Problematizar el problema
Apuntes para complejizar el abordaje de la inseguridad en la dimensión pública
Por Santiago Galar1
El objetivo del artículo es complejizar la constitución de la inseguridad como problema público transitando dos caminos complementarios. Por un lado, caracterizamos procesos que posibilitaron la reconfiguración de la cuestión delictiva en el problema público de la inseguridad. Por otro lado, reparamos en la articulación simbólica entre la inscripción nacional del problema y las dinámicas locales habilitadas a partir de la ocurrencia de casos conmocionantes. Con estos fines recuperamos analíticamente investigaciones que desde las ciencias sociales repararon en diversas aristas del fenómeno. Además, en una segunda instancia, reconstruimos en el registro de la acción pública cuatro crímenes conmocionantes acaecidos en capitales provinciales. El estudio permite indagar en torno a las condiciones requeridas para la configuración de este problema público y visualizar procesos de contextualización de las definiciones nacionales sobre la inseguridad.
Palabras Clave. Inseguridad; Delito; Problema público; Espacio público; Casos conmocionantes.
The purpose of the article is to approach in complex terms the constitution of insecurity as a public problem through two complementary ways. On the one hand, we characterize processes that enabled the reconfiguration of the criminal matter in the public problem of insecurity. On the other hand, we notice the symbolic articulation between the national inscription of the problem and local dynamics enabled from the occurrence of shocking murderers. For these purposes we recovered research that reflected on various aspects of the phenomenon. In addition, we reconstruct in the register of public action four cases that occurred in provincial capitals. The study allows to inquire into the conditions required for the configuration of this public problem and visualize contextualization processes of national definitions of insecurity.
Key words. Crime; Public problem; Public space; Shocking cases.
Recibido: 18/8/2016
Aceptado: 11/10/2016
En las últimas décadas la inseguridad acumuló legitimidad hasta volverse un tema capaz de sostener la atención de audiencias y de permanecer en la agenda en un lugar destacado, adquiriendo el estatuto de problema público. Esta configuración como problema suele presentarse en el discurso público como una respuesta lógica frente al aumento de los delitos registrados desde la recuperación democrática y al engrosamiento de las estadísticas de víctimas fatales. La inseguridad se configura además como un problema fuertemente formateado por la influencia de actores, categorías y acontecimientos presentes en un registro nacional del espacio público. En sintonía, las indagaciones realizadas desde las ciencias sociales suelen abordar a la inseguridad en este registro nacionalizado.
En el presente artículo proponemos abordar la configuración de la inseguridad como problema público complejizando ambos puntos de partida. Por un lado, articulamos procesos que desandan la difundida tesis según la cual la emergencia de la inseguridad constituye una consecuencia de una situación objetiva. Con este propósito articulamos analíticamente aportes de producciones que desde las ciencias sociales repararon en la dimensión pública de la inseguridad. Por otro lado, planteamos la diversidad que subyace a la definición nacional de la inseguridad a partir de la reconstrucción de aspectos de la discusión pública suscitada alrededor de crímenes conmocionantes ocurridos en capitales provinciales, concretamente en La Plata y Mendoza.2 Para esto realizamos un exhaustivo registro de prensa gráfica y sostuvimos entrevistas en profundidad con actores significativos.3 La variedad y cantidad de fuentes responde a nuestro interés por dar cuenta de la diversidad de intervenciones de los actores en el registro público, así como el sentido que otorgan a sus acciones.4 Mediante estos recursos pretendemos recuperar la compleja gama de procesos sociales puestos en juego en cada contexto mediante diferentes instancias de interpretación directa de los datos y a través de procesos de agregación, de construcción de categorías, estableciendo correspondencias y definiendo recurrencias.
En relación con los supuestos teórico-metodológicos que subyacen a esta investigación cabe realizar dos consideraciones. En primer lugar, que utilizamos a la prensa como fuente destacada porque, pese a sus limitaciones y sesgos, posibilita acceder al más amplio registro de la acción pública, dimensión conformada por la interacción entre actores, instituciones y grupos que, al intervenir en cooperación y tensión, habilitan la dimensión de lo público. En segundo lugar, que reparamos en crímenes con alta resonancia porque, antes que enfrentarnos a un problema pre-constituido por parte de los medios de comunicación, se conforman como coyunturas caracterizadas por disputas en torno a los sentidos otorgados a los hechos por parte de los actores que participan del debate público.
