Política contra el Estado autoritario, religión y derechos humanos
La impronta regional de un activismo trasnacional
por María Soledad Catoggio11. Doctora en Cie (…)
A fines de los años setenta, asistíamos a un Cono Sur de América Latina gobernado por dictaduras militares de las Fuerzas Armadas. Esta realidad regional, construida en torno a la adhesión común de los Estados latinoamericanos a la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), se correspondía también con políticas de coordinación represiva que, más tarde, serían conocidas como la “Operación Cóndor”.
En este escenario, tenía lugar la emergencia de organismos como el Comitệ de Defensa dos Direitos Humanos para o Cono Sul (CLAMOR) en Brasil y la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo Social (Fundalatin) en Venezuela, que enfrentaron la cuestión de los derechos humanos como un problema regional desde sus inicios. Ambas experiencias tenían como común denominador el haber nacido bajo el amparo de figuras e instituciones religiosas, haciendo uso de sus infraestructuras y recursos en países donde existía un margen de libertades y/o de apertura democrática que era percibido como favorable para empresas de tal envergadura (Ayala, 2014: 12 y De Faria Cruz, 2013: 3).
La dimensión trasnacional del mundo religioso del cual participaban ambos organismos fue decisiva en la gestión de la circulación y los intercambios entre activistas de derechos humanos de las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina. En este marco, este trabajo se propone comparar ambas experiencias para comprender la importancia del clivaje regional en la conformación de redes de activismo trasnacional que fueron claves para impulsar la política contra los Estados bajo dictaduras militares y denunciar sus crímenes ante el mundo.
Existe una idea instalada en la literatura local acerca de que la coordinación represiva instrumentada por la Operación Cóndor en la región debió su éxito a la ausencia de una resistencia política que pudiera contrarrestarla con una coordinación análoga (ver Ansaldi, 2004: 29).
Aunque la expresión de “Operación Contra-Cóndor” que algunos analistas, como Braboza de Fraga (2012), han utilizado para conceptualizar la empresa encarnada por Clamor pueda resultar anacrónica, lo que es innegable es que la lucha humanitaria desplegada por las redes de activismo trasnacional que emergieron en la región encarnó formas de acción política por fuera, e incluso, en contra de los Estados autoritarios del Cono Sur de América Latina. Estas formas de resistencia supranacional a la coordinación represiva implementada en la región tuvieron, como veremos más adelante, éxitos tanto en corto como en el largo plazo.
En buena medida, este sesgo de la literatura puede deberse a que se ha dado poca o nula importancia al rol que desempeñaron los actores del mundo religioso y sus infraestructuras para dar impulso inicial a redes de activismo trasnacional que claramente trascendían ese mundo y que, aunque con distintos matices, temporalidades y alcances, lograron instaurar el paradigma humanitario en la región. En efecto, estas redes han sido estudiadas haciendo foco en el activismo legal trasnacional para comprender el proceso de génesis de saberes expertos aplicados más allá del espacio jurídico-académico y para dimensionar el impacto de ese activismo asociativo en la transformación de la práctica jurídica y la reconfiguración de los Estado nacionales (Dezalay y Garth, 2002; Santamaría y Vecchioli, 2008). A su vez, otros desarrollos han analizado su papel en los procesos de construcción de un campo de derechos humanos en las ciencias sociales latinoamericanas (Jelin, 2004; 2007). Por último, estas formas de activismo también han sido de especial interés para aquellos trabajos abocados al estudio de los exilios latinoamericanos (Markarian, 2006; Yankelevich y Jensen, 2007; Franco, 2008; Sznajder y Roniger, 2009; Jensen, 2010). La importancia del factor religioso en la conformación y desarrollo de redes de activismo trasnacional ha sido señalada, aunque no trabajada en particular por estos trabajos.
Más allá del carácter (legal, político, intelectual, religioso, etc.) de los enlaces que conformaron estas redes, existe otro conjunto de trabajos dedicados a analizar la modalidad de acción emprendida por este tipo de articulaciones políticas trasnacionales. La problemática emerge fundamentalmente con el afán de construir nuevas interpretaciones en el campo de las relaciones internacionales que superasen el esquema más habitual de dos niveles de interacción, basados en el intercambio exclusivo entre dos Estados (ver Putman, 1988 y Evans, Jacobson y Putman, 1993 apud. Sikkink, 2005: 153). Con ese propósito y en pleno boom de estudios de “trasnacionalismo”, surgieron distintas aproximaciones que buscaban asir la multidimensionalidad de intercambios entre lo local y lo internacional, como dinámica constitutiva de estas redes trasnacionales. En general, se trata de enfoques que combinan las teorías propias del campo de las relaciones internacionales con otras propias de campo de estudio de los movimientos sociales. En tal sentido, han aportado variadas reflexiones los trabajos de Kathryn Sikkink y Margaret Keck (1998) y los de Thomas Risse, Stephen Ropp y la misma Sikkink (1999).
A partir de este cruce de perspectivas, han sido elaborados diversos modelos que toman como punto de partida la idea de que la estructura de oportunidades políticas para la acción colectiva forma parte de las distintas escalas de acción. Al mismo tiempo, un supuesto básico de estos modelos es la concepción de esas estructuras de oportunidades políticas no están necesariamente dadas, sino que deben ser, por una parte, percibidas por los actores; y por otra, en buena parte construidas por ellos. Dos de estos modelos fueron concebidos para explicar formas de activismo trasnacional propias de situaciones de represión estatal local, como las que instauraron las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina desde mediados de los años sesenta. El primero, llamado el efecto boomerang fue desarrollado por Sikkink y Keck (1998) para conceptualizar la dinámica de interacción que tiene lugar cuando actores no gubernamentales, enfrentados a la represión y clausura política interna, “puentean” al Estado y buscan aliados en la arena internacional (Estados y agentes no gubernamentales) para generar presiones “desde arriba” en sus países, capaces de generar un cambio en la política interna que habilite, a su vez, la presión “desde abajo” de los movimientos de la sociedad civil allí presentes. La metáfora del boomerang utilizada aquí sirve para graficar la el movimiento en su contra que impulsan los mismos Estados represores. La trasnacionalización provee a los grupos locales de acceso a la información, a la financiación y de un magnífico poder de presión. Así estos grupos ven amplificadas sus demandas por actores internacionales que logran, mediante distintos mecanismos de presión, un cambio en la estructura de oportunidades políticas interna. El segundo, llamado espiral, elaborado por Risse, Ropp y Sikkink (1999: 18), integra al boomerang effect en un modelo de cinco fases, donde sucesivos boomerangs permiten comprender los efectos en la política interna de las distintas modalidades de interacción entre actores locales, trasnacionales e internacionales a lo largo del tiempo. Consiste en la práctica en el arrojo de varios boomerangs que causan efectos divergentes en el estado existente de derechos humanos del país en cuestión.
