Introducción↑

Desde hace algunos años, los estudios sobre la última dictadura argentina atraviesan un período de renovado auge. De la mano del creciente interés en la historia reciente, el período comprendido por el Gobierno de facto que rigió al país entre 1976 y 1983 ha sido objeto de atención para una nueva camada de historiadores e investigadores sociales preocupados por revisitar y ampliar algunas de las investigaciones más clásicas al respecto. En ese sentido, al margen de los avances en temáticas tan diversas como los estudios sobre violencia política (Franco, 2011) o sobre historia social y cultural (Lorenz, 2007; Levin, 2013; Carassai, 2014), los análisis económicos han comenzado a sumergirse en problemáticas hasta hace poco tiempo relativamente inexploradas. Representan, de esta forma, una renovación respecto de los más clásicos análisis sobre el período (Canitrot, 1980 y 1981; Ferrer, 1981; Schvarzer, 1983; Ciafardini, 1990). Así, la compilación coordinada por Alfredo Pucciarelli y con participación de Ricardo Sidicaro, Waldo Ansaldi, Mariana Heredia, Paula Canelo y Ana Castellani (2004) vino a actualizar desde las ciencias sociales algunos de los estudios más clásicos sobre la historia económica de aquellos años, indagando en la dinámica de los distintos actores sociales e institucionales involucrados en la gestión económica de Martínez de Hoz. Del mismo modo, en Basualdo (2010) aparecieron nuevos derroteros para la historia económica con un trabajo que no solo ofrecía un extenso y detallado análisis documental, sino que proponía una mirada respecto de los cambios en el patrón de acumulación local que recuperara el papel jugado por los grupos económicos que actuaban en la Argentina. Fruto de ambas perspectivas de análisis, trabajos mucho más recientes (Iramain, 2013 y 2014) contribuyeron a construir un mosaico cada vez más complejo y ampliado de las principales transformaciones económicas acontecidas luego del golpe de Estado. Del mismo modo, en Müller (2001) puede encontrarse una nueva mirada sobre el problema de la planificación económica en Martínez de Hoz a la vez que una buena síntesis de los estudios más clásicos sobre su gestión.

En ese sentido, el presente trabajo contribuye a las investigaciones sobre el período desde el campo de la historia de los saberes expertos (Neiburg y Plotkin, 2004; González Bollo, 2014; De Marinis, 2009) y desde el de la historia de las políticas económicas en la Argentina (Rougier y Fizbein, 2009; Gerchunoff y Llach, 2010; Rougier y Brennan, 2014). Más puntualmente, se concentra en el estudio de la planificación económica durante la gestión de Martínez de Hoz y en el análisis de las discusiones que dicha gestión provocó en el seno del liberalismo. Respecto de la primera cuestión, la política gradualista adoptada por el Ministerio de Economía para lidiar con el problema inflacionario y las denominadas “distorsiones” del funcionamiento de la economía, ha sido analizada como una excusa para llevar adelante el programa de reformas de mercado que era el objetivo último de la gestión (Ferrer, 1981; Schvarzer, 1983) o a partir de los límites institucionales que algunos sectores de las Fuerzas Armadas impusieron a las políticas de ajuste que pudieran implicar efectos recesivos (Canelo, 2004 y 2008). En cuanto al segundo tema, en Morresi (2010) y Vicente (2012) hay un análisis de la formación de un liberalismo conservador que habría sido la amalgama sobre la cual se articuló la relación entre los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas y los representantes de una tradición del pensamiento económico asociada al liberalismo. Por su parte, Heredia (2004) presenta una indagación acerca del modo en que la Dictadura representó el momento en el que un liberalismo renovado logró saltar al centro de la escena en los debates sobre el rumbo económico del país. Los años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no solo habrían sido la “bisagra” en ese sentido, sino que también habrían presenciado el progresivo avance un grupo de nuevos liberales o tecnócratas que paulatinamente irían desplazando al grupo de los liberales “tradicionales”. Por su parte, Grondona (2011) propuso pensar este mismo proceso en términos del “desbloqueo” de la tradición liberal en la Argentina, que hasta el momento se había visto confinada a un papel marginal del que solo salía cuando alguno de sus representantes era convocado como ministro de Economía para llevar adelante una política de ajuste. Más puntualmente, tanto en Grondona (2011) como en Pryluka (2015a) hay un cuestionamiento de la categoría de liberal “tradicional” empleada por Heredia para analizar una de las figuras claves de la constelación liberal local: la de Álvaro Alsogaray.

En particular, el artículo incorpora un elemento novedoso a la hora de analizar ambas temáticas: la recepción de las políticas aplicadas por los llamados Chicago Boys bajo la dictadura chilena encabezada por Augusto Pinochet entre los círculos liberales locales. Este aporte contribuye no solo a ofrecer una nueva dimensión sobre los temas arriba señalados, sino que constituye un primer intento por comenzar un análisis comparado de ambas gestiones económicas, tarea que cuenta con pocos antecedentes (Ferrer, 1981; Boisar y Heredia, 2010; Undurraga, 2015). Así, los objetivos del presente trabajo pueden dividirse en dos:

1. Analizar los debates que protagonizaron algunos de los exponentes del liberalismo local respecto de la adopción de una estrategia gradualista o de shock, con el propósito de aportar a una reconstrucción más acabada del campo del liberalismo económico en Argentina.

2. Indagar el impacto que el caso chileno tuvo en los medios liberales argentinos, en lo que respecta al supuesto éxito de su plan antiinflacionario.