Finalmente, en relación con la selección de los casos cabe plantear otras consideraciones pertinentes. Fueron criterios para la selección de La Plata y Mendoza la variación (el alejamiento de las ciudades entre sí y sus vinculaciones diferenciadas con la Capital Federal, usina de representaciones de nacionales), la factibilidad (posibilidades de desarrollo de trabajo de campo) y la escala (el tratarse de grandes conglomerados urbanos, foco de nuestro interés). En la construcción del objeto operó además una selección de segundo orden en relación con los casos reconstruidos. En términos operativos, consideramos que una muerte se constituyó como caso conmocionante si focalizó la atención pública y obtuvo tratamiento por parte de la acción pública. En términos concretos, seleccionamos los casos de un mapeo de muertes violentas asociadas por las voces públicas al problema de la inseguridad, ponderando la variedad e importancia de la productividad política habilitada por los casos.
Proponemos entonces avanzar en dos direcciones, tanto hacia una recuperación analítica de la producción realizada desde las ciencias sociales, con ánimo de relacionar procesos e historizarlos, como hacia la exploración de un terreno poco transitado por estas mismas investigaciones, el de la articulación entre la inscripción nacional del problema de la inseguridad y la dinámica local de los casos conmocionantes.
Existe consenso en la teoría social contemporánea sobre la existencia de un espacio considerado público. Por detrás de este consenso, sin embargo, conviven diferentes caracterizaciones con diversas implicancias teóricas y metodológicas (Rabotnikof, 2005). Entendemos al espacio público como el punto de intersección entre diversos campos sociales comprendido por acciones realizadas para ser vistas y oídas (François y Neveu, 1999). Esta definición, en sintonía con los planteos pragmatistas, enfatiza tanto la configuración de públicos como los modos que estos legitiman y en los cuales disputan la posibilidad de ser vistos y oídos. El carácter público de un acontecimiento entra en el registro de la acción pública, concebida como toda experiencia realizada para ser vista y oída, que moviliza referencias al bien común y es conformada por la interacción entre actores, instituciones y prácticas (Schillagi, 2011).
Abordar a la inseguridad como un problema público implica suponer el uso de la categoría para la definición de una situación como problemática y la configuración de públicos a su alrededor en demanda de soluciones (Pereyra, 2013). Se trata además de un problema estabilizado en tanto los debates que suscita sobrepasan el nivel de la controversia y su existencia como demanda deja de ser materia opinable. Por lo demás, el carácter estable de un problema, antes que señalar la ausencia de disputas públicas, refiere a su configuración como un espacio común organizado a partir de determinadas categorías.
Es un consenso teórico actual que los problemas públicos no constituyen una derivación natural de condiciones objetivas. Sin embargo, con miras a evitar caer en un constructivismo extremo, coincidimos con Kessler (2014) en la necesidad de contemplar al sustento estructural de los problemas. Entendemos que para que un problema público se constituya como tal deben manifestarse experiencias sociales, malestares colectivos o eventos estructurales que soporten una preocupación compartida. En este sentido, Castel (2003) asocia la preocupación renovada en torno al delito con el desarrollo en una escala occidental de un nuevo patrón de sensibilidades colectivas. Garland (2005), en esta dirección, refiere a una “nueva experiencia” del delito, un tejido que entrelaza sensibilidades colectivas y términos que la representan públicamente. Acompañando este proceso, en la segunda parte del siglo veinte, se produjo en nuestro país un ciclo expansivo del delito que implicó una triplicación de las tasas de criminalidad nacional.5 Ahora bien, para entender la emergencia de la inseguridad, además de este sustento estructural, es necesario plantear otros procesos que confluyeron en su configuración problemática.
Destacamos la acción que desde los años noventa sostienen políticos y periodistas que, según Lorenc Valcarce (2009), conforman un circuito de legitimación del problema. La inseguridad posee para el autor dos modos típicos de aparición pública que ayudaron a su configuración problemática. Un modo rutinario, por un lado, que involucra a actores públicos ocupados cotidianamente del tema y que redunda en la elaboración de representaciones sobre la inseguridad. Un modo extraordinario, por otro lado, en el que intervienen actores que tratan el tema intermitentemente y que contribuye a ubicar a la inseguridad en el centro de la escena pública. Este modo extraordinario se asocia con la producción de casos de alta visibilidad pública que, al concentrar la atención, contribuyen a reactualizar las preocupaciones colectivas por la inseguridad. Para Sozzo (2014), en esta dirección, el proceso de emergencia de la inseguridad se conformó en los años noventa recubierto por un “aura de crisis”.
Los actores mediáticos, además, cambiaron en las últimas décadas las maneras de relatar el delito. Los medios nacionales abandonaron el relato de casos atípicos para utilizar una noción de inseguridad constante ilustrada por casos que confirman su omnipresencia (Kessler, 2007). Asimismo, los actores mediáticos, incluyendo a la prensa usualmente considerada “seria”, otorgaron cada vez mayor espacio a la noticia policial: los noticieros incluyeron “el saldo diario de la inseguridad” y los diarios secciones especializadas fijas, ubicando frecuentemente al tema en sus tapas. En términos de estilo se consolidó una cobertura asentada en la solidaridad emocional con las víctimas, un relato narrativo y microsocial de los hechos, un formato denuncista y el “descubrimiento” recurrente de “olas delictivas” (Focás y Galar, 2016).
