Cuando la policía toma las calles

Resumen↑

En diciembre de 2013, en la localidad bonaerense de Mar del Plata, policías de numerosas dependencias se dispusieron a realizar una huelga de actividades y a movilizarse, junto a familiares, retirados y adherentes, dentro de la ciudad. Como consecuencia de esta protesta, se redujo sensiblemente el servicio público de seguridad, produciéndose varios hechos delictivos en comercios de la ciudad. Dentro de un contexto nacional con protestas de similares características, los policías negociaron por mejores retribuciones salariales, materiales y simbólicas. Este artículo tiene como objetivo reconstruir los principales aspectos de esa protesta. Situando los eventos dentro de la historicidad de los repertorios utilizados por los policías bonaerenses. Analizando las constricciones institucionales, políticas y legales para ese tipo de acción. Y, finalmente, explicando la estrategia utilizada para sortear esos límites dentro un marco social particular.

Palabras claves

Policía, protesta social, institución, seguridad pública.

Abstract↑

In December 2013, in the city of Mar del Plata, Buenos Aires, police officers from many stations set out to make a strike and to mobilize with relatives, retired officers and adherents. Because of this protest, the public law enforcement was significantly reduced, with the consequence of several criminal acts in shops of the city. Within a national context of protests of similar characteristics, many officers negotiated to improve salary, material conditions and symbolic rewards. The purpose of this article is to reconstruct the main aspects of this protest. Placing the events within the historicity of the repertoires used by the Buenos Aires policemen. Analyzing the institutional, political and legal constraints for this type of action. And, finally, explaining the strategy used to overcome these limits within a social framework.

Keywords

Police, social protest, institution, law enforcement.

recibido: 18/6/2017

aceptado: 8/2/2018

Introducción↑

¿Cómo puede ser interpretada una protesta social llevada a cabo por la misma fuerza pública encargada de desactivar, contener o reprimir manifestaciones al interior de las sociedades modernas? Una posible respuesta a esta pregunta podemos encontrarla si caracterizamos a la policía como una institución social que a pesar de sus capacidades preventivas y represivas se configura en su existencia social dentro de un entramado complejo, donde intereses, realidades materiales, sustratos normativos, legales y valorativos confluyen no siempre en armonía dada las condiciones contingentes y negociables del orden social.

El contenido de este trabajo trata sobre un caso particular de esta aparente tensión. Los acontecimientos de movilización pública y huelga efectuados por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante las primeras semanas del mes de diciembre de 2013 en la ciudad de Mar del Plata constituyen el objeto de análisis de nuestra investigación, cuyo interés gira en un ejercicio de comprensión de esta combinación particular de fuerzas del orden y manifestación contestataria.

El objetivo principal consistirá en comprender la dinámica de los acontecimientos desplegando las características y consecuencias de la movilización en la ciudad de Mar del Plata durante la segunda semana de diciembre entendiéndola como una acción política de confrontación de carácter público. Acción que cuenta con un repertorio de estrategias históricamente construido y que se condiciona por la propia institucionalidad y subjetividad de los actores involucrado. Factor que ciertamente tendrán que ver con aspectos significativos del estatus policial, pero que bajo ningún punto de vista se reducen en una causalidad estanca o unidireccional.

Nuestra labor de investigación se llevó a cabo mediante el trabajo con fuentes de datos documentales, de las que se destacan noticias de diarios²2. El trabajo de (…) y portales online (nacionales, provinciales y locales), fotografías periodísticas, vídeos en plataformas web (subidos por medios de comunicación o actores partícipes de los eventos) y reglamentaciones institucionales (leyes y decretos). Además, se procedió a complementar la investigación documental con datos de informantes claves. En el caso de este artículo presentaremos a uno de ellos, cuya experiencia profesional posibilitó que se constituyera como un actor vinculado a los eventos de 2013. Será a través de la información brindada por un periodista local especializado en temas policiales que podremos reconstruir detalles situacionales de los acontecimientos no relevados por la prensa.

Paro y movilización: los acontecimientos de 2013↑

En el caso de nuestro objeto de análisis podemos afirmar que se presentaron continuidades en el uso de repertorios históricamente producidos por los policías. Sin embargo, cabe destacar, que las acciones emprendidas no se redujeron al pasado histórico del grupo, sino que adquieran sus lógicas en el contexto situacional en el que emergen. A continuación, presentaremos la descripción de los hechos más significativos de la movilización y huelga policial, destacando los principales actores intervinientes, sus estrategias de confrontación y las características que tomaron los repertorios utilizados.

El conflicto en la policía bonaerense surge en la segunda del mes de diciembre, dentro de un contexto nacional de policías provinciales movilizadas y de una crisis de inseguridad de gran repercusión. A nivel nacional las medidas de fuerza alcanzaron la mayoría del territorio siendo las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Entre Ríos (ciudad de Concordia) las más afectadas por la baja del servicio policial y la ola de saqueos y robos en banda. De forma sintética la dinámica que adquirieron las movilizaciones entre los días 4 a 14 de diciembre fue la siguiente: efectivos de las policías provinciales cesaban momentáneamente el servicio a la espera de una negociación directa con la gobernación, agrupándose en las puertas de las comisarias o sedes de gobierno y dejando “vía libre” a desmanes y actos de violencia en las calles de las ciudades.

En la provincia de Buenos Aires se tomaron medidas para asegurar que la fuerza policial continuara trabajando con normalidad, considerando la situación en otras jurisdicciones, sin interrupciones ni potenciales focos de protestas. Para eso se anunciaron mejoras en componentes no remunerativos del salario, con el fin de optimizar la situación económica de los miembros de la fuerza. De esta forma, la primera acción emprendida por el gobierno provincial días antes de la eclosión de los focos de manifestación fue la de otorga un aumento en los componentes no remunerativos y de posibilitar nuevos ascensos.