Por otra parte, la hipótesis principal que sustenta el trabajo documental sostiene que el caso chileno fue tomado en cuenta, a partir de fines de 1977, como un modelo a seguir por parte de quienes se oponían al ministro de Economía desde una perspectiva liberal. De esta forma, las referencias a Chile terminaron por construirlo como punto de anclaje asociado a una serie de políticas que el equipo económico local no estaba dispuesto a aplicar y que, por ende, los terminaban situando, en su versión más extrema, fuera del campo del liberalismo. A pesar de ello, la adopción del enfoque monetario de la balanza de pagos por parte de Martínez de Hoz hacia fines de 1978, sostendremos aquí, también está relacionada con la experiencia de los Chicago Boys en Chile. Por otra parte, el trabajo presenta otras dos hipótesis complementarias: en primer lugar, sugiere que los debates sobre gradualismo o shock no solo pesaban visiones acerca de los límites institucionales o los modos en los que “encubrir” la aplicación de reformas más profundas, sino que deben tomarse en consideración otros factores; en segundo término, propone matizar las categorías desarrolladas por Heredia (2004) para analizar la tradición de pensamiento liberal durante los años setenta.

Para estos propósitos, el trabajo está organizado en tres secciones. En la primera de ellas, se presenta un breve análisis comparado las políticas económicas aplicadas en Chile para el período 1973-1982 y para Argentina entre 1976 y 1981.²2. La elección de (…) En la segunda y en la tercera, se analizan los debates locales sobre las políticas graduales y de shock, antes y después de la irrupción de Chile como modelo de la lucha contra la inflación. En cuanto al análisis documental, este artículo trabaja centralmente con los testimonios ofrecidos por los representantes de la tradición liberal local ofrecidos en Somos, La Prensa y Mercado. Para la primer parte, los datos empleados corresponden a diversas series estadísticas debidamente especificadas más adelante para cada caso nacional.

Comparando estrategias↑

Pretender saldar en apenas un apartado una comparación entre dos economías como las de Chile y Argentina en relación con las políticas aplicadas en el período bajo estudio constituiría un acto de audacia con resultados más bien poco promisorios. En Ferrer (1981), se encuentra uno de los pocos trabajos que abordan desde una perspectiva comparativa a ambas políticas económicas, destacando la semejanza de los equipos que las llevaron adelante en cuanto a su inspiración teórica y a sus objetivos. Sin embargo, consideramos pertinente analizar las cronologías respectivas de ambos procesos, para introducir luego la recepción en los medios liberales locales de las noticias provenientes del otro lado de los Andes. En ese sentido, en otro trabajo (Pryluka, 2015b) hemos desarrollado una primera comparación de los orígenes intelectuales de ambos elencos vinculados a la gestión económica, de sus pretensiones refundacionales y del marco autoritario que las cobijó.³3. En relación a (…) Asimismo, allí retomamos la bibliografía específica que ha analizado la política económica de ambas gestiones.⁴4. Al respecto, a (…) En este caso, lo que sigue es una aproximación conjunta que solo tiene el objetivo de apuntalar el tema central del trabajo.

Si efectivamente hay un punto de contacto entre ambas gestiones, este puede situarse en el momento de asunción: en un contexto de fuertes desequilibrios en la balanza de pagos y elevados ritmos inflacionarios, se propusieron eliminar las “distorsiones” de la economía comenzando con la reducción del déficit fiscal, el “saneamiento” de la moneda y una fuerte caída de los salarios reales, a la vez que recurriendo a fuentes de financiamiento externo. El gráfico I presenta la variación anual de déficit fiscal como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). Podemos observar que, en ambos casos, los primeros años de gestión estuvieron dedicados a la reducción del gasto. No obstante, en Chile la reducción no solo fue mayor en términos de los valores más bajos que alcanzó esta relación, sino también en el ritmo con el que se eliminó parte del déficit: en apenas dos años (1973-1975) el déficit como porcentaje del PBI se redujo a apenas un 10,57% –y luego seguiría bajando, aunque a menor ritmo–. Mientras tanto, en Argentina durante el binomio de mayor severidad fiscal (1975-1977) la baja alcanzó un 29,77%.

Esos años fueron fundamentales por algunas de las medidas aplicadas que explican parte de la reducción del gasto. En Chile, en esta primera etapa (1973-1976) se redujeron los gastos de capital, lo que se traducía en una modificación de los programa de inversión pública en viviendas, obras públicas, infraestructura social y la reducción drástica de los aportes para que las empresas estatales pudieran invertir. Estas últimas, de este modo, comenzaban a regirse por la necesidad de maximizar utilidades en un marco en el cual debían poder autofinanciarse. En paralelo, durante 1975, los impuestos se indexaron a la inflación y se creó una nueva unidad tributaria, atada al Índice de Precios al Consumidor, para evitar el efecto Olivera-Tanzi. Mientras tanto, el impuesto a la compraventa fue reemplazado por un Impuesto al Valor Agregado del 20% aplicado a todos los bienes y servicios sin distinción. Por último, fueron eliminados los impuestos al patrimonio y a las ganancias de capital, mientras que se redujeron las tasas aplicadas por utilidades. En su conjunto, estas modificaciones implicaban una transformación del sistema fiscal chileno. En materia financiera, el sector privado ganaba peso tanto en el otorgamiento de créditos como en la captación de ahorros. Ya en 1974 se había autorizado la creación de sociedades financieras que podían prestar y tomar recursos determinando libremente las tasas de interés. Durante 1975 se liberaron las tasas también para los bancos, al mismo tiempo que se eliminaban los controles cuantitativos sobre el crédito en moneda nacional y la selectividad del encaje. Al complementar estas medidas con la eliminación de las restricciones sobre el plazo de las operaciones bancarias, se contribuyó a fomentar las actividades especulativas, con un amplio predominio de las colocaciones a un año, a la vez que aumentaron las tasas de interés.⁵5. De hecho, entr (…) Las privatizaciones, por su parte, aumentaron en el marco de un contexto recesivo y con dificultades para la obtención de crédito local, por lo que su efecto fue el de favorecer la concentración económica en los pocos grupos que contaban con la posibilidad de acceder a financiamiento externo. En Argentina, mientras tanto, las principales reformas se relacionaron con el sistema financiero, cuya reforma se aprobó a comienzos de 1977 y entró en vigor a mediados de año. Consistió, resumidamente, en la liberación de las tasas de interés, a la vez que se autorizaba a bancos y entidades financieras a otorgar créditos de acuerdo con su capacidad de captación de depósitos. En ese sentido, la reforma era semejante a la que se había aplicado en Chile. Sin embargo, al combinar esta medida con la garantía de los fondos a través del Banco Central y la escasa supervisión sobre las carteras de los bancos, la expansión financiera que se produjo a continuación se dio de un modo improvisado favoreciendo el desarrollo de actividades profundamente especulativas.