Esta multidimensionalidad, sin embargo, en ocasiones pierde de vista la importancia de la escala de acción regional para mediar el intercambio entre lo local y lo global. Frente a estos déficits de la literatura existente, este trabajo tiene el doble propósito de, por un lado, dar relevancia a esa trama religiosa para la conformación de redes de activismo trasnacional en la región y, por el otro, hacer hincapié en las apuestas regionales que fueron claves para construir esa dinámica trasnacional.
El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962-1965, fue percibido por muchos como el primer acontecimiento estrictamente global de la Iglesia Católica. A diferencia del Concilio Vaticano I, que había sido un concilio fundamentalmente europeo, el Vaticano II sorprendió por la diversidad de lenguas y etnias. La presencia de obispos no europeos (africanos, asiáticos y latinoamericanos) lo convertía en un acontecimiento inédito. El catolicismo tomó conciencia de su dimensión global y comenzó a pensar globalmente. Los dos grandes acontecimientos que marcaron ese nuevo rumbo fueron la Declaración de Libertad Religiosa (Dignitatis Humanae) y Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno (Gaudium et Spes) (ver Casanova, 2008). El primer documento conciliar era un reconocimiento oficial del derecho inalienable de todo individuo a la libertad religiosa, basado en el reconocimiento de la dignidad humana. Suponía a su vez la aceptación del principio moderno de separación del Estado. El segundo, reconocía la legitimidad religiosa del mundo secular moderno, dando término a la filosofía negativa de la historia iniciada con la Contrarreforma. Este aggionarmento facilitaba el acercamiento con otras religiones modernas, al mismo tiempo que reubicaba a la iglesia católica desplazando su orientación histórica hacia el Estado por una hacia la sociedad civil. En este desplazamiento jugaba un rol clave la adopción oficial del discurso moderno de los derechos humanos que impulsó tanto la oposición a Estados autoritarios como diversos procesos de democratización en todo el mundo católico (ver Casanova, 2008).
En este contexto global, Fundalatin y Clamor surgían, a su vez, en un marco de consolidación del catolicismo latinoamericano, en torno a las celebraciones de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano (CELAM). Estas experiencias habían dado a ese catolicismo latinoamericano una fuerte gravitación internacional, fundamentalmente, a partir del impacto social y político de los Documentos Finales de la II CELAM celebrada en Medellín, Colombia en 1968 (ver Bonnin, 2013). A su vez, desde diciembre de 1976 se conocía la voluntad de Pablo VI de convocar a la III CELAM a los diez años de Medellín. El Consejo Episcopal Latinoamericano fue el encargado de llevar adelante los preparativos. Durante 1977, después de la celebración de encuentros regionales de obispos, se comenzó a preparar el Documento de Consulta a las Conferencias Episcopales Nacionales, que fue enviado oficialmente después de la convocatoria oficial de Pablo VI a la II CELAM hecha el 12 de diciembre de ese año. El Documento de Consulta no tuvo buena acogida ni en general, ni en particular entre los episcopados. Además de la crítica al documento se sumó la protesta por la ausencia de la participación de las bases (ver Heredia Zubieta, 2004: 312). Ese clima de ebullición desencadenó la sucesión de reuniones regionales con su activa participación, lo cual preparó el terreno para el surgimiento de organismos como Fundalatin y Clamor (ver Poveda Brito, 2011, 167).
Al mismo tiempo, como ya mencionamos, el Concilio Vaticano II había ofrecido un marco propicio para el acercamiento formal entre sectores del catolicismo y el protestantismo. Ese acercamiento se había plasmado en 1966 en el primer encuentro entre el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el organismo que formalmente desde 1948 congregaba a buena parte de las iglesias protestantes y a autoridades del mundo católico. En este escenario, la problemática de la asistencia a migrantes, marginalizados y refugiados permitía aunar esfuerzos, porque formaba parte de una vieja tradición en el mundo religioso, tanto católica como protestante, empeñada por integrar a estos sectores a los marcos nacionales. En ese sentido, el tendido de redes trasnacionales para tal fin no era una novedad de los años sesenta, sino que recuperaba viejas estrategias y experiencias de solidaridad propias del mundo religioso. Lo novedoso era la forma en que esas prácticas adquirían nuevas dinámicas de movilidad e integración global. Desde los años cincuenta en adelante, el boom de las organizaciones no gubernamentales en el campo de los derechos civiles, las reivindicaciones ambientales, etc. había cambiado la dinámica del internacionalismo practicado por organizaciones religiosas, filantrópicas, liberales y de izquierda al menos desde el siglo XIX (ver Risse, Ropp y Sikkink, 1999). En ese nuevo contexto, los organismos y activistas que provenían de ese mundo religioso y se encontraban con frecuencia como declarados enemigos de la nación por los militares en el poder e, incluso, en ocasiones, por las mismas autoridades religiosas, innovaron estrategias trasnacionales. En el caso del catolicismo se trataba de estrategias descentralizadas que contrastaban fuertemente con los consolidados catolicismos nacionales y tendían a reforzar lógicas de acción ecuménicas y apelando a la dimensión transnacional de sus identidades católicas. En el caso del protestantismo, por el contrario, la novedad era el proceso de centralización en torno al CMI, que permitía coordinar acciones entre diversas iglesias protestantes y tender puentes con el catolicismo.
En ese contexto, Clamor nacía en San Pablo bajo el amparo del catolicismo y el patrocinio del CMI, como un espacio regional para denunciar al mundo la integración latinoamericana en torno a la coordinación represiva fundada en la Doctrina de Seguridad Nacional y ensayar nuevas formas de articulación regional y de incorporación global de la región. El equipo de Clamor logró nuclear a referentes de distintos grupos sociales. Allí reunieron sus esfuerzos una periodista (Jan Rocha), varios abogados (Luis Eduardo Greenhalgh Fermino Fecchio, Plauto Rocha y –episódicamente– Omar Ferri), actores religiosos (el sacerdote Roberto Grand-Maison, los religiosos Michael Mary Nolan y João Xerri, el reverendo Jaime Wright e, incluso, el mismo arzobispo Paulo Evaristo Arns que les dio cobijo). Junto a ellos trabajaron también militantes católicas y protestantes (Thereza Brandão y Lilian Azevedo y la misma esposa del pastor, Alma Wright). Algunos de ellos, como el mismo Jaime Wright eran a su vez familiares de presos y desaparecidos políticos. Otros afectados directos y militantes políticos se sumaron como voluntarios (Inge Schilling, madre de la presa política Flavia Schilling y María Aparecida Antunes Horta y María Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes, ex detenidas) (ver Barboza de Fraga, 2012: 34-35). Las identidades múltiples de sus miembros, la acumulación de experiencias, saberes y tránsitos se plasmó a lo largo del tiempo en una vasta red que movilizó distintos tipos de organismos, entidades y grupos. Esta articulación combinó dinámicas de fortalecimiento regional con tácticas de internacionalización, que propiciaron distintos cambios en los escenarios locales.