Un elemento importante, causa y resultado del proceso que describimos, fue el carácter público que adquirió la seguridad. Según Lorenc Valcarce (2005), el tratamiento de la temática delictiva solía limitarse a las jerarquías policiales, sectores de la justicia y comisiones legislativas. Estos actores conformaban una red de políticas públicas poco visible en la cual las tensiones se dirimían de espaldas al público. La irrupción pública de las víctimas, expertos y activistas favoreció que el tema deviniera un asunto de fuerte visibilidad. Al comenzar el proceso, los actores sustentaron sus posicionamientos públicos en dos visiones contrapuestas sobre la solución política del problema: una perspectiva policialista, ligada a la “mano dura”, y otra “garantista”, relacionada con la mejora de indicadores sociales. En tensión con estos planteos, recientes investigaciones evidenciaron la circulación de posicionamientos híbridos, permaneciendo la dicotomía entre “mano dura” y “garantismo” como referencia para los actores en el debate público (Galar, 2017).
La consolidación de la preocupación por el delito impactó en el campo de los saberes especializados, las orientaciones del conocimiento experto y el mercado de insumos simbólicos para la política pública (Galeano, 2005). La pérdida del monopolio del conocimiento especializado por parte de las agencias policiales fue acompañada por la emergencia de expertos e instituciones abocadas a indagar sobre el tema. Es notable, en esta línea, el aumento del interés desde las ciencias sociales por la cuestión delictiva plasmada en la proliferación de proyectos académicos, grupos de investigación y publicaciones especializadas (Barreneche y Oyhandy, 2012). Este interés, además de contribuir a la renovación de la agenda de investigación, posibilitó la emergencia de la inseguridad: los “expertos”, antes que meros interpretadores, colaboran a la configuración del problema mediante sus intervenciones públicas.
Los cambios en el sentimiento de inseguridad identificados por Kessler (2009) aportan otros elementos para la comprensión de la emergencia del problema. Por un lado, el autor da cuenta de cambios en los alcances del temor, que al generalizarse a casi toda la población posibilitó el ingreso del tema a la agenda pública. Por otro lado, señala cambios en las figuras de lo amenazante, no centradas ya en “la mano de obra desocupada” de la transición democrática sino en la imagen de “los pibes chorros”, actores destacados de la crisis social de los años noventa. Al asumir estas características, según el autor, el sentimiento de inseguridad se expandió como preocupación en diferentes sectores sociales y centros urbanos.
Un factor que posibilitó la emergencia del problema fue la irrupción pública de los activistas en demanda de seguridad. Las primeras acciones colectivas por seguridad ocurrieron a fines de los noventa, convocadas por actores afectados de manera más o menos directa, sin obtener gran impacto público (Galar, 2017). Fue con la estabilización de la inseguridad como problema, luego de superada la crisis de 2001, que surgió con fuerza el activismo de las víctimas. El punto de mayor visibilidad fue el caso Blumberg, como se conoce al asesinato del joven Axel Blumberg ocurrido en 2004 en el marco de una “ola de secuestros extorsivos”. El padre del joven, Juan Carlos Blumberg, convocó a una cruzada nacional en reclamo del endurecimiento de las leyes penales que resultó inédita por su masividad y repercusiones políticas. Desde entonces la demanda de seguridad se volvió regular no sólo en la zona metropolitana sino también en las provincias, evidenciando la potencia que adquirió esta preocupación en todo el país.
La inseguridad quedó instalada como un esquema de percepción que permite agrupar en su seno hechos disímiles y con diferentes relaciones con lo delictivo (Galar, 2017). Siguiendo a Kessler (2009), en la actualidad el problema se define por la aleatoriedad del peligro (que puede abatirse sobre cualquiera), la deslocalización del riesgo (que no reconoce zonas “seguras”) y cierta desidentificación de las figuras que generan temor (que no se diferencian con certeza de figuras “no riesgosas”). La inseguridad, según el autor, se configuró como un fenómeno que decantó hacia un sentido que lo liga a un estado de indefensión y lo despoja de precisiones, como un problema que se nutre de imágenes nostálgicas de un pasado en el cual el riesgo parece no haber existido.
