La demanda de productos ilegales
Elementos para explicar los intercambios ilegales desde la perspectiva de la sociología económica
por Matías Dewey11. Sociólogo e in (…)
Actualmente, la investigación relativa a las economías ilegales enfrenta una pregunta crucial, a saber, ¿qué elementos permiten explicar que ciertos intercambios ilegales se expandan, se estabilicen o se contraigan? Planteado de otro modo, ¿qué factores explican que se expandan, se mantengan o decaigan los intercambios de, por ejemplo, drogas, seres humanos, ropa falsificada, armas u órganos? La importancia de esta pregunta se deriva de un sesgo recurrente cuya consecuencia es una apreciación incompleta del fenómeno. El sesgo, como explicaré a continuación, consiste esencialmente en no considerar a la demanda como elemento explicativo de la expansión, estabilidad o contracción de los intercambios ilegales. La consecuencia de esto es un énfasis exagerado en las “organizaciones criminales” como instancias que promueven las transacciones ilegales y una ocultación de la demanda como la verdadera creadora de oportunidades delictivas e incentivo real para que ciertos actores se organicen y cometan delitos. Esto no significa, desde luego, que las organizaciones delictivas carezcan de poder explicativo; pero sí significa que una consideración más exhaustiva de la demanda puede permitirnos esclarecer su vínculo con la oferta.
Hasta el momento, un conjunto de respuestas a estos interrogantes proviene de los trabajos que explican el delito empleando una perspectiva económica. Éstos tienden a explicar la preponderancia de los mercados ilegales refiriéndose al equilibro entre precio y cantidad. Tal equilibro se alcanza como resultado de la interacción entre productores y consumidores y sin intervención gubernamental (Bushway and Reuter 2008: 400). Según estos autores, en los mercados ilegales, la reacción hacia los precios se explica mediante el cálculo de los actores de “los costos y los beneficios de diferentes opciones, el grado de incertidumbre relativa a los costos y los beneficios, las consecuencias a largo plazo del incremento o disminución de la propia reputación, etc.” (van Duyne 1996: 203; Fiorentini and Peltzman 1997: 2-3)22. Asumiendo que (…) . El precio, desde esta perspectiva económica, es el mecanismo por el cual un mercado ilegal comienza a existir.
Un segundo conjunto de respuestas, que abrevan en este modelo económico básico, sitúan a las organizaciones criminales en el centro de la escena. De acuerdo a esta perspectiva, la preponderancia de los mercados ilegales debe ser analizada poniendo a las organizaciones criminales como puntos de referencia, incluyendo dimensiones como la penalización, la oportunidad criminal y la capacidad de las agencias encargadas para aplicar la ley. De tal manera, aludiendo a actores criminales más o menos organizados, estos estudios ven el éxito económico y logístico de las organizaciones delictivas como una explicación de la difusión de los mercados ilegales. Dando por descontado que las decisiones de los individuos – en el marco de los mercados ilegales – están motivadas por la maximización de utilidades y por el intento de eludir potenciales peligros tales como el encarcelamiento o daños físicos, el “ser exitoso” en este ámbito se refiere a dos habilidades. Primero, significa la organización apropiada de los delincuentes, así como la coordinación entre ellos. Segundo, alude al manejo exitoso de las relaciones con las agencias estatales. Un extenso cuerpo de literatura muestra que, en caso que la evasión del Estado no sea posible, las empresas ilegales deben ser capaces de influir en la política, los gobiernos y los medios de comunicación por medio del soborno. Estas acciones son las que les permitirán obtener protección y diferentes tipos de recursos. Considerando ambas líneas de investigación, la que trata el delito según el prisma de la economía y la que sitúa a las organizaciones delictivas como objeto principal, puede concluirse que el problema relativo a si los intercambios ilegales se expanden, estabilizan o contraen se resuelve aludiendo al equilibro de precios y cantidades, así como a las características de las organizaciones criminales.