En junio de 1978, en la víspera de la Copa del Mundo con sede en la Argentina, Clamor editó el primero de una larga serie de boletines destinados a denunciar las violaciones a los derechos humanos en América Latina. Esta publicación, cuyo primer número estaba dedicado principalmente al caso argentino, daba un acento regional al más conocido boicot deportivo impulsado desde Europa, fundamentalmente desde Suecia, Francia, España y Alemania y acusado por el régimen militar de “campaña antiargentina” (Franco, 2008: 181). Clamor nacía entonces con una declarada vocación regional orientada a defender los derechos humanos en América Latina, especialmente en el Cono Sur, y a estrechar vínculos con organismos congéneres para la cooperación mutua. En este marco, la voluntad de articulación regional obedecía a un doble propósito. Por una parte, documentar el accionar coordinado de las fuerzas represivas de la región en tiempos en que se desconocía la existencia de la Operación Cóndor y, por otro, articular a nivel regional las organizaciones y acciones de defensa de derechos humanos ya existentes. Estos objetivos fueron formulados con bastante claridad desde los primeros boletines de Clamor, pero sin duda fueron adquiriendo un carácter programático sobre la marcha:
Queremos recibir todo material relacionado con el tema derechos humanos en el cono sur y establecer contactos con organizaciones o personas envueltas en este trabajo (...) La doctrina de Seguridad Nacional articulada armónicamente por todos los regímenes militares de América Latina, presenta (...) la característica de la colaboración recíproca de los países que adoptan estos principios (CLAMOR, Año 1, Nº 3, octubre de 1978: 1 y 4).
En la práctica, esta pretensión de articulación inicial se tradujo inmediatamente en el surgimiento de un organismo con peso propio, de carácter regional y proyección internacional.
Ese mismo año, Fundalatin, nacida en febrero de 1978 daba sus primeros pasos en Caracas. Se trataba de una asociación civil, de carácter ecuménico, para la promoción de los derechos humanos. De acuerdo con el acta de fundación, el núcleo inicial estaba conformado por el sacerdote Juan Vives Suriá (nacido en España y nacionalizado en Venezuela), el jesuita Arturo Sosa Abascal (venezolano), Pedro Felipe Ramírez y Sergio Bitar (chilenos), José Luna y Jorge Luis Ornstein (argentinos) y Catalina de Parra (paraguaya). Más tarde, se incorporarían: Roque Carmona (argentino), Ramón Parra (paraguayo), el pastor luterano Ramón Castillo, Rosa Paredes y Guido Zuleta (venezolano) y el sacerdote Roberto Trejo (salvadoreño) (ver Ayala, 2014: 11). Las diversas procedencias nacionales refuerzan la impronta regional del organismo, conjugando al mismo tiempo distintas identidades políticas y religiosas.
Rosa Paredes, una de sus integrantes, sintetiza los objetivos de la Fundación:
Generar y apoyar programas para la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente, desenmascarar los encubrimientos ideológicos de los sistemas represivos como la doctrina llamada de la “Seguridad Nacional” y promover y prestar apoyo a los grupos de base locales que trabajan en Derechos Humanos, máxime cuando no tienen apoyo de nadie (“Desde Venezuela Fundalatin lucha por los Derechos Humanos para América Latina”, Resumen, Nº 349, p. 54, 13 de julio 1980).
La sintonía con la declaración de principios de Clamor es bastante elocuente y cobra sentido en el contexto de emergencia más general que enunciamos más arriba. Por una parte, existía una voluntad común de contestar la integración latinoamericana en torno a la Doctrina de la Seguridad Nacional, ensayando otras formas de integración; por el otro, era necesario articular grupos y organizaciones locales por fuera de los Estados militares.
A su vez, tanto FundaLatin como Clamor comparten en sus orígenes su ligazón con la histórica preocupación religiosa con la problemática de migraciones. FundaLatin tiene como antecedentes directos la Comisión Católica Venezolana de Migraciones, un departamento especial de Cáritas Venezuela, creado a fines de 1971 por el sacerdote Juan Vives Suriá (Ayala 2014: 8). En el caso de Clamor, había sido creada como una organización vinculada a la Comisión Arquidiocesana de Derechos Humanos y Marginalizados, de San Pablo, que era entonces jurisdicción del obispo Evaristo Arns. Esta línea de trabajo dirigida a la asistencia de los migrantes, iniciada en los albores de la consolidación de los Estados nación, había cobrado un nuevo sentido político, en el marco del nuevo estatuto jurídico que adquirió la categoría de “refugiado político” a partir de la Convención de Ginebra celebrada en 1951. A tono con el clima de la época, desde la segunda posguerra la problemática de los refugiados había sido una de las preocupaciones del Consejo Mundial de Iglesias, patrocinador de Clamor.
En el caso de la Comisión Católica Venezolana de Migraciones, esta mutación se plasmó en la creación en 1978 del Programa Venezolano Pro Refugiado Latinoamericano, que al poco tiempo de existencia fue incorporado a Fundalatin (Ayala 2014: 8). El Programa no solo venía a atender la angustiosa situación de los migrantes y refugiados, sino que concebía esa realidad como una plataforma ideal (e idealizada) para la articulación regional:
Venezuela, dentro del contexto global de América Latina tiene hoy características especiales que le permiten asumir tareas imposibles en otros contextos del subcontinente (...)
La presencia en su territorio de numerosos migrantes y refugiados latinoamericanos, potencial humano importante para la generación de una conciencia latinoamericana (ver Fundalatin: antecedentes y Plan 1980 anexado en Poveda Brito, 2011: 393).
En la práctica, el trabajo de la Comisión y del programa era censar, recibir y orientar a los refugiados. Para ello, se crearon siete comisiones: rescate de presos políticos, difusión, documentación y estudio, salud, vivienda, laboral y recreación. No obstante lo cual, el trabajo con los refugiados demostró rápidamente que con la asistencia no bastaba: ellos demandaban prácticas de solidaridad política con sus familiares y amigos que se encontraban detenidos en sus países de origen. De esa demanda, nació Fundalatin (ver Poveda Brito, 2011: 148-149).
