitarios, junto con una serie de atentados contra las viviendas de integrantes de la izquierda de la comunidad universitaria (Echenique, 2005), no dejan mucho margen de dudas respecto al efectivo accionar represivo estatal y paraestatal en la región.

¿Triple A?↑

Hay un cierto consenso militante y memorioso de aquellos hechos que sindica como responsable de todo accionar violento y represivo contra los diferentes sectores de la izquierda, a la Triple A. Sin embargo, cabe preguntarse si fue efectivamente esa banda la que actuó en la zona perpetrando cada uno de esos atentados, y, en tal caso, cómo coordinaba su accionar con su central en Buenos Aires. En este sentido, resultan más que sugerentes los avances realizados por Marina Franco (2011; 2012) en torno a la violencia política y la represión puesta de manifiesto desde el Estado y las agencias estatales y paraestatales en los años previos al golpe militar, para apropiarnos de su hipótesis y ponerla a prueba en esta región norpatagónica. En pocas palabras, que la represión sufrida por los distintos sectores de la izquierda peronista (ligados a la Tendencia) entre 1973 y 1976 fue ejercida (al menos en gran medida) por la propia derecha del movimiento, que habría puesto en práctica los lineamientos ordenados por Perón –luego del asesinato de José Ignacio Rucci– para depurar internamente al peronismo de todos aquellos elementos marxistas que lo estaban contaminando.⁹9. El 1° de octub (…) En esta línea, así como Hernán Merele (2013) pudo aportar un sustancial matiz a lo hasta entonces respecto del asesinato del militante del Peronismo de Base José “Tito” Deleroni en General Sarmiento (Buenos Aires), al destacar cómo su ejecución no estuvo en manos de la Triple A como se creía hasta entonces, sino que fue parte de la “depuración interna del peronismo” ordenada por el documento reservado, es posible conjeturar que muchos de los atentados contra la izquierda peronista ocurridos en la región del Comahue también siguieron esa misma lógica. Y si hablamos de conjetura es porque el análisis puntual de estos casos forma parte de una investigación actualmente en curso, aunque sin dudas existen elementos como para aventurar esa hipótesis. Si bien hasta el momento muchos de los testimonios obtenidos refieren, generalmente en términos más bien vagos y sin certezas, a la Triple A como la responsable de dichas acciones de violencia, el análisis de otras fuentes documentales permite ver que para los actores de entonces no estaba claro que fuera esa fuerza paraestatal la que protagonizara esos hechos, y sí que eran producto de las pujas internas del peronismo. Otro dato no menos sugerente lo aportan una serie de telegramas enviados por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Cipolletti al propio Perón y otros funcionarios de los Gobiernos nacional y provincial¹⁰10. Para ese enton (…) en noviembre de 1973, en el cual denunciaban que “[una] peligrosa infiltración marxista en [la] Unidad Básica Partido Justicialista de Cipolletti, Río Negro. Acción conjunta pretende copamiento [de] esta organización avasallando derechos constitucionales” (Sur Argentino, 8/11/73: 24). El hecho de no haber hallado aún información respecto de la réplica que pudo haber dado el Gobierno a dicha denuncia deja los interrogantes abiertos. ¿Qué respuesta esperaban recibir los dirigentes sindicales por parte de Perón? ¿Qué tipo de instrucciones? ¿En qué grado el documento reservado no solo habilitó ese tipo de denuncias, sino que legitimó la reacción violenta por parte de los integrantes del movimiento?

Lo dicho hasta aquí no niega, por supuesto, que la Triple A haya actuado en la región. De hecho, a fines de 1974, quien fuera por entonces jefe de la agencia del diario Río Negro en la ciudad de Neuquén, Carlos Galván, fue “utilizado” como mensajero involuntario de una de las típicas amenazas que solía hacer la banda liderada por López Rega. Según recuerda el periodista, a fines de 1974, la Triple A le dejó una nota en la agencia en la que se le indicaba buscar un comunicado escondido por miembros de esa fuerza detrás de la descarga de agua de una letrina, en la Terminal de Ómnibus de Neuquén (por aquel entonces ubicada sobre calle Mitre, entre Río Negro y Corrientes). Según su relato, allí se dirigió y, en efecto, se encontró con un listado “de no menos de 15 o 20 docentes de la Universidad Nacional del Comahue, a los que se les comunicaba que habían sido condenados a muerte y que iban a ser ejecutados en el corto plazo”.¹¹11. Si bien todas (…) Como veremos en el próximo apartado, la aparición en escena de Dionisio Remus Tetu como interventor en esa universidad en 1975 obliga a pensar, al menos hasta la finalización de sus funciones, que la Triple A articuló, a través de aquél, su accionar represivo en la región.