Ahora bien, ambos países atravesaron una segunda etapa en la que se aplicó el por entonces novedoso enfoque monetario de la balanza de pagos,⁶6. Dicho enfoque (…) por el cual se pretendía disciplinar a la inflación a partir de una serie de devaluaciones pautadas que tenían por propósito asimilar el ritmo de crecimiento de los precios locales al de los internacionales. El objetivo perseguido consistía en anticipar públicamente el valor del dólar para de ese modo afectar a las expectativas de los agentes del mercado. En Chile, esta estrategia fue adoptada a mediados de 1976, cuando luego de dos años de una dura política monetaria la inflación todavía se mantenía en un 200%. Sin embargo, esta subordinación del tipo de cambio a la política antiinflacionaria supuso abandonar cualquier intento por resolver los objetivos de equilibrio del sector externo o de producción de bienes exportables. En los hechos, al alcanzarse el congelamiento del tipo de cambio, la inflación interna era apenas superior al 30%, mientras que la internacional se mantenía en un 12%. Si bien la convergencia se produjo, esta se dio de forma pausada durante más de un año y medio. En ese proceso, como era de esperarse, el tipo de cambio fue perdiendo poder adquisitivo, por lo que el régimen de libre comercio facilitó que el mercado chileno se inundara de productos extranjeros que generaron un desequilibrio muy difícil de sostener en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En ese marco, el equipo económico liderado por De Castro suponía que la fuga de divisas se vería atenuada por un ajuste de precios y salarios a la baja, algo que no ocurrió en el corto plazo. El ajuste, finalmente, se produjo de forma tardía y en medio de una caída de las ventas, la producción y el empleo, a la vez que con empresas fuertemente endeudadas en dólares, con tasas de interés cada vez mayores. En medio de la crisis y acusando a los salarios por el fallido ajuste de precios,⁷7. Puede encontra (…) las autoridades económicas debieron devaluar en un 70% su moneda. En la Argentina, su aplicación se produjo en diciembre de 1978, con la adopción de la denominada tablita de Martínez de Hoz. A partir de entonces, el valor del dólar sería anunciado por los siguientes nueve meses, a la vez que salarios mínimos, tarifas públicas y crédito doméstico contaban con sus propias tablitas. En paralelo, este mecanismo se montaba sobre recortes selectivos de aranceles para los bienes que tuvieran un aumento de precios mayor a la suma de la inflación internacional más la tasa de devaluación. A diferencia de lo sucedido en Chile, nunca se llegó a fijar el tipo de cambio. Si bien en un primer momento esta política tuvo algunos efectos positivos al bajar las tasas de interés y permitir una relativa reactivación económica, la inflación apenas redujo su marcha. Al aumentar los precios locales muy por encima del valor del dólar, el resultado fue el de una apreciación real de la moneda que, como al otro lado de los Andes, terminó generando problemas en la cuenta corriente de la balanza comercial. Así, como resultado de la adopción de este enfoque, ambos países enfrentaron un aumento importante en su deuda externa, como se observa en el gráfico II.

Otra de las repercusiones, que puede observarse en los gráficos III.a y III.b, tuvo que ver con el aumento de las importaciones de bienes de de consumo, abaratados por un tipo de cambio que paulatinamente iba quedando atrasado.

A su vez, durante esos años en Chile se llevaron a cabo algunos de los cambios estructurales con efectos más duraderos para su economía. En 1979 se realizaron reformas en materia educativa y en el sistema de salud. También durante ese mismo año se sancionó el nuevo código laboral, que no solo flexibilizaba el mercado de trabajo en un contexto de aumento de fuerte desempleo, sino que ponía duras trabas a la posibilidad de sindicalización. Estas medidas fueron completadas al año siguiente, cuando se dispuso la privatización del sistema previsional. En Argentina, si bien se produjeron modificaciones en el mercado de trabajo, como se explicará más abajo, no se avanzó en el mismo sentido, aunque sí se dieron casos de privatización periférica como por ejemplo en los sectores siderúrgico y petroquímico.

Como cabe suponer, las políticas adoptadas tuvieron un impacto directo en los niveles de actividad, así como en los niveles de desempleo y el salario real. Respecto del nivel de actividad, las variaciones del PBI real presentadas en el gráfico IV indican que la Argentina se mantuvo entre 1976-1981 con un promedio de crecimiento más bien magro, del 1,22% anual, aunque sin fuertes oscilaciones. Los períodos de mayor caída coinciden con la política restrictiva adoptada a mediados de 1977 y, luego de un breve repunte en 1979, con el descalabro originado por la tablita que terminó en la crisis bancaria de 1980. En cuanto a Chile, el ritmo de crecimiento promedio entre 1973 y 1982 fue cercano al argentino, con un 1,30% de crecimiento anual. En este caso, sin embargo, las oscilaciones fueron mucho mayores. La dura política fiscal y monetaria adoptada entre 1973 y 1975 tuvo un impacto especialmente duro, cerrando 1975 con una caída del PBI real de más del 12%. Por otra parte, luego de recuperación que se manifestó al cerrar 1976, ya desde el año siguiente observamos una paulatina disminución de los niveles de crecimiento, que de cualquier modo se mantuvieron elevados entre 1977 y 1981. El desplome final ocurriría con la crisis de 1982.