En el caso de Clamor, entre sus motivaciones de primer orden, el organismo se proponía ofrecer una alternativa, atendiendo a las rigideces de la legislación brasileña de inmigración implantada por el régimen militar en 1969. Esta restringía el estatuto de refugiado para los latinoamericanos y admitía tan solo el tránsito por 90 días de migrantes latinoamericanos perseguidos por razones políticas que no hubiesen formado parte de organizaciones armadas.22. De acuerdo con (…)
Solamente en Brasil los refugiados están en tránsito. Los refugiados latinoamericanos y de cualquier otro país. Es una excepción en el continente. Ello se debe al decreto de la Junta Militar de 1969 que prohíbe la permanencia de esos refugiados en Brasil. Así es como este país que se dice acogedor, presenta una singularidad: “REFUGIADOS EN TRÁNSITO” (CLAMOR, Año II, Nº8, Diciembre de 1979, p. 16).
En este contexto, tanto Fundalatin como Clamor oficiaron de plataforma para la conformación de redes de organismos no gubernamentales, organismos intergumernamentales y Estados que encarnaron un tipo particular de activismo y de relaciones trasnacionales, propias de lo que K. Sikkink (1993) ha denominado como una red temática (issue-network). Es decir, un entramado trasnacional motivado por valores y principios compartidos acerca del lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, el bien y el mal, en definitiva (Sikkink, 1993: 440). Bajo el leitmotiv de los derechos humanos, estos actores trasnacionales articulados en red movilizaron la denuncia de los regímenes militares, diseminando información que los inculpaba directamente por las violaciones a los derechos humanos. En el corto plazo, esto supuso hacer política contra el Estado autoritario. En el largo plazo, estas acciones modificaron los entendimientos de soberanía de muchos Estados nación en la región y dieron impulso a novedosas formas de articulación regional y global (ver Sikkink, 1993).
Atendiendo a la inminencia de la III CELAM en Puebla, ambos organismos tuvieron una intensa actividad en torno a concretar una propuesta para presentar ante los obispos latinoamericanos. En el caso de Fundalatin, esto se plasmó en un documento doctrinal llamado “Los derechos humanos son los derechos de los oprimidos. Contribución de Fundalatin a la reflexión para los cristianos de Puebla, junio de 1978” y en la edición de un boletín llamado Centro Puebla, que ocupó buena parte de los esfuerzos del organismo durante los tres primeros años de su existencia. Guido Zuleta Ibargüen el principal redactor del documento mencionado, hizo presente la postura de Fundalatin en Puebla, donde participó en calidad de teólogo. Clamor, hacía lo propio y en reunía en la sede del arzobispado de San Pablo a teólogos y agentes de pastoral de Brasil, Chile, Paraguay, México, Perú, Angola y Estados Unidos para reflexionar en torno a los derechos humanos como derechos de los pobres en vistas a la proximidad de la III CELAM en Puebla (ver Clamor, Año I, Nº 4, Enero 1979, pp. 9-11).
Fundalatin y Clamor confluían en su crítica a una concepción liberal de derechos humanos, únicamente abocada a la defensa de las libertades políticas y desinteresada por su ligazón con la estructura social y la base económica. La condena de los regímenes de la Doctrina de la Seguridad Nacional, junto con los cuestionamientos a la política de derechos humanos impulsada entonces por la Comisión Trilateral bajo el amparo del Gobierno norteamericano de J. Carter, formaban parte de la argumentación común a los dos organismos (ver Clamor, Año I, Nº 2, julio 1978, “El triletarismo y los derechos humanos” pp. 6-7 y “Fundalatin ante la internacional del Terror”, 1980).
En este marco, Clamor acompañaba la demanda de una definición integral de los derechos humanos con un vasto trabajo de articulación regional orientado a imponer la cuestión de los refugiados políticos en la agenda de Puebla. Con este horizonte, durante todo el año 1978 tuvieron lugar diversos congresos de iglesias cristianas latinoamericanas sensibilizadas con el drama vivido por los refugiados políticos. En abril de ese año, las iglesias metodistas se reunieron en América Central para tratar la temática desde la perspectiva de los derechos humanos. Algunos meses después, en julio, las entidades católicas especializadas en migraciones, de siete países de América del Sur, se reunieron en su 9º congreso (Clamor, Año 1, Nº 3, octubre de 1978). En las conclusiones de ese encuentro, el arzobispo de San Pablo llamaba la atención sobre la urgencia de la problemática de los refugiados políticos proponiendo una clara línea de acción:
Los refugiados políticos representan la forma más dura de migración “Pueblos que dejan partir a una juventud tan noble, tan valiosa, son pueblos que están sangrando (...) El éxodo puede ser evitado con el amor y el coraje de enfrentar a nuestros gobiernos” (Clamor, Año 1 Nº 2, julio de 1978: 22).
De acuerdo con esta misma cronología presentada por Clamor, en agosto de ese mismo año se organizó un nuevo encuentro que reunió a católicos y protestantes. Participaron entidades ecuménicas de siete países de América del Sur interesadas en discutir y elaborar propuestas para afrontar el problema de los refugiados y exiliados políticos. Esta serie de encuentros tenía entre sus horizontes inmediatos la formulación de una propuesta regional para presentar ante la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM) convocada en Puebla para 1979. Aunque con algunas reformulaciones, estos grupos lograron exitosamente incorporar algunas de sus recomendaciones al documento de Puebla. Las demandas incorporadas giraron en torno a tres ejes comunes: la generalización del derecho al asilo, la flexibilización de la legislación migratoria y la vinculación entre derechos humanos y trabajo (ver III CELAM, Puebla “La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina”, 1979, p. 22, párrafo 1292).
De este modo, Clamor internacionalizaba a través de las redes del mundo católico la problemática de los refugiados políticos y presionaba “desde arriba” para modificar la legislación local en Brasil y propiciar legislaciones favorables en otros contextos locales de la región. Estas orientaciones se enmarcaban, a su vez, en lo que fue quizás el gran aporte de Puebla, para muchos de estos grupos religiosos con vocación humanitaria: la condena de la DSN entendida como la ideología de los Gobiernos militares de la región.
Así, el catolicismo latinoamericano ofrecía un horizonte de legitimidad para la articulación y defensa de los derechos humanos, vista con recelo por algunos episcopados nacionales, como el venezolano, el argentino y el colombiano, por citar algunos más emblemáticos.