Al introducir el elemento de la “depuración interna” dispuesta por el Consejo Superior Peronista en octubre de 1973, lo que intentamos es complejizar el discurso dominante en la región respecto de la “violencia de derecha” –casi exclusivamente endilgada a la Triple A– para buscar sus matices; y en tal caso analizar qué vinculaciones pudo haber habido entre el accionar de esa fuerza paraestatal y lo ordenado por el documento reservado. ¿Se trató de experiencias independientes entre sí, o fueron ambos fenómenos parte de lo mismo? ¿Es dable pensar que la puesta en funcionamiento del “somatén criollo” haya sido una manera de “depurar” internamente al peronismo de la “infiltración marxista”, aún antes de la formalización del documento reservado? O, forzando un poco más la hipótesis, ¿es posible pensar a todo el despliegue de violencias “de derecha” que caracterizó al período que podríamos ubicar entre la “masacre de Ezeiza”, ocurrida el 20 de junio de 1973, y el propio golpe de Estado de marzo de 1976, como parte de un mismo proceso represivo que articuló a distintos actores y agencias estatales, sindicales y paraestatales (entre las cuales se destacó la Triple A, aunque sin haber sido la única fuerza en su tipo) con el objetivo de combatir y eliminar la “infiltración marxista” del peronismo, primero, para luego extender sus objetivos hacia ese enemigo en construcción que cristalizó bajo la forma de “subversivo”? Una mirada rápida podría llevarnos a responder afirmativamente, en especial los dos primeros interrogantes, pero la variedad de matices sugieren cautela, e incluso llevan a negar de plano el tercero. Especialmente, si se tienen en cuenta los múltiples rostros que tuvo el “enemigo de la nación” (Franco, 2012) construido en estos años, como lo fueron el PRT-ERP, por ejemplo, y otros partidos y organizaciones que no tuvieron como objetivo principal “infiltrar” al peronismo, sino llevar a cabo una revolución política y social en todo el país. Y más aún si se atiende a la multiplicidad de víctimas que fueron objeto de atentados, apremios, persecuciones y homicidios por parte de determinados grupos parapoliciales que protagonizaron el período, bien por haber encarnado algún tipo de desacuerdo u oposición política o ideológica con el Gobierno,^{1212. Los atentados (…)} o bien por no cuadrar dentro del canon moral imperante.^{1313. Un caso emblem (…)}

Dicho en otros términos, mientras si cabría interpretar el accionar de la Triple A –y de algunas otras organizaciones– en sintonía fina con lo que dispuso el Consejo Superior Peronista a través del documento reservado de principios de octubre de 1973, no creemos apropiado considerar a todas las formas de violencia de derecha como un fenómeno unívoco y propio de la interna peronista, toda vez que los objetivos trascendieron el espacio intrapartidario del movimiento.