El primer caso es el asesinato de Susana Cruz de Rubino ocurrido en 2005 en la Quinta Sección, un barrio residencial de Mendoza. Tres sujetos atacaron a la mujer en la vereda de su casa en el contexto de un intento de robo. Los actores locales configuraron una crisis política inmediata a instancias del crimen, a días de que el gobernador Julio Cobos resultara triunfante en las elecciones legislativas. Los vecinos de la víctima realizaron protestas frente a la residencia del gobernador, ubicada en el barrio contiguo. El ministro de seguridad, por su parte, renunció al cargo. El gobernador anunció cambios que desandaban aspectos de la reforma de seguridad de 19986, hasta entonces considerada “política de Estado”. El intendente reaccionó frente al crimen con diversas medidas, entre ellas el desmantelamiento de la Policía Comunitaria. El caso sería recordado como “el crimen de la Quinta”.
Referimos, en segundo lugar, al asesinato de Laura Abonassar ocurrido en 2007 en el barrio Villanueva del distrito mendocino de Godoy Cruz. Abonassar fue atacada con un arma de fuego cuando tres sujetos intentaron robarle el vehículo en el cual se trasladaba junto a su hija. Como derivación del caso, desbordando los canales institucionales, se constituyeron diversos colectivos reunidos por el reclamo de seguridad, organizaciones promovieron concurridas “marchas por la vida” y el viudo de la víctima se erigió como un influyente referente social, al punto de fundar una ONG para víctimas del delito.
En tercer lugar referimos a la “masacre policial”, el asesinato de tres agentes que custodiaban la planta de comunicaciones de la policía bonaerense en un barrio rural de La Plata. El hecho ocurrió días antes de las elecciones presidenciales de octubre 2007. La intervención de actores de alto orden institucional, incluyendo al presidente y los/as candidatos/as a sucederlo, permitió que el caso deviniera tema de la campaña electoral. En términos generales, los actores en disputa sostuvieron dos conjuntos de causas para comprender al crimen: se trató de un hecho vinculado a la inseguridad o constituyó un mensaje mafioso. La “masacre policial” se caracterizó por la movilización de familiares en demanda de seguridad y de soluciones para los problemas de la comunidad policial.
Finalmente, el caso Píparo, desatado en 2010 como derivación de un asalto que terminó con la muerte del hijo aún en gestación de una joven embarazada que acababa de retirar dinero de un banco. El caso se nacionalizó rápidamente: los medios de comunicación realizaron una importante cobertura, los funcionarios políticos se trenzaron en disputas públicas y se articularon medidas para paliar la situación delictiva, en particular las “salideras bancarias”. El momento saliente, en este orden de cosas, fue la aprobación de una ley que dispuso condiciones a la actividad bancaria en todo el país. El caso suscitó la conformación de públicos movilizados en las calles de La Plata y en las redes sociales. Los familiares de las víctimas intervinieron en debates sobre la situación de seguridad, la responsabilidad política sobre el problema y la efectividad de la justicia.
Para Neveu y Quéré (1997) el caso trasciende la ocurrencia de un hecho inesperado, singular o irrepetible porque la noción misma de acontecimiento implica un devenir. En esta dirección, delimitamos para cada caso un momento crítico, usualmente cercano a la ocurrencia de la muerte, en el cual los actores intervienen productivamente renovando la agenda de la seguridad. Sin embargo, la clausura temporal de los casos alrededor de sus crisis resulta engañosa en tanto suelen ser posteriormente convocados por los actores, dando continuidad a su procesamiento público.
Reparamos entonces en la posibilidad de que los actores con capacidad de intervención pública, los propietarios del problema en los términos de Gusfield (2014), apelen a los casos una vez trascendidos los momentos críticos. Luego de la conmoción inicial asociada al caso Píparo, por ejemplo, los actores convocaron al evento en tres tipos de ocasiones. En primer lugar, frente a hechos asociados a la seguridad bancaria: robos a bancos, avances en el proceso de bancarización, debates por la reglamentación de la Ley que regula la actividad. Sobre este tipo de hechos los actores mencionan, entre otras cuestiones, que el instrumento legal fue “apurado por el impacto del caso Píparo”, “producto del caso Píparo” o “derivación del caso Píparo”. En segundo lugar, en el seguimiento del proceso que derivó en el juicio oral por el caso desarrollado en 2014. Finalmente, frente a eventos significativos vividos por la familia Píparo, como el robo sufrido en una de sus propiedades o el nacimiento de una hija. De esta manera, los actores continúan el procesamiento público de los casos y periódicamente los proyectan hasta su tiempo presente.
En esta línea, es de destacar la apelación a casos locales pasados en el contexto de la configuración de muertes violentas como acontecimientos. El “crimen de la Quinta”, en este sentido, fue recuperado años después de su ocurrencia a colación de la crisis producida a partir del asesinato de Laura Abonassar. El diario Los Andes, por ejemplo, equiparó las muertes de las mujeres al afirmar que “ambas fueron asesinadas por delincuentes que las interceptaron en la puerta de sus casas, les robaron, las tiraron a la acequia y les dieron un disparo mortal a la vista de sus hijos” (Los Andes, 29/07/2007). Los actores, en términos generales, retomaron en el tratamiento público al “crimen de la Quinta” como un antecedente directo de muerte resonante local.