En CLAMOR hemos recibido diversas cartas de religiosos, de obispos, de la Argentina recriminándonos nuestra interferencia en problemas internos de la Argentina, sobre las denuncias de desaparecidos, del régimen militar argentino, torturas. Tenemos cartas firmadas por obispos donde le dicen a Dom Paulo, por qué se está metiendo si no conoce la situación Argentina. Nosotros respondemos y buscamos el diálogo. Porque este trabajo de derechos humanos en la Argentina, que podría ser realizado con el respaldo de la Iglesia se hace sin eso. Y así es más difícil (entrevista a Luis Eduardo Greenhalgh, Paz y Justicia, Año 1, Nº 2, junio 1983, p. 19).
En materia de refugiados, este rol de articulador regional asumido por Clamor no se limitaba al mundo católico. Por el contrario, la Primera Consulta Latinoamericana sobre Refugiados, organizada por el Consejo Mundial de Iglesias, de amplia trayectoria en materia de refugiados reunía a activistas humanitarios de distintas procedencias (religiosas, políticas, nacionales). La consulta llevada a cabo entre el 8 y el 12 de octubre de 1979 en San José (Costa Rica), entonces el único país centroamericano en democracia, reunió activistas de 14 países: Perú, Venezuela, Paraguay, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Panamá, Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y Canadá. La delegación de Brasil presentó allí ocho propuestas, entre las cuales se destacaban la denuncia de la Doctrina de Seguridad Nacional, la realización de campañas para que los Gobiernos diesen su adhesión al Estatuto, Convención y Protocolo de ACNUR y la solicitud a los gobiernos de América Latina para que permitiese la radicación de refugiados latinoamericanos en su territorio. Como resultado del encuentro, Jaime Wright fue designado presidente de la comisión electa para coordinar a los organismos latinoamericanos de refugiados (ver Barboza de Fraga, 2012: 66 y Clamor, Año II, Nº 8, diciembre de 1979, p. 16). Así Clamor lograba institucionalizar su rol de articulador regional en esta materia y convocaba a las iglesias y entidades ligadas a esta causa a presionar “desde abajo”.33. Esta iniciativ (…)
Durante estes días temos escutado e analizado informes e testemunhos através dos quais nos chegou o clamor de milhares de refugiados desarraigados de sua patria, de sua cultura e de sua familia (...). Tambén redescubrimos a história do nosso continente latino-americano com sua longa tradição de asilo e acolhida a milhares de seres humanos que buscaram e encontraram refúgio (...). Convocamos as igrejas para que, juntas com todas as pessoas de boa vontade, unamos nossos esforços em torno daqueles que já desenvolvem um ministério a favor dos refugiados (Clamor, Año II, Nº 9, marzo de 1980, p. 10).
Al mismo tiempo, Clamor insistía en recordar al mundo que Brasil había firmado junto con 110 países, la resolución de Naciones Unidas que daba a los países miembros de la ONU la “responsabilidad de proteger y asegurar los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados en situación irregular, sin documentos” (ver Clamor, 14/08/1979, p. 2).
A pesar de esto y de que las alianzas logradas en el plano internacional y las presiones desplegadas en el escenario local ofrecían buenas perspectivas para producir un efecto búmeran; el resultado fue el contrario al buscado. La respuesta del Gobierno brasileño fue la de recrudecer la legislación en este punto:
A pesar de las vehementes protestas de todos los sectores de la sociedad brasilera, el gobierno forzó la aprobación por el Congreso de una nueva ley para los extranjeros (...). La nueva Ley fue condenada por las iglesias, por la [Ordem dos Advogados do Brasil] OAB, por las asociaciones estudiantiles y de científicos, por los sindicatos, por los grupos que defienden los derechos humanos, en fin, por las comunidades extranjeras. El Papa Juan Pablo II pidió al gobierno para que mantenga la generosa tradición brasilera de hospitalidad a los extranjeros (...) mucho más que la seguridad nacional, la nueva ley parece preocupada en proteger la seguridad colectiva de las dictaduras del Cono Sur (Clamor, Año III, Nº 12, pp. 51-53).
Tenía lugar entonces la sanción del Estatuto del Extranjero mediante la Ley 6.815/80, formulado bajo el paradigma de la “seguridad nacional”, que regula la política de migraciones del Brasil hasta el día de hoy (ver Gainza y Baraldi, 2013). Esta realidad ponía de manifiesto que la participación de los Estados (militares) en los organismos intergubernamentales en materia de derechos humanos no era eficaz para promover garantías, sino todo lo contrario.44. Esta presencia (…) En su nota “Festival de cinismo no Cone Sul”, Clamor denunciaba:
A os 29.02.80 a Comissão de Directos Humanos da ONU aprovou uma resoluçao condenando o Chile por violaçoes desses principios. A moção foi aprovada por 29 votos contra 3 Uruguai, Brasil e Argentina (...) E a cínica solidaridade de cuatro países do Cone Sul, cujos apareihos policiaís estão unidos na repressão extra-fronteiras sob a disculpa da famigerada doutrina de segurança nacional (...) Ė o festival de cinismo que continua a assolar os países do Cone Sul (Clamor, Año II, Nº 9, marzo de 1980, p. 4).
En paralelo, la participación de Juan Vivés Suriá en la reunión consultiva de la Asociación Latinoamericana de Defensa de los Derechos Humanos en Quito (Ecuador) entre el 11 y el 13 de agosto de 1980, convocada por el presidente de ese país Jaime Roldós Aguilera, incorporaba a Fundalatin en una corriente latinoamericana que sentaba un precedente a nivel internacional. En efecto, la propuesta de la Carta de Conducta de Roldós Aguilera estaba orientada a generar un compromiso de los presidentes de la región andina en torno a los derechos humanos. Lamentablemente, el trágico final de la presidencia de Roldós Aguilera interrumpía el desarrollo de esta apuesta por una condena regional a los regímenes de la DSN y al trilateralismo norteamericano (ver Povedá Brito, 2011: 184).55. Jaime Roldós A (…)
Ambas iniciativas atestiguan el fracaso de apuestas regionales que privilegiaban de distintas maneras y mediante distintos mecanismos de presión soluciones “desde arriba”. Es decir, transformaciones en el Estado a partir de la modificación de la legislación o el compromiso de los presidentes. Estas tentativas frustradas dieron paso a otras alternativas, impulsadas decididamente “desde abajo”. En concreto, los enlaces de estos organismos con organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos fueron otro campo de apuestas regionales que tuvieron mejores resultados en el corto y el largo plazo.