A su vez, desde el plano comunicacional, el ministro de seguridad Alejando Granados y el gobernador Daniel Scioli, realizaron declaraciones públicas tendientes a reconocer el trabajo de los policías y su función social, por ejemplo, agradeciendo “su compromiso, responsabilidad, su sentido del deber, y su vocación de servicio, por estas horas tan sensibles” (La Capital, 7/12/2013). Sin embargo, estas medidas de “contención” no surgieron efecto, en cuanto ese mismo sábado 7 se dio comienzo al primer foco de protesta en la capital provincial. Efectivos de la Guardia de Infantería encargados de la seguridad de un partido de fútbol se negaron a prestar servicio y se movilizaron en una zona céntrica, cortando la circulación de vehículos y quemando gomas. En paralelo familiares y policías de franco se agruparon frente a las sedes de Infantería y Caballería.

Será el domingo 8 de diciembre, cuando se desencadene la protesta en la ciudad de Mar del Plata. A las 18:27 horas de ese día el medio local 0223 dio cuenta de los primeros movimientos, indicando que el personal de la dependencia de Caballería (situada en la zona norte de la ciudad, barrio Parque Camet) se había “acuartelado”. Fueron alrededor de medio centenar de efectivos los que se recluyeron dentro de la dependencia y estuvieron acompañados por un grupo de personas que se identificaban como familiares.

Ese grupo acompañó esta primera medida de fuerza montando una concentración pública con carteles, pancartas y banderas argentinas. Tal como se puede observar en las fotografías 1 y 2, las manifestantes, mujeres en su mayoría, portaban consignas referentes a su condición de “esposas de policías” de la ciudad de Mar del Plata, a lo que agregaron el uso de banderas argentinas y carteles que referían a las condiciones de trabajo de los efectivos; “no es una forma digna de alimentarse” menciona el de nuestro ejemplo. El informante que como periodista relevó los hechos describió los participantes de esta primera etapa de la movilización:

Todas las personas que estaban ahí afuera se definían como familiares de policías. Al momento de llegar, el personal que estaba dentro del cuerpo de caballería no salió en ningún momento. Es decir, ellos estaban adentro, pero ellos, no… no, no iban a hablar y charlando ahí con la gente nos decían que en realidad el reclamo lo iban a estar haciendo los familiares… Lo que me acuerdo también, que en ese lugar estaba por ejemplo Pampillón…

Por lo tanto, las mujeres de policías actuaron consecuentemente con el paro de actividades de los miembros de caballería, difundiendo sus reclamos a través del dialogo con la prensa y la exposición pública mediante una concentración en la entrada de la dependencia. Asimismo, estuvieron acompañadas por el militante del partido de ultraderecha FONAPA (Foro Nacional Patriótico), Carlos Pampillón, quien también asumió el rol de vocero, tomando protagonismo junto a los familiares (como se observa en la fotografía 1), y subiendo sus apariciones públicas a su cuenta personal en la plataforma YouTube.

Simultáneamente se comenzaron a tomar medidas similares en más comisarías de la ciudad. Ese fue el caso de la comisaría segunda, donde el jefe de la Distrital Centro, Alfredo Lanzilota debió de reunirse con el personal para mediar ante la posibilidad que adhirieran a la protesta. Desde esa perspectiva, la emergencia de una protesta de mayor extensión era inminente, aunque las autoridades institucionales negasen que fuese a suceder. Finalmente, fueron “tomadas” tres comisarías de la ciudad: la segunda, la sexta y la séptima. Resultando una reducción en el servicio de patrullas debido a que los agentes comenzaron a concentrarse en sus respectivas dependencias.

La difusión de la protesta entre efectivos se realizó a través de la radio policial, que conectó a los efectivos movilizados en Mar del Plata con sus pares en La Plata. Del mismo modo la radio sirvió de “puente” entre zonas adyacentes a La Plata con el conurbano sur, como Quilmes y Florencio Varela.

La concentración más masiva y con mayor visibilidad fue la que realizó en la entrada de la Comisaría Primera, situada en la zona céntrica de la ciudad. Allí efectivos que se encontraban de franco se reunieron con otros que aún estaban en servicio y además se sumaron familiares (que se trasladaron desde Caballería). A las 21:30 del domingo 8 se procedió a dar inicio al corte de calle (ver fotografía 3) utilizando patrulleros y autos particulares, lo que se acompañó con el sonido de las sirenas de los móviles y la reunión en asamblea de los presentes.

Considerando la merma en el servicio de patrullas desde el sector comercial se decidió anticiparse a posibles robos o saqueos. Por esa razón Casino Central, bingos de la ciudad y estaciones de servicio decidieron cerrar sus puertas anticipadamente. De igual forma, taxis y remises redujeron su circulación, aunque el transporte público de colectivos continúo con sus recorridos normales. Ante esta situación, el intendente Gustavo Pulti se reunió cerca de las 22 horas con el comisario mayor Darío Ibáñez, titular de la Jefatura Departamental y declaró públicamente que el encuentro tenía como fin el de “anticipar respuestas”, cuanto “personajes de dudosa legalidad (…) están incitando a través de las redes sociales para que esto provoque consecuencias serias”, mencionando, finalmente la coordinación con Prefectura Naval para prevenir incidentes y suplir la falta de patrullas policiales (La Capital, 9/12/2013).