Como cabría esperar, estos cambios en los niveles de actividad tuvieron su correlato en los niveles de empleo, como se observa en el gráfico V. Ahora bien, mientras en Argentina la tasa de desempleo apenas se vio modificada durante aquellos años,⁸8. Cabe aclarar, (…) Chile transitó el período 1974-1976 con un aumento muy significativo en sus niveles de desempleo, que pasaron del 9,1% al 21,9% si contamos para esta última medición a quienes formaban parte del Programa de Empleo Mínimo, tal como hace Jadresic (1986).

Un ejercicio interesante entonces consiste en pensar las dinámicas seguidas por ambos países en forma comparada. En otras palabras, como destacó Hoffman (2015) en un artículo reciente, vale la pena pensar los efectos que la política tuvo sobre la economía: ¿de qué manera impactó la realidad chilena al momento de producirse el golpe en la Argentina? ¿Cuál fue la lectura que Martínez de Hoz y su equipo tuvieron de las recetas que habían aplicado los Chicago Boys en Chile? ¿Qué consecuencias trajo la lectura de la experiencia chilena en la Argentina? La mayor parte de las posibles respuestas a estas preguntas no pueden abandonar aun el terreno de la conjetura. No obstante, lo que podemos saber con certeza es que al momento de producirse el golpe en Argentina, Chile estaba en plena recesión luego de dos años de política de shock.⁹9. No es sencillo (…) Más en general, al analizar las fluctuaciones de la tasa de inflación, se observa que cuando Chile efectivamente comenzó a bajarla –a partir de 1977 pero especialmente el año siguiente, cuando se redujo a menos del 40% anual–, Argentina estaba saliendo de un período crítico: el que combinó reforma financiera y una política restrictiva que abandonaría en noviembre de ese mismo año.

Como veremos, esta situación jugaría un papel fundamental para explicar cómo dentro de la intelectualidad liberal, el caso chileno comenzaría a ser ponderado no ya por sus méritos, sino por la distancia que lo separaba del argentino. En un país donde la tasa de inflación no había logrado reducirse a menos del 100%, la crítica liberal arreciaría contra la falta de decisión política del ministro, como veremos en los apartados siguientes.

Entre el shock y el gradualismo↑

La gestión de Martínez de Hoz, contra lo que haría suponer un clima político signado por la persecución y el ejercicio del terrorismo de Estado, fue criticada desde diversos flancos. Uno de los más importantes lo constituían algunos liberales locales que pretendían diferenciarse de las políticas aplicadas por el entonces de ministro, especialmente a medida que su gestión avanzaba en el tiempo.¹⁰10. Al margen de l (…) En Heredia (2004), pueden rastrearse algunos de esos debates. Según sostiene la autora, durante esos años el liberalismo comenzó a ocupar el centro de las discusiones económicas. En paralelo, un segundo movimiento se estaba operando al interior de la propia tradición liberal: los liberales tradicionales estaban siendo desplazados por el nuevo grupo de los tecnócratas. Este último se había formado con postgrados en diversas universidades de Estados Unidos y mantenían estrechos vínculos con los think tanks neoliberales que habían aparecido en el país, como la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA). Al mismo tiempo, se caracterizaban por situar su pensamiento económico más allá de principios doctrinarios irrenunciables y, en consecuencia, estaban predispuestos a elaborar recetas atendiendo de un modo pragmático a las necesidades del momento. En el grupo de los liberales tradicionales se encontraban exponentes como Roberto Alemann y Álvaro Alsogaray. Mientras tanto, algunos de los exponentes más jóvenes de esta nueva corriente dentro del liberalismo eran Domingo Cavallo, Dagnino Pastore o Carlos Rodríguez. Como veremos en este apartado, buena parte de las críticas se vinculaban a la adopción de un enfoque gradualista para lidiar con el problema inflacionario. Lo debates que habían existido al respecto en Chile durante 1974 habían sido resueltos en favor de medidas más duras, que constituían en su conjunto un shock sobre la actividad económica (Moulain y Vergara, 1981). Como veremos, esta oposición articularía buena parte de los debates entre el ministro y sus críticos liberales.

A pesar de este horizonte conflictivo, los primeros meses de la nueva administración se sucedieron sin demasiadas críticas.¹¹11. Por supuesto, (…) El éxito inicial en el control de la tendencia hiperinflacionaria heredada y el ajuste de las variables macroeconómicas mediante un descenso brusco de los salarios reales les permitió gozar de una atmósfera relativamente calma por entonces, con un movimiento obrero doblegado por la feroz política represiva. Ya desde su discurso inicial, Martínez de Hoz había destacado el enfoque gradualista con el que abordaría el problema inflacionario, que ocupaba ahora un lugar preponderante. Como parte de esa misma estrategia, al liberar los precios se mantuvieron congelados los salarios reduciendo así drásticamente el poder de compra de los trabajadores. Así, Juan Carlos de Pablo, por entonces un joven economista con estudios de posgrado en Harvard, señalaba en aquellos días que

Como se sabe, el equipo económico manejó la caída del salario como un elemento para contener la inflación. Fue precisamente la contracción de los ingresos de los trabajadores la que permitió un mayor nivel de ocupación relativo. Según interpretan los integrantes del equipo económico, las empresas han preferido mantener en gran medida sus planteles a la espera de la reactivación antes que deshacerse de ellos. Sin embargo –explican– ello hubiera sido imposible en el marco de un salario real fortalecido: los despidos masivos hubieran sido entonces inevitables (Mercado, 1/7/1976).