En el caso de Clamor, el éxito casi inmediato del denominado “Operativo Anatole”, el caso de los niños uruguayos Julien-Grisonas, secuestrados en Buenos Aires y encontrados por Clamor en Valparaíso (Chile) selló una alianza entre Clamor y Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina y en Uruguay.66. Sus padres Mar (…) Con el tiempo, la relación entre Clamor, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se volvió más estrecha. Entre 1983 y 1984, Clamor financió un calendario fotográfico de niños desaparecidos. En este plano, Clamor facilitó la difusión trasnacional (en la escala regional, pero también global) del modelo maternal de activismo en derechos humanos. Tal como ha señalado Sikkink (2008: 4), desde 1977, grupos de madres de desaparecidos se formaron en más de doce países y muchos de estos grupos reconocen a las Madres de Plaza de Mayo como su modelo de inspiración. En la época, ese efecto de reconocimiento fue palpable, por ejemplo en las declaraciones de Madres y Esposas de la masacre de Caracoles en Bolivia, difundidas por Clamor en 1980 (ver Clamor Año II, Nº 11, septiembre de 1980, p. 15).77. Grupos de madr (…) De acuerdo con la misma autora, el activismo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fue más tarde clave para la fundación de otra asociación regional, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), nacida en Venezuela en el marco creado por Fundalatin (ver Sikkink, 2008: 4). Y, al mismo tiempo, los encuentros de FEDEFAM fortalecerán los intercambios entre Madres de Plaza de Mayo y otras madres de la región como, por ejemplo, Madres de El Salvador. Las fotos de estos encuentros son muy alusivas al respecto (ver Povedá Brito, 2011: 414-416).
En efecto, a partir de 1981 Fundalatin organiza congresos latinoamericanos de familiares de personas detenidas, desaparecidas o exiliadas con el objetivo de lograr una articulación eficaz tanto para hacer denuncias ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas como para generar un frente opositor “desde abajo” a esos regímenes. Con este horizonte, se realizaron tres congresos consecutivos: el primero, tuvo lugar en San José de Costa Rica entre el 20 y el 24 de enero de 1981; el segundo, se realizó en Caracas el mismo año y allí se constituyó FEDEFAM y el tercero, se llevó a cabo en Lima, Perú, con la federación ya en marcha. De acuerdo con el testimonio de Patrick Rice, un sacerdote irlandés, exiliado político de la Argentina, que participaba de Fundalatin y quedaría a cargo de la organización de la Federación de familiares:
En FEDEFAM, el primer (…) [intento] de creación de algo como movimiento, sucedió en el año 79, en octubre, [en] la Asamblea General de la OEA [Organización de Estados Americanos] en la Paz, Bolivia. Concurren, para hacer lobby, las Madres [de Plaza de Mayo], Emilio Mignone, [la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos]APDH, varios otros también de Chile, Uruguay, de centroamérica (los sandinistas). Yo fui a esa asamblea, porque mi caso figuraba en la agenda, condenando la dictadura y fuimos recibidos [en la sede dela Central Obrera en Bolivia] COB (…) [que] prestó toda su infraestructura para las ONG latinoamericanas, las que veníamos a hacer lobby por los derechos humanos (…). De estas reuniones salió la idea de un Encuentro Latinoamericano de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Lo que sucede es que termina la asamblea general un día sábado y comienza un golpe militar ese sábado a la noche (Entrevista a Patrick Rice, 2008-2009).
Clamor le dedicó un número entero a este acontecimiento represivo y estableció en este caso la relación directa entre el golpe y la represión al activismo por la democracia y los derechos humanos. Al mismo tiempo, mostró, una vez más, la articulación de las fuerzas represivas latinoamericanas.
En la ciudad de la Paz el primer paso fue rodear y atacar la sede de la COB, para de este modo apresar a [Comité Nacional de Defensa de la Democracia] CONADE, integrado por dirigentes sindicales, de Partidos Políticos y de la Asamblea de Derechos Humanos, etc. (…) Entre los paramilitares había también agentes de civil de la Sección Segunda del Ejército (Servicio de Inteligencia del Ejército), miembros de la Falange Socialista Boliviana y agentes del Ejército Argentino, quienes no se preocuparon en disimular su acento (“El golpe y los derechos humanos en Bolivia”, Clamor, Año 2, Nº 11, septiembre de 1980, p. 7).
El activismo humanitario devenía entonces en el objeto del accionar coordinado de las fuerzas represivas latinoamericanas que se empeñaban en denunciar. Esa represión alcanzó escalas internacionales, impensadas, con el asesinato de Noemí Esther Gianetti de Molfino, miembro activo de Madres de Plaza de Mayo, desaparecida en Lima y aparecida muerta en Madrid. Clamor tituló una vez más “Represión no conoce fronteras, desaparecida en Lima y muerta en Madrid”.
El hallazgo en Madrid del cadáver de la señora Noemí Esther Gianetti de Molfino, 54 años, activa integrante de Madres de Plaza de Mayo (...) después de secuestrada el día 13 de junio, en Lima (Perú) mostró una vez más al mundo cómo los órganos de represión de la Argentina actúan en los países de América Latina, también sometidos a regímenes dictatoriales, y de qué violencias y abusos son capaces las verdades cazadas humanas que emprenden contra aquellos que son opositores al régimen (Clamor, Año III, Nº 12, diciembre de 1980, p. 32).
El acontecimiento puso reparos a los intentos de articulación regional, pero no los detuvo. De acuerdo con el testimonio de Patrick Rice, la noticia motivó la postergación y el desplazamiento geográfico del planeado Encuentro Latinoamericano de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Se quería hacer ese encuentro en Perú (...) porque [allí]estaba [José María] “Pepe” Serra, que había sido cura en Santa Fe, casado, en [la Comisión Latinoamericana de Educación Cristiana] CELADEC, pero (…) [fue] el secuestro de la señora Noemí Molfino. Por eso, se pasó a Costa Rica, al año 81 (Entrevista a Patrick Rice 2008-2009).
En paralelo, Clamor reforzaba otros enlaces de familiares con el mismo objetivo de obtener apoyos internacionales para la denuncia de los crímenes y la impugnación a las dictaduras. Fue el caso, por ejemplo, de la campaña realizada en torno al petitorio de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Exhortamos a los lectores a apoyar la campaña recogiendo firmas para la petición. Esta debe ser presentada en la Embajada Argentina de su país en víspera de la eventual visita de la Comisión de la Organización de Estados Americanos. En Brasil, las firmas deben ser enviadas a CLAMOR (...). En Argentina a “Familiares” (...) (Clamor, Año II, Nº 5, mayo, p. 3).