Efectivamente, antes de las 23 horas se suscitó el primer saqueo en un mercado comunitario, ubicado en la zona suroeste de la ciudad. Y desde la medianoche hasta aproximadamente las 2 horas de la madrugada del lunes se dieron los otros asaltos, cuyos objetivos fueron casas de ropa deportiva, tiendas de electrodomésticos y artículos para el hogar y supermercados. Con los primeros resultados de la baja en la cobertura de seguridad por la adhesión de aproximadamente un 50% del personal al paro las autoridades políticas y policiales debieron de responder con medidas que buscaran contener la situación. Teniendo en consideración el contexto de auge del delito, el intendente, en consenso con asociaciones de empresarios comerciales, recomendó el cierre total de negocios.

Con respecto al contenido de los reclamos de los policías movilizados frente a la comisaria primera, los policías demandaban un salario mínimo de 10 mil pesos, con la posibilidad de llegar a 12 mil de básico. Es a las 14 horas del lunes 9 cuando el medio local 0223 informa sobre las declaraciones del jefe de la Departamental Darío Ibáñez, que adquieren especial relevancia por su posicionamiento ambiguo ante la protesta policial (teniendo en cuenta su cargo jerárquico). Principalmente asevera que “el reclamo es lítico” en relación con el sueldo que ganan los efectivos, aunque matizó sus declaraciones argumentando que tenía que “seguir controlando la ciudad” (0223, 9/12/2013). Sus afirmaciones surgen posteriormente a una reunión de entre media hora y cuarenta minutos que había mantenido con referentes de las doce comisarías de la ciudad en la seccional primera.

A las 19:25 horas cuando la prensa informa sobre la llegada a un acuerdo por parte de las autoridades –representadas por el jefe de la policía, comisario general Hugo Matzkin, y el superintendente de seguridad, comisario general Osvaldo Norberto Castelli– y los delegados policiales. El acuerdo constaba en la conformidad con el decreto 934/13 que aumentaba el sueldo a 8570 pesos a través de elevar en 870 pesos el mantenimiento de uniforme y equipos y en 2000 pesos la “bonificación no remunerativa no bonificable”. La propuesta también incluye un próximo aumento el 1 de enero y la posibilidad de discutir el salario en paritarias durante el mes de febrero³3. Situación que (…) . Asimismo, las autoridades policiales confirmaron que no habrá sanciones para los efectivos que participaron en la protesta.

En contrapartida se esperaba que inmediatamente los policías volvieran a patrullar las calles de la ciudad. Por el contrario, las bases que habían permanecido en estado de asamblea por casi por 24 horas rechazaron el acuerdo: “el rechazo fue categórico y fue festejado con aplausos y el sonar incesante de las sirenas de los patrulleros estacionados frente a la Comisaría Primera” (mdphoy.com, 9/12/2013).

Interesa marcar las características que tomó la negociación por fuera de la comisaría, particularmente la lógica que adquirió la asamblea. Los policías manifestantes y los grupos que los acompañaban se nuclearon, como hemos mencionado, en la vereda de la seccional primera, donde se contabilizaron alrededor de 700 personas. En ese lugar funcionó una asamblea pública, donde los interlocutores de los huelguistas dialogaban con las bases, mayoritariamente subalterno, a medida que se negociaban con las autoridades. Como se observa en la fotografía 4, la negociación transcurrió con un diálogo cercano entre los representantes y esa concentración, en un contexto de prohibición para los policías de la exposición pública de sus demandas, cobró notoriedad por lo excepcional de su situación, en tanto funcionó como un instrumento de presión para los jefes reunidos a metros en el interior de la dependencia.

Dentro de ese contexto situacional, uno de los disparadores que finalmente motivó a los policías más intransigentes a cerrar las negociaciones fue un supuesto incidente con uno de sus compañeros (sobre el que vamos a volver más adelante), de esta forma lo relevaba la prensa:

Ni bien cerraron el acuerdo, los policías liberaron los móviles que tenían en la puerta de la comisaría primera -algunos de ellos con las ruedas pinchadas para evitar justamente esto-. Varios fueron hasta una zona de Juan B. Justo, en donde un efectivo fue herido de un piedrazo en la cabeza y se encuentra internado en el Hospital Interzonal de Agudos, estable y fuera de peligro (24 Baires, 9/12/2013).

De tal modo, aproximadamente 2 horas después del primer acuerdo, se llega al definitivo. Para las autoridades políticas y de la fuerza el arreglo hacía posible evitar una escalada del conflicto y la violencia en la ciudad y en otras de la provincia. Aunque fue una gestión que se realizó con éxito, aún después del acuerdo la situación no se normalizó (en el sentido institucional del término) inmediatamente, especialmente si tenemos en cuenta las agresiones sufridas por el jefe de la fuerza, Hugo Matzkin: “al retirarse de la dependencia primera, Matzkin (…) fue abucheado por un grupo de efectivos acompañados por sus familiares, quienes además golpearon el auto en el que viajaba, al mismo tiempo que insultaban al jefe policial” (La Nación, 10/12/2013).

En el plano judicial, el fiscal general de la ciudad, Daniel Adler, inició la investigación por los delitos de saqueos (“robos en bandas”), de instigación (a políticos y gremialistas) y de sedición (a los policías participantes). Además, elevó el pedido de investigación a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien asimismo había ordenado crear una comisión especial de fiscales para investigar el caso a nivel nacional.

Por último, durante el miércoles 11 de diciembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se expresó públicamente sobre los saqueos y actos vandálicos producidos luego de la disminución de la cobertura de seguridad pública en gran parte del país. En referencia a ello argumentó que “los violentos quieren hacernos olvidar y que no nos importen los valores de la democracia”. Sus declaraciones cobran sentido cuanto refieren a que la elección de la fecha, segunda semana de diciembre, no sería casual, en tanto el día 10 se celebraba los 30 años de democracia, siendo también diciembre un mes que prensa auges de estallidos sociales, por lo que en otras palabras los actos violentos de robos, amparados en las huelgas policiales, no serían casuales sino fruto de una estrategia programada (La Razón, 10/12/2013).