Con algunas excepciones que señalaré más adelante, este artículo sostiene que actualmente la investigación sobre economías ilegales no ha tenido en cuenta a la demanda como explanans de la preponderancia de los mercados ilegales en la sociedad. Una breve revisión de la literatura existente revela que esta omisión es el resultado del modo en que el constructo “mercado ilegal” es definido. Por ejemplo, la literatura sobre intercambios económicos ilegales alude a los mercados ilegales como sinónimo de crimen organizado o como una categoría que, sin cuestionarlo, se deriva la actividad económica desarrollada por las organizaciones delictivas. Como éstas últimas realizan una actividad económica se supone que están inmersas en un mercado. En consecuencia, y más allá de un puñado de estudios (O’Malley and Mugford 1991; Bucerius 2007; Dwyer and Moore 2010; Sandberg 2012; von Lampe et al. 2015; 2016), existe un claro énfasis en el lado de la oferta (normalmente las ‘organizaciones criminales’), es decir, se transmite la idea de mercado ilegal en la cual tanto los intercambios de mercado como la demanda tienen una escasa o nula participación. Una manera adicional de invisibilizar el lado de la demanda es fusionando la ‘ilegalidad formal’ y la ‘legitimidad social’: si un producto o servicio es ilegal se colige que también son socialmente indeseables. Por ejemplo, luego de definir los mercados ilegales como “lugares dentro de los cuales se intercambian bienes y servicios cuya producción, venta o consumo están prohibidos o estrictamente regulados por una mayoría de estados nacionales o por legislaciones internacionales” Pino Arlacchi (2002: 203) afirma que el intercambio de tales productos “es concebido como una amenaza a la dignidad humana o al bienestar público”. Según esta perspectiva aquello que es formalmente legal también es socialmente ilegítimo, el foco se desplaza hacia las organizaciones criminales como causas de ese problema social. El lado de la demanda, mientras tanto, desempeña un rol reducido o nulo. Uno sólo necesita comparar la resonancia moral de dos productos ilegales como la pornografía infantil y la indumentaria falsificada para darse cuenta de la importancia de la distinción aludida previamente.
El objetivo del presente artículo es problematizar el lado de la demanda en los mercados ilegales y sostener que ésta es un componente crucial cuando se intenta explicar la preponderancia de los mercados ilegales. Más específicamente, argumentaré que existen tres dimensiones de la demanda que son particularmente relevantes para capturar variaciones en la manera en que los mercados ilegales se expanden o contraen. La primera dimensión se refiere a la legitimidad social de los productos y servicios ilegales, es decir, las creencias generalizadas que movilizan las preferencias de los consumidores. La segunda dimensión alude a diferentes tipos de instituciones informales que juegan un papel decisivo en la coordinación de las expectativas sociales entre los lados de la demanda y la oferta en los mercados ilegales. La tercera dimensión a tener en cuenta se refiere a las expectativas sociales, o a los imaginarios referidos a futuros personales, en los que ciertos objetos proporcionan acceso imaginario a beneficios materiales o simbólicos. En general, en el artículo se argumenta que la importancia de la demanda en los mercados ilegales podría explicarse aludiendo a estas dimensiones. Junto con las consideraciones morales vinculadas a los intercambios ilegales, las instituciones informales y las expectativas, estas dimensiones no sólo complementan el análisis de las organizaciones criminales, sino también permiten estudiar a los consumidores. El enfoque, por lo tanto, pone el acento en la acción humana que está social y culturalmente incrustada (embedded).
La estructura de este artículo es la siguiente. En la sección II, revisaré brevemente las definiciones existentes sobre los mercados ilegales y especificaré el papel de la demanda desde la perspectiva de la sociología económica. A continuación, el artículo alude a las tres dimensiones antes mencionadas, todas las cuales se consideran pertinentes para captar las variaciones en la prevalencia de los mercados ilegales. La sección III aborda la legitimidad de las mercancías y explora sus fuentes: el significado moral de las mercancías y las externalidades de su intercambio. La Sección IV pone de manifiesto las instituciones informales que ayudan a la coordinación interna de los intercambios de mercado. Finalmente, la sección V alude a expectativas sociales que facilitan la formación de preferencias.
Los mercados ilegales son arenas del intercambio voluntario de bienes y servicios cuya producción o consumo está oficialmente prohibida (Arlacchi 2002: 203; Beckert y Wehinger 2013: 3; von Lampe 2016: 81; Beckert and Dewey 2017). En general, en el contexto de los mercados ilegales, los productos y servicios prohibidos se intercambian por dinero en condiciones de competencia. Hay, sin embargo, casos en los que la exigencia de competencia es dudosa y se convierte en una cuestión empírica. Steiner (2010; 2016), por ejemplo, ha cuestionado recientemente la noción de mercado ilegal y ha sugerido emplear el término “transacciones ilegales” en el contexto del mercado de trasplante de órganos. En este último caso, las relaciones entre los vendedores y los compradores son incuestionablemente más estrechas y esporádicas que los vínculos establecidos en los mercados que gozan de mayor legitimidad. El caso de la pornografía infantil presenta características similares (Wehinger 2011). En cualquiera de los casos, el grado de competencia remite a una pregunta empírica pues factores como la naturaleza moral asociada al producto, la mayor o menor tolerancia social hacia el intercambio y el rol del Estado condicionan tanto la aparición de oferentes como el acceso a los productos por parte de los compradores.