La universidad: usina de la represión↑

Este despliegue gradual de la violencia política perpetrada por el (o con la connivencia del) Estado, se incrementaría en 1975 con la llegada de Remus Tetu a Neuquén, como interventor de la Universidad Nacional del Comahue. Como han destacado Quintar et al. (1998) y Echenique (2005), el movimiento estudiantil universitario tuvo una gran actividad en la región desde comienzos de los setenta hasta entrado el proceso dictatorial, y por ello la universidad fue uno de los lugares donde con más virulencia se implementó el plan represivo, en especial a lo largo de 1975 y 1976. Una situación que pone en evidencia, además, una de las dimensiones sustanciales que adquirió la represión en todo el territorio nacional a lo largo de este período: la articulación que existió entre las políticas y las prácticas institucionales, consideradas legales, y las acciones, consideradas ilegales, de carácter clandestino y paraestatal (Franco, 2012). En este sentido, el desembarco de Remus Tetu respondió a la línea impuesta desde el Ministerio de Educación, que desde agosto del año anterior había quedado en manos de Oscar Ivanisevich, cuya misión “era justamente retomar el control de las universidades en una orientación acorde a la dirección política del Gobierno [nacional]” (Quintar et al., 1998: 59). Una dirección política que, como ya se ha dicho, estaba delineada por los sectores ortodoxos de la derecha peronista que habían quedado en torno a Isabel luego de la muerte del viejo líder, en claro enfrentamiento con las distintas expresiones de izquierda que operaban en el país. Remus Tetu, un exiliado rumano que había integrado el movimiento fascista, ultranacionalista y antisemita Guardia de Hierro, asumió como rector de la UNCO el 4 de enero de 1975, y permaneció al frente de esta casa de estudios hasta el 19 de noviembre de ese mismo año. En todo ese período, Tetu también fue rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, donde puso en práctica una serie de acciones represivas y persecutorias muy similares a las que impondría en Neuquén.^{1414. Tal como señal (…)}

Durante su gestión, este interventor se impuso “depurar la estructura curricular de la UNCO de todo lo tendencioso, unilateral y partidista (…), así como de todo lo que pueda atentar contra la seguridad del país (…)”, para lo cual resolvía “dar por terminadas todas las llamadas experiencias o innovaciones pedagógicas y didácticas en el dictado de clases”, y advertía que “toda transgresión a las presentes disposiciones que pudieran constatarse serán sancionadas de inmediato con el máximo rigor y sin contemplación alguna” (Res. UNCO N° 0056/75). Y en tal sentido, lo primero que hizo al sentarse en su oficina del rectorado fue sancionar una resolución en la que resolvía limitar al 31 de enero de ese año los servicios de todo el personal docente y administrativo, y constituir al mismo tiempo una “Comisión Asesora”, que debía “aconsejar las confirmaciones reclamadas para el normal desenvolvimiento de la universidad (…) a la luz de las causales y de los objetivos de la intervención” (Res. UNCO N° 002/75). Una semana más tarde, dicha Comisión ya tenía su veredicto, y por ello Tetu resolvió cesantear a 76 docentes, sin más fundamentos que el hecho de “resultar imperioso asegurar el clima de paz, orden, austeridad y trabajo que aspira a instaurar esta intervención, sin perjuicio de las mínimas remociones de persona exigidas para el cumplimiento de tal fin” (Res. UNCO 013/75). El 7 de febrero firmaría una nueva resolución “limitando” a esa fecha los servicios de otros nueve docentes más (Res. UNCO 0061/75), y finalmente el 25 de marzo de 1975 declaró prescindibles a 46 trabajadores no docentes (Res. UNCO 0305/75).

Esta política persecutoria se completaría en el espacio universitario con el hostigamiento a estudiantes y agrupaciones políticas, así como la prohibición de la militancia partidaria y de los centros de estudiantes. Un caso paradigmático en este sentido fue la expulsión de una militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en julio de 1975. Lo relevante del caso es que no fue que “simplemente” la echaron, o que fue víctima de un secuestro o “apriete” para que se fuera de esa institución, sino que también se pidió su expulsión del país, dada su condición de ciudadana chilena. María del Pilar Sánchez Cuesta –así se llamaba– fue expulsada de la UNCO a raíz de una resolución firmada por el propio interventor Remus Tetu el 16 de julio de 1975, en la que se fundamentaba tal medida por tener por comprobado que la estudiante realizaba una “tarea sistemática de proselitismo subversivo en el Comedor Universitario”, y por haber sido

(…) sorprendida dentro de la Universidad in-fraganti (sic) distribuyendo panfletos del Partido Socialista de los Trabajadores en los que se instaba al alumnado a movilizarse contra las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación y el Rector Interventor de esta Alta Casa de Estudios (Res. “I” 1067/75).