Malestar y rebelión: el “saber hacer” manifestante↑

Un primer asunto que debemos considerar es que las acciones de protesta policiales son parte de lo que Charles Tilly identifica como repertorio de confrontación: “con respecto a cualquier grupo particular, podemos pensar [al repertorio de confrontación como] el conjunto de medios que tiene[n] para hacer afirmaciones de diferentes tipos sobre diferentes individuos o grupos” #(#1#9#8#6#: 04). En consecuencia, los repertorios de protesta puestos en juego en la manifestación policial responden a la historicidad de grupos sociales en su desarrollo como movimientos contestatarios. Como afirma Sidney Tarrow #(#1#9#9#7#) son “acciones establecidas”, en tanto que “no son sólo lo que hace la gente cuando entra en conflicto con otros; es lo que sabe hacer y lo que los otros esperan que haga” (p. 66, el destacado pertenece al autor). Por lo que podremos observar cómo los policías y los grupos que los secundan ponen en práctica saberes y acciones que poseen antecedentes recientes⁴4. La investigaci (…) , siendo que el uso de los artilugios posee cierta previsibilidad.

A partir de la investigación de fuentes documentales es posible reconstruir una cronología del “malestar policial” en la policía de la provincia de Buenos Aires. Categoría que identifica y reúne sentidos acerca del “humor” de los miembros de la policía sobre sus condiciones de trabajo, salario y la gestión política e institucional de la fuerza. Debemos aclarar, que tal estado no solo remite a hechos efectivos de movilizaciones, sino que también incluye rumores o tentativas de llevar a cabo esas acciones, lo que ciertamente cuenta como una estrategia por sí misma y reviste de importancia analítica.

De este modo, la primera referencia a un evento de conflictividad policial en los años posteriores al retorno de la democracia la encontramos en el año 1986. Presentada bajo la referencia a un supuesto “malestar en el ámbito policial” se informa sobre trascendidos que indicaban a la ciudad de Mar del Plata como epicentro de posibles conflictos, expresado como “estado de alerta”, motivados por cuestiones salariales (La Capital, 6/5/1986). En efecto, se releva la inconformidad de los agentes en distintas dependencias policiales con la falta de cobro de la bonificación por antigüedad del mes anterior. Subsecuentemente, se menciona al “MoPol” como una organización presente en ese malestar, reclamando por cuestiones del salario que exceden al no cobro del adicional.

En el mes de octubre de 1993, durante la gestión del gobernador peronista Eduardo Duhalde, acontece el primer acto efectivo de “rebelión”. En este caso se vieron afectadas varias localidades del conurbano bonaerense, llegando a involucrar 400 efectivos “acuartelados” durante tres días en reclamo por mejores condiciones salariales (aumento de sueldo) y de trabajo (provisión de uniformes). En lo que respecta a quienes componían el grupo de policías movilizados, se infiere que principalmente lo formaban agentes de bajo rango, cuanto se asegura que un “solo elemento de rango superior” se solidarizó con los “acuartelados”⁵5. El nombre menc (…) . Finalmente, resulta notable la asociación que establece el entonces secretario de seguridad provincial, Eduardo Pettigiani, con estas protestas, comparándolas con los alzamientos militares “carapintadas” suscitados años atrás, revistiendo por lo tanto un carácter ilegítimo y fundamentalmente antidemocrático.

Cuatro años más tarde, en marzo de 1997, se suscitan movimientos que presumen un nuevo intento de protesta y huelga en un contexto de crisis de legitimidad e institucionalidad de la “bonaerense”. En el día 16 de marzo se informa sobre “rumores” de una rebelión dentro de la policía, situación oportunamente desmentida por la jefatura. Los posibles agentes movilizados lo harían en respuesta a la depuración de personal de la fuerza y serían en su mayoría suboficiales (rango de menor jerarquía) liderados por varios sargentos y un supuesto “Comando de las 18” (por el número de unidades regionales) cuya comunicación estaba a cargo por un exoficial principal, Nicolás Masi. Días más tarde, el 18 de marzo, el diario La Capital, informa sobre una petición del “Centro de Oficiales Retirados” para reunirse con Eduardo Duhalde, lo que el gobernador rechazó (La Capital, 18/5/1997). Finalmente, el paro⁶6. Es remarcable (…) fue llevada a cabo con bajo acatamiento, siendo las amenazas de muerte al gobernador el episodio más resonante de ese día.

Ya con la policía bonaerense intervenida con un civil al mando, a finales de ese mismo año, en el mes de diciembre, se produjo otro intento de movilización, en este caso impulsado por jefes de alta jerarquía exonerados de la fuerza. El fin perseguido era una rebelión generalizada de las bases en vísperas de navidad, lo que fracasó ante el rechazo de los nuevos oficiales encargados de las dependencias distritales. Días después de navidad, el gobernador Duhalde reafirmaba sus planes de “reforma” institucional de la policía, a cargo del ministro León Arslanián, descartando la posibilidad de la ejecución de la protesta.

En los años posteriores, ya sin una gestión política reformista, pero con una inminente crisis económica en el país, el “malestar” policial hace su reaparición en agosto del 2001. En este caso, el ajuste presupuestario emprendido tanto por el gobierno nacional como por el provincial repercutió en el salario policial, reduciéndose en un 13% los haberes del personal jerárquico –que además era pagado en gran parte en “patacones”, moneda paralela emitida por el Estado provincial– y retrasándose el pago al resto del personal de baja jerarquía. Tal incertidumbre repercutió en reuniones del personal activo y retirado.