El proceso continuo de mercantilización y la gran cantidad de intercambios ilegales existentes han motivado diferentes clasificaciones de actividades económicas ilegales. Naylor (2003), por ejemplo, sugirió una clasificación que identifica diversos tipos de delitos estimulados por las ganancias, a sus perpetradores y a las víctimas. Así, distingue entre delitos predatorios, de mercado y comerciales (véase también von Lampe 2016: 74). Con excepción de los delitos que Naylor identifica en el contexto de un mercado, en el centro de su categorización se encuentran los delitos, es decir, actos de ruptura con la ley, destinados a generar beneficios, algo que no implica necesariamente intercambios ni conduce al desarrollo de un mercado. Según Naylor (2003: 85), los delitos económicos son de tres tipos: contrabando relativo, fiscal y absoluto. Esta clasificación tiene similitudes con la recién introducida por Beckert y Wehinger (2013). Estos autores sugieren una clasificación basada en las mercancías que se intercambian. Asimismo, es una definición que discrimina entre los mercados que son ilegales porque: 1) se prohíbe la producción de determinados bienes o servicios, 2) se prohíbe el intercambio de bienes o servicios que son legales, 3) los bienes intercambiados han sido robados o falsificados, o 4) existe una violación de las regulaciones.
En esta última clasificación de los mercados ilegales, se hace hincapié en dos elementos: en la naturaleza del bien o servicio que se intercambia y en las definiciones legales. La consecuencia principal de este tipo de clasificación es que un mercado es ilegal en la medida en que las prohibiciones son válidas. En otras palabras, lo que constituye un mercado ilegal varía entre jurisdicciones legales y con el tiempo (Beckert y Wehinger, 2013: 3). Desde esta perspectiva, la ausencia de definiciones legales deja espacio para la aparición de mercados que puedan ser percibidos socialmente como repugnantes o beneficiosos, pero que no son ilegales. Un buen ejemplo de esto es el mercado de la leche materna en los Estados Unidos, en el que actualmente hay dos tipos de proveedores: las empresas privadas que ofrecen leche materna pasteurizada y controlada, y los pequeños proveedores caseros que la venden a través de plataformas de redes sociales sin ningún tipo de garantía o prueba de su calidad. El hecho de que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) sólo haya hecho recomendaciones sobre la compra de leche materna impide calificar este mercado como ilegal. Dado que existe una laguna jurídica, la ilegalidad no juega un papel para los actores del mercado. Otro ejemplo de laguna legal es el mercado de orina libre de drogas en los EE.UU. dirigido a las personas que necesitan orina limpia para las controles relativos su libertad condicional (Goffman 2015: 149). Si esto constituye un mercado ilegal depende de si algún tramo del mercado ha sido formalmente ilegalizado. Como muestran estos ejemplos, las lagunas legales brindan espacio para la innovación hasta que el estado decida modificar el estatus jurídico.
Los intercambios de mercado ilegales están sujetos a consideraciones morales. En este sentido, partiendo de la distinción de Max Weber entre legalidad formal y legitimidad social (Weber 2014 [1956]), en este artículo distingo entre los mercados legales socialmente legítimos e ilegítimos. Como argumentaré, las fuentes de legitimidad -o la falta de ella- pueden ser concepciones morales vinculadas a las mercancías o bien los efectos secundarios de su intercambio. Como afirma Renate Mayntz, “en un mercado determinado, las prácticas observables de intercambio consideradas legítimas por los participantes no tienen por qué basarse (únicamente) en el cumplimiento de las normas legales” (Mayntz, 2017). En este artículo distingo entre dos fuentes de legitimidad o ilegitimidad de las mercancías: las concepciones morales relacionadas con las mercancías y las externalidades de su intercambio.