Desde esta perspectiva, cualquier otra medida más dura hubiera afectado los niveles de desempleo. Ante la necesidad de elegir, Martínez de Hoz había optado por bajos salarios frente a una caída en el empleo. Guillermo Klein, quien se desempeñaba como Secretario de Programación y Coordinación Económica, argumentaba en favor de esta posición en una entrevista:

En cuanto a la desocupación, cabe señalar que si se siguiera una política distinta en materia de salarios, además de los efectos inflacionarios a los que hizo referencia el Presidente, podría incrementarse en muchos sectores el desempleo. Es decir que una de las preocupaciones que guían la política salarial es mantener el nivel de empleo (Mercado, 15/7/1976).

Sin embargo, Álvaro Alsogaray, principal exponente del “liberalismo tradicional” (Heredia, 2004), comenzó desde el inicio a manifestar sus diferencias con el carácter gradualista del plan. Significativamente, sus críticas se dirigían al corazón del enfoque adoptado por el equipo económico:

A cinco meses de la intervención militar, es evidente ya que el gobierno está siguiendo “en la práctica”, aunque tal vez en “teoría” crea que no lo hace, la primera línea, es decir, la de mantener el statu quo y actuar de una manera 'pragmática y gradual' sobre los detalles. Es, como he dicho, una política. Pero en el campo económico ella encierra, en mi opinión, considerables riesgos y puede conducir a que no se alcancen los objetivos deseados (La Prensa, 22/8/1976).

Cuando sobre el final de 1976 el ritmo de la inflación volvió a acelerarse, Alsogaray profundizó sus críticas hacia el gradualismo en diversas columnas de opinión, promoviendo la necesidad de soluciones globales y de una sola vez, que consistían en la privatización de empresas estatales, la reducción de la administración pública y la liberalización de todos los mercados (La Prensa, 19/12/1976). Luís Buscaglia, otro economista local con formación de postgrado en el extranjero, aunque en este caso en Stanford, defendía también la adopción de una solución más radical:

Si el gobierno nacional elige el duro camino político de aumentar la presión tributaria y reducir drásticamente los gastos de la administración central y de las empresas estatales, será muy doloroso, pero se habrá dado un paso de gigante en la creación de las condiciones necesarias para que pueda tener lugar la iniciación de un proceso de reactivación económica sobre bases sólida (La Prensa, 29/12/1976).

De cualquier modo, el cierre del año encontraba al equipo económico todavía bien posicionado. A pesar de recibir algunas críticas, podía contar en su haber como un triunfo relativo al freno de las tendencias hiperinflacionarias que arreciaban en el primer trimestre del año sin caer en políticas que aumentaran el desempleo.

De hecho, cuando al inicio de 1977 el ministro y su secretario de Comercio hicieron pública la decisión de adoptar una tregua de precios, todo el equipo económico se pronunció públicamente defendiendo la estrategia gradualista (Somos, 11/3/1977; La Prensa, 13/4/1977). En una entrevista, el jefe del gabinete de asesores del Ministerio, Luís García Martínez, señalaba que la sociedad argentina no estaba preparada para una política de shock que afectara al empleo. Muy por el contrario

El gradualismo de la política económica puede definirse como el intento, en el corto plazo, de conjugar el grave problema inflacionario y de balanza de pagos que enfrentaba el país en marzo de 1976, sin generar serios problemas de desocupación (Somos, 27/5/1977).

Sin embargo, en el lapso de los 120 días estipulados por la tregua la tasa de inflación continuó aumentando. En junio, cuando ya era evidente que el control sobre el crecimiento de los precios mostraba limitaciones, comenzaron a aparecer nuevas recriminaciones a la política oficial. De hecho, por entonces terminaron de definirse los dos polos que estructurarían el debate económico posterior: gradualismo o shock. Mientras Alsogaray denunciaba que el motivo que explicaba la falta de dureza en las políticas económicas era el miedo al desempleo y la crisis social, Manuel Tagle, miembro como este último del Instituto de Economía Social de Mercado, explicaba las diferencias entre las dos estrategias, a la vez que se posicionaba a favor del shock:

El shock parte de la premisa de que es indispensable actuar sobre todos los factores desencadenantes de la inflación simultáneamente, mediante un conjunto de medidas interrelacionadas que abarca: la guerra a muerte contra el déficit fiscal, atacándolo sin misericordia en sus diversos reductos; una política crediticia restrictiva; la devaluación del tipo de cambio, estableciendo una paridad realista; el control temporario de los salarios, hasta haber alcanzado el equilibrio del presupuesto; la cancelación de los subsidios; el reemplazo de los precios políticos por tarifas económicas, que neutralicen el déficit de las empresas públicas. Ningún programa sinceramente interesado en afianzar la estabilidad monetaria puede ignorar estos supuestos básicos; pero hay una dificultad: se trata de un conjunto de medidas impopulares y dolorosas, y el gradualismo lo sabe. De ahí que, por razones de 'sensibilidad social', prefiera suavizar la austeridad (La Prensa, 4/8/1977).

Algunos meses después, Carlo Ricci, en su propia columna de opinión en La Prensa volvía sobre las sugerencias de Tagle y afirmaba: “Creemos que hemos llegado al último momento en que dichas intenciones deben materializarse, so pena de caer del 'gradualismo' al 'quietismo'” (La Prensa, 19/11/1977). La paciencia parecía comenzar a agotarse para algunos de los exponentes de la tradición liberal local.

Chile como ejemplo↑

Como si no existieran razones para fomentar las críticas de sus opositores liberales, sobre el final de 1977 comenzaron a aparecer noticias en medios argentinos dedicada a destacar el éxito de Chile para controlar la inflación. Raúl Duque, en una nota informativa, anunciaba que

el país está cada día más rezagado en el ranking mundial de la inflación y, al ritmo que lleva, en 1978 será un 'enfermo normal', un convaleciente. La tasa inflacionaria del año próximo fluctuará entre los niveles históricos de 20 a 30 por ciento y, además, finalizará el 77 con un índice inferior al 70 por ciento (Somos, 11/11/1977).