En los años próximos a la protesta policial de 2013 encontraremos cuatro eventos de malestar o intentos efectivos de protesta policial. En el año 2007, con León Arslanián presente nuevamente como ministro de seguridad provincial, surge otra vez el descontento en las fuerzas policiales⁷7. Para un anális (…) . En esta ocasión el motivo va a ser la consumación de ascensos, por orden ministerial, de numerosos oficiales, lo que generó sospechas de irregularidades en un número no indicado de efectivos de la fuerza. Otro evento similar de “malestar” sucede dos años más tarde, en marzo de 2009, vinculado al asesinato de un subteniente durante un hecho delictivo y su posterior entierro que sirven de espacio para que policías bonaerenses, algunos de ellos jefes de calle, expresen públicamente su descontento con la provisión de elementos de trabajo y de apoyo institucional para su actuación.

Por último, encontramos en diciembre del 2011 el último antecedente a la protesta y manifestación que sucedería dos años más tarde en ese mismo mes. El disparador para la movilización de policías en la ciudad de La Plata y el acuartelamiento de 150 agentes de la Dirección de Infantería en el Cuartel Central de la capital provincial fue el despido de seis efectivos, luego de acontecer un enfrentamiento entre la policía y militantes de organizaciones políticas en la asunción de Daniel Scioli para su segundo periodo como gobernador. Según informan fuentes periodísticas, a la protesta se sumaron “de manera pasiva” dependencias de las ciudades bonaerenses de Mar del Plata, La Matanza, Avellaneda, Glew, Morón, Wilde e Ituzaingó. Además del reclamo específico por los efectivos cesanteados, se sumó el recurrente pedido por mejoras salariales.

Conforme a la descripción de los eventos de conflicto que se sucedieron en el último periodo democrático del país, interesa destacar las continuidades que se observan en las formas de acción, el contenido de los reclamos y los sujetos que se movilizan. En primer término, se identifica la permanencia de ciertos artilugios de protesta específicos, de los cuales el “acuartelamiento” (como ocupación de sus lugares de trabajo) y la huelga de actividades resaltan como recursos efectivamente utilizados en las “rebeliones” de 1993, 2011 y 2013; permaneciendo como amenaza en la pretensión de paro de 1997. La exposición pública de los reclamos sea utilizando espacios públicos, como el caso del entierro del sargento en el año 2009 o mediante representantes públicos que dialogan con medios de comunicación en el año 1997, reaparece de las dos formas en 2013. Incluso, Nicolás Masi, fue uno de los interlocutores de los policías en la ciudad de La Plata (Vega, 16/12/2013). En suma, la ocupación de veredas, quema de gomas, calles e intersecciones de avenidas céntricas como método de visibilización avanza sobre la lógica del espacio público como instrumento de comunicación; y asimismo retoma artilugios típicos de otros grupos sociales, como los piqueteros (Farinetti, 1999).

En lo que compete al contenido de los reclamos, se observa la permanencia en la mayoría de los episodios de las demandas salariales. La baja remuneración, el no abono de bonificaciones, el retraso en los pagos e incluso el recorte en los sueldos, fueron motivantes presentes en la acción de los policías activos y en el reclamo público del personal retirado. Además, las condiciones de trabajo se hicieron presente en el pedido de más y mejor equipamiento y mayor seguridad para el personal en la calle.

Resta hacer mención que las demandas no solo se delimitan por el contenido profesional que expresan, sino que funcionan como una interpelación directa a la gestión política. En los años noventa esto se observa claramente ante los reiterados intentos de la gestión duhaldista de intervenir y reformar una policía bonaerense en crisis, por lo que los efectivos reaccionaron ante la injerencia del campo político. En la protesta de 2013, en un contexto donde ya había sido desmantelada la última reforma de Arslanián no solo en lo formal sino principalmente en lo discursivo #(#U#g#o#l#ini, 2014), la confrontación impulsaba demandas simbólicas y materiales con un carácter ya no defensivo, sino activo en cuanto a la iniciativa.

Asimismo, se identifica la reiteración de los componentes del grupo movilizado. El formato que suelen adquirir las protestas policiales incluye la activación de las bases de suboficiales o de oficiales de baja jerarquía, que son interpelados por referentes de la jefatura, muchos de ellos expulsados o cuestionados en su legitimidad por la institución y el gobierno. Esos oficiales de rango alto asumen el rol de interlocutores directos con el poder político, mediando antes de y durante las medidas de fuerza. El personal retirado también forma un elemento importante del “sujeto manifestante” dado que también asumen la carga pública de comunicar las problemáticas de la fuerza y, en el caso del año 2013, también suman su presencia a las concentraciones públicas, aumentando el número de adherentes en esas reuniones.

Por último, interesa remarcar una última cuestión. Tanto en los dos eventos de 1997, como en 2011 y 2013 las fechas seleccionadas revisten de un carácter simbólico particular en Argentina. En 1997 la huelga había sido organizada para el día 24 de marzo fecha que conmemora el último golpe de estado realizado por militares. En las siguientes tres ocasiones las fechas coinciden, primero, con el mes de diciembre, caracterizado como un mes de auge histórico de la conflictividad social. Y, específicamente, en 1997 con la conmemoración de navidad, mientras que en 2013 el auge de las protestas se superpuso con la celebración de los 30 años de la democracia, el 10 de diciembre. Estas coincidencias en las elecciones de las fechas ocasionaron que reiteradamente los políticos profesionales caracterizaran a las intentonas policiales como manifestaciones puramente antidemocráticas que atentan contra las rutinas esperables de un gobierno civil. Se reproduce por lo tanto acusaciones y asociaciones de los policías con “carapintadas”, “sectores golpistas” o “gobiernos de facto”.