Los actores recuperan además casos en tiempo presente para la reconstrucción de casos pasados a los que asimilan en alguna de sus características, como que familiares de las víctimas hayan devenido activistas o que actores políticos promovieran medidas extraordinarias en nombre de la seguridad. Esta variante se manifestó claramente cuando al momento de reconstruir el caso Abonassar los entrevistados convocaron diversas instancias vinculadas al denominado caso Quiroga7, un asesinato a partir del cual se agenciaron públicos durante la etapa de realización del trabajo de campo.
En definitiva, los actores convocaron casos en tiempo pasado (“crimen de la Quinta”) para definir casos en tiempo presente (caso Abonassar), así como casos en tiempo presente (caso Quiroga) para definir casos pasados (caso Abonassar). Pero, además, resulta significativa la utilización de casos nacionalizados para la interpretación de casos locales. En este sentido, los entrevistados mendocinos refirieron recurrentemente al (nacionalizado) caso Blumberg, al que mencionamos más arriba, para referenciar elementos del caso Abonassar. Los informantes definieron al esposo de la víctima como “una especie de Blumberg local” para enfatizar su representatividad en torno a la demanda de seguridad. También describieron con ideas como “leyes Blumberg” o “clima Blumberg” a la producción de leyes vinculadas a la seguridad, al contexto social en que se aprobó esta legislación y al efecto dinámico de la aceleración de los tiempos políticos resultante. En el ámbito de esta reflexión escalar, finalmente, cabe plantear una restricción lógica por la cual casos nacionalizados pueden ser retomados para definir casos locales pero no lo contrario, en tanto es imposible apelar a un fenómeno que se desconoce.
Referimos al carácter paradigmático de los casos para señalar la posibilidad de que los actores utilicen acontecimientos vinculados a muertes violentas en las definiciones de otras muertes, sea como modelos esquemáticos o ejemplos concretos. Los actores refieren a los casos a partir de categorías más o menos estabilizadas que funcionan como maneras sintéticas de describirlos. Estas categorías, por lo demás, no evidencian significados unívocos en tanto los actores ejercen interpretaciones, valoraciones, apropiaciones.
Los relatos o narraciones constituyen elementos que colaboran a la estabilización de los problemas públicos en tanto los dotan de legitimidad y marcan el rumbo de las intervenciones de los actores involucrados (Pereyra, 2013). La estabilización de un relato, cabe destacar, depende de sus condiciones de recepción por lo que escapa a las posibilidades e intenciones de los enunciadores. Nuestro planteo parte de la existencia de una narración sobre la inseguridad estructurada, en gran medida aceptada, que circula en términos de la sociedad nacional. Afirmamos más arriba, en relación con los hallazgos de Kessler (2009), que las definiciones asociadas a la inseguridad refieren a un riesgo omnipresente que se tensiona con memorias acerca de un pasado supuestamente seguro. A estas definiciones es posible agregar otros sentidos de extendida circulación social, como el carácter “real” de la inseguridad (contrapuesto a la idea de “sensación” supuestamente promovida desde las esferas políticas) o la “impunidad” de los delincuentes, particularmente de “los menores”, ilustrada con la metáfora de la “puerta giratoria” (Galar, 2017). Entendemos a la articulación de este tipo de definiciones compartidas como una narración sobre la inseguridad con arraigo en el sentido común en el registro de la sociedad nacional.
Plantear la existencia de una narración compartida sobre la inseguridad no implica afirmar que estos relatos circulen en los mismos términos por los espacios públicos locales. Tomemos como ejemplo a la definición de la situación de seguridad en proceso de constante degradación manifestada en los casos analizados. En los casos ocurridos en Mendoza este tipo de caracterizaciones se enfocan más en el contexto barrial que en el de la ciudad. Más concretamente, los barrios otrora “residenciales” o “tranquilos”, la Quinta Sección de la capital y Villanueva en Godoy Cruz, son definidos como “peligrosos”.8 En los casos ocurridos en La Plata, por su parte, el discurso general, más que “zonas peligrosas”, destaca un riesgo evidente en lugares particularmente protegidos: un banco custodiado por cámaras y policías ubicado en el centro comercial y una propiedad de la policía vigilada por agentes armados asentada en un barrio rural.9 En ambos espacios públicos conformados a colación de los crímenes se evidencia una preocupación anclada en la deslocalización del peligro, pero en esta lectura compartida se presentan matices.