Al mismo tiempo, señalaba que para ello se había reducido fuertemente la oferta monetaria y el gasto público, a la vez que se había liberados los precios, aumentado los incentivos para exportar, privatizado las empresas públicas y reajustado el valor del dólar (Somos, 11/11/1977). Apenas una semana más tarde, la misma revista publicaba una entrevista a Ludwig von Mises, quien se encontraba por entonces en Buenos Aires. El entrevistador era el mismo Alsogaray, quien lo interrogaba sobre los debates que se habían dado en Chile acerca de la adopción de políticas de shock durante 1975. En referencia al caso chileno, el encumbrado economista afirmaba que el shock era el único camino cuando se debía hacer frente a tasas de inflación tan altas:

Las políticas graduales contra la inflación no son del todo recomendables, porque políticamente es imposible sostener el esfuerzo a lo largo de un tiempo prolongado. En cuanto a la desocupación, en cierta medida no podrá evitarse. La inflación es un mal cuya cura significa algunos sufrimientos, pero debe tenerse en cuenta que éstos serán mucho mayores si no se logra neutralizarla (Somos, 25/11/1977).

A partir de entonces, se sucederían una serie de publicaciones en La Prensa que clamarían por una política monetaria más austera, argumentando la urgencia de reducir el presupuesto y bajar la oferta monetaria. A pesar de sus diferencias, todas ella coincidían en el hecho de que la principal causa de la persistente inflación se escondía detrás de los tímidos intentos del ministro para reducir la emisión (La Prensa, 14/4/1978; La Prensa, 3/5/1978; La Prensa, 10/5/1978).

El control de la inflación se había transformado en una realidad en Chile para mediados de 1978, luego de dos años de aplicación del ya mencionado enfoque monetario de la balanza de pagos. Por entonces, la publicación de las tasas de inflación a nivel global que realizaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) impactaba en la Argentina: “Chile fue el país con más alta tasa de inflación en el mundo, con 505,5 por ciento en 1974. En menos de cuatro años, la tasa disminuyó un 458 por ciento”. Así, no solo Argentina presentaba la tasa de inflación más alta del mundo, sino que Chile había logrado una reducción notable en la materia (La Prensa, 7/6/1978). Dos días más tarde, el Director de La Prensa, Máximo Gainza no solo se refería a dicho informe del FMI y al éxito chileno, sino que también dejaba saber que las autoridades argentinas se encontraban preocupadas por la posición que ocupaban en el ranking (La Prensa, 9/6/1978).

La desconfianza hacia el equipo económico de Martínez de Hoz no hizo sino aumentar en los medios liberales. En paralelo, las referencias a Chile y su éxito en la lucha contra la inflación comenzaron a crecer en la segunda mitad de 1978, como contracara de las críticas hacia el enfoque gradualista. Alsogaray asumió un rol protagónico en ese sentido, criticando a la administración económica y subrayando cómo Chile había tenido éxito partiendo desde una situación similar a la local (La Prensa, 30/7/1978). Al hacerlo, mostraba conocimiento respecto a cómo habían evolucionado las políticas económicas en el país trasandino:

En Chile es necesario considerar dos períodos. Desde septiembre de 1973 (fecha del pronunciamiento militar) hasta marzo de 1975, si bien la política económica se inclinó hacia un esquema de 'economía de mercado', se siguió en la práctica un curso de acción 'gradualista'. En esta última fecha se dio un enérgico 'golpe de timón' y se pasó decididamente al enfoque 'global y simultáneo', bajo la dirección de Sergio de Castro y Roberto [sic] Cauas (Somos, 29/9/1978).

Pero no era el único que esgrimía al caso chileno a la hora de argumentar contra el gobierno militar local. Alberto Benegas Lynch, otra figura destacada del “liberalismo tradicional”, también reflexionaba acerca de las posibles implicaciones de una política de shock. Sin embargo, haciendo referencia a los planteos de Milton Friedman, no dudaba en afirmar que era el único camino correcto para detener la inflación:

Es cierto que, consecuentemente, muchas firmas antieconómicas que no resistieron la competencia en el mercado abierto, quebraron. Pero nuevas empresas se establecieron, gracias a la mayor confianza que las medidas libertadoras inspiraron a los inversores locales y extranjeros, a la vez que muchas de las empresas existentes expandieron sus operaciones. Resultado: más bienes y servicios a disposición del público, frente a una masa monetaria cuya expansión se frenó (La Prensa, 15/11/1978).

En ese sentido, retomaba la idea de que el desempleo que se pudiera generar mediante la adopción de este tipo de medidas sería solo temporal. Por otra parte, la referencia a Friedman como autoridad en la materia aparecía también en una editorial de Máximo Gainza, dedicada en su conjunto a la experiencia chilena. Allí, se preguntaba lo siguiente:

¿Cuál es la causa de que dos programas económicos asentados sobre principios afines, análogos en muchos aspectos, hayan arrojado resultados distintos en relación con el principal objetivo, o sea la lucha contra la inflación? La respuesta no puede ser dudosa: la proporciona la desigual decisión con que ambos países llevaron a cabo la imperiosa tarea de reducir el gasto del sector público (La Prensa, 14/3/1979).

La operación discursiva se completaba con un elogio a la recuperación económica chilena, manifestada en el crecimiento de su PBI, pero no dedicaba ninguna mención al alza en la tasa de desempleo. El ya mencionado Manuel Tagle, finalmente, también atacó por entonces la estrategia oficial, quejándose de cómo ante la propuesta de adoptar una política de shock, se repetía siempre la misma respuestas: “Sí, pero en la Argentina un programa como el chileno no va” (La Prensa, 25/3/1979).