La búsqueda de apoyos al petitorio con vistas a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a Buenos Aires, que llegaría a concretarse entre el 4 y el 20 de septiembre de 1979, tenía como trasfondo un trabajo artesanal de enlaces entre organizaciones locales, regionales y globales con un costo muy alto para los activistas. La campaña iba acompañada de la denuncia:
Acaba de ser secuestrada en Buenos Aires la Sra. Thelma [Jara de] Cabezas, miembro de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos. La Sra. Thelma es madre de un menor de 17 años desaparecido en 1976, por esta razón Thelma viajó en el mes de enero a México, para pedir por su hijo a las autoridades de la Iglesia Católica que estaban reunidas en Puebla (Clamor, Año II, Nº 5, mayo, p. 3).
La Sra. de Cabezas atestiguó, más tarde, en el “Juicio a las Juntas Militares”, que los interrogatorios bajo tortura a los que fue sometida giraron en torno a sus viajes: primero a México, para denunciar ante la CELAM y, luego, a Madrid y a Roma, en busca de un enlace con un referente de la CMI. A tal punto la internacionalización del activismo humanitario era percibido como una amenaza para las fuerzas armadas y de seguridad que Cabezas fue obligada a dar un reportaje periodístico durante su cautiverio en la Escuela Mecánica de la Armada. Allí, bajo el título “Habla la Madre de un hijo subversivo muerto”, contaba cómo había sido engañada por organismos de derechos humanos internacionales.88. Ver Testimonio (…)
La represión a los activistas por los derechos humanos dio mayor impulso a estrategias regionales de internacionalización de distinto tipo. Una de ellas fue la obtención de premios internacionales que dieron mayor visibilidad global a distintos referentes y organizaciones y funcionaron tanto como estrategias defensivas como de promoción de sus iniciativas. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel, representante del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) América Latina, obtuvo el Premio Nobel de la Paz. El mismo Jaime Wright había formado parte del SERPAJ en sus inicios y Clamor había promocionado militantemente la candidatura de Esquivel al Nobel de la Paz desde 1978 (ver Clamor, Año I, Nº 2, julio de 1978, p. 10). Ese mismo año, Madres de Plaza de Mayo ganaba el Premio de la Paz del Pueblo otorgado por grupos cristianos de Escandinavia (Clamor, Año III, Nº 12, diciembre de 1980, p. 15).99. En 1987, Juan (…) Otra de las estrategias fue la apelación a sus identidades religiosas, recurriendo a organismos o a figuras, como el Pontífice Romano, capaces de otorgar respaldo internacional y presionar en los escenarios locales. Las mismas Madres de Plaza de Mayo que había recurrido a la CELAM apelaban ahora al Papa por distintos medios.
En ocasión del Sínodo de Obispos dedicado a la Familia, efectuado en Roma en octubre, las Madres de Plaza de Mayo enviaron un documento al Papa Juan Pablo II denunciando la angustiante situación que se encuentran millares de familias argentinas que tienen hijos desaparecidos (...). Piden al Papa interceda ante el Episcopado Argentino para que los obispos se interesen por su problema (...). La causa de los desaparecidos, concluyen las madres “es causa de justicia, verdad, es causa de la Iglesia y es causa de Dios” (Clamor, Año III, Nº 12, diciembre de 1980, pp. 22-23).1010. Hubo que esper (…)
Por último, colaboraron a crear estructuras de oportunidades políticas en el espacio internacional, allí donde no existían. A partir de 1977, la presión ejercida por activistas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, en alianza con otros agentes estatales, hizo posible la adopción de procedimientos especiales en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre ellas los grupos de trabajo y los relatores especiales. A partir de entonces, miembros de estas organizaciones pudieron formar parte de los grupos de trabajo, enviando información y haciendo lobby por sus causas e, incluso, algunos de ellos fueron nombrados relatores especiales (ver Skkink, 2005: 161). Clamor celebraba el logro en sus páginas:
La decisión de crear este Grupo especial de Trabajo se debió, principalmente, a la presión ejercida por organizaciones directamente envueltas en actividades sobre Derechos Humanos, tales como el Consejo Mundial de Iglesias y Amnistía Internacional. Frente a la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Mundial de Iglesias estableció: “La práctica de los secuestros arbitrarios y subsiguientes desapariciones es usada comúnmente, contra opositores reales o imaginarios a determinados regímenes, pero está dirigida no solamente contra esa clase de personas sino también contra todos aquellos que se oponen a la represión como tal y que actúan por motivos no políticos, sino humanitarios o religiosos” (“Grupo de trabajo de las Naciones Unidas examina desapariciones”, Clamor, Año III, Nº 12, diciembre de 1980, p. 64).
Este espacio intergubernamental, que no dejó de ser un espacio de alianzas y conflictos, ayudó a consolidar una agenda regional de demandas en materia de derechos humanos. Esta se construyó, fundamentalmente, en torno a la figura de la desaparición forzada y facilitó la articulación entre líderes y grupos religiosos, organismos de derechos humanos y Estados sensibles a esta temática. La creación de este espacio interestatal significaba la concreción de una demanda regional en los foros de globales. El éxito cristalizaba un triunfo ganado a partir de una articulación y presión regional, donde Clamor y Fundalatin habían desempeñado un papel clave. Al mismo tiempo, se iniciaba un espiral que se concretaría con el tiempo en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), y más tarde, con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas (2007). En este marco, el testimonio de Patrick Rice deja entrever estos espacios intergubernamentales como espacios de disputa que ayudaron a consolidar una identidad latinoamericana.
Las actividades de FEDEFAM eran, a nivel internacional, tramitar el reconocimiento como organismo de consulta de Naciones Unidas, que logramos en el año 85 (...) Hacíamos campaña en Naciones Unidas, hicimos una de las pocas protestas, dentrode la comisión de DDHH (...) a raíz de que habían excluido a México como país de desaparecidos. Éramos un grupo de siete, decidimos hacer una huelga de hambre al estilo salvadoreño, por un día. Entonces, nos pusimos adelante, yo cura, estábamos con cuatro o cinco mujeres y cuando salían de la comisión nos encuentran, sacamos una… [pancarta] “por los 90.000 desaparecidos de América Latina” (...) Lo que fue un gran acierto de FEDEFAM, en un primer, momento fue que se detectó que a nivel internacional había una desprotección total con respecto al tema de la desaparición forzada y que había que hacer una ley internacional, llamando a una convención. Entonces, empezamos a trabajar con eso y hasta el día de hoy (Entrevista a Patrick Rice, 2008-2009).