Este documento ordenaba además informar de tal situación a la Embajada de Chile, a la Dirección de Migraciones, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a todas las universidades nacionales y a los servicios de seguridad de todo el país, lo que finalmente llevaría a que se la considerada una inmigrante ilegal y se ordenara su expulsión del territorio nacional. Finalmente, María del Pilar se iría “preventivamente”, antes de que fuera efectivizada tal medida.¹⁵15. Agradecemos al (…)

Pero al mismo tiempo en que Tetu expulsaba trabajadores y estudiantes de la universidad, incorporó una legión de matones que servirían fielmente sus órdenes represivas. Tal como se desprende de la Resolución “I” 0411, del 14 de abril de 1975, el interventor contrató, a raíz de la “necesidad de contar con custodia de los edificios de esta Universidad”, a un grupo de sujetos que formarían su grupo de choque en la región. Entre ellos, estaba Raúl Guglielminetti,¹⁶16. Raúl Guglielmi (…) quien ya había sido incorporado a esa casa de estudios un mes antes a través de una resolución que, más allá del cinismo, fundamentaba su contratación a partir de que era “indispensable contar con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo los Proyectos del Plan de Trabajos Públicos de esta Universidad para el año 1975” (Res “I” 0307/75). Estos personajes –diez en total– habrían sido, muy probablemente, los encargados de ejecutar diversos atentados con bombas y tiroteos que formaron parte de las actividades de acción psicológica, llevadas a cabo por quienes, según el “consenso militante y memorioso” que referimos unas líneas más arriba, formarían parte de la Triple A en la región con el objetivo de “provocar en la ciudadanía el beneplácito por la llegada del golpe militar”, según relató el ex comisario Antonio Casal, oficial retirado de la Policía de Neuquén.¹⁷17. Tal como lo de (…) En todos esos ataques,¹⁸18. Hay al menos t (…) la participación de Remus Tetu y su personal es avalada por un importante cúmulo de prueba, en especial de un sujeto que adquirió la paradójica cualidad en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la región, de ser a la vez víctima y victimario: José Luis Cáceres.^{1919. La causa princ (…)}

Cabe dedicar unas líneas a este personaje. Un tiempo antes de ser “víctima” de la dictadura, a fines de 1973, Cáceres había ingresado a la Policía de Río Negro bajo las órdenes del Jefe de esa institución, el comandante Benigno Ardanaz,^{2020. Ardanaz tambié (…)} para realizar tareas de inteligencia de orden político y social –“tareas contra la subversión”, según las palabras del propio Jefe de Policía en la causa judicial–. En febrero de 1975 y por recomendación del propio Ardanaz, pasaría a formar parte del grupo de tareas del interventor universitario hasta septiembre de ese año (junto a los diez referidos más arriba, que fueron contratados en abril), y el propio Cáceres reconocería su participación en cada uno de esos delitos mencionados más arriba (incluso señaló que los atentados, como el tiroteo a la agencia del diario Río Negro el 20 de marzo de 1975, los hacía en el Torino gris de la UNCO que tenía Remus Tetu a su cargo). Sin embargo, en septiembre de 1975 sería detenido por tenencia de armas de guerra –en realidad, hay indicios que hacen presumir que su detención fue por haber tenido un problema personal con el propio Guglielminetti, con quien perpetraba los mencionados atentados– y finalmente terminaría como un “preso político” que seguiría el mismo derrotero que muchas de las víctimas de la represión en el Comahue. Antes de que ello sucediera, Cáceres, Guglielminetti y las otras nueve personas contratados por Remus Tetu en la UNCO, formaron parte del grupo de choque del interventor rumano, quien a su vez, se dice, dirigía las reuniones de la Comunidad Informativa. De esos encuentros participaban representantes de todas las fuerzas policiales y de seguridad, así como de los servicios de Inteligencia del Estado y del Ejército, para intercambiar las informaciones obtenidas en sus tareas de relevamiento previo a decidir alguna acción represiva. El ex comisario Casal asistió, según sus relatos,²¹21. Antonio Casal (…) a una de las reuniones de la Comunidad Informativa, de la cual participaron todas las fuerzas de seguridad de la región, y que estuvo presidida por “un civil de acento raro y aspecto peor”, que era Remus Tetu. En esa reunión, Tetu les habría informado que se iban a “incorporar a la vida neuquina, nueve hombres que pertenecían a la Triple A”;²²22. Nos parece imp (…) que iban a venir a realizar las acciones que correspondieran en la zona de Neuquén, y que a las distintas fuerzas les iban a dar unas fichas dactiloscópicas, sin nombre, y que si alguna de estas personas eran detenidas y sus huellas dactilares coincidían con alguna de las fichas, debían liberarlo inmediatamente. Esta situación le hizo comprobar a Casal que lo que le había dicho personalmente el entonces policía encubierto Cáceres, un tiempo antes, era cierto:

Que él conformaba un grupo de choque integrado por nueve personas, que iban a tener como recinto a la Universidad Nacional del Comahue que dirigía el interventor Remus Tetu, que el dinero que iba a necesitar esa fuerza iba a ser solventada por el jefe de la policía de Río Negro [Benigno Ardanaz], por la Universidad y que al parecer algunas autoridades neuquinas también aportarían dinero. Esta gente se reunía en local del sindicato de los músicos, que estaba arriba de un viejo cabaret que estaba ubicado en la calle Mitre, de Neuquén. Y quien dirigía las operaciones que se cumplían, era una persona cuyo nombre de guerra era Giorgi. Ese grupo, cumpliendo con las acciones psicológicas, como les llamaban, pusieron la bomba en la librería Libracos y en el Juzgado Federal,^{2323. Hay un detalle (…)} que en ese momento estaba a cargo del abogado Carlos Arias (Cirqus 2005, Entrevista a Antonio Casal).

Hay elementos que permiten corroborar ciertos datos señalados por este comisario. Por un lado, los atentados referidos realmente existieron,²⁴24. A los atentado (…) y hay más testimonios que indican a la fuerza de choque de Remus Tetu como la ejecutora, incluido el del propio José Luis Cáceres (ver la declaración de José Luis Cáceres en “Causa Reinhold”, 2008). Por otro, Raúl Giorgi –en tanto nombre real y no de “guerra”– integraba el listado de diez personas que había ingresado en la Universidad por orden de Remus Tetu (Res.0411//75). Asimismo, varios otros testigos de la causa por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Neuquén han dado cuenta del funcionamiento de la Comunidad Informativa, y cómo su dirección estaba en poder del entonces interventor universitario.

La represión “legal”↑

Este accionar ilegal por parte de grupos de derecha se complementó sin dudas con el despliegue represivo llevado a cabo por las fuerzas legales del Estado, que comenzaron a realizar una serie de detenciones “por motivos políticos” aludiendo a la Ley 20.840 de “Actividades subversivas”.²⁵25. La ley fue san (…) Detenciones que comenzaron a fines de 1974 y se extendieron hasta realizado el golpe militar. Bajo el paraguas de esta ley, por ejemplo, se realizó un fuerte operativo policial el 20 de agosto de 1975 en el barrio Sapere, ubicado en el extremo este de la capital neuquina, casi sobre la margen del río Neuquén. Estando a cargo policías provinciales y federales, se llevaron detenidos a alrededor de una docena de militantes barriales que luchaban por la construcción de viviendas en ese lugar. Entre ellos, estaban Javier Seminario y Orlando Cancio quienes, a diferencia del resto de sus compañeros/as, continuarían detenidos hasta entrada la dictadura y, finalmente, serían desaparecidos por esta.²⁶26. Orlando Cancio (…)