Sin embargo, algunas voces se alzaron también para defender al ministro. En una entrevista concedida a la revista Mercado, Larry Sjaastad sostenía que el tiempo del shock para Argentina había pasado, porque el Gobierno ya no contaba con la misma credibilidad que al momento de producirse el golpe. Por otro lado, afirmaba:

Dada la inflación que existe hoy en Argentina, yo no sería partidario de una reforma monetaria. Con una inflación del 150 por ciento anual es sumamente factible reducirla con una política gradual (Mercado, 12/10/1978).

Aníbal Vigil, el director de Somos, consideraba que Martínez de Hoz debía mantenerse el cargo a pesar de todo. Si bien compartía la preocupación por las dificultades que venía generando la inflación, alertaba diciendo que, si se aceleraban algunas transformaciones, las consecuencias podrían terminar produciendo una crisis social (Somos, 16/2/1979).

A esta altura, sin embargo, para los críticos que se identificaban con la tradición liberal el daño ya estaba hecho y, por lo tanto, se había desperdiciado una oportunidad única. En el medio de una controversia con Juan Alemann, secretario de Hacienda por entonces, Alsogaray rechazaba de plano la idea de que la Argentina no estaba preparada para soportar tasas de inflación altas durante un período breve. Como corolario, se preguntaba:

¿Por qué? ¿Quién se oponía en 1976 a que se tomaran las drásticas medidas de saneamiento necesarias? Los partidos políticos y los sindicatos evidentemente no, ya que no podían actuar. ¿Quién entonces? ¿No será que no hubo claridad ni vocación para elegir el único camino verdadero? (La Prensa, 23/12/1979).

Algunos meses más tarde, en una entrevista, afirmaba en tono lapidario: “No quiero que la gente crea que ésta es una política liberal” (Somos, 20/6/1980).

Llegados a este punto, es posible sintetizar algunos elementos generales en relación con estos debates. Los debates que se produjeron en la Argentina respecto de la adopción de la estrategia gradualista fueron protagonizados especialmente por miembros del equipo de Martínez de Hoz y quienes demandan medidas más duras también desde el campo del liberalismo. La falta de convicción que le achacaban al ministro para avanzar en la reducción del gasto público y desregular el funcionamiento de los mercados fue creciendo en sus apariciones públicas a medida que la situación económica parecía no mostrar cambios significativos y el problema inflacionario se agravaba. En ese sentido, parece apresurado asumir que la estrategia gradual respondía a alguna visión instrumentalista según la cual los objetivos de Martínez de Hoz tenían más que ver con acometer algunas reformas profundas que controlar el ritmo de la inflación. Según sostuvimos en otro trabajo (Pryluka, 2016), el peso que comenzó a tener el problema de la inflación fue ganando peso en los análisis del ministro y en el debate público por aquellos años. Los límites institucionales impuestos por quienes pretendían limitar el impacto social de las políticas económicas parecen explicar mejor la adopción de una estrategia gradual. No obstante, restaría repensar la influencia que el plan de shock anunciado en julio de 1975 en Chile pueda haber tenido en la Argentina, tanto en quienes formaban parte del equipo de Martínez de Hoz como en los sectores de las Fuerzas Armadas que presentaban más inquietudes respecto al liberalismo del nuevo ministro. De cualquier modo, ara mediados de 1977, cuando la inflación continuaba en torno al 100% anual, las referencias al debate entre gradualismo o shock comenzaron a repetirse. Cuando Chile, del otro lado de los Andes, empezó a dar indicios de que lograba frenar el alza generalizada de precios en la segunda mitad de 1978, los liberales argentinos comenzaron a citar su ejemplo para criticar la dirección gradualista adoptada en Argentina.

En paralelo, resulta sintomático que dos años y medio después de su aplicación en Chile Martínez de Hoz anunciara la tablita. Si bien, como señalamos, el enfoque monetario de la balanza de pagos constituía una novedad en materia de políticas económicas, que había arribado a ambos lados de los Andes a través de los vínculos que existían con la Universidad de Chicago, el momento de su adopción coincidía con el éxito momentáneo que mostraba Chile en materia de lucha contra la inflación. Este elemento unido a las fuertes críticas que los liberales locales realizaban con la mirada puesta en el Chile –más allá de que no hubiera referencias directas al novedoso enfoque– permiten suponer que al anunciar el plan del 20 de diciembre, el equipo económico argentino se encontraba particularmente influido por lo acontecido allí.

Finalmente, el análisis precedente obliga a matizar las categorías propuestas en Heredia (2004) respecto de los liberales tradicionales y a los tecnócratas. En primer lugar, porque las referencias al caso chileno y los debates sobre la política económica de Martínez de Hoz parecen difíciles de explicar en función de esta tipología. Las críticas que los liberales tradicionales –más allá de Alsogaray, como en el caso de Manuel Tagle– proferían al ministro respecto de los límites del enfoque gradualista son significativas: el reclamo por el shock encontraba su correlato en el plan que se había aplicado en Chile a mediados de 1975.¹²12. De hecho, resu (…) Quienes habían participado en su elaboración –con Sergio de Castro a la cabeza– parecen tener más relación con las características que se asocian a los tecnócratas: postgrados en el extranjero y pragmatismo en la toma de decisiones. Por otra parte, las críticas eran compartidas por personajes locales como Luís Buscaglia, con formación en Stanford, uno de los principales centro de difusión de las nuevas teorías monetaristas. En segundo término, y menos vinculado con el presente trabajo, la trayectoria del propio Alsogaray parece no corresponderse del todo con la figura del liberal tradicional: fuertes vínculos con el extranjero a través de su puesto de embajador en Estados Unidos (Grondona, 2011), por un lado; por el otro, su pragmatismo quedaría de manifiesto más adelante, con su participación como asesor en el Gobierno de Carlos Menem, fruto de los diálogos entre la Unión del Centro Democrático y el Partido Justicialista. De este modo, si bien las categorías permiten explicar algunos de los cambios al interior de la tradición económica liberal argentina en los años posteriores al retorno de la democracia, su eficacia para explicar la dinámica seguida por los diferentes exponentes de dicha tradición durante los años de la dictadura parece problemática.