Brasil fue un país de tránsito para los refugiados políticos y de destino para otros tantos exiliados latinoamericanos que no gozaban de ese estatuto. Para atender esta problemática, nació Clamor en 1978, un organismo que formó parte de la estructura eclesiástica, bajo el amparo del arzobispo de San Pablo, Paulo Evaristo Arns. Bajo la dirección del pastor Jaime Wright y el patrocinio del Consejo Mundial de Iglesias, Clamor dedicó sus esfuerzos a denunciar la coordinación represiva de las fuerzas armadas latinoamericanas desde su emergencia hasta su disolución, que tuvo lugar, casualmente, en 1991, un año antes del conocimiento público de los archivos del Plan Cóndor. Fue pionero en la denuncia (y hallazgo) de los niños desaparecidos, víctimas de la trama regional de la coordinación represiva. Dejó entre sus legados una de las primeras confecciones de listados de víctimas en Argentina y en Brasil que resultaron insumos claves para la posterior elaboración de los informes Nunca Más.
A diferencia de Brasil, Venezuela fue un país de destino tanto para refugiados como para exiliados políticos. Allí la confluencia de los comités de exiliados en torno a la figura del sacerdote Juan Vives Suriá dio lugar a la creación de Fundalatin, un organismo nacido también en 1978 pero en vigencia. Esta Fundación nacida de las entrañas del mundo católico pero sin un vínculo orgánico con la estructura eclesiástica, llegaría a ser órgano de consulta de las Naciones Unidas. Uno de sus legados más importantes fue creación de FEDEFAM, una federación latinoamericana de familiares de detenidos, desaparecidos y exiliados políticos.
Ambos organismos, herederos de una larga tradición cristiana de asistencia a los migrantes, reconvirtieron esa experticia pastoral en formas de acción política (humanitaria). En ese proceso, formularon desde sus inicios la necesidad de construir una articulación regional en materia de derechos humanos para hacer frente a la integración regional de las dictaduras latinoamericanas en torno a la Doctrina de Seguridad Nacional. Partiendo de una noción de derechos humanos reñida con la formulación liberal-norteamericana, sus apuestas regionales se valieron de las infraestructuras del mundo religioso, tanto en materia de redes, financiamiento como en la búsqueda de apoyos e influencias. Esas iniciativas fracasaron o encontraron límites cuando, recurriendo a viejas formas de presión religiosa hacia el Estado, estaban orientadas a la transformación o el compromiso de esos Estados en el corto plazo. Tal fue el caso de la cuestión de los refugiados políticos en Brasil y del compromiso de los presidentes en la región andina. En cambio, tuvieron mejores resultados cuando orientaron sus esfuerzos haciendo enlaces con movimientos societales y apostando por la internacionalización de demandas regionales, contra los Estados autoritarios.
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Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Se desempeña como docente de Historia Social Argentina e Historia Social Latinoamericana en cursos de grado y posgrado en la UBA. Se ha especializado en el estudio de la relación entre catolicismos, dictaduras y memorias en Argentina y América Latina. Actualmente, y en continuidad con sus trabajos anteriores, se dedica a investigar la trama religiosa de las redes humanitarias y los activismos trasnacionales en la región desde los años setenta hasta la actualidad. mscatoggio@gmail.com.
De acuerdo con el testimonio de L. Franco, a pesar de que Brasil solo concedía refugio temporal a los sudamericanos, eso les permitía acudir en ese lapso de tiempo a la oficina de ACNUR con sede en Río de Janeiro y, una vez, que la persona adquiría el estatuto de refugiado, ACNUR iniciaba las gestiones de reasentamiento (ver Taiana, 2007: 103-112). Esta tarea fue parte de una acción coordinada con el arzobispo de Río de Janeiro, Eugenio Sales, fundamentalmente, a través de la comisión de Justicia y Paz y Cáritas diocesana (ver Viz Quadrat, 2008). Estas organizaciones realizaron un trabajo conjunto con CLAMOR tanto en lo relativo a la asistencia de los refugiados como de aquellos exiliados políticos que, sin tener tal estatuto, optaron por quedarse en Brasil.
Esta iniciativa era acompañada por sectores del espectro político paulista, como el diputado Eduardo Suplicy, elegido en 1978 diputado estatal del Movimiento Democrático Brasileño, impulsor en la Asamblea Legislativa de una moción a favor de la acogida de extranjeros, especialmente latinoamericanos (ver Clamor, Año II, Nº 8, diciembre de 1979, p. 17).
Esta presencia de los Gobiernos militares en los foros internacionales de derechos humanos es parte fundamental del argumento de Sikkink (2008) para comprender porque las presiones internacionales son efectivas en el largo plazo. De acuerdo con su perspectiva, a diferencia de otros casos, como el de Guatemala, se trata de Estados interesados por formar parte de los consensos globales y preocupados por no convertirse en “parias” del orden global.
Jaime Roldós Aguilera gobernó el país por un año, nueve meses y unos pocos días entre el 10 de agosto de 1979 y el 24 de mayo de 1981 cuando fue víctima de un accidente en condiciones que no han sido esclarecidas. Existen al respecto algunas hipótesis que establecen que se trató de un atentado con colaboración de la CIA.
Sus padres Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Grisonas de Julien eran uruguayos, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, vivían en Buenos Aires cuando fueron secuestrados por fuerzas de seguridad argentinas en octubre de 1976. Sus niños, Anatole y Eva Lucía Victoria, fueron víctimas del mismo operativo represivo. La localización de las criaturas gracias a un vasto operativo impulsado por Clamor generó un enorme impacto y fue el inicio de un sinnúmero de campañas internacionales por los niños desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur (ver Catoggio, 2014).
Grupos de madres de desaparecidos existen en México, El Salvador, Turkia, Algeria, Bosnia, Sri Lanca, Líbano, Chenia, Sur Korea, Tailandia, Filipinas, entre otros (ver Sikkink, 2008: 24).
Ver Testimonio de T. Jara de Cabezas, Juicio a las Juntas Militares, 24 de julio de 1985. Disponible en http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/testimon/jaradecab_24jul85.htm y “El fotógrafo de Para Ti que retrató a la mujer secuestrada en la ESMA”, en Infojus Noticias, 2 de diciembre de 2013. Disponible en www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-fotografo-de-para-ti-que-retrato-a-la-mujer-secuestrada-en-la-esma-2453.html
En 1987, Juan Vivés Suriá obtendrá el premio Mensajero de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como reconocimiento a su trayectoria.
Hubo que esperar que el catolicismo nacional llegara a Roma, con la elección del Papa Francisco para que el episcopado local tomara un compromiso público con Abuelas de Plaza de Mayo. Ver Tiempo Argentino, “La iglesia se comprometió a colaborar con las Abuelas”, 11/9/2014. Disponible en: http://tiempo.infonews.com/nota/132263. Este hecho, que merece un análisis más profundo, nos permite aquí vislumbrar los vaivenes y alcances de la dinámica de la espiral.