A pesar de ser definidas como “ilegales” por el Estado, las mercancías tienen su propia vida social (Appadurai 1986), lo que significa que pueden ser toleradas, aceptadas o rechazadas de inmediato. Esta vida social significa que las mercancías y los contextos sociales de las prohibiciones pueden no sólo influir en las respuestas estatales y gubernamentales, sino también en la forma en que se comercializan esos productos. Por ejemplo, varios estudios sobre el cannabis (Sandberg 2012) y los mercados de heroína (Dwyer y Moore 2010, véase también Bucerius 2007) examinan cómo los elementos culturales afectan la estructura de los intercambios, determinando quién contacta con quién, los precios y la formación de preferencias.
En el contexto de los intercambios de mercado, los productos básicos pueden provocar diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, hay productos cuyo intercambio provoca un rechazo moral instantáneo, como la pornografía infantil, el tráfico de seres humanos o el intercambio de drogas duras y los animales salvajes. En contraposición, también hay bienes o servicios que provocan un rechazo que dista de ser unánime y pueden incluso ser tolerados. Estos productos, por su propia naturaleza, porque están inscriptos en la tradición o porque son considerados vitales para la vida, son tolerados o incluso aceptados por ciertos sectores de la sociedad. Un buen ejemplo de los mercados que experimentan cierta tolerancia son los de las prendas falsificadas o la música, los cigarrillos de contrabando, los productos robados, ciertas drogas blandas y, en algunos casos, los artefactos históricos (antigüedades). Por supuesto, el rechazo y la tolerancia no surgen con la misma intensidad en toda la sociedad –hay varios grados de tolerancia, aceptación y rechazo– y las valoraciones morales a menudo dependen de la capacidad de ciertos grupos como las ONG o los movimientos sociales para moralizar los intercambios. La figura 1 muestra la interacción entre las dimensiones legal/ilegal y legítima/ilegítima. Cabe señalar que la localización de cada mercado es sólo un ejemplo. Dado que cada sociedad tiene sus propias estipulaciones legales que interactúan con la legitimidad social, la localización varía de un país a otro.
Gráfico 1. Dimensiones legal/ilegal y legítimo/ilegítimo por producto.
Las concepciones morales que dan forma a las preferencias de los consumidores no sólo pueden surgir del significado social de las mercancías sino de las externalidades o consecuencias secundarias de su intercambio. Estas últimas pueden ser negativas porque los efectos de su intercambio, como es el caso de algunos mercados de drogas, son la violencia, la desconfianza interpersonal, la depredación de los recursos naturales y las violaciones de los derechos humanos. Una gran cantidad de literatura explica los efectos indudablemente negativos producidos por los grupos criminales y las mafias. Sin embargo, las consideraciones morales emergentes, entendidas como un subproducto del funcionamiento de los mercados ilegales, también pueden percibirse positivamente. Los mercados cuyo funcionamiento promueve la creación de empleos informales, aumentan el consumo o conceden acceso a un mínimo de ciudadanía económica tienden a ser valorados de acuerdo con tales resultados. Por ejemplo, la legitimidad social derivada de efectos secundarios “positivos” y de ideas morales “positivas” en torno a una mercancía tiene un valor político y una importancia innegables en contextos de pronunciada desigualdad social. Aquí, un buen ejemplo podría ser la producción y el consumo de ropa falsificada (Dewey 2014) o el comercio de diamantes en la Sierra Leona de posguerra (Engwicht 2016).