Conclusión↑

La oleada de dictaduras militares que se produjo en América Latina durante la década de los setenta dejaría marcas indelebles en el posterior desarrollo de la región. Los cambios en materia económica, como ha sido destacado en numerosas oportunidades, jugaron un papel destacado en ese sentido. A pesar de que, como se puntualizó más arriba, son escasos los trabajos que abordan comparativamente los casos de Argentina y Chile, lo que efectivamente sabemos es que ambos representaron diferentes estrategias económicas para objetivos semejantes: redefinir las estructuras económicas locales con el propósito de eliminar las “distorsiones” del mercado y eliminar el tutelaje estatal apelando al principio de la subsidiariedad del Estado. Ahora bien, estas diferencias fueron significativas. El ascenso de los Chicago Boys en Chile comenzó algunos meses antes del anuncio del plan de shock de abril de 1975, cuando Jorge Cauas se convirtió en ministro de Hacienda en julio de 1974. Las políticas de reducción del gasto público fueron de la mano con una reforma del sistema financiero, el mercado laboral, el sistema de salud y el previsional. A su vez, las barreras aduaneras fueron reducidas. Mientras tanto, Argentina adoptó una estrategia gradualista. A pesar de los casos de privatizaciones periféricas, la reforma estructural más relevante estuvo vinculada al sistema financiero. Si bien se redujeron las tarifas, los efectos más duros sobre la industria local fueron consecuencia del atraso cambiario que terminó provocando la implementación de la tablita.

En relación con los objetivos señalados al inicio del trabajo, a través de los debates que dieron en el ámbito argentino, terminó por articularse un campo de oposición entre gradualismo o shock. En las intervenciones públicas de los defensores de cada una de esas posiciones, se asociaban ambos términos a una serie de elementos vinculados en menor o mayor medida a la economía. En el caso del gradualismo, aparecía como una respuesta que permitía atender a dos problemas acuciantes, sin generar uno nuevo. Estos problemas eran el de la inflación y el de la balanza de pagos, que debían ser corregidos sin producir aumentos en el desempleo, ya que la Argentina no estaba preparada para afrontar una “crisis social”. Así, parecen haber pesado más en su adopción los límites institucionales propios de las tensiones al interior de las Fuerzas Armadas que una vocación por “encubrir” las reformas estructurales. De cualquier modo, los detractores de este enfoque suponían que el gradualismo no alteraba el statu quo y se concentraba solo en “detalles”. En última instancia, el gradualismo pasó a estar asociado con una falta de dureza de parte de una gestión económica que, incluso en el contexto represivo de aquellos años, no había llevado adelante una acción definitiva. En otras palabras, el gradualismo se convertía en un problema no por lo que efectivamente hacía, sino por lo que dejaba de hacer: perdía una oportunidad, la de llevar acabo medidas regenerativas que redimieran a la estructura económica de los mecanismos que, para la tradición liberal local, constituían los pilares sobre los que se articulaba la alianza entre Estado, sindicatos y empresarios que sustentaba al peronismo. Una política de shock, por el contrario, articulaba dos elementos: una acción con efectos duros pero amparada por la promesa de una regeneración de la actividad económica. ¿En qué consistía? En atacar al mismo tiempo un gran número de factores: el gasto público, la política crediticia, el tipo de cambio, los salarios, las regulaciones de tarifas y diversos precios, los subsidios y la estructura impositiva. De esta forma, la firmeza en la toma de todas estas medidas debía estar apoyada en una clara perspectiva de futuro, que permitiese afrontar su carácter impopular y doloroso afectando la “sensibilidad social”. Solo entonces se terminaría garantizando una base sólida sobre la que reconstruir una nueva estructura productiva. Así, la opción por el shock no era solo una cuestión de preferencia, sino de eficiencia: era preciso ahorrar los pesares futuros con una dosis de crisis social controlada. Quienes la pregonaban, por otra parte, no solo no se correspondían directamente con la figura del liberal “tradicional”, sino que miraban con buenos ojos las medidas adoptadas por quienes a todas luces se correspondían con la figura de los “tecnócratas”.

En efecto, una vez que comenzaron a circular las noticias del “éxito” de Chile y se lo empezó a citar como alumno modelo de las nuevas recomendaciones en política económica, la resonancia de estas noticias en los medios argentinos fue inmediata. De este modo, el campo del shock pasó a estar integrado no solo por una serie de propuestas económicas, sino por un ejemplo de su efectividad. Los Chicago Boys, de esta forma, habían logrado sortear los desafíos de la crisis social para aplicar las medidas de austeridad que demandaba la coyuntura. En palabras de Alsogaray, la “claridad” y la “convicción” que había faltado a Martínez de Hoz, la habían tenido de Castro y su equipo. Al mismo tiempo, dadas las críticas y las medidas finalmente adoptadas al momento de elaborar la tablita anunciada el 20 de diciembre de 1978, resulta tentador deducir de allí que el éxito momentáneo de los Chicago Boys en Chile para contener la inflación había tenido un impacto en el equipo de Martínez Hoz. Esto resulta todavía más relevante si tomamos en consideración la filiación académica de quienes recomendaron o pusieron en práctica el enfoque monetario de la balanza de pagos.

Bibliografía y fuentes↑