El análisis de los casos permitió identificar marcas locales que visibilizan modos de contextualización del relato nacional de la inseguridad. En Mendoza, por ejemplo, los actores convocaron recurrentemente a la Reforma de seguridad de 1998: manifestantes organizados contaban muertes “desde la reforma de la política de seguridad”10, el gobernador manifestó su intención de “reformar la Reforma” (Los Andes, 02/11/2005) y legisladores opositores acusaron al elenco gobernante por su “contrarreformismo” (Los Andes, 03/11/2005). Los actores se valieron de la Reforma como un eje organizador de la discusión pública y de los actores intervinientes en la misma. También fueron relevantes actores, casos y procesos vinculados a la violencia institucional. Entre los actores movilizados se encontraban familiares de víctimas de “gatillo fácil” cuya intervención habilitó disputas entre los activistas que demandaban seguridad. Fue asimismo evidente el protagonismo del reconocido activista Luis Bordón, padre de Sebastián, asesinado por policías provinciales en 1997. Además, ocurrieron durante la coyuntura hechos de represión policial que comprometieron la estabilidad de la gestión política. También marcaron el ritmo de la agenda de la seguridad local cuestiones asociadas a la situación carcelaria, como la llegada de miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales con miras a frenar una ley, derivación del caso Abonassar, que buscaba limitar las excarcelaciones. Asimismo, los actores otorgaron atención pública a un grupo de abogados activistas de derechos humanos con recurrente participación en la arena mediática. Estos abogados fueron responsabilizados por la inseguridad por parte de sectores políticos y mediáticos y sufrieron intimidaciones en la vía pública, en sus estudios jurídicos y domicilios. Finalmente, el análisis evidenció la activa intervención pública de referentes de la iglesia católica, circulando documentos en los que explicitaban sus posicionamientos, dedicando homilías al tema, participando de manifestaciones y mediando en el debate entre los actores locales.
En los procesos ocurridos en La Plata también pueden visualizarse elementos que brindan indicios de inscripción del marco nacional a la situación local. Ante la “masacre policial” los actores apelaron a valoraciones sobre las gestiones en la cartera de Seguridad de León Arslanián (1998-1999/2004-2007), las reformas policiales sostenidas y los procesos de depuración del personal. Tanto en el caso Píparo como en la “masacre policial” los propietarios políticos señalaron explícitamente responsabilidades de “la justicia” como institución y de funcionarios judiciales concretos.11 Más aún, en ambas coyunturas actores políticos y judiciales participaron de disputas que incluyeron posicionamientos sobre la situación de seguridad, las investigaciones judiciales y el cumplimiento de las condenas.12 Además, actores colectivos sindicales, como la Asociación de Trabajadores del Estado y La Bancaria, se involucraron públicamente en torno a los casos, organizando manifestaciones y planteando soluciones al problema.
Actores, eventos y procesos de la vida política y social local influyeron en las formas en que los actores se constituyeron y constituyeron el espacio público a colación de los crímenes en cuestión. En el procesamiento público de las muertes visualizamos confluencias, tensiones y adaptaciones entre la definición nacional y la lectura local de la inseguridad. Denominamos tramas de sentidos al resultado de estas dos presiones que realizan los actores, la presión hacia la contextualización en términos de actores, eventos y procesos locales significativos y la presión hacia la nacionalización en términos de la narración sobre la inseguridad. Esta dimensión nacional del problema es procesada en la experiencia pública local, conformándose en cada contexto significados originales que dan lugar a combinaciones específicas.
Es necesario señalar, sin embargo, que la presión hacia la nacionalización no es de ningún modo marginal, de hecho la definición sobre la inseguridad se manifestó en términos similares en los diferentes contextos. El relato nacional del problema ofrece poderosas categorías, actores y eventos que se trasmiten por diversas vías, principalmente a través de los actores que conforman las arenas políticas y mediáticas nacionales. En adición, otra vía de conexión son las categorías jurídicas dispuestas por actores federales, en tanto es en el registro de la legislación nacional que se denominan delitos y establecen castigos.
Propusimos primeramente identificar procesos que discuten con la difundida tesis según la cual la emergencia de la inseguridad como problema público es una derivación evidente de una situación objetiva. Sintetizamos aportes de investigaciones locales que permitieron indagar en torno a las condiciones requeridas para que la situación delictiva, un tema que suscita preocupación social, se haya configurado como un problema de carácter público: la inseguridad. Simultáneamente destacamos el sustento estructural que requiere la constitución de un problema público, evitando de esta manera recaer en un constructivismo extremo que limite la comprensión de un fenómeno complejo. En este sentido, entendemos que el aumento de las tasas de ilícitos y el afianzamiento de nuevas sensibilidades colectivas fueron fundamentales en la sinergia que posibilitó la constitución del problema.