Un aspecto interesante que aparece con la adopción de esta perspectiva es la idea de que una percepción positiva o negativa relativa al intercambio de bienes formalmente ilegales puede convertirse en un recurso político. Dicho de otra manera, dependiendo del contexto sociopolítico, las autoridades pueden ser fácilmente influenciadas por las externalidades de un mercado ilegal. Esto es, el comportamiento y las preferencias de los compradores son particularmente importantes para los cálculos políticos y los intereses de las empresas privadas.33. El mercado La (…)
En cualquier caso, es importante reconocer que la distinción entre ambas dimensiones, legal/ilegal y legítima/ilegítima, permite capturar las externalidades que surgen de los mercados ilegales, así como su papel en tanto objetos de interés político. La introducción de políticas de seguridad, el equipamiento de las fuerzas de seguridad, la promoción del consumo y la creación de empleos informales pueden ser vistos como formas de aprovechar las externalidades de los mercados ilegales. En otras palabras, la toma en consideración de estos fenómenos es vital para explicar el funcionamiento de tales arenas de intercambio. El caso del cuerno de rinoceronte se puede tomar aquí como un ejemplo de alternancia continua entre legitimidad e ilegitimidad sociales. Por un lado, la caza furtiva de rinocerontes en Sudáfrica pertenece a un conjunto de prácticas tradicionales, y por lo tanto aceptadas, en pequeñas comunidades o aldeas. Sin embargo, la inclusión de dichas comunidades en parques nacionales, la introducción de marcos regulatorios derivados de tratados internacionales (como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y el accionar de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de animales, ha ilegalizado la caza furtiva al ritmo de una fuerte moralización del fenómeno. El resultado de esta política no ha sido sólo un crecimiento exponencial de la caza furtiva, apenas comparable a la situación inicial, sino que ha incrementado notablemente el precio de los cuernos así como su exportación hacia el sur de China. En este último lugar, los cuernos son muy apreciados y se consumen de diversas maneras pues se les adjudica propiedades beneficiosas para la salud y la vida sexual. Por otro lado, la moralización de la caza furtiva y de la venta de cuernos de rinoceronte, exponiendo a animales muertos o ensangrentados, se utiliza con fines políticos: para reforzar las instituciones encargadas de combatir el comercio ilegal de cuerno de rinoceronte. El mismo proceso puede observarse cuando la comercialización de un determinado producto es socialmente tolerada. Ejemplos de estos casos incluyen prendas falsificadas, el comercio de basura, alimentos robados, cigarrillos y alcohol (Misse 2007; Aguiar 2012; Dewey 2012; Radaev 2015). Si se observan los centros de producción ilegal de prendas de vestir, como Prato en Italia o Buenos Aires en Argentina, se puede constatar que los productos no sólo son percibidos como inofensivos, sino que también se constata que el intercambio comercial de prendas falsas e ilegales facilita la creación de empleos informales y fomenta el consumo. En estos casos, el interés político no es un fenómeno lejano, porque algunos mercados ilegales pueden proporcionar soluciones a problemas políticos específicos.
Finalmente, la relevancia política de las externalidades de los mercados ilegales se hace evidente durante los procesos de “legalización” o “ilegalización”. Cada vez que un sector económico es legalizado o ilegalizado, se pueden esperar ciertos efectos –en términos de nuevas organizaciones criminales que intentan violar la ley, transformación moral o la protesta. Hoy en día, un buen ejemplo de esta interacción entre las definiciones legales y las percepciones morales cambiantes es la legalización de la marihuana, que es una cuestión política, médica y también social (Dioun y Haveman, 2016).
El desarrollo de los mercados ilegales también depende de las instituciones informales, de arreglos sociales que facilitan el funcionamiento del mercado, es decir, los contactos entre vendedores y consumidores. Estas instituciones informales se definen como reglas socialmente compartidas, generalmente no escritas, que se crean, se comunican y se aplican fuera de los canales oficialmente sancionados (Helmke y Levitsky 2006: 5). Las instituciones informales son particularmente significativas dado el hecho bien conocido de que las transacciones en mercados ilegales no están respaldadas por la ley y los conflictos no pueden ser mediados por procedimientos oficiales. Sin embargo, debido a estas instituciones, los mercados ilegales son capaces de ser el lugar donde diariamente se suceden innumerables transacciones y, lo más importante, sin que nadie lo note.
Las instituciones informales pueden entenderse como mecanismos que hacen posible la coordinación del mercado: ayudan significativamente a resolver los problemas de valoración, competencia y cooperación (Beckert y Wehinger, 2013). La distinción entre los mercados ilegales socialmente legítimos y los ilegales socialmente ilegítimos también puede estar relacionada con las instituciones que hacen posible dicha coordinación. Las instituciones informales facilitan el financiamiento de grupos criminales y compradores, transmiten marcos culturales que influyen en la demanda de productos falsificados, regulan la competencia entre proveedores de bienes ilegales y ayudan a evitar la violencia. A continuación presento ejemplos de instituciones informales cuyo funcionamiento está ligado a los tres problemas de coordinación antes mencionados.