Unos días más tarde y del otro lado del río, la policía provincial realizó un allanamiento en un refugio del Obispado ubicado en el barrio Godoy de Cipolletti. Durante el operativo, serían detenidos catorce chilenos allí refugiados. Quienes estuvieron a cargo de ese operativo fueron los comisarios Guillermo Federico Hruschka y Antonio Alberto Camarelli –Segundo Jefe de la Unidad II de la Policía de Río Negro y Jefe de la Comisaría 7° de Cipolletti, respectivamente–, quienes consultados por la prensa argumentaron que esas detenciones se debían a “que han violado la ley 20.840 (de Seguridad) porque han hecho proselitismo político” (Río Negro, 10/9/75: 8). Al igual que el caso anterior, este procedimiento policial tuvo amplia repercusión en la zona, el propio Obispo Jaime De Nevares salió públicamente a cuestionar el accionar policial. Un elemento no menor que debe tenerse en cuenta, desconocido hasta hace poco tiempo, es el referido al trato que estos detenidos habrían recibido durante su detención. Uno de los hombres apresados por Camarelli, Hruschka y sus fuerzas en esa redada, detalló al autor de este trabajo la manera en que fue torturado, al igual que sus compañeros, mientras estuvo retenido en la Comisaría 7°, antes de ser llevado a la U9 y luego a Buenos Aires, antes de exiliarse hasta el día de hoy en el Viejo Continente.²⁷27. Este testimoni (…) Esto es un indicio más de cómo las prácticas represivas tuvieron claros elementos de continuidad con las desplegadas después del golpe, incluyendo a sus perpetradores. En este sentido, cabe destacar que el mencionado Camarelli fue un destacado protagonista del proyecto represivo durante la dictadura, y de hecho está condenado por su participación en los delitos de lesa humanidad juzgados en la región.

Además de estos dos casos descriptos, hay registros de otras detenciones realizadas bajo la ley 20.840 en distintos momentos de ese año y hasta meses antes del golpe, incluida una razia realizada contra un grupo de militantes políticos (peronistas, en su mayoría) y trabajadores de Cutral Có (Neuquén), que estuvo a cargo de las fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía provincial, en la que se llevaron detenidas a 13 personas a la Unidad N° 9 del Servicio Penitenciario Federal (Libro de Ingresos y Egresos de la U9; Zapata 2005).

A modo de cierre↑

Como hemos intentado mostrar en este recorrido, la situación de conflictividad política que caracterizó al período “entre-dictaduras” en el ámbito nacional, en particular la vinculada a las distintas formas represivas que se ejercieron desde las agencias estatales y paraestatales, tuvo su claro correlato en la región del Comahue. A modo de macabra trenza represora, el accionar “legal” de las fuerzas policiales y de seguridad se fue conjugando (aunque no necesariamente de manera explícita o deliberada) con la violencia política paraestatal contra todo tipo de expresiones de izquierda, así como con aquellas otras formas represivas que al comienzo caracterizamos como “sutiles” o “indirectas”, con las cuales los perpetradores buscaron destruir todo atisbo de cultura crítica, polifónica y solidaria que pudiera atentar contra el proyecto político, económico y social que finalmente intentó –y en gran parte logró– imponer la última dictadura militar. Un tejido cuyo armado tuvo sus propios ritmos, dados por las características propias de una región que sin dudas tenía un desarrollo político y social si bien creciente, aún mucho más incipiente que el de los grandes centros urbanos. Sin embargo, ello no implica que no hubiera conflictos ni expresiones contestatarias o revolucionarias que ubicaran a sendos actores en el lugar de “enemigo subversivo” a combatir.

Claro que no con la misma intensidad que en los grandes centros urbanos, al menos si se lo compara en términos absolutos, el desarrollo de la actividad político-militante entre fines de los sesenta y comienzos de los setenta habría sido lo suficientemente intensa como para desplegar, más en la práctica que en los documentos, una escalada represiva que alcanzaría su punto máximo durante los dos primeros años del Gobierno dictatorial. Y es ese elemento contextual el que permite, entre otros, explicar esta suerte de disociación entre las acciones puestas de manifiesto y lo dispuesto en la normativa militar; esa cualidad dada por una gradual militancia política cuya combatividad se iría profundizando hasta llegado el golpe, y que bien podría pensarse como una suerte de acumulación originaria de aquello que Ariel Petruccelli, al caracterizar la movilización político-social de Neuquén y la comarca petrolera que marcó los noventa en la región, ha denominado como “contracultura de la protesta”.²⁸28. Dice el autor (…)

Fue así, en ese contexto, que las fuerzas estatales y paraestatales articularon en la región sus dinámicas represivas bajo las mismas estrategias con las que las articularon en los grandes centros urbanos. Con matices, sin dudas; con su propio ritmo. Pero sin desentonar la melodía que cada vez más fuerte resonaba desde la metrópoli porteña.

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