Partimos asimismo de considerar que las particularidades del enfoque de los problemas públicos en combinación con el carácter metropolitano-centrista de la agenda de investigación fomentaron el análisis de la inseguridad en una dimensión nacional de la sociedad. Frente a esta situación, reconociendo al bagaje conceptual y los hallazgos empíricos del campo de estudios, nos interesamos en representaciones y narraciones que se organizan para definir a la inseguridad en espacios públicos locales.
El análisis permitió acceder a manifestaciones sobre la contextualización de definiciones nacionales, en particular sobre dos procesos que suscitaron nuestra atención. Por un lado, referimos al carácter paradigmático de los casos asociados a muertes violentas al atender a su constitución como recursos disponibles para la definición de otras muertes presentes y pasadas. Además de esta variación temporal, atendimos a la dimensión escalar que se entrevé en las diferentes posibilidades paradigmáticas de casos “locales” y “nacionalizados”. Por otro lado, visibilizamos tramas de sentidos que son resultado de la apelación de los actores a la construcción nacional de la inseguridad para la comprensión de crímenes resonantes y el simultáneo procesamiento de esta construcción nacional (y nacionalizante) en términos locales. Estos ejercicios de recuperación dan cuenta de la apelación por parte de los actores tanto a elementos configurados en el ámbito nacional como a actores, eventos y procesos localmente significativos.
Además de institucionalizarse a través de leyes, organizaciones sociales y no gubernamentales, programas y medidas de gobierno, la inseguridad, como todo problema público, se estabiliza a través de relatos que se procesan y estructuran como narraciones verídicas. La posibilidad de dar cuenta de procesos que habilitaron la constitución pública de la inseguridad como problema y la identificación de modos de contextualización del relato general sobre la inseguridad ofrecen claves para avanzar en la comprensión de estas narraciones compartidas que, al mismo tiempo que definen causas y soluciones de la situación, colaboran con la tarea de legitimar su estatuto de problema público.
Barreneche, Osvaldo y Oyhandy, Ángela (2012), “Introducción”, en: Leyes, justicias e instituciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires (Siglos XIX a XXI). La Plata, Edulp, pp. 7-30.
Castel, Robert (2003). La inseguridad social. Buenos Aires, Manantial.
Dammert, Lucía (2007). Perspectivas y dilemas de la seguridad ciudadana en América Latina. Quito, FLACSO y Quito Alcaldía Metropolitana.
Focás, Brenda y Galar, Santiago (2016). “Inseguridad y Medios de comunicación. Prácticas periodísticas y conformación de públicos para el delito en Argentina (2010-2015)”, Delito y Sociedad, N°41, pp.59-76.
François, Bastien y Neveu Érik (1999). Espaces publics mosaïques. Acteurs, arènes et rhétoriques des débats publics contemporains. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Galar, Santiago (2017). Mediaciones para la muerte violenta. Un estudio sobre casos de inseguridad en las provincias. La Plata, EDULP (en prensa).
Galeano, Diego (2005). “Gobernando la seguridad: entre políticos y expertos”, en Kaminsky Gregorio (comp.): Tiempos inclementes: culturas policiales y seguridad ciudadana. Buenos Aires, Ediciones de la UNLa, pp. 91-124.
Garland, David (2005). La cultura del control. Barcelona, Gedisa.
Gusfield, Joseph (2014). La cultura de los problemas públicos. El mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Kessler, Gabriel (2007). “Miedo al crimen. Representaciones colectivas, comportamientos individuales y acciones públicas", en Isla, Alejandro (comp.): En los márgenes de la ley. Inseguridad y violencia en el cono sur. Buenos Aires, Paidós, pp. 69-100.
Kessler, Gabriel (2009). El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Kessler, Gabriel (2014). Controversias sobre la desigualdad en Argentina. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Lorenc Valcarce, Federico (2009). “Orden, derechos y delitos. La inseguridad en la agenda pública argentina”, El Príncipe. Revista de Ciencia Política, 2009, pp. 83-107.
Lorenc Valcarce, Federico (2005). “La sociología de los problemas públicos, una perspectiva crítica para el estudio de las relaciones entre la sociedad y la política”, Nómadas. Revista de Ciencias Sociales y jurídicas, N°12, pp.141-150, disponible online: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18101210.
Míguez, Daniel e Isla, Alejandro (2010). Entre la inseguridad y el temor. Instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires, Paidós.
Néveu, Erik y Quéré, Louis (1997). “The age of events. The spume of history or an information-frame?”, Réseaux, Vol.5, N°1, pp. 9-25.
Pereyra, Sebastián (2013). Política y transparencia. La corrupción como problema público. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Rabotnikof, Nora (2005). En busca de un lugar común: el espacio público en la teoría política contemporánea. México, UNAM y Filosofía contemporánea.