La institucionalidad de la protesta: autocontrol y sanciones↑

Una vez analizada la historicidad de las acciones, repertorios y estrategias de protesta se desprende una cuestión, ¿cuáles son los elementos de la estructura institucional, legal y política a los que estas medidas de fuerza dan respuesta en su propia especificidad como repertorios de protesta policial en el presente? Realizamos esta pregunta bajo la intuición de que las acciones contenciosas, posibles de ser calificadas como sui generis, de los policías son consecuencia del propio armado institucional y político al que se someten los agentes.

Un primer factor relevante es el carácter que adquieren los agentes ni bien ingresan a la fuerza. Los policías bonaerenses terminada su formación pasan a poseer lo que se denomina como “estado policial”, que bajo la Ley Provincial 13.982 y el Decreto [Reglamentario] 1050 les otorga una serie de derechos, obligaciones y prohibiciones. En el cuerpo de la reglamentación se deja establecido que los agentes deben atenerse a respetar el orden disciplinario, a abstenerse de participar en reuniones públicas o a participar en actividades gremiales o políticas durante su tiempo en servicio.

Para analizar el quiebre en la lógica de la obediencia y disciplina dentro de la policía debemos partir de su reconocimiento como “un ámbito de disputas y tensiones”, donde el “criterio jerárquico que limita las posibilidades de confrontación” no llega a clausurar la posibilidad de luchas o conflictos dentro de ella (Galvani, 2016: 25). En otras palabras, a los agentes como miembros de una institución social se les anteponen reglas y rutinas como efecto directo de su socialización dentro de ese ámbito. No obstante, el cumplimiento de esas reglas no es absoluto ni impide la disidencia al interior de la institución.

En términos analíticos el proceso por el cual emerge la protesta y se ponen en uso los repertorios de confrontación estaría vinculado a una ruptura con el conjunto de tipificaciones y sentidos objetivados. Recuperando a Perter L. Berger y Thomas Luckmann (2003), el proceso de institucionalización social tiene como efecto la regulación y habitualización de las prácticas sociales en esferas diferenciadas, repercutiendo en el control del comportamiento de los sujetos en su propia pertenencia a una institución.

Desde la concepción de institución que retomamos mecanismos como el “estado policial” son meras representaciones objetivadas de regulaciones más profundas, enraizadas en lógicas cotidianas y en la subjetividad de las personas; “todas estas representaciones (…) resultan "muertas" (vale decir, carentes de realidad subjetiva) a no ser que ''vuelvan a la vida" continuamente en el comportamiento humano real” (Berger y Luckmann, 2003: 97). En consecuencia, los efectivos de la bonaerense reproducen la institución en su autocontrol espontáneo dentro de los límites definidos, por lo que para la posibilidad de afrontar un reclamo laboral (y político) deben de subvertir el orden institucional que ellos mismos dan vida en su acción.

Lo que podríamos caracterizar como un intento de innovación en la rutina institucional, abriría la posibilidad de sanciones formales externas a lo subjetivo cuyo objetivo es reinsertar a la fuerza las acciones de los policías bonaerenses dentro de su “rol” asignado. Debemos partir, para la descripción de los mecanismos de sanción externos, del estado general de las definiciones legales sobre las instancias de representación posibles de la policía, que se relacionan directamente con la definición normativa que dábamos en un principio y que denota las capacidades de manifestarse políticamente o de protestar públicamente.

En el mes de abril del año 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (resolución del caso CSJ 909/2010 (46-S) / CS1) cerró la discusión sobre la sindicalización de las policías provinciales, con el caso de la policía bonaerense en tratamiento, sentenciando la constitucionalidad de la prohibición de los sindicatos en sintonía con resoluciones judiciales y ejecutivas anteriores. Esto había sido objeto de debate en los años precedentes, donde críticos de la prohibición a la sindicalización de los policías hacían foco en un aparente vacío en la legislación sobre el tema.

Desde esta perspectiva se dejaba en la decisión del poder ejecutivo y del poder judicial la decisión final y potencial criminalización de los sindicatos y, también, de potenciales acciones gremiales. Aunque finalmente la Corte Suprema argumentó que tal vacío legal no era real, la respuesta de las agencias estatales, sean ministerios o juzgados, ante los hechos de manifestación se desarrollaron aún dentro un contexto de indefinición y de debate sobre el asunto.

Por lo que surgen dos cuestiones a partir de este escenario. En primer lugar, la manifestación tuvo réplicas en la justicia por la acción de fiscales federales. La judicialización de los hechos, enunciados como ciertas “acciones y omisiones” y calificados en términos de extrema gravedad como lo son el delito de sedición y el delito de asociación ilícita limita las posibilidades de hacer público reclamos y demandas, debiendo en todo caso recurrir a actores secundarios o ajenos al marco legal de la institución. A su vez está la segunda cuestión, la respuesta desde la política. El Poder Ejecutivo criminalizó y delimitó, desde resoluciones ministeriales y decisiones de gestión, los recursos utilizados por los agentes. Daniel Scioli, por ejemplo, desacreditó a los efectivos que participaron de la huelga esgrimiendo que no tienen los mismos derechos que los demás trabajadores siendo que “la sociedad les confió un arma y un uniforme” (La Capital, 7/12/13).

Esquemáticamente, y volviendo a la pregunta que nos hacíamos en un principio, el formato original de la manifestación policial de 2013 respondería a la lógica institucional de regulación de sus prácticas y de los límites que las sanciones dispongan en caso de que se aparten de esa lógica de lo esperable. Por un lado, las concentraciones públicas de familiares o retirados, responde a la prohibición explicita de que policías en actividad se expongan públicamente en grupo o que dialoguen con la presan sobre demandas personales, es de esa manera, que delegan directamente esas tareas a grupos sociales que los secundan, como “las mujeres de policías” o asociaciones de retirados.