Dos importantes instituciones informales en los mercados ilegales son el silencio y el secreto, que son el resultado de acuerdos con distintos grados de explicitación. Tanto el silencio como el secreto, dos fenómenos que aparentan falta de acción e intención, son el resultado de grandes esfuerzos personales y acuerdos, muchas de las veces implícitos, entre diversos actores. Asimismo, como otras instituciones informales, su efectividad está vinculada a posibles sanciones. No sólo los miembros de la mafia conocen muy bien el valor del secreto y el silencio, sino también otros grupos sociales en donde la transparencia por parte de algún miembro equivaldría a su expulsión o sería una fuente de vergüenza o cuestionamientos. El secreto, ya sea fomentado por las leyes como en el caso de los paraísos fiscales (Volkov 2011), o creado por acuerdos más o menos explícitos (Steiner 2010, Thomas 2015), ayuda a mantener a raya la aplicación de la ley pero también ayuda a evitar la crítica moral. Paradójicamente, como muestra un reciente estudio sobre fraudes financieros (Reurink 2016), el secreto no es sólo el resultado de la falta de información, sino también de las formas complejas e hiperspecializadas de funcionamiento del sistema financiero. Otros estudios muestran el papel importante que desempeñan prácticas de normalización y neutralización de las desviaciones, que se refieren a mecanismos subjetivos cuyo objeto es justificar y “silenciar” el impulso a seguir las obligaciones legales (Sykes y Matza, 1957). Estas son justificaciones que permiten evitar la responsabilidad moral (Wiegratz 2012, Whyte y Wiegratz 2016: Introducción) y se encuentran, por ejemplo, en el mercado de las antigüedades cuyo origen es el saqueo, por ejemplo, en sitios donde ha habido guerras. Estas últimas son obtenidas en países asiáticos, luego se transportan, por ejemplo, a Londres y allí se ofrecen en galerías prestigiosas. La entrada de estas antigüedades en circuitos exclusivos de comercio es posible en parte debido a tales prácticas de neutralización: los concesionarios y los compradores hacen grandes esfuerzos para justificar la violación de normas. El resultado final es que los actos delictivos se camuflan de tal modo que el mercado ilegal de antigüedades pueda continuar funcionando (Mackenzie 2005; 2013).
Las instituciones informales que financian actividades ilegales son cruciales para el desarrollo de empresas ilegales, así como para fomentar el consumo de productos ilegales. Además, las instituciones financieras en los mercados ilegales dependen de varios factores, entre ellos el tipo de mercancía en juego, el volumen del negocio y la legitimidad social del mercado. Mientras que los grupos de la mafia suelen ser actores importantes en el negocio de préstamos (por ejemplo, ver Saviano 2007: 51), otras actividades ilegales pequeñas y socialmente toleradas son financiadas por préstamos personales, instituciones de microcrédito o círculos de ahorro como sistema hawala en árabe (Por ejemplo, Qorchi 2003) y "pasanaku" (Seligmann 2004: 104), un antiguo método andino que consiste en armar grupos que recaudan dinero y financiar las necesidades individuales.
Por último, como lo demuestra Diego Gambetta (1993) en su estudio sobre la mafia siciliana, la protección es una valiosa institución informal que estimula los negocios en condiciones de desconfianza interpersonal generalizada y donde existe un estado de derecho débil. La protección mafiosa contra los competidores, fraudes, extorsión u hostigamiento (Varese 2014), facilita el flujo de actividades económicas realizadas por quienes compran este servicio. Sin embargo, como mostré en el caso del mercado de autopartes en Argentina (Dewey 2011, 2012), la protección ilegal también puede ser una mercancía vendida por las autoridades estatales, en su mayoría policías y políticos de rangos inferiores. La protección ilegal llevada a cabo por el Estado satisface las necesidades de aquellos para quienes la salud de su actividad económica requiere la suspensión de la aplicación de la ley.
En general, la protección entendida como institución informal que facilita la expansión de mercados ilegales aparece de varias maneras en la literatura: corrupción, nexo político-criminal, colusión público-privada, mafias, protección política o protección patrocinada por el estado (state-protection rackets). Utilizando una terminología u otra, estos arreglos sociales funcionan como “reglas del juego” que ayudan a coordinar a los actores del mercado. La investigación sobre esta sociedad entre actores estatales y delincuentes ha aumentado considerablemente, especialmente en algunos países, como en los casos de los “paraguas protectivos” de las casas de juego y los círculos de prostitución en China (Gong 2002, Shieh 2005, Wang 2012, 2014) y los “Mafiya” o “techos” en Rusia (Galeotti 1998, Volkov 2002, Stephenson 2016). Haller (1971) y Reuter (1984), en relación al negocio de los juegos de azar en Chicago, y Gardiner (1970) sobre la prostitución, los juegos de azar y las apuestas en la ciudad estadounidense (ficticia) “Wincanton”, han reportado constelaciones similares de protección provista por el estado mismo. Los estudios demuestran consistentemente que los equilibrios de poder entre los grupos criminales y el estado a menudo dependen de la cohesión de las élites políticas y burocráticas o de las estructuras centralizadas del poder (von Lampe 2016: 278).
El estudio de las instituciones informales en el contexto de los mercados ilegales no termina en el estudio de las relaciones corruptas entre los grupos delictivos organizados, los políticos locales y la policía. En cambio, hay que tener en cuenta que el intercambio y la circulación de productos dependen no sólo de acuerdos que neutralizan la ley, sino también de múltiples mecanismos que legitiman acciones, proporcionan capital, enmascaran transacciones y reducen la violencia.
La tercera dimensión que consideraré en relación a la demanda alude a imaginarios de futuros personales, expectativas vinculadas a beneficios materiales o simbólicos “prometidos” por las mercancías o servicios específicos. Con cierta reminiscencia del concepto mertoniano de anomia, un enfoque en el cual objetivos culturales generalizados como el sueño americano desempeñan un papel crucial en determinar la motivación de la desviación, los imaginarios del futuro podrían desempeñar un papel significativo estimulando la demanda de productos ilegales. No se trata de cotejar cuáles son los “medios institucionales” disponibles que permiten alcanzar los “objetivos culturalmente definidos” sino de considerar a las representaciones del futuro, tal como se ha propuesto recientemente (Beckert 2016), como fuente de creatividad y de justificaciones para las acciones que tienen lugar en el presente. El futuro no es sólo el lugar donde se sitúan imaginariamente los individuos y sus ganancias económicas sino donde ellos se “ven” disfrutando o padeciendo ciertos productos o servicios. Es en este aspecto donde las teorías de la valoración y de los imaginarios sobre el futuro de Jens Beckert se solapan.
En el mundo actual, el significado y la función de los mercados ilegales han ganado un nuevo impulso. Situaciones de crisis económica prolongada, desplazamientos forzados, migraciones, poblaciones marginadas, pobreza extrema o desigualdad persistente han transformado algunos mercados ilegales en mecanismos que proporcionan acceso a bienes y servicios esenciales. De hecho, los mercados ilegales, especialmente los que gozan de legitimidad social, se han convertido en dispositivos para acceder a la ciudadanía económica, es decir, mecanismos que permiten el acceso a ciertos consumos. El comercio, por ejemplo, de productos falsificados o robados, antigüedades saqueadas ilegalmente, ciertos medicamentos, diamantes o cuerno de rinoceronte debe analizarse en estrecha relación con la configuración estructural de las sociedades en las que tienen lugar los intercambios. En estos contextos sociales, como señala Diane Davis (Davis 2009), la fragmentación de la soberanía estatal ha dado lugar a la aparición de “comunidades imaginarias” específicas en las que actores armados no estatales buscan asegurar el suministro de recursos y el funcionamiento de los mercados ilegales (ver también Clunan y Trinkunas 2010, Nordstrom 2000). La pérdida por parte del estado de parte de su influencia como poder soberano representa un cambio hacia una constelación en la que se reformulan la soberanía y las alianzas entre actores privados y públicos (Reno 1995, Hibou 2004, Arias 2006, Dewey et al. 2017), un nuevo escenario en el cual los mercados ilegales desempeñan un papel importante no sólo en el fomento de nuevas formas de pertenencia a grupos sociales sino también en la reproducción y/o recreación de viejas formas. Por lo tanto, el hecho de que los mercados ilegales se expandan no es una situación externa a la fragmentación de la autoridad estatal o a las posibilidades subjetivas que estas economías pueden ofrecer. En este contexto, la comparación antes mencionada entre la legalidad formal y la legitimidad social facilita la observación de las definiciones legales impugnadas socialmente, así como el apoyo social que tienen algunos intercambios ilegales.
Desde una perspectiva micro-social, la participación en estas economías, el acceso a bienes y a un cierto estilo de vida, hacen que algunos mercados ilegales se conviertan en mecanismos que incrementen las experiencias de las personas. Al respecto, vale recordar lo que señala Appadurai sobre a las aspiraciones como “capacidad de navegación” subjetiva. Según él, quienes tienen una posición más acomodada en la sociedad “tienen una experiencia más compleja de la relación entre una gran cantidad de fines y medios” así como “disponen de un amplio repertorio de experiencias relativas al vínculo entre aspiraciones y sus resultados” y “disponen de una mejor posición para explorar y recolectar diversas experiencias de exploración y prueba”. Aquellos miembros de la sociedad que carecen de oportunidades que ofrezcan experiencias también carecen de la posibilidad de usar y practicar esta “capacidad de navegación” (2013: 188). Ciertos mercados ilegales socialmente aceptados, en tal sentido, al ofrecer acceso a consumos y nuevas experiencias, se convierten en mecanismos que posibilitan la ampliación de la capacidad de aspirar de los individuos y la capacidad de esperar eventos futuros. El mercado como mecanismo de coordinación de intereses abre una puerta a la experiencia de que es posible esperar ciertos resultados como producto del aprendizaje de ciertas prácticas. Es algo que permite a los actores controlar su capacidad de afectar el cambio en el mundo.
En síntesis, al incluir el futuro en un análisis de los mercados ilegales intento comprender la fuerza expansiva detrás de la expansión de las economías ilegales y determinar la motivación de muchas personas que asumen el riesgo de participar en estas arenas de intercambio. Motivaciones como la promesa de acceso a bienes, la inclusión en redes de reciprocidad, la ciudadanía económica o simplemente un cierto nivel de estabilidad económica suelen ser más relevantes que el problema de la ilegalidad.
Este artículo argumenta que ni los enfoques puramente económicos de los mercados ilegales ni la investigación convencional centrada en el concepto de crimen organizado pueden dar cuenta plenamente de las variaciones en la preponderancia de los mercados ilegales. De acuerdo con el argumento presentado anteriormente, la falta de una definición de los mercados ilegales que tenga en cuenta el lado de la demanda así como la confluencia de legalidad y legitimidad nos impiden explicar la propagación o la ausencia de intercambios de mercado ilegales. A lo largo del artículo he propuesto un argumento basado en las mercancías que circulan en los mercados ilegales y he sugerido que las definiciones legales que se refieren a la producción, el consumo o los intercambios de dichas mercancías son cruciales. También he argumentado que una comparación sistemática entre la legalidad formal y la legitimidad social de los intercambios debería servir para explicar las variaciones en la prevalencia de los mercados ilegales. Un enfoque analítico de los mercados ilegales podría ser relevante para realizar un catálogo de las diferencias y similitudes entre los mercados ilegales, tanto en términos históricos como geográficos. En el futuro, descripciones detalladas de los mercados ilegales deben tener en cuenta no sólo la reacción del estado, sino también las transformaciones morales. Este artículo, cuyo enfoque ciertamente transciende a los mercados ilegales, aboga por la investigación de las valoraciones, las expectativas y el poder estatal como regulador de la vida económica. Esto nos permitiría obtener una perspectiva más acabada de los diferentes ámbitos de intercambio que llamamos mercados.
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Sociólogo e investigador senior en el área de sociología de los mercados ilegales en el Max Planck Institute for the Study of Societies en Colonia, Alemania. Estudió sociología en Argentina y se doctoró en ciencia política en Alemania. Ha sido profesor visitante en el Extra-Legal Governance Institute del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford; en el instituto MaxPo de París; en el CESE de la Universidad Nacional de San Martín y recientemente en el Departamento de Sociología de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos.
Asumiendo que los actores tienen objetivos claramente formulados, son capaces de evaluar posibles líneas de acción y de aplicar criterios racionales a la hora de seleccionar ciertos medios para obtener cierto finales, los estudios en el campo de la delincuencia organizada asumen también - de acuerdo con las teorías clásicas del crimen – el libre albedrío de los individuos. A este sentido, dado que los sistemas jurídicos se basan necesariamente en la misma suposición sobre los individuos cuando se trata de procesar las acciones penales, tales estudios proporcionan insumos adecuados para los organismos de justicia y de ejecución. Ver (Einstadter and Henry 2006, 53; Arsovska and Kostakos 2008, 253).
El mercado La Salada y el impresionante comercio de indumentaria producida en condiciones informales o ilegales produce externalidades como la expansión de la ocupación (informal), el consumo de un bien básico, la expansión de mercados secundarios como el de las telas o insumos, etc. Estas externalidades son, sin lugar a duda, consideradas en los cálculos políticos. De tal manera, la tolerancia política, a menudo expresada a nivel local y de manera informal, desempeña un papel fundamental en la creación de estabilidad política y en proveer los medios para el funcionamiento del mercado (Misse 2007; Dewey 2016).