Schillagi, Carolina (2011). “Problemas públicos, casos resonantes y escándalos. Algunos elementos para una discusión teórica”, Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Vol.10, N°30, pp. 245-266, disponible online: https://polis.revues.org/2277?lang=en.
Sozzo, Máximo (2014). “Delito común, inseguridad y respuestas estatales. Inercia e innovación durante la década kirchnerista a nivel nacional en la Argentina”, Cuestiones de Sociología, N°10, disponible online: http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/.
Licenciado en Sociología (UNLP) y Doctor en Ciencias Sociales (UNLP). Investigador en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS / UNLP-CONICET). Profesor del Departamento de Sociología (FAHCE-UNLP) y de la Maestría en Ciencias Sociales (FAHCE-UNLP). santiago_galar@hotmail.com
La primera es el principal centro político y administrativo de la provincia de Buenos Aires, de la cual es capital. La Plata se ubica a 56 kilómetros al sudeste de la Ciudad de Buenos Aires y tiene 574.369 habitantes (2010). Mendoza es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre. La ciudad posee 114.822 habitantes (2010) que unidos a los de su área metropolitana, el Gran Mendoza, se elevan a 848.660, lo que la convierte en el cuarto aglomerado poblacional del país.
Para los casos ocurridos en La Plata el corpus es de 1.117 ítems en prensa provincial (principalmente los diarios El Día, Diagonales y Hoy) y 3 entrevistas en profundidad. Para los casos ocurridos en Mendoza el corpus es de 667 ítems en prensa provincial (principalmente los diarios Los Andes, Sol y Mendoza Online) y 15 entrevistas en profundidad con informantes clave.
La importante cantidad de fuentes responde a que el recorte de los casos trasciende a las crisis vinculadas a los crímenes para incorporar su despliegue público hasta el año 2015. Los datos con los que trabajamos refieren a tres registros interrelacionados en el artículo: las acciones públicas de los actores, sus discursos públicos y los discursos sostenidos en entrevistas en el marco de la investigación.
Las estadísticas oficiales muestran rasgos inequívocos de una tendencia creciente de la violencia criminal en las últimas décadas en nuestro país, caracterizada por una triplicación de la criminalidad nacional (Dammert, 2007). Para un análisis sobre la evolución de este aumento según el tipo de ilícito, período considerado, provincia y tamaño de centro urbano ver Míguez e Isla, 2010.
Una inédita rebelión policial sostenida en octubre de 1998 facilitó la sinergia de voluntades políticas necesaria para la realización de una reforma de las instituciones de seguridad. Los cambios centrales fueron la creación de un ministerio especializado y la reestructuración de la policía a través de su inserción en la estructura ministerial, la eliminación de la jefatura y la depuración del personal policial.
En marzo de 2012 el estudiante Matías Quiroga, de 21 años, fue asesinado durante un asalto a un camión blindado. Su padre, Osvaldo Quiroga, se convirtió en un referente de la demanda de seguridad al organizar marchas y motorizar el endurecimiento de leyes. Realizamos el trabajo de campo en Mendoza durante los meses de julio y agosto de 2012.
“La Sexta sección era una de las zonas más tranquilas de la ciudad y de las más demandadas para vivir, pero los agentes inmobiliarios aseguran que por la inseguridad esa tendencia se modificó” afirmaba, por ejemplo, Los Andes a colación de uno de los crímenes (Los Andes, 19/11/2006).
El padre de uno de los policías asesinados en la planta transmisora aseguró a la prensa que a su hijo “le habían dicho que si trabajaba ahí se jubilaba ahí, porque es todo tranquilidad, ese lugar es una paz” (El Día, 20/10/2007).
Los organizadores de las “marchas por la vida” utilizaron más de 1200 cruces de madera que “representan a las víctimas registradas en hechos delictivos desde la reforma de la política de seguridad” (Sol, 16/05/2007).
En el marco del caso Píparo, el gobernador Daniel Scioli descargó parte de la responsabilidad por la inseguridad en la justicia con declaraciones del tipo “la tarea que tenemos por delante es que las condenas se cumplan” o “está a la vista de todos cómo son atrapados y puestos a disposición de la justicia los delincuentes que llevan adelante estos episodios” (HOY, 06-10/08/2010).
En la coyuntura de la “masacre policial”, por ejemplo, el gobernador Felipe Solá se quejó de “las pocas ganas de llegar a la verdad de algunos jueces”. Ante las críticas, el juez interviniente desafió a Solá: “dejen trabajar en paz a la Justicia y metan presos a los que son culpables, inviertan toda la energía a aportar elementos necesarios para que vayan presos” (El Día, 30 y 31/10/2007).