Además, el “acuartelamiento” como situación donde los policías deciden no salir de su lugar de trabajo, es un repertorio eficaz dentro de estas constricciones institucionales cuanto permite motorizar una medida de protesta sin exponerse públicamente y que repercute ciertamente en el orden interno de la institución. Conjuntamente, la “liberalización de zonas” al llevar a cabo una huelga es un recurso que maximiza las capacidades de negociación de los efectivos, que ciertamente tiene graves consecuencias legales en lo formal, pero que en la masividad de una protesta permite que la medida no sea individualizada y por lo tanto judicializada.

En definitiva, los y las policías emprenden acciones que ciertamente vulnerar muchas de sus obligaciones, pero lo hacen de tal forma y en tales contextos en que esas constricciones institucionales y legales se encuentran debilitadas o se vuelven ineficientes para reencausar la “institución viva” en los agentes. Se verá a continuación cómo se pone en juego esa institucionalidad en una situación crítica generalizada, a partir de u movimiento estratégico en una situación “oportuna” de un grupo representativo de policías.

Crisis y oportunidad para la acción↑

Si consideramos los condicionantes definidos en el apartado anterior podemos preguntarnos cómo fueron sorteados a partir de la acción estratégica de los actores. Para ello resulta necesario primero identificar quiénes fueron los que llevaron a cabo prácticas de protesta que no se amoldan a lo esperable, porque es de esa caracterización que pondremos en tensión las lógicas jerárquicas de obediencia.

A partir de fuentes periodísticas (24 Baires, 9/12/2013) podemos inferir que la jerarquía funcionó como un elemento de diferenciación entre las posiciones de los manifestantes: en este caso los policías de “más alto rango” habrían presentado una posición más moderada (aunque no se negaron a participar) con respecto a sus subalternos (más intransigentes). Asimismo, en la entrevista que se realizó al periodista que ha colaborado como informante clave, y ante una pregunta sobre la judicialización de los incidentes, plantea que el personal jerárquico de la comisaría fue el que trabajó mientras sus compañeros de servicio realizaban la medida de fuerza: “es que en ese hecho que se va a juzgar ahora, los que terminaron declarando son los que hacen las aprensiones en ese momento, que eran, no sé si jefes, pero eran encargados de alguna comisaría, la décima, la sexta, alguna de esas”.

Por lo tanto, si consideramos nuestro relevamiento y los antecedentes históricos, es posible inferir que en la ejecución de las acciones de protesta y en la negociación la jerarquía policial habría expuesto un comportamiento más moderado que las bases, en lo que respecta con la continuidad del servicio y el mostrarse más abiertos en el diálogo con los representantes gubernamentales. Y en lo que respecta al personal subalterno, motivado por cuestiones de índole salarial y de mejoras en las condiciones y herramientas de trabajo, habría permanecido reunido en asamblea con una posición intransigente dificultando la resolución de la protesta.

Vale preguntarse, por lo tanto, ¿qué factores permitieron que los efectivos policiales más intransigentes y de menor jerarquía consideraran viables la acción de protesta? Para comprender la emergencia de la protesta en la ciudad de Mar del Plata debemos relacionarla con los focos de conflicto en otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina, cuanto el cálculo que habrían realizado los efectivos respondería a un contexto regional y nacional de ruptura y protestas simultáneas, que funcionaron como una “ventana de oportunidad” para la toma de decisiones.

Sin el amparo que le proporcionaban fenómenos que se les anticiparon la ruptura que propiciaron en las rutinas y las “reglas de juego” hubiera sido impedida inexorablemente conforme al cúmulo de sentidos y tipificaciones institucionalizados. Como explica Rodríguez Alzueta (2014), la concatenación de acontecimientos de protesta organizó y predispuso la activación de los recursos: “puesto que no es una protesta aislada o episódica, el desafío interpela a las autoridades” en el sentido de constituirse “una acción colectiva” (p. 10).

Sidney Tarrow (1997), al que se le debe el concepto de “ventana de oportunidad”, explica que en periodos de turbulencia general descripción que coincide con los días 8 y 9 de diciembre de 2013 en Argentina “hasta los pobres y desorganizados pueden aprovechar las oportunidades creadas por los ‘madrugadores’ que desencadenan el ciclo” (p. 28). El cálculo para la movilización estaría imbricado en la “estructura de oportunidades políticas”: el “cuándo” de una determinada movilización, explica el “por qué” y en gran medida el “cómo”. La estructura se sostiene en “cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las élites y las autoridades” (Tarrow, 1997: 29).

Con el “contagio” de las medidas de fuerza dentro del territorio argentino, primero en Córdoba y luego en otras provincias adyacentes, en Mar del Plata los policías bonaerenses (primero Caballería y luego diversas comisarias) se valieron de las oportunidades creadas por estos “madrugadores” y se movilizaron con el fin de anteponer sus propias demandas. Con la capital provincial movilizada, y en un marco aún más amplio de réplicas de protestas en el país, el coste para ejecutar la medida se redujo. Tuvieron a su disponibilidad aliados que se aglutinaron alrededor de la causa: familiares, expolicías, políticos opositores y sindicatos de policías; y vulneraron, mediante la retracción de la protección policial (patrullas, principalmente) en los barrios a las autoridades gubernamentales.

Conjuntamente al cálculo de costes-beneficios que pudieron hacer el grupo de movilizados, actuaron las “reservas institucionales” de prácticas y sentidos como limitantes en la práctica de la acción de los policías: los efectivos en huelga debieron de ejecutar su jugada acorde al sistema de lealtades intrainstitucionales. Por el lado de los oficiales de mayor rango, se privilegió la tradición, durante la crisis “era difícil ver a un policía contra otro policía” explica el nuestro informante. Sumados a los efectivos que continuaron con sus labores a pesar de la huelga y la movilización, los oficiales y jefes habrían tomado una posición ambivalente (o intermedia): se podía desconocer la legitimidad del reclamo o del formato elegido para exponer públicamente las demandas, pero en todo caso, no se iba a atentar contra pares ni se iba a romper el compromiso institucional de lealtad a la fuerza y a sus compañeros de servicio. La más alta jerarquía habría mediado entre la administración provincial y el propio cuerpo de agentes, equilibrando entre las tensiones inherentes entre ambos sectores.

Finalmente, destacamos que la estructura de oportunidades se diluyó cuanto mayor eran las implicancias al interior de la institución y conjuntamente, al exterior, al endurecerse la posición del gobierno de la Provincia, acotando el margen de autonomía logrado desde las bases. Asimismo, el auge de la violencia y el delito durante la manifestación terminó afectando a los mismos efectivos, quienes como su última acción privilegiaron la solidaridad entre compañeros antes que el reclamo salarial.

Mencionábamos con anterioridad un incidente con un policía en servicio, que esa noche del lunes 9 recibió un “piedrazo”, lo que motivó la respuesta inmediata de sus compañeros de la fuerza. El informante que como periodista que se encontraba en ese momento en la asamblea pudo presenciar la reacción intempestiva de los policías quienes se movilizaron en su auxilio, forzando la llegada a un acuerdo. En ese aspecto vemos nuevamente a la institución “viva”, en cuanto la solidaridad entre compañeros/as de la fuerza es un sentido distintivo de la policía. De esta forma se cerró definitivamente las negociaciones y determinó que la crisis política-social que se vivió durante esos días no constituía más una oportunidad para los policías movilizados.

Conclusión↑

La movilización de los policías bonaerenses trae numerosas preguntas sobre la tensión que introducíamos en este artículo. ¿Cómo una fuerza de seguridad puede emprender acciones contenciosas que interpelan a la gestión política e institucional? Sabina Frederic (2015) en su análisis de la protesta llevada a cabo por la Gendarmería Nacional da cuenta de cuestionamientos similares. Su explicación se desarrolla a partir de la indagación de las evaluaciones morales puestas en juego, moralidades que dialogan y que no se reducen a la especificad de la fuerza de seguridad. Es en esa circulación donde cabe la “insubordinación”, la ruptura con el “servicio”. Los desplazamientos territoriales, la entrada de “camadas” de agentes más jóvenes y la trasformación de la gendarmería en una fuerza policial con funciones de control en poblados urbanos, permitieron una evaluación no satisfactoria de las retribuciones morales y materiales de los jefes institucionales y políticos.

En el caso de la policía bonaerense encontramos una situación equiparable, en cuanto el estallido se produce por la demanda de mejores retribuciones materiales (salario y condiciones de trabajo) como también simbólicas, cuanto se demanda reconocimiento de la labor policial y un trato “digno” por parte de la gobernación. La diferencia en este aspecto es que la policía bonaerense cuenta con una historicidad de ocasiones de “insubordinación”. Nuestra reflexión final apunta a que la plasticidad en lo que nosotros damos a llamar como institucionalidad es mayor de la que suele representarse, cuanto la emergencia de actos de protesta es recurrente y forma parte de la propia historia de la fuerza.

La propia negación política de estos hechos no anula su entidad sociológica. Por esta razón en el artículo pretendimos reconstruir empíricamente el inter-juego de actores y movimientos estratégicos, para luego profundizar en los antecedentes que cuentan en las últimas décadas de la provincia y así finalmente poder comprender desde el plano teórico las acciones emprendidas. Por un lado, desde las propias constricciones que se le presentan, para así precisar luego sobre la ruptura a esos límites en un contexto propicio.

Fuentes de información↑

Bibliografía↑

Barreneche, Osvaldo (2011). Paro de y represión a… Policías. Reclamos salariales, protestas y huelga en la policía bonaerense (1955-1973). Desarrollo Económico, Vol. 51, N° 202-203, pp. 221-239.

Berger, Peter L. y Luckmann, Thomas (2003). La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu Editores.

Farinetti, Marina (1999). ¿Qué queda del "movimiento obrero"? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina. Trabajo y Sociedad, Vol. 1, N° 1, pp. 1-36.

Frederic, Sabina (2015). ¿Militares, asalariados o trabajadores? Moral y emoción en un conflicto gremial de la Gendarmería Nacional Argentina. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, Vol. 8, N° 3, pp. 529-557.

Galvani, Mariana (2016). Cómo se construye un policía: La Federal desde adentro. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores.

Rodríguez Alzueta, Esteban (2014). Acuartelamiento y saqueo. Protesta policial y social, documento electrónico: http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/38121-acuartelamiento-y-saqueo-protesta-policial-y-social, acceso 4 de agosto de 2017.

Tarrow, Sidney (1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la acción política. Madrid, Alianza Editorial.

Tilly, Charles (1986). The contentious French. Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press.

Ugolini, Agustina (2014). “La división entre oficiales y suboficiales en la policía bonaerense: de su problematización a la acción política pública”, en Barreneche, Osvaldo y Oyhandy, Ángela (2014) (comps.): Leyes, justicias e instituciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires (Siglos XIX a XXI), La Plata, EDULP (Editorial de la Universidad de La Plata), recuperado de: